“Los políticos tenemos la oportunidad de recuperar la credibilidad perdida”


El diputado colorado se muestra a favor de los proyectos que beneficiarán a la transparencia en la política. Cree que el control del dinero en la campaña y la declaración jurada van de la mano.Por la aprobación. Si bien critica el procedimiento  Por la aprobación. Si bien critica el procedimiento, aboga por modificar ley de financiamiento.

Uno de los pocos diputados colorados que anunciaron su respaldo desde el inicio del proyecto de financiamiento político es Ramón Romero Roa, quien por Alto Paraná está en la Cámara Baja en un segundo periodo. Apunta a la transparencia para mejorar la representación política y sostiene que el proyecto en discusión presenta la oportunidad para que la clase política recupere la credibilidad perdida. Cree que el proyecto se va a aprobar, a pesar de que al principio varios de sus colegas se mostraron en desacuerdo con la normativa. Critica la forma en que los proyectistas presentaron el proyecto sin dialogar antes con las bancadas mayoritarias, ya que finalmente son las que darán los números a favor o en contra.

–¿Por qué considera que el proyecto de financiamiento político debe ser aprobado?

–Porque desde el ejercicio del poder nosotros necesitamos claridad y este proyecto nos da magnífica oportunidad de poner las cosas en su lugar desde la tarea que tenemos para recuperar la credibilidad perdida. Si hay credibilidad en la clase política, la gestión va a ser mucho más reconocida. En este momento, en el imaginario colectivo, hay un concepto de que el dinero proveniente del crimen organizado se usa directamente en la política. Nosotros tenemos que desvirtuar eso con acciones concretas y la ley debe salir el martes. Es necesario que sea aplicable en las internas para los partidos. El sistema electoral nos facilita enormemente hacer un control de las candidaturas individuales, porque las candidaturas son prácticamente individuales.

–Se habla mucho de la narcopolítica y que la ley podría frenar el financiamiento del narcotráfico en la política.

–La narcopolítica es una calificación de un sector. El crimen organizado no solamente está en el narcotráfico. Estamos hablando de otros tipos de crímenes también; por ejemplo, el que proviene de la deforestación, de los delitos informáticos.

–Es decir, hay otras fuentes ilícitas de financiamiento que se encuentran en la política.

–Claro, por eso más que nunca necesitamos tener claridad. Si hacemos un reparo y decimos: ¡no es cierto!, con más razón debemos tener la ley. ¿Para qué ocultarnos en una laguna legal cuando podemos tener bien definido el camino a seguir?

–En la ANR se intentó estudiar el proyecto, pero el análisis quedó por el camino aparentemente, ya que hubo solamente una convocatoria.

–Lastimosamente, algunos que se creen dueños del partido no están aggiornados a los tiempos que la ciudadanía hoy exige de la clase política y embarran nuestro partido en temas tan importantes como la transparencia. No creo que esa sea la opinión de la mayoría de los correligionarios. Es la opinión de unos cuantos que quieren permanecer en el statu quo y eso no representa la voluntad del mayoritario pueblo colorado.

–Son los cartistas precisamente los que se mostraron en desacuerdo con la iniciativa. ¿Se podría decir que Horacio Cartes no quiere el control del dinero en las campañas electorales?

–En el ejercicio del poder, Horacio Cartes fue un defensor de la transparencia. Las responsabilidades políticas son individuales y tenemos que juzgar a los colegas de acuerdo con su posición política. La única institución responsable para lograr una norma es el Congreso y no podemos eludir esa responsabilidad o trasladar a otros.

–El Partido Colorado no tiene aún una postura y el proyecto ya se estudiará el martes. Hasta ahora son contados los nombres de los colorados como usted que anunciaron su voto.

–Acá hubiera sido mejor que se dialogue con las bancadas mayoritarias antes de presentar el proyecto, cuando se sabe muy bien que las bancadas mayoritarias definen la aprobación o no de una ley. Esta es una cuestión política e internamente en la ANR se entiende que se quiso dejar al partido en off side desde la minoría y eso creó una reacción que no facilitó el diálogo para que no se pueda acordar a esta altura un proyecto unificado. Yo no formo parte de esa bancada mayoritaria que cree ha sido esa la intención de los proyectistas, porque yo acompañé desde un principio el proyecto, pero creo que también hay que considerar cuando se trata de cambiar la forma de hacer campaña electoral que ninguna manera en la discusión previa podían estar fuera las bancadas mayoritarias porque al final son los números los que cuentan.

–Pero ¿usted está haciendo lobby con su bancada?

–El Partido Colorado aún no tomó una posición. La discusión es amplia en el partido en todos los niveles, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también entre los referentes que están en el Poder Ejecutivo, que están analizando hasta qué punto y cuál va a ser el proyecto que se va a consensuar.

–Se habla también de la posibilidad de que el proyecto se aplique recién para las elecciones del 2023.

–Nosotros tenemos que aplicar ahora el proyecto. Los gobiernos locales son un escenario propicio para poner en práctica esta legislación. La responsabilidad política es que eso no suceda. Tengo fe en que vamos a aprobar finalmente. Tal vez haya una discusión en el sentido del concepto que se quiere ingresar desde la visión de los proyectistas y el concepto que se quiera incorporar desde la visión del pleno, lo que también representa una opinión que en alguna medida viene de los partidos tradicionales.

–¿Qué opina del otro proyecto que tiene que ver con la publicación de las declaraciones juradas?

–Una cosa lleva a la otra. Si necesitamos una ley de financiamiento político, nosotros no podemos ocultar los bienes cuando tenemos una tarea pública. El ejercicio de la tarea pública conlleva una responsabilidad mucho más amplia que la del ciudadano común, no solamente por la remuneración que recibimos, sino por la responsabilidad de las decisiones que caen en nuestras manos. Eso va mucho más allá del recurso que recibimos; por lo tanto, instalar que solamente por una acción judicial se puede acceder a los bienes en este tiempo es totalmente erróneo.

–Tenemos casos parlamentarios que anteriormente ocuparon un cargo público y lograron aumentar considerablemente su patrimonio.

–Yo no querría personalizar con relación a ese concepto. Necesitamos resolver cómo se va a desenvolver una persona pública. Uno de los requisitos para que una persona sea servidor/a público/a deberá ser que siempre conozcamos sus bienes, de dónde provienen y si no ha aumentado su patrimonio en el ejercicio del cargo tanto por corrupción como por tráfico de influencias. Nosotros tenemos que legislar para todos. Para el que no cumple, están los órganos jurisdiccionales que tienen que actuar. Hay que entender además, tajantemente, que de ninguna manera hay que proteger a la persona si es que comete una irregularidad en cualquiera de los casos.

Nosotros no podemos ocultar los bienes cuando tenemos una tarea pública. El ejercicio de la tarea pública conlleva una responsabilidad.
Uno de los requisitos deberá ser que siempre conozcamos sus bienes, de dónde provienen y si no ha aumentado su patrimonio en el ejercicio del cargo.
Antes de presentar el proyecto se hubiese dialogado con las bancadas mayoritarias cuando se sabe muy bien, que estas definen la aprobación o no de una ley.

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