16 intendentes despilfarraron G. 50 mil millones de royalties y Fonacide


Fachada de la Contraloría General de la República (CGR).  Fachada de la Contraloría General de la República (CGR).Foto: Dardo Ramírez. Desde abril del año pasado, la Contraloría denunció ante la Fiscalía a 11 jefes comunales de la ANR y a 5 de la oposición por presuntos hechos punibles. Algunos ya fueron imputados y destituidos. NOTA: EL PROBLEMA RADICA EN LA IMPUNIDAD. HASTA HOY NO EXISTE UNA SENTECIA FIRME QUE LOS MANDE A PRISIÓN. PERO LA SCJ NOS QUIERE ENGAÑAR CUANDO ANUNCIA CON BOMBOS Y PLATILLOS NUEVAS CONSTRUCCIONES PARA LA INEXISTENTE JUSTICIA.

En el marco de las auditorías que viene practicando en diversos organismos y entidades del Estado la Contraloría General de la República, se detectó que varios municipios de los distintos puntos del país incurrieron en gruesas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

De acuerdo con las denuncias elevadas desde abril del año pasado a la Fiscalía General del Estado, un total de 16 intendentes habrían ocasionado un perjuicio de G. 50.438.717.817 de los fondos provenientes de royalties y Fonacide.

La auditoría arrojó que hubo mala utilización de los citados recursos que fueron a parar en pagos irregulares en concepto de obras y, en algunos casos, fueron usados para gastos corrientes, como el pago de salarios.

Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía luego de que la Dirección de Auditoría Forense de la Contraloría, a cargo de Ricardo Rojas, detectó que existen méritos para formular las denuncias penales, por lo que profundizar la investigación ya quedó a cargo del Ministerio Público. Son 16 municipios los que están cuestionados tras estas auditorías, de los cuales 11 son administrados por intendentes colorados y 5 por opositores: tres liberales, uno del Unace y uno del Partido Democrático Progresista.

La Comuna de Salto del Guairá, bajo la administración de Carlos César Haitter, del Partido Democrático Progresista, es donde se detectó el monto más elevado como presunto hecho punible y totaliza G. 30.371.916.451, refieren los datos.

Le sigue la Intendencia de Jesús de Tavarangue, Itapúa, con un daño patrimonial de G. 7.418.589.000, bajo la administración de Hernán Adolar Schlender (ANR), quien fue destituido del cargo por este desvío, imputado y enviado a prisión.

TAMBIÉN GOBERNACIONES. Las auditorías de la Contraloría también arrojaron que no solo en las municipalidades se detectan los hechos de corrupción.

En la nómina también incluyen a gobernaciones, aunque esto en menor número y otras entidades del Estado como la Secretaría de Emergencia Nacional, entre otros.

Rojas explicó que el aumento de los reportes sobre las irregularidades en las entidades donde manejan dinero público se debe a que existe un mayor control y porque los auditores emiten en tiempo los informes de los resultados del trabajo de campo que realizaron.

Sostuvo que la pandemia por el Covid-19 no restringió las tareas sino que, al contrario, existen más mesas de trabajo, por lo que no se descarta que en los próximos días sean elevadas más denuncias ante la Fiscalía para que continúen con la investigación y castigar a los culpables.

Mencionó que cuando un equipo auditor remite su informe final, la Dirección de Asesoría Jurídica realiza el dictamen para la mesa de trabajo con la Dirección de Auditoría Forense, en donde se convoca a otra mesa con los que realizaron la investigación de campo “para que nos den más detalles y podamos discutir para llegar a presentar el reporte de los indicios de hechos punibles”.

Señaló que el siguiente paso, después de que su dirección realiza el reporte de indicios de hechos punibles, es un formulario que está con el proceso operativo de la Contraloría, el cual se remite a la Dirección General Jurídica, y estos a su vez remiten al contralor Camilo Benítez para que el mismo, mediante una nota, remita a la Fiscalía.

Explicó que la tarea no termina allí, ya que posteriormente la Dirección de Asesoría Jurídica, a través de la Dirección de Monitoreo de Procesos Penales, se encarga de chequear el estado procesal de los casos ante la Fiscalía y hacer un relevamiento.

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