“Gastos sociales”, barril sin fondo fuera de control


El último 25 de septiembre, cuatro diputados presentaron un proyecto de ley para que los recursos previstos por las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá para “gastos sociales” sean transferidos al Ministerio de Hacienda e integren el Presupuesto General de la Nación. Mientras la iniciativa acumula polvo en tres comisiones asesoras permanentes, los cuestionados directores paraguayos de dichas entidades –José Alberto Alderete y Nicanor Duarte Frutos– siguen manejando discrecionalmente un dinero que es público, como si fuera privado, con la participación de los respectivos Consejos de Administración. En efecto, las entidades binacionales deciden por sí y ante sí a qué institución pública o privada regalar, cada una por su lado, nada menos que 200 millones de dólares anuales, a lo que debe agregarse que las concesiones respectivas no se rigen por la Ley de Contrataciones Públicas. El presidente Mario Abdo Benítez debe poner punto final a esta farsa y evitar que los directores y consejeros continúen teniendo las manos libres para hacer lo que se les antoje con el dinero que pertenece a todos los paraguayos y paraguayas. Nota: En las binacionales se puede robar impunemente que ninguna autoridad paraguaya puede investigar, salvo que una ley indique que los gastos sociales debe depositarse en una cuenta a cargo de la administración central. Este sistema funcionó hasta el gobierno González Macchi lo cual fue descartado por el siguiente gobierno de Nicanor. Todo un experto para la discrecionalidad en las binacionales y apretar la manija en la administración central de manera a aparecer como un buen gobierno.

El último 25 de septiembre, los diputados liberales Édgar Acosta, Pastor Vera Bejarano y Enrique Mineur, así como la encuentrista Kattya González, presentaron un proyecto de ley a fin de que los recursos previstos por las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá para “gastos sociales” sean transferidos al Ministerio de Hacienda e integren el Presupuesto General de la Nación. Mientras la iniciativa acumula polvo en tres comisiones asesoras permanentes, los cuestionados directores paraguayos de dichas entidades –José Alberto Alderete y Nicanor Duarte Frutos– siguen manejando discrecionalmente un dinero que es público, como si fuera privado, con la participación de los respectivos Consejos de Administración.

En efecto, las entidades binacionales deciden por sí y ante sí a qué institución pública o privada regalar, cada una por su lado, nada menos que 200 millones de dólares anuales, a lo que debe agregarse que las concesiones respectivas no se rigen por la Ley N° 2051/03, de Contrataciones Públicas. Los “representantes” del pueblo nada tienen que decir en esta abultada materia, porque Itaipú y Yacyretá funcionan formalmente como si fueran Estados soberanos dentro de nuestro territorio. Escapan al control parlamentario y hasta al de la Contraloría General de la República, aunque en octubre se haya acordado que esta auditaría los “gastos sociales y ambientales” de Yacyretá, incluidos en el costo global y de servicios de la represa hidroeléctrica. Se trata de un fondo especial a libre disposición de las “altas partes”, creado bajo los Gobiernos de Duarte Frutos y de Néstor Kirchner, que no está previsto en el Tratado respectivo, que así resultó ampliado sin intervención del Congreso.

“Se habla de discrecionalidad y yo creo que la crítica es justa”, admitió hace poco Duarte Frutos, quien en la primera quincena de septiembre –a menos de un mes de asumir el cargo– ya había liberado 400 millones de guaraníes para los citados desembolsos. Dijo también que él no tenía la certeza de que los fondos serían mejor usados si pasaran bajo la tutela del Congreso y los comparó con las actividades empresariales de responsabilidad social. Y bien, no le corresponde a él juzgar si en tal caso serán mejor empleados o no. Tampoco, en puridad, que vayan a tener necesariamente un mejor destino, sino de que todo gasto público debe estar autorizado por la ley presupuestaria. Es una cuestión de principios y no de mera interpretación o conveniencia. Por lo demás, el símil referido es absurdo porque las entidades binacionales no son en absoluto equiparables a una empresa privada, que puede hacer uso de su dinero como mejor le parezca, dentro de la ley. La comparación delata que el director paraguayo cree que Yacyretá puede seguir manejándose de hecho como hasta ahora, es decir, como si fuera de propiedad privada. Por eso, seguirá invirtiendo el dinero público a su arbitrio, con el deplorable beneplácito del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Se anuncia la inauguración de unidades de terapia intensiva en los hospitales misioneros de San Juan Bautista y San Ignacio, para cumplir una promesa que Mario Abdo Benítez habría hecho durante su campaña electoral. O sea que se invirtieron más de 5.580 millones de guaraníes en total, sin previa intervención del Congreso ni de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNC), para recompensar un hecho político.

Es sabido que las entidades binacionales son proveedoras de cargos muy bien remunerados para la clientela política, pero también que los “gastos sociales” sirven para apoyar candidaturas, retribuir apoyos o ganar adhesiones. Valga como ejemplo que en junio de 2016, Yacyretá realizó un “aporte institucional” a favor de intendentes colorados de Santa María de Fe, de Villa Florida y de Yabebyry, por un valor total de 31 millones de guaraníes, en tanto que dos concejales departamentales de Misiones recibieron dos mil dólares, cada uno. Es fácil imaginarse el destino que tuvieron los “aportes institucionales”, así como presumir que el gobernador Carlos Arrechea y el diputado Derlis Maidana, ambos colorados “cartistas”, podrían verse tentados ahora a cambiar de bando, atendiendo tales antecedentes y las inauguraciones previstas.

También es de lamentar que entre enero de 2016 y junio de este año, diversas organizaciones católicas hayan recibido de Yacyretá, en conjunto, 334 millones de guaraníes. Ahora se anuncia que la diócesis de San Pedro Apóstol será beneficiada con 75 millones. Con independencia del uso que se le dé a ese dinero público distribuido con toda discrecionalidad, la Iglesia no debería ignorar que la corrupción, que ella censura con tanto tino, también tiene que ver con el manejo arbitrario de los “gastos sociales”.

En suma, nada ha cambiado con el actual Gobierno en lo que hace a burlar la intervención parlamentaria en la asignación de los recursos, así como el control de la DNC y el de la Contraloría. El cuento de que la “binacionalidad” de las empresas hidroeléctricas impide someter los “fondos sociales” al control de los organismos nacionales de rigor no es admisible en ningún caso, ya que así como nuestro Gobierno no puede inmiscuirse en el uso del dinero que les corresponde a Argentina y Brasil en esos emprendimientos, tampoco las autoridades de esos países pueden dar a las nuestras indicaciones en tal sentido. El Paraguay es un país soberano y puede utilizar sus recursos como mejor le parezca.

Si Mario Abdo Benítez tiene realmente buenas intenciones y no desea seguir el “nuevo rumbo” de su antecesor, debe poner punto final a la farsa y evitar que los directores y los consejeros de las entidades binacionales continúen teniendo las manos libres para hacer lo que se les antoje con el dinero que pertenece a todos los paraguayos y las paraguayas.

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