El dinero derrochado en gastos sociales y publicidad podrían haber representado la construcción de dos nuevas líneas de 500 kV como la que va de Ayolas a Villa Hayes, para mejorar la distribución de energía en el territorio nacional.
Esa obra tuvo un costo aproximado de US$ 105 millones. Según datos de la propia ANDE, nuestro país todavía necesita al menos otras cuatro líneas de ese tipo. Con el dinero despilfarrado se hubiera cubierto al menos la mitad.
Los aportes sociales son inversiones que no están establecidas en los Tratados de Itaipú y Yacyretá. Se destinan a encarar planes sociales en las áreas afectadas por la construcción de las represas como una especie de resarcimiento.
Comenzaron en 2003, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Al no ser parte del presupuesto general de gastos, los gastos sociales no pasan por licitación y escapan del control del Ministerio de Hacienda y el Congreso. Esto es, se reparten según el antojo de directores y consejeros.
Hace un año que Diputados no trata un proyecto para incluirlos en el Presupuesto General.
