El perjuicio de las oenegés al Indert es en total de G. 1.998.405.479.Foto: Archivo ÚH. El Ministerio Público imputó por lesión de confianza y estafa a 11 personas vinculadas a cinco organizaciones no gubernamentales que suscribieron convenios con el Indert. Aparentemente, ocasionaron un daño patrimonial de G. 1.998.405.479 en total.NOTA: LA ONG NO ASUMEN NINGUNA RESPONSABILIDAD CIVIL NI PENAL. PARA LO UNICO QUE SIRVEN ES PARA CHUPAR PLATA Y OCASIONAR PERDIDAS. EL GOBIERNO NO DEBE INCLUIRLAS EN EL PRESUPUESTO DE 2021 PUES PUEDE SER SEÑALADO COMO CÓMPLICE Y PAGAR LOS PLATOS ROTOS DE LAS ONG.
El agente fiscal Rodrigo Estigarribia imputó a 11 personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y estafa que vincula a varias oenegés que tenían convenios con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La Fiscalía expuso en un comunicado la lista de los supuestos involucrados y las ONG respectivas.
Marcial Cardozo González y María Norma Ortega Gaona, vinculados a la organización Sepra, fueron imputados por un perjuicio de G. 61.637.200. En el marco de un convenio habrían recibido la suma de Gs. 1.357.421.850 y no realizaron íntegramente la contrucción de sistemas de abastecimiento de agua potable para varias comunidades.
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En otro caso se imputó a Alejandro Montanía Yegros, Gregorio Fernández Romero y Sócrates Garcete González, de la Asociación Campesina La Carreta, que recibió de la cartera estatal en cuestión Gs. 1.663.453.300, que fue desembolsado en su totalidad.
Sin embargo, las obras determinadas tampoco se realizaron a cabalidad. El perjuicio patrimonial fue de G. 796.953.668.
En el marco de imputaciones también fueron incluidos David Aveiro Cuenca y Valeri Elvira Viveros Cabral, de la ONG Sembrando, a la que le desembolsó G. 1.792.691.250 por un proyecto de obras que no fueron realizadas en su totalidad. Esta situación ocasionó un daño patrimonial de G. 487.581.671.
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La imputación contra Pedro Amarilla Martínez y Pura Limpia Britez Álvarez, de la Fundación Solidaridad, fue porque presentaron el costo de un proyecto por G. 1.964.562.774, cuyo pago se liberó, pero no concluyeron las obras en su totalidad.
Asimismo, a Felipe Cabrera Martínez y Benito Antonio Riquelme Mora, de la organización Ñopytyvo, se los procesó por un perjuicio de G. 552.120.196, debido a que en 2015 se les desembolsó G. 3.270.391.772 y no ejecutaron debidamente obras para sistemas de abastecimiento.
De acuerdo con el Ministerio Público, en estos casos se contempla un grave perjuicio patrimonial y además la afectación a las familias beneficiadas y en condiciones de vulnerabilidad.
EL COLORADO 
Señor Director:
La suma citada de aproximadamente U$S 40.000.000 no pudo haberse evaporado sin mas ni mas.
No debiera, tal como se maneja la informaciòn sobre el quehacer pùblico., pero resulata cuando menos curioso el hecho de que la Fiscalía haya confiscado celulares y archivos y no computadoras
Los discos duros de los equipos, pertenecientes a la Instituciòn y de los de propiedad de los responsables de desembolsos, asi como en aquellos de las ONGs «beneficiadas» y sus administradores
debieran ofrecer datos sobre los conceptos bajo los cuales se realizaron los desembolsos hoy cuestionados.
De ahi a comprobar la existencia tanto de registros contables como la auditoria sobre obras realizadas y asistencias prestadas, es cosa de niños.
Finalmente, si se hubiese castigado el incumplimiento de lo previsto en las Leyes y Reglamentos que sancionan y regulan el derecho ciudadano de acceso a la informaciòn publica, los desembolsos no hubiesen adquirido la dimensiòn denunciada y bien podrìan esos fondos haberse destinado a mejorar àreas de prestaciòn de servicios por parte del Estado que al presente exhiben un magro desempeño.
Atentamente,