ONG llevó bajo engaños a nativos para invadir una estancia en el Chaco


Algunos indígenas de la zona. Foto archivo ABC Color.  Algunos indígenas de la zona. Foto archivo ABC Color. En el 2008, el ganadero Miguel Ángel Muñoz llegó hasta unas tierras ubicadas en la localidad de Infante Rivarola Chaco, a unos 800 kilómetros de Asunción, donde montó la estancia “San Miguel” con un acuerdo de desarrollar esas tierras y así lo hizo con una millonaria inversión que supera el millón de dólares. Fuente: La Caja Negra. NOTA: YA HEMOS PEDIDO AL GOBIERNO QUE NO DE UN SOLO CENTAVO MÁS A LAS ONG QUE NO ASUMEN RESPONSABILIDADES CIVILES NI PÈNALES.

En el 2011 la ONG RPI llevó a un grupo de nativos de la Comunidad Loma, parcialidad Guaraní Ñandeva, para invadir el establecimiento y reclamar las tierras como “ancestrales” a pesar de que la etnia ya se encontraba asentada en otro lugar denominado Laguna Negra. Los mismos indígenas al poco tiempo fueron hasta el INDERT y pidieron el desistimiento de su intención posesoria, señalando que fueron obligados por la ONG a instalarse en el sitio.

La inversión en la estancia siguió creciendo y en noviembre de 2018 nuevamente un grupo de nativos ingresó a la estancia en un número no mayor a 30 personas reclamando las tierras con el apoyo e instigación de la ONG Alter Vida.

Fue entonces que se inició una batalla legal donde el ganadero Muñoz demostró que tenía todos los documentos en regla para explotar esas tierras y que la única condición que se le había puesto era la de desarrollar el sitio, cuestión que con la inversión que realizó quedó demostrada. Pasaron los meses y el grupo de personas que estaba en la estancia comenzó a pasar hambre. Muchos de ellos enfermaron y algunos hasta fallecieron debido a que la ONG Alter Vida los abandonó en el sitio.

Varios de los nativos incluso denunciaron que en un principio eran asistidos por Víctor Pereira (hermano del senador Sixto Pereira) y la abogada Emília Cano, ambos miembros de Alter Vida, quienes les prometieron que iban a tener una mejor calidad de vida en ese sitio, donde no les iba a faltar comida y asistencia constante, ya que “se iban a quedar con el ganado y todo lo que tenía la estancia”. Pero la realidad les golpeó duramente cuando fueron abandonados a su suerte y decidieron volver a sus tierras en la zona de Bahía Blanca, de donde fueron sacados con falsas promesas.

Fue entonces cuando, para no perder la ocupación, el ex – líder de la tribu Miño Ordonez comenzó a hostigar a los invasores de la estancia “San Miguel” amenazando de muerte a todas las personas que querían salir del sitio invadido. Todo esto quedó corroborado con las denuncias que varios integrantes del Pueblo Guaraní Ñandeva presentaron en agosto pasado ante el juez de Paz de Mariscal Estigarribia, Ignacio León, donde relataban que estaban siendo amenazados por Ordoñez y también contaron que fueron llevados engañados a las tierras de Miguel Ángel Muñoz por la organización Alter Vida, que finalmente los abandonó. Además apuntaron que hacían responsables a estas personas si les pasaba algo a ellos o a sus familiares.

Ante la salida masiva de los nativos engañados, Ordonez trajo a otros 20 jóvenes indígenas reclutados de varias tribus de la región para que prosigan con la invasión; pero esta vez redoblando la apuesta y apelando a la violencia. Estos muchachos entraron a las tierras de la estancia “San Miguel” armados y comenzaron a disparar a los empleados del establecimiento, robando tractores y otras cosas del lugar.

Todas estas denuncias fueron presentadas ante la fiscalía y el juzgado de la zona, pero la abogada Emilia Cano y Víctor Pereira, con prepotencia e invocando al senador del Frente Guasu Sixto Pereira como supuesto padrino, prosiguen con el hostigamiento y las presiones a nivel judicial para evitar que los invasores sean sacados de la estancia invadida. Para empeorar las cosas y a pesar de que los nativos de la Comunidad Loma desistieron formalmente del pedido de titulación sobre las tierras que abandonaron hace más de 40 años por falta de recursos naturales y donde actualmente se asienta la estancia “San Miguel”, el INDERT intimó al ganadero Miguel Ángel Muñoz a que renuncie a sus inversiones y abandone la parcela que viene explotando racionalmente, lo que le obligó a promover una demanda contencioso -administrativa tramitada ante el Tribunal de Cuentas- Segunda Sala.

También aquí procura intervenir la abogada Emilia Cano presentándose como “tercera interesada” e invocando la representación de la Comunidad Indígena Loma con un poder otorgado por una organización indigenista totalmente diferente, demostrando el avieso propósito de confundir a los miembros del Tribunal.

Actualmente solo unos pocos violentos jóvenes son los que continúan con la ilegal ocupación en la estancia, pero con una carga extrema de violencia y sin que las autoridades puedan hacer nada ya que los miembros de la ONG amedrentan a los fiscales y jueces e invocan a políticos como sus padrinos.

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