Por Rogelio Careaga, PHD por la universidad de Stanford, California
Siempre el Ejecutivo, el Senado y los Diputados nos sorprenden con proyectos cocinados a oscuras. Si el proyecto de ley es bueno, el proyectista o los proyectistas deberían someterlo a discusión pública para que si contuviese artículos incompatibles con el ordenamiento jurídico, por ejemplo, si contradice la CN u otras leyes, se detecten a tiempo y modifiquen.
Cabe mencionar en este sentido, el reciente Proyecto de Insolvencia que fue aprobado por el Senado y enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación. Sin embargo, varios diputados alegaron que el proyecto estaba plagado de inconsistencias, que algunos artículos eran incompatibles con la CN.
Pero otra razón para someterlo a la opinión pública tan o aún más importante que cerciorarse que el proyecto esté perfectamente redactado y se compadezca con la CN y otras leyes es dar a la ciudadanía la oportunidad y el tiempo necesario para poder analizar su contenido y debatir si le conviene o no le conviene su promulgación.
Asimismo, el público debe tener la oportunidad de sopesar a quién o a quiénes beneficia y a quién o a quiénes perjudica y si la nueva ley representaría una importante mejora comparada, en este caso, con la ley de quiebras, actualmente vigente.
Sólo luego de la debida publicidad los proyectos de ley deben ser sometidos para su consideración al Senado y a la Cámara de Diputados y a las comisiones de dichas cámaras para su análisis y recomendación al pleno de cada cámara.
Es conveniente tener siempre presente que lo que se hace en secreto es siempre perjudicial al pueblo, y que en democracia todo debe ser transparente.
EL COLORADO 