Rogelio Antonio Careaga, Ph.D. Universidad de Stanford
Es apropiado que un gobierno obtenga crédito externo para hacer frente a situaciones de emergencia como la ocasionada por la pandemia. En efecto, el congreso aprobó la emisión de aproximadamente 1.500 millones de dólares de bonos soberanos para sufragar los gastos de salud y para mitigar el perjuicio económico a los sectores de la economía más afectados por las restricciones necesarias para evitar la propagación del coronavirus. Entre el cuarto trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2021 la deuda subió de 7.8 mil millones de dólares a 11.4 mil millones aproximadamente. Y el Fondo Monetario Internacional proyecta que la deuda externa como porcentaje del PIB aumentará aún más este y el próximo año sobrepasando ampliamente el límite prudencial actual de 30,1 por ciento del PIB.
Conviene recordar, sin embargo, que la práctica de emitir bonos soberanos comenzó durante el breve gobierno de Federico Franco. La emisión inicial fue de algo así como 500 millones de dólares. El propósito, según el gobierno, era sentar presencia de nuestro país en el mercado financiero internacional. El momento para hacerlo fue oportuno debido a la gran liquidez en el sistema financiero internacional y las bajas tasas de interés.
Pero los gobiernos que le siguieron le tomaron el gusto a dicha práctica. Descubrieron que debido a la política monetaria de los Estados Unidos y de otros países claves, los bonos soberanos emitidos por nuestro país eran de fácil colocación. Pues les resultaban atractivos a los inversores, en su mayoría fondos de pensión, fondos mutuos de inversión, inclusive los de inversión libre (hedge funds), por su mejor rendimiento que el de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y de otros instrumentos de inversión. Asimismo, la facilidad de colocación se debía al buen manejo de la política monetaria y, hasta entonces, la disciplina fiscal y bajo nivel de endeudamiento del Paraguay con respecto a otros países de la región. Así pues, el gobierno de Cartes se encontró con una nueva veta que podía explotar sin dificultad para financiar sus proyectos de inversión y otros gastos.
Como evidentemente, a corto plazo, a la población le resulta menos doloroso el aumento de la deuda pública que el aumento de impuestos, al gobierno le es más fácil emitir bonos soberanos que tratar de recaudar más. Tanto es así que desde que surgió la posibilidad de colocar bonos soberanos en el mercado financiero internacional, la deuda pública externa empezó a subir rápidamente.
De aproximadamente 2.8 mil millones de dólares americanos en el tercer trimestre del 2012, ascendió a 7.8 mil millones en el cuarto trimestre del 2019. Pero el crecimiento del ahorro interno parece no haber acompañado el aumento del servicio de la creciente deuda. Así pues, ya antes del inicio de la pandemia, el gobierno había recurrido a nuevos préstamos para el servicio de los préstamos anteriores. .
Pero la práctica de contraer nuevas deudas para pagar los intereses y el capital de las anteriores o de bicicletear, tiene su límite. El mismo llega cuando los compradores de bonos consideran muy arriesgado seguir comprando bonos de un país y los acreedores ya no están dispuestos a renegociar los plazos de las deudas previamente contraídas o si lo hacen exigen intereses más elevados para el rollover, como se lo denomina en inglés.
Ese es el momento de la verdad en que para renegociar, con frecuencia, exigen al país que previamente llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esta institución le exige al país que recorte los gastos públicos, elimine los subsidios y aumente los impuestos. El país ya no puede comprar nada a crédito. Debe pagar al contado el valor de lo que compra.
Es cuando el pueblo debe ajustarse el cinturón. El pasaje aumenta porque el gobierno ya no provee subsidio a los empresarios del transporte, Petropar no subvenciona el combustible. Y las empresas públicas como la ANDE, ESSAP, INC, etc. aumentan sus precios. Asimismo, se recorta el presupuesto asignado al MSP, al MEC y al CONAVI, y los servicios de salud, educación, viviendas etc. empeoran. Pero, como siempre, son los ciudadanos de a pié, los menos pudientes, quienes pagan las consecuencias. Los políticos y los que están bien ubicados en el gobierno no son los que sufren las consecuencias del endeudamiento público excesivo y probablemente del bajo rendimiento de las inversiones públicas que no alcanzan para cubrir los gastos financieros.
EL COLORADO 