Los jueces que “masacraron” a Arrom y le hicieron tragar saliva


El presidente de la CorteIDH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, durante la audiencia de Juan Arrom. Foto: captura de video.  El presidente de la CorteIDH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, durante la audiencia de Juan Arrom. Foto: captura de video.

Juan Arrom respondió a varias preguntas planteadas por los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En más de una ocasión, el acusado de secuestro tuvo que “tragar saliva”, mostrándose dubitativo e inseguro en sus argumentos.

Juan Arrom brindó una teleconferencia desde la ciudad brasileña de Curitiba. En la ocasión, realizó un relatorio de todo lo acontecido entre el 17 y el 30 de enero del año 2002 cuando supuestamente él y Anuncio Martí fueron secuestrados y posteriormente torturados por agentes estatales.

Durante la audiencia, se encargó de responder a las consultas y cuestionamientos planteados por los jueces integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación las preguntas claves del interrogatorio.

JUEZ PATRICIO PAZMIÑO FREIRE

Ante la pregunta del por qué un Estado democrático capturaría a un líder de un movimiento político de izquierda para que se autoinculpe y que involucre en un acto delictivo a sectores de la oposición, Arrom dijo que -según las expresiones de un senador nacional- el movimiento Patria Libre era socio menor de un plan para “recaudar fondos e incendiar la República”, acusando al oviedismo.

También quisieron establecer una relación con movimientos militares no democráticos (guerrillas) en el año 2000, lo cual fue una conjunción de hechos para que ellos terminen autoinculpándose.

Arrom mencionó que lo querían forzar a firmar una autoinculpación del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi como parte de un hecho de desestabilización política ilegal del gobierno, en aquel momento presidido por Luis González Macchi.

Al consultársele por qué un secuestro podría generar semejante efecto de desestabilización institucional, no supo responder y dijo que sería el gobierno de ese entonces el que debería encargarse de aclarar la cuestión.

Asimismo, cuestionó que el gobierno haya realizado diversos tipos de acusaciones contra su persona y contra Martí con la intención de culparlos por el secuestro de María Edith.

Respecto a la pérdida de su licencia de conducir y el hecho de que la fecha que hizo constar en la denuncia coincide con su segundo día de secuestro, Arrom explicó que al momento de ser llevado a la fuerza le quitaron su teléfono celular, sus llaves del apartamento y todos sus documentos, datos que constan en las denuncias realizadas ante el Ministerio Público. Meses después de ese antecedente, acudió a solicitar una copia de su registro de conducir extraviado, hecho que -a su criterio- se intentó manipular diciendo que él había ido a solicitar el documento en fecha 18 de enero, lo cual era imposible debido a que supuestamente se encontraba cautivo.

“Solo por cumplir con un trámite burocrático dije que se había extraviado mi registro en fecha 18 de enero”, puntualizó.

Arrom justificó que desde el momento en que obtuvo su libertad (30 de enero de 2002) hasta el día en que solicitó el estatus de refugiado (diciembre de 2003), él se encontraba recuperándose de las heridas que había sufrido en Asunción. En ese interín, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les había otorgado medidas cautelares de protección que “fue una cierta tranquilidad para ellos porque sabían que tenían alguna garantía internacional”.

“Tuve que abocarme a trabajar con mis abogados en el proceso penal que se le instauró a algunos policías y civiles por causa de nuestro secuestro y tortura. Eso me llevó muchísimo tiempo en todo el año. Tuvimos que presentar pruebas, arrimar escritos, una infinidad de trabajo que nos llevó a que en el 2003 finalmente el Ministerio Público decida no acusar a los responsables de los hechos de secuestro y tortura”, expresó.

JUEZA ELIZABETH ODIO BENITO

Al ser consultado sobre a qué actividades se dedicaba antes de que sucedan estos hechos, Arrom indicó que era socio minoritario de una empresa dedicada a la venta de lubricantes y ocupaba el cargo de socio gerente, encargándose de la planificación contable y operacional de la misma. Así también, mencionó que se dedicaba a otras “actividades anexas” por las cuales percibía ingresos, haciendo alusión a consultorías y auditorías contables, también en sistemas administrativos para pequeñas y medianas empresas.

Confirmó que el movimiento Patria Libre era una agrupación legalmente constituida y que inclusive tenía participación política activa, negando que sea un grupo clandestino o que exista vinculación alguna con cualquier tipo de guerrilla, tal y como se manejó desde un principio.

Asimismo, manifestó que el interrogatorio al que fueron sometidos apuntaba más bien a las actividades como organización política, a tratar de recabar datos y detener a sus dirigentes. En principio, se buscaba que ellos se autoinculparan de ese hecho criminal (secuestro) y que involucraran a otros sectores políticos como el oviedismo y el PLRA, todo como parte de un supuesto “plan de desestabilización del gobierno”.

Durante su exposición, también admitió que María Edith Bordón de Debernardi apareció dos días después de que él y Anuncio Martí fueran supuestamente llevados a la fuerza, específicamente el 19 de enero del 2002.

JUEZ HUMBERTO ANTONIO SIERRA

Arrom confirmó que durante el proceso penal, él y Martí eran informados constantemente por sus abogados sobre el desarrollo del mismo, aunque siempre manifestaron su disconformidad a los fiscales por no realizar muchas diligencias que eran consideradas como fundamentales.

Al ser consultado sobre si ejerció algunos derechos que tenía consagrados en el Paraguay, sostuvo que se presentaron los escritos y requerimientos pertinentes ante la jueza Griselda Caballero en el año 2003, quien posteriormente decidió volver a remitir de nuevo el expediente a la Fiscalía General del Estado. De esta manera, dio a entender que siempre estuvo siguiendo los trámites requeridos para la causa hasta antes de abandonar el país.

En otro momento, manifestó que si participó de un acuerdo de contención amistosa con el Estado paraguayo para ser desvinculado del caso de secuestro. Este acuerdo había sido propuesto por el entonces procurador general de la República, Enrique García, quien contactó directamente con su abogado Rubén Lisboa.

Arrom explicó que decidieron acudir a un hospital privado y no a uno del sector público porque, cuando habían sido rescatados, él recordó que contaba con un seguro privado en el Sanatorio Migone, por ello solicitó que sean derivados hasta allí para ser atendidos. Además, se excusó diciendo que “se iba a sentir más seguro en ese lugar que en un hospital público”.

JUEZ EDUARDO VIO GROSSI

Arrom sostuvo que sí conocía a María Edith Bordón de Debernardi debido a que había relaciones familiares entre ambos (era su concuñada). Asimismo, mencionó que tenía “encuentros muy ocasionales” con ella y que no conocía los detalles de su vida privada.

Al consultársele cómo es que desde el gobierno lo habían vinculado con el secuestro de la mujer, expresó: “Decían tener el testimonio de una persona que afirmaba que yo le había entregado dinero de ese hecho criminal (secuestro). Esa persona que decía ser testigo de ese hecho y que sería la persona que me estaba acusando fue el secretario del ministro de Justicia”, indicó. Supuestamente, este sujeto lo convocó para una reunión, tendiéndole una trampa para ser capturado por los agentes policiales de civil.

En otro momento de su declaración, sostuvo que fueron sus captores quienes le informaron que el secretario del ministro era el que lo había inculpado por esa supuesta entrega de dinero, por lo que recién tuvo conocimiento de esa acusación al estar cautivo.

Arrom confirmó que de manera verbal le habían establecido las condiciones de lo que tenía que firmar para autoinculparse por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi y del supuesto “plan de desestabilización del gobierno” mencionado anteriormente.

En otro momento, recordó que había realizado las diligencias pertinentes a nivel judicial para tratar de desligarse del caso de secuestro. Llegó a presentarse en un juicio preliminar de sustanciación de pruebas en junio del 2003, pese a los cuestionamientos al proceso en sí.

Finalmente, Arrom admitió que sí le llamó la atención que sus captores hayan actuado a cara descubierta al momento de llevarlo detenido junto con Anuncio Martí.

En todo momento, dio cuenta de que siguió el proceso penal correspondiente sin dejar de someterse a la justicia hasta que finalmente decidió salir del país y solicitar su asilo en Brasil bajo el estatus de refugiado. Al respecto, explicó que el hecho que lo obligó a tomar tal decisión fue “el estado de indefensión y la falta de imparcialidad del sistema judicial paraguayo”.

JUEZ EDUARDO FERRER MAC-GREGOR

Arrom contó que aquel 30 de enero cuando fue liberado había escuchado a Anuncio Martí gritando su nombre varias veces desde su habitación, posteriormente decidió abrir la puerta e ir junto a él, aunque sin saber si sus captores seguían allí. En ese momento, Martí le contó que había periodistas afuera de la vivienda y por ello estaba vociferando su nombre a viva voz para que logren escucharlo.

“Empecé a gritar también mi nombre, pregunté por mis hijos reiteradamente porque durante el secuestro amenazaron que mis propios hijos serían asesinados. Ahí le escucho a mi hermana Cristina preguntar si había gente en la casa y le digo que no sabíamos. Luego miro al pasillo, veo que no hay nadie en la mesa, busco la salida de la casa y encuentro la puerta principal, doy vuelta la llave que estaba por la puerta y abrí, salí hacia la calle y a la primera persona que se me aproximó fue Aníbal Emery de Ñandutí a quien le relaté que habíamos sido secuestrados y torturados, luego se acercaron mis hermanas y otros medios de prensa”, relató.

Durante su alocución, Arrom indicó que las habitaciones donde él y Martí habían sido destinados no estaban llaveadas porque había guardia permanente y que inclusive los captores a veces dejaban abierta las puertas.

 

El presidente de la CorteIDH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, durante la audiencia de Juan Arrom. Foto: captura de video.

Juan Arrom respondió a varias preguntas planteadas por los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En más de una ocasión, el acusado de secuestro tuvo que “tragar saliva”, mostrándose dubitativo e inseguro en sus argumentos.

Juan Arrom brindó una teleconferencia desde la ciudad brasileña de Curitiba. En la ocasión, realizó un relatorio de todo lo acontecido entre el 17 y el 30 de enero del año 2002 cuando supuestamente él y Anuncio Martí fueron secuestrados y posteriormente torturados por agentes estatales.

Durante la audiencia, se encargó de responder a las consultas y cuestionamientos planteados por los jueces integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación las preguntas claves del interrogatorio.

JUEZ PATRICIO PAZMIÑO FREIRE

Ante la pregunta del por qué un Estado democrático capturaría a un líder de un movimiento político de izquierda para que se autoinculpe y que involucre en un acto delictivo a sectores de la oposición, Arrom dijo que -según las expresiones de un senador nacional- el movimiento Patria Libre era socio menor de un plan para “recaudar fondos e incendiar la República”, acusando al oviedismo.

También quisieron establecer una relación con movimientos militares no democráticos (guerrillas) en el año 2000, lo cual fue una conjunción de hechos para que ellos terminen autoinculpándose.

Arrom mencionó que lo querían forzar a firmar una autoinculpación del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi como parte de un hecho de desestabilización política ilegal del gobierno, en aquel momento presidido por Luis González Macchi.

Al consultársele por qué un secuestro podría generar semejante efecto de desestabilización institucional, no supo responder y dijo que sería el gobierno de ese entonces el que debería encargarse de aclarar la cuestión.

Asimismo, cuestionó que el gobierno haya realizado diversos tipos de acusaciones contra su persona y contra Martí con la intención de culparlos por el secuestro de María Edith.

Respecto a la pérdida de su licencia de conducir y el hecho de que la fecha que hizo constar en la denuncia coincide con su segundo día de secuestro, Arrom explicó que al momento de ser llevado a la fuerza le quitaron su teléfono celular, sus llaves del apartamento y todos sus documentos, datos que constan en las denuncias realizadas ante el Ministerio Público. Meses después de ese antecedente, acudió a solicitar una copia de su registro de conducir extraviado, hecho que -a su criterio- se intentó manipular diciendo que él había ido a solicitar el documento en fecha 18 de enero, lo cual era imposible debido a que supuestamente se encontraba cautivo.

“Solo por cumplir con un trámite burocrático dije que se había extraviado mi registro en fecha 18 de enero”, puntualizó.

Arrom justificó que desde el momento en que obtuvo su libertad (30 de enero de 2002) hasta el día en que solicitó el estatus de refugiado (diciembre de 2003), él se encontraba recuperándose de las heridas que había sufrido en Asunción. En ese interín, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les había otorgado medidas cautelares de protección que “fue una cierta tranquilidad para ellos porque sabían que tenían alguna garantía internacional”.

“Tuve que abocarme a trabajar con mis abogados en el proceso penal que se le instauró a algunos policías y civiles por causa de nuestro secuestro y tortura. Eso me llevó muchísimo tiempo en todo el año. Tuvimos que presentar pruebas, arrimar escritos, una infinidad de trabajo que nos llevó a que en el 2003 finalmente el Ministerio Público decida no acusar a los responsables de los hechos de secuestro y tortura”, expresó.

JUEZA ELIZABETH ODIO BENITO

Al ser consultado sobre a qué actividades se dedicaba antes de que sucedan estos hechos, Arrom indicó que era socio minoritario de una empresa dedicada a la venta de lubricantes y ocupaba el cargo de socio gerente, encargándose de la planificación contable y operacional de la misma. Así también, mencionó que se dedicaba a otras “actividades anexas” por las cuales percibía ingresos, haciendo alusión a consultorías y auditorías contables, también en sistemas administrativos para pequeñas y medianas empresas.

Confirmó que el movimiento Patria Libre era una agrupación legalmente constituida y que inclusive tenía participación política activa, negando que sea un grupo clandestino o que exista vinculación alguna con cualquier tipo de guerrilla, tal y como se manejó desde un principio.

Asimismo, manifestó que el interrogatorio al que fueron sometidos apuntaba más bien a las actividades como organización política, a tratar de recabar datos y detener a sus dirigentes. En principio, se buscaba que ellos se autoinculparan de ese hecho criminal (secuestro) y que involucraran a otros sectores políticos como el oviedismo y el PLRA, todo como parte de un supuesto “plan de desestabilización del gobierno”.

Durante su exposición, también admitió que María Edith Bordón de Debernardi apareció dos días después de que él y Anuncio Martí fueran supuestamente llevados a la fuerza, específicamente el 19 de enero del 2002.

JUEZ HUMBERTO ANTONIO SIERRA

Arrom confirmó que durante el proceso penal, él y Martí eran informados constantemente por sus abogados sobre el desarrollo del mismo, aunque siempre manifestaron su disconformidad a los fiscales por no realizar muchas diligencias que eran consideradas como fundamentales.

Al ser consultado sobre si ejerció algunos derechos que tenía consagrados en el Paraguay, sostuvo que se presentaron los escritos y requerimientos pertinentes ante la jueza Griselda Caballero en el año 2003, quien posteriormente decidió volver a remitir de nuevo el expediente a la Fiscalía General del Estado. De esta manera, dio a entender que siempre estuvo siguiendo los trámites requeridos para la causa hasta antes de abandonar el país.

En otro momento, manifestó que si participó de un acuerdo de contención amistosa con el Estado paraguayo para ser desvinculado del caso de secuestro. Este acuerdo había sido propuesto por el entonces procurador general de la República, Enrique García, quien contactó directamente con su abogado Rubén Lisboa.

Arrom explicó que decidieron acudir a un hospital privado y no a uno del sector público porque, cuando habían sido rescatados, él recordó que contaba con un seguro privado en el Sanatorio Migone, por ello solicitó que sean derivados hasta allí para ser atendidos. Además, se excusó diciendo que “se iba a sentir más seguro en ese lugar que en un hospital público”.

JUEZ EDUARDO VIO GROSSI

Arrom sostuvo que sí conocía a María Edith Bordón de Debernardi debido a que había relaciones familiares entre ambos (era su concuñada). Asimismo, mencionó que tenía “encuentros muy ocasionales” con ella y que no conocía los detalles de su vida privada.

Al consultársele cómo es que desde el gobierno lo habían vinculado con el secuestro de la mujer, expresó: “Decían tener el testimonio de una persona que afirmaba que yo le había entregado dinero de ese hecho criminal (secuestro). Esa persona que decía ser testigo de ese hecho y que sería la persona que me estaba acusando fue el secretario del ministro de Justicia”, indicó. Supuestamente, este sujeto lo convocó para una reunión, tendiéndole una trampa para ser capturado por los agentes policiales de civil.

En otro momento de su declaración, sostuvo que fueron sus captores quienes le informaron que el secretario del ministro era el que lo había inculpado por esa supuesta entrega de dinero, por lo que recién tuvo conocimiento de esa acusación al estar cautivo.

Arrom confirmó que de manera verbal le habían establecido las condiciones de lo que tenía que firmar para autoinculparse por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi y del supuesto “plan de desestabilización del gobierno” mencionado anteriormente.

En otro momento, recordó que había realizado las diligencias pertinentes a nivel judicial para tratar de desligarse del caso de secuestro. Llegó a presentarse en un juicio preliminar de sustanciación de pruebas en junio del 2003, pese a los cuestionamientos al proceso en sí.

Finalmente, Arrom admitió que sí le llamó la atención que sus captores hayan actuado a cara descubierta al momento de llevarlo detenido junto con Anuncio Martí.

En todo momento, dio cuenta de que siguió el proceso penal correspondiente sin dejar de someterse a la justicia hasta que finalmente decidió salir del país y solicitar su asilo en Brasil bajo el estatus de refugiado. Al respecto, explicó que el hecho que lo obligó a tomar tal decisión fue “el estado de indefensión y la falta de imparcialidad del sistema judicial paraguayo”.

JUEZ EDUARDO FERRER MAC-GREGOR

Arrom contó que aquel 30 de enero cuando fue liberado había escuchado a Anuncio Martí gritando su nombre varias veces desde su habitación, posteriormente decidió abrir la puerta e ir junto a él, aunque sin saber si sus captores seguían allí. En ese momento, Martí le contó que había periodistas afuera de la vivienda y por ello estaba vociferando su nombre a viva voz para que logren escucharlo.

“Empecé a gritar también mi nombre, pregunté por mis hijos reiteradamente porque durante el secuestro amenazaron que mis propios hijos serían asesinados. Ahí le escucho a mi hermana Cristina preguntar si había gente en la casa y le digo que no sabíamos. Luego miro al pasillo, veo que no hay nadie en la mesa, busco la salida de la casa y encuentro la puerta principal, doy vuelta la llave que estaba por la puerta y abrí, salí hacia la calle y a la primera persona que se me aproximó fue Aníbal Emery de Ñandutí a quien le relaté que habíamos sido secuestrados y torturados, luego se acercaron mis hermanas y otros medios de prensa”, relató.

Durante su alocución, Arrom indicó que las habitaciones donde él y Martí habían sido destinados no estaban llaveadas porque había guardia permanente y que inclusive los captores a veces dejaban abierta las puertas.

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