Procesados. Justo y Patricia Ferreira, tras comparecer ante el Ministerio Público. La Fiscalía los acusó por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. NOTA: BASTA DE IMPUNIDAD SEÑORES SCJ. EL PUEBLO QUIERE DURAS SENTENCIAS PARA LOS FERREIRA PARA VOLVER A CREER EN LA JUSTICIA PARAGUAYA. DE LO CONTRARIO ES VOLVER A LA SELVA.
La Fiscalía presentó ayer imputación contra directivos de Insumos Médicos SA y pidió que enfrenten juicio oral por delitos de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, en el marco de la investigación abierta por supuesta compra irregular de insumos para combatir al Covid-19.
Justo Ferreira Servín, su hija Patricia Ferreira de Pascottini, Carlos Alberto Gamarra González, Guillermo Andrés Molinas y Gustavo Adolfo Acosta son los acusados en el caso, según el documento presentado por el fiscal Osmar Legal.
Los procesados están en la mira de la Justicia desde el pasado 18 de abril cuando llegó un avión carguero con los insumos que fueron adquiridos por importadores locales en China. Salud Pública ya había abonado el 20% del monto total de este lote.
Los elementos requeridos a la empresa fueron 1.700.000 máscaras con filtro de protección, 80.000 trajes de producción para riesgos biológicos y 50 camas para pacientes de hospitales.
El monto total adjudicado para estos elementos fue de G. 47.952.500.000.
De acuerdo con las investigaciones, estos productos, que luego fueron rechazados por el Ministerio de Salud Pública, llegaron al país con documentos adulterados.
Para esto, según las pesquisas, habrían utilizado la colaboración de Gamarra, que se desempeña como despachante de aduanas para presuntamente fraguar la guía aérea.
Según el documento acusatorio, Justo Ferreira realizó la contratación de los servicios para el transporte de las mercaderías adquiridas.
En el caso de Molinas Camps y Acosta se sospecha que tuvieron colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de aduanas.
Luego de la presentación del requerimiento conclusivo realizado por la Fiscalía, el juez Humberto Otazú deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar, donde decidirán si los Ferreira se sientan o no en el banquillo de los acusados, en uno de los escándalos de corrupción más grandes que se dieron en plena pandemia.
Unas 41 personas participaron como testigos para la Fiscalía durante las pesquisas, entre ellas el ministro de Salud, Julio Mazzoleni; el ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio; el de Anticorrupción, René Fernández; el titular de la Seprelad, Carlos Arregui, y otras autoridades.
EN CASA
Luego de la imputación, los agentes del Ministerio Público habían solicitado la prisión de Justo Ferreira y Patricia, principales directivos de la empresa citada.
Luego de unos meses de haberse realizado la imputación, Justo y Patricia acudieron ante el juez Mirko Valinotti para la audiencia de imposición de medidas.
El juez Valinotti benefició a ambos con medidas alternativas a la prisión, con una fianza de un millón de dólares.
El magistrado consideró que ambos tienen arraigo en el país y que están imputados por delitos que permiten la concesión del arresto domiciliario.
Con otra causa
Patricia Ferreira también enfrenta a la Justicia por otro escándalo de corrupción. De acuerdo con una investigación abierta en el Ministerio Público, la firma a la que representa, Imedic SA, utilizó facturas falsas de una compañía multinacional para mentir sobre el origen de medicamentos, obtener permisos para su importación y luego comercializarlos en Paraguay sin control. Según las investigaciones realizadas, los medicamentos provenían de China, pero habrían llegado al país con documentación adulterada, como si fueran productos importados desde Brasil. Por este caso también se encuentra procesada Nidia Godoy Ojeda, que se desempeña como directora titular de la cuestionada empresa ligada al clan Ferreira.
EL COLORADO 