Cuestionados. Javier Díaz Verón y Sandra Quiñónez son los últimos dos fiscales generales. Los abogados y docentes Hugo Estigarribia (ex senador y constitucionalista) y Jorge Rolón Luna (ex juez electoral y ex comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) coincidieron en aplazar el papel que desempeña actualmente el Ministerio Público. NOTA: LOS JOVENES APURADOS POR AREMARSE OBSERVAN LA IMPUNIDAD EXISTENTE ASÍ COMO LA CORRUPCIÓN DE FISCALES. EXISTE UNA ROSCA, COSA QUE PERMITE AVERIGUAR EL ENGRANAJE. EN SUMA ES LA IMPUNIDAD EL MAYOR DE LOS MALES.
Sucede que esta entidad estatal es precisamente la encargada esta semana de rendir cuentas de la lucha anticorrupción ante expertos de la OEA, en el marco de rondas donde la Fiscalía no permitió la participación de otras instituciones ni de órganos como el Frente Parlamentario contra la Corrupción.
Por un lado, Estigarribia señaló que la Fiscalía “está en uno de los peores momentos desde la creación de la Constitución del 92”. “Creo que la Fiscalía es un mal representante para informar la situación del Paraguay. Es una burla que la Fiscalía sea la que tenga que informar. Lo que presente la Fiscalía carece de credibilidad, de fiabilidad, de confiabilidad y, sobre todo, no refleja ninguna lucha anticorrupción”, lamentó.
Por su parte, Rolón Luna manifestó que hoy “desde diversos sectores se impugna la labor del Ministerio Público, y especialmente la grosera selectividad”. “El grave problema de la corrupción en Paraguay, especialmente, es la impunidad estructural que existe, y en esa impunidad estructural que existe el Ministerio Público tiene mucha responsabilidad. A eso le sumás la escasa credibilidad y confianza ciudadana que hoy tiene el Ministerio Público”, afirmó.
Más. Por otro lado, el ex senador lamentó que los máximos representantes del Ministerio Público estén en la mira. Por ejemplo, el ex fiscal general Javier Díaz Verón es investigado por enriquecimiento ilícito, mientras que la actual titular de la Fiscalía, Sandra Quiñónez, es acusada desde diversos sectores como selectiva en la persecución de causas penales. “Contra esta fiscala no hay una acusación de deshonestidad patrimonial, pero sí de que la Fiscalía volvió a ser un garrote de los políticos con influencias (…). Es más que obvia la selectividad, en el nulo avance de procesos o investigaciones contra cercanos a poderosos allegados a ella, y la investigación rápida y hasta sospechosamente interesada contra los adversarios”, alertó Estigarribia.
A su turno, Rolón Luna agregó que no solamente un experto se da cuenta de la selectividad fiscal, por ejemplo, cuando apaña las graves acusaciones de tortura en un procedimiento de la Marina en el Este, o cuando actúa como un brazo represivo de instituciones, como la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) o la Policía. “Eso es muy grave para el estado de derecho, para la democracia y la República, que tiene justamente su fundamento en la igualdad ante la ley”, expresó.