Tufo a blanqueo a empresas que casi dieron su golpe con el Covid


Las comisión especial analizó más de 30 procesos de compra por parte del Estado durante la Emergencia por el Covid-19.   Las comisión especial analizó más de 30 procesos de compra por parte del Estado durante la Emergencia por el Covid-19. Foto: Gentileza. INFORME. La Comisión de Control aseguró que no hubo daño patrimonial en adjudicaciones truncas. ELEVADO. Constataron, no obstante, que precios referenciales de insumos estuvieron muy inflados.

La Comisión Especial de Supervisión y Control (CESC), creada por el Ejecutivo para el seguimiento de las compras con fondos Covid-19, anunció ayer que no han encontrado pérdidas económicas en esos procesos de compra en el marco de la emergencia sanitaria.

De 44 procesos de compras supervisados, por valor de USD 514 millones, la CESC dio su acuerdo para diez llamados a licitación y cuatro operaciones de compras mediante organismos internacionales. También recomendó al Ministerio de Salud Pública (MSP), la rescisión de contratos en algunos casos y la anulación de llamados en otros por la detección de irregularidades o vicios.

“No encontramos pérdidas económicas en estos procesos de compra. Primero porque fueron detectadas a tiempo, ya bajo la sugerencia de la comisión algunas fueron anuladas; otras se retrotrayeron al momento de los vicios. Es decir, no hubo un pago de ninguna contraprestación previamente en esos casos”, explicó Arnaldo Giuzzio, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y coordinador de la CESC.

Sobre los anticipos recibidos por las empresas Imedic SA y Eurotec SA del clan Ferreira que asciende a más de G. 17.000 millones, afirmó que eso está en pleno proceso de recuperación en el ámbito legal.

El informe de la CESC deja en el ambiente un hálito de blanqueo a favor de ambas firmas, pertenecientes al clan Ferreira.

“Hay un mensaje peligroso que quiere instalarse desde el Ejecutivo que ‘no hubo daño patrimonial’ en las compras fallidas de insumos en pandemia”, compartió la diputada Kattya González y avisó que hoy elevarán una nota de “urgimiento” a la Fiscalía General del Estado pidiendo un “relevamiento sobre los avances de las investigaciones”.

La Contraloría General de la República (CGR) a su vez, había dictaminado en mayo pasado, que el MSP jamás tenía que haber adjudicado el contrato a dichas firmas. El veredicto de la CGR fue que el proceso estuvo viciado de irregularidades en todas sus etapas. “Los funcionarios que intervinieron están bajo sumario administrativo y hay dos denuncias penales a cargo del Ministerio Público”, apuntó René Fernández, titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).

Imedic y Eurotec habían sido invitadas, de forma directa, desde el interior mismo del MSP para participar en un llamado por vía de la excepción. Todo esto, sin que ambas hayan participado en la licitación pública que había quedado desierta unas semanas antes. En un relámpago, el MSP firmó contratos el 3 de abril con ambas empresas (ver infografía).

Sobreprecio

Fernández indicó que las diferencias en los precios referenciales de los insumos sanitarios de la actualidad respecto a los de abril van de 100% a 300%. Y puso un par de ejemplos: Eurotec ofreció protectores faciales a G. 38.500 la unidad y lo que se adquirió a través de la Organización Panamericana (OPS) le costó al MSP cinco veces menos: G. 7.625. Lo mismo Imedic: Quiso vender a G. 19.800 cada mascarilla N95 que con la OPS salió G. 9.900. Incluso, en el lote que vino de China, estaban mezcladas con máscaras KN95, de calidad inferior.

Protectores de oro antes de pandemia
Hace casi dos años, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) adquirió a un costo sideral tres unidades de protectores faciales.
Esto fue lo que reveló el ministro René Fernández, titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), al momento de hablar sobre la “notable variación” de los precios, incluso, antes de la pandemia. Tras un estudio en general de las compras del Estado paraguayo, vieron que en agosto de 2018, el MDN adquirió protectores faciales a “un precio promediado de G. 484.500”. Lo que no se sabe es si la compra fue durante la gestión de Diógenes Martínez o del actual ministro, Bernardino Soto Estigarribia.

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