A PROPÓSITO DEL JUICIO POLÍTICO


Por Cándido Silva

Si bien la tempestad amainó considerablemente con el archivo temporal del pedido de Juicio Político a las cabezas del Poder Ejecutivo, también es cierto que la intención continúa latente y puede reactivarse en cualquier momento, en el curso del actual periodo constitucional.

Un Jefe de Estado henchido de buenos propósitos para el país y sus habitantes, aunque cándido e incompetente en grado sumo, y un vicepresidente preñado de similares designios para sí mismo, parientes, amigos, favorecedores y operadores políticos (no para la patria y sus pobladores), no ofrecen precisamente garantías de admisible gestión gubernativa, razón por la que se exponen a una virtual destitución en el corto o mediano plazos.

Partiendo de la hipótesis de que habría Acusación Constitucional en determinado lapso del vigente mandato, se impone aclarar los alcances del Art. 225 de la legislación matriz, referente al Procedimiento de Juicio Político, de modo a reparar un error recurrente producto de equívocos en la interpretación del citado apartado.

En el inicio del segundo párrafo del mencionado artículo se estipula, textualmente, que “La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por MAYORIA DE DOS TERCIOS”. Según el Art. 185, “Para las votaciones de las Cámaras de Congreso se entenderá por MAYORÍA DE DOS TERCIOS, las DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS PRESENTES”.

Para que la sesión en Diputados sea válida, deben estar presentes en la sala 41 miembros como mínimo, número equivalente al Quórum Legal. Entonces, la Acusación prosperará si alcanzare los dos tercios de los presentes, o sea que con 28 votos cobrará vigor la Imputación, que será derivada al Senado para el enjuiciamiento del o los denunciados, cámara donde sí se exige MAYORÍA ABSOLUTA DE DOS TERCIOS, 30 votos de 45, para definir la culpabilidad y consiguiente cesantía del o los indiciados.

Habitualmente, unos cuantos reputados exégetas locales, asesores de legisladores y mimados de la prensa, sostienen e insisten, incorrectamente, que para la Acusación en Diputados se precisa del voto de 53 miembros, que conforme al Art. 185 corresponde a la MAYORÍA ABSOLUTA DE DOS TERCIOS, y no a MAYORÍA DE DOS TERCIOS como exige el Art. 225. Es taxativo y no hay digresiones que valgan.

Si no estoy descaminado, en los Juicios Políticos a los ex presidentes Luis Ángel González Macchi Y Fernando Lugo, se procedió con la fórmula errada, e incluso ahora, en el abortado Juicio a Mario Abdo y Hugo Velázquez, se reincidió en el desacierto. En otros términos, existe el convencimiento general que en Diputados la MAYORÍA DE DOS TERCIOS es de 53 miembros, cuando en derecho tal mayoría ya puede establecerse a partir del Quórum Legal de 41 presentes.

Dirán algunos, en descargo, que el “espíritu del artículo y la voluntad o el afán de los delegados convencionales” era tal cual se la aplicó, pretendiendo con dichos argumentos salvar la inexactitud, en el caso de que hubiesen críticas desfavorables a la interpretación, que nunca las hubo, al menos para el dominio público.

Este breve aporte es a los afectos de rectificar una paráfrasis jurídica errónea y a fin de no incurrir en nuevos deslices, habida cuenta que el espectro del Juicio Político se cierne amenazante aún sobre la testa del binomio presidencial en funciones.-

24/agosto/2019

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