Pedir a la Haya nulidad del Tratado de Itaipú y acceder a US$ 4.500 millones, plantea experta


Cecilia Vuyk, politóloga y especialista en Desarrollo Latinoamericano. Foto: Antonella Eguren  Cecilia Vuyk, politóloga y especialista en Desarrollo Latinoamericano. Foto: Antonella Eguren. El Estado paraguayo puede presentar una demanda ante la Corte Internacional de la Haya para anular el Tratado de Itaipú y revertir la situación actual en la que Paraguay se encuentra en posición de sumisión ante los intereses y necesidades de grandes empresas y bancos brasileños que son los principales beneficiados. Paraguay podría recibir hasta USD 4500 millones anuales más, lo que representa un incremento del 34% para el Presupuesto General de Gastos de la Nación, recursos que se encuentran trabados por un tratado que cumplirá 50 años. Nota: El Uruguay le ganó un juicio en esa corte a la Argentina la cual no solo perdió sino que tuvo que pagar los costos y costas del juicio. ¿Recuerdan a los prepotentes argentinos cerrando un puente con una localidad uruguaya? Los que se oponen a un juicio en La Haya son nuestros coimeros como Oscar Filadelfia y sus adláteres que ya no van a cobrar más los verdes bajo la mesa.

    El 2023 es un año clave para poner sobre la mesa los puntos necesarios para lograr los cambios en el Tratado de Itaipú y con esta crisis desatada entre acuerdo y firmas debe tomarse como un aprendizaje e ir al fondo de la cuestión y plantear su nulidad y abrir una gran batalla para construir un nuevo manejo de Itaipú que realmente sirva para el desarrollo de los pueblos y deje de servir solo de subsidio para las grandes empresas y bancos del Brasil, afirmó Cecilia Vuyk, politóloga y especialista en Desarrollo Latinoamericano.

    Si se logran las modificaciones necesarias, los cambios se verán en áreas sensibles ya que los recursos que Paraguay podría recibir ascienden a 4500 millones de dólares anuales más, lo que representa un incremento del 34% para el Presupuesto General de Gastos de la Nación con el que se podrá invertir en desarrollo para el país como la construcción de caminos, salud, educación, industria, servicios, construcción de nuevas represas, energía eólica, solar y una enorme capacidad de potenciar el desarrollo del país que hoy está frenada y trabada porque toda la riqueza generada en Itaipú va para las empresas paulistas.

    “Se habla mucho de que en nuestro país no hay fondos, que hay que ahorrar gastos del Estado, se cancelaron los Juegos de Odesur y su inversión es menos del 3% de lo que Itaipú pagó el año pasado de la deuda corrupta. Fondos hay en todas partes pero están blindados en este caso en Itaipú por un pacto de corrupción que sigue manteniendo todo como está”, señaló Vuyk.

    “La nulidad del tratado es ir al fondo de la cuestión y que toda la riqueza generada pueda venir para la inversión que necesitamos porque necesitamos el Hospital de Barrio Obrero, necesitamos más camas de terapia intensiva, necesitamos los juegos olímpicos, educación de calidad, caminos, salud, la lista es larga y tiene esa llave para ejecutarla en Itaipú y para eso tenemos que recuperar Itaipú para el desarrollo de nuestros países”, indicó.

    Los cinco puntos centrales necesarios para cambiar y revertir la situación que permitirá pasar de los puntos de la estafa a los puntos de la soberanía son:

    Disponer libremente de la energía: comercializando nuestra energía desde el sector público para tener importantes ingresos anuales para educación, salud, trabajo, tierra y otros.

    Terminar con el pago de la deuda corrupta: la energía de Itaipú bajará y el país dejará de subsidiar millones de dólares anuales a bancos extranjeros, usando esos recursos para el desarrollo.

    Controlar y dirigir el manejo de la entidad: se podrá decidir desde el Estado paraguayo el manejo y el destino de los fondos de Itaipú y contar así con importantes ingresos anuales para la producción y el desarrollo social.

    “Solamente en el 2018 el ingreso en Itaipú fue de USD 3744 millones y todo ese ingreso debe ser gastado en Itaipú y la mayor parte, casi un 60% va a la deuda corrupta, salarios y altos contratos y un 12% llega al Estado paraguayo a través de Fonacide, royalties y sacando al binacionalidad los ingresos producidos y la decisión del manejo de la entidad lo tendrían los pueblos”, explicó.

    El cuarto punto es terminar con la invasión militar: se terminar con la potestad de invasión militar que hoy el Tratado otorga al ejército brasileño en el territorio cedido, defendiendo nuestra soberanía nacional y por último, la recuperación del territorio nacional terminando así con el condominio, recuperando el territorio cedido al Brasil tras la invasión militar y construcción de la represa.

    La firma del acta bilateral firmada el 24 de mayo pasado sacó a luz un proceso que se estaba haciendo a espaldas del pueblo paraguayo y en ella se compromete principalmente la capacidad de Paraguay de usar su energía hasta el 2022.

    Así cambia la composición de la tarifa haciendo que se genere un déficit en al ANDE que tendría que ser cubierto con nuevas deudas, frenando obras o tarde o temprano un aumento de tarifa.

    “Fue un proceso en el cual Paraguay cedió ante los intereses y necesidades de Brasil porque el acta principalmente beneficia a las grandes empresas brasileñas bajando la tarifa a la empresas y asegurando una energía segura, limpia y barata hasta el 2022 mientras que a Paraguay ata la posibilidad de avanzar en un mayor uso de nuestra energía y traba el desarrollo nacional y fue hecho a espaldas de la ciudadanía”, indicó la profesional.

    Cada año se realizan los contratos y es una cuestión operativa que se maneja a nivel técnico y ahora se elevó a un nivel diplomático y de cancillería por la presión y todas las acciones de Brasil para garantizar su control de al energía paraguaya. “Puentearon a los técnicos de la ANDE haciendo un acuerdo secreto que saltó a la luz tras la crisis iniciada con la renuncia del presidente de la ANDE, Pedro Ferreira”, recordó.

    Afirmó que las consecuencias que tendrá el acta en caso que no se anule es colocar en una posición de sumisión al gobierno paraguayo a los intereses extranjeros que de continuar con el mismo proyecto político no se tendrá un escenario favorable para el 2023, a menos que se revierta que es el desafío que se tiene como ciudadanía, indicó Vuyk.

    El beneficiado siempre fue Brasil

    En todos estos 50 años del Tratado de Itaipú, se benefició a los intereses de grandes empresas de Brasil, los bancos y Electrobras con un esquema de manejo de la entidad que garantiza los intereses extranjeros frenando la posibilidad de que una energía y riqueza tan grande generada sea invertida en el desarrollo de los pueblos paraguayos y brasileños.

    “Todo este esquema de atropello y maniobras que saltaron a la luz en estos días que Electrobras no estaba pagando, que Itaipú no estaba facturando son irregularidades, son atropellos que están blindados por el manejo de la binacional y que tiene su raíz en el tratado que es el fondo de la cuestión y el camino más pertinente es anularlo y es posible hacerlo presentando una demanda del Estado paraguayo ante la Corte Internacional de la Haya y sobre la nulidad construir un nuevo esquema de manejo de Itaipú desde la soberanía de ambos estados con la participación de la ciudadanía que garantice que la riqueza producida retribuya al desarrollo nacional”, apuntó.

    “Este tratado caracterizamos como un tratado de estafa, en estos 50 años benefició a pocos, grandes bancos y empresas, políticos vinculados a los contratos y altos salarios de Itaipú cuando toda la riqueza generada en Itaipú no se invierte en desarrollo, es un problema que sigue manteniendo un tratado que garantiza los intereses extranjeros, subsidia el desarrollo para afuera y nos ata siendo que es un recurso nuestra, nuestra agua, nuestra represa y nuestro trabajo. Itaipú es 50-50 pero en estos años el que realmente se benefició en Brasil fueron las grandes empresas”, explicó

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