Arrom, acorralado por jueces


   Los jueces de la Corte la Corte Interamericana de Derechos Humanos sometieron a un implacable interrogatorio a Juan Francisco Arrom. La no homologación del médico y no agotar las procesos judiciales en el país fueron los dos puntos más cuestionados. Nota: Este camaleón de la mentira creía que le resultaría fácil engañar a experimentados jueces. Ya no se trata de los zurdos de la CIDH con sede en Washington. No obstante, es bueno destacar que vimos en las fotografías a aquel cura con rodete que oficiaba de guardaespaldas de Fernando Lugo. Ello demuestra que el estuprador de menores dirigía el operativo mentira, el mismo que hasta la fecha no refutó la acusación de la revista FORBES que lo sindica embolsando100 millones de los verdes.

Aunque Juan Francisco Arrom tenía un guión estudiado para dar las respuestas ante los jueces de la Corte IDH, los magistrados fueron insistentes y lo interrogaron sobre hechos puntuales que dejaron en evidencia numerosas falencias en su testimonio y en la argumentación del supuesto secuestro y tortura al que -denuncia- fue sometido por agentes del Estado.

No se homologó el informe médico

Una de las preguntas de los jueces fue sobre el informe médico de las heridas que recibió durante su supuesto cautiverio. Este registro fue hecho en un sanatorio privado y posteriormente no lo homologaron, por lo que no fue controvertido por el Estado. “Fue un momento de confusión; nadie está preparado para pasar una situación como esta. Yo dije que tenía seguro, y me iba a sentir más seguro en un hospital privado”, alegó.

Nota relacionada: Arrom no agotó instancias

Insistido sobre la falta de homologación del informe, se limitó a responder que estas razones debe darlas su abogado. 

Motivos del secuestro y tortura

La jueza Elizabeth Odio Benito fue quien preguntó sobre los motivos por los cuales estuvieron privados de su libertad, a lo que respondió que “el objetivo principal era la autoinculpación y que aquel hecho criminal formaba parte de un plan de desestabilización del gobierno”.

La jueza insistió y le preguntó cómo estaban vinculados el secuestro de María Edith de Debernardi con el supuesto intento de autoinculpación, a lo que Arrom volvió a responder que se trataba de un intento de recabar datos y retener a dirigentes de su movimiento (Patria Libre). “El objetivo fue la autoinculpación del hecho criminal, involucrando a otros actores políticos, a sectores de la oposición”, sentenció.

El juez Humberto A. Sierra Porto de forma directa lo interrogó sobre el Movimiento Patria Libre, consultando sobre la posibilidad de que se haya usado la fuerza como expresión política.

Esto fue negado por el declarante, quien señaló que su partido era de actuación legal y acusó al gobierno de haber buscado vincularlo con las guerrillas colombianas.

“¿Por qué un Estado democrático captura a un dirigente de izquierda para que se inculpe e involucre con otros sectores de la oposición?”, fue la pregunta del juez Sierra Porto que dejó Arrom notoriamente nervioso. A la misma se remitió a contestar con lo que supuestamente había expresado un senador a quien no identificó. “Esta gente del movimiento Patria Libre es un socio menor de un plan para incendiar la República e inculpar al sector oviedista que estaba en ese momento en oposición al gobierno”.

Otra de las preguntas incisivas del juez fue: ¿Por qué un secuestro podría desestabilizar el gobierno? A esto Juan Arrom no supo qué responder y desvió su declaración alegando que a estos puntos el Gobierno es quien tendría que responder.

Siga en vivo la audiencia ante la Corte Interamericana

¿Que pasó entre su liberación y el asilo político?

Arrom también fue cuestionado sobre las actividades que realizó desde su liberación y el pedido de asilo político. Sobre este punto expresó que estuvo siguiendo los procesos legales y que luego, por falta de garantías y por una obvia parcialidad del Ministerio Público, a su criterio, decidieron irse del país. “La falta de acusación del Ministerio Público en este caso era un signo grave, peligroso para que yo siguiera residiendo en la República del Paraguay”, agregó.

Otro de los magistrados hizo énfasis en el hecho de que no agotaron las instancias internas para probar que fueron secuestrados por el Estado paraguayo; y que tampoco hay pruebas de que quienes supuestamente lo secuestraron eran miembros del gobierno.

En este contexto el declarante alegó que recién al estar en libertad y ya tiempo después de lo ocurrido tuvo conocimiento de quiénes fueron sus captores.

Llamó también la atención de los jueces que los secuestradores actuaron a cara descubierta, porque “usualmente en estos hechos buscan ocultar su identidad”.

Sobre esto Arrom indicó de que estaba seguro que el plan siempre fue asesinarlos y que por ello los captores no se taparon el rostro.

Vínculos con María Edith Bordón de Debernardi

“Conocía a la señora María Edith Bordón de Debernardi, por relaciones familiares. Solamente tenía encuentros muy ocasionales. No conocía detalles sobre la vida de esta persona”, declaró y explicó que se lo vinculó con el secuestro de la misma a partir de un testimonio de una persona a la cual supuestamente le habría entregado producto en dinero de ese hecho criminal.

Además, contó que nunca le mostraron los documentos que les querían hacer firmar para inculparlos y que todas las condiciones para dejarlos en libertad siempre se las dieron de forma verbal acotando que tendrían que dejar el país.

“US$ 50 millones, una cifra simbólica”

Luego de un nuevo relato de los hechos del día de su liberación, Juan Arrom tuvo unos minutos para su descargo en el que expresó que no hay moneda que cuantifique el daño que sufrieron. “Una cifra de 50 millones de dólares es una cifra simbólica para expresar la cantidad de daños sufridos”, enunció.

“No hay moneda que compense todo lo que sufrimos con el señor Martí, todos los daños siguen, daños psicológicos, físicos. Todo irreversible… Los daños materiales serán detallados en los alegatos finales”, enfatizó.

Agregó que nunca quiso llegar a las instancias internacionales y que lo que piden son números de referencia. “Esta excelentísima Corte va a dictar, nadie en su sano juicio diría algo que vaya en contra de lo decidido”, finalizó.

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