CAUSAS Y EFECTOS DE LA MASACRE DEL 23 DE OCTUBRE DE 1931 (II)


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Dr. ANDRES HUMBERTO ZARACHO

Observación: Últimamente aparecieron algunos articulistas que han escrito sobre el 23 de Octubre de 1931 distorsionando la verdad de aquel luctuoso suceso. Esto me ha impulsado a ampliar la verdad de aquel luctuoso acontecimiento histórico, ya revelado en las páginas de El Colorado.

El 25 de febrero de 1927 fallecía en el Fortín Sorpresa, Chaco paraguayo, el Tte. Adolfo Rojas Silva, asesinado alevosamente por el cabo boliviano Froilán Tejerina, convirtiéndose en el primer mártir de la epopeya chaqueña. El joven oficial era hijo del ex presidente Liberato Rojas, siendo muy querido por la sociedad asuncena. Con total desprecio a la dignidad nacional el gobierno boliviano decretó el ascenso de Tejerina al grado de Sargento y lo declaró Héroe Nacional de Bolivia. El crimen aumentó la tensión derivada del paulatino avance boliviano en nuestro territorio, en abierta violación del “Statu Quo” pactado en 1907 en el Protocolo Soler-Pinilla. A raíz del crimen se realizaron fervorosas manifestaciones de repudio y protesta en Asunción.

Continuando la ocupación sin pausa de nuestra heredad iniciada en el año 1906. , El 28 de agosto de 1928 una patrulla comandada por los Ttes. Antonio Ortigoza y Luis Russo Padín sorprendieron a un contingente boliviano unos kilómetros al norte de Fortín Galpón, bajo el mando del Cnel. Victorino Gutierrez, donde fundaron un nuevo fortín al que bautizaron con el nombre de “Vanguardia”. Una vez llegado a conocimiento del entonces mayor Rafael Franco, comandante de la guarnición de Bahía Negra y del R.I.5 “Gral Díaz”, desplazó de inmediato un Batallón de infantería que atacó e intimó rendición a los invasores. Debido a que estos ofrecieron resistencia los paraguayos atacaron el Fortín y luego de un combate fueron capturados sus ocupantes. Luego de ser tomado el Fortín fue incendiado. Seguidamente ordenó el repliegue de la tropa y los prisioneros a Bahía Negra. Aunque la decisión del Mayor Franco generó un conflicto con Bolivia la opinión pública nacional aplaudió la iniciativa del jefe militar y, más bien, cuestionó la indecisión del gobierno en pisar firme en el Chaco. Sin embargo, tiempo después, ante el estupor de la ciudadanía, el presidente José P. Guggiari dispuso la liberación de los prisioneros, la reconstrucción del Fortín y su entrega posterior al ejército boliviano. Es que a sabiendas de que nuestro país se encontraba inerme por la falta de un ejército preparado y bien equipado y armado, Bolivia pudo penetrar profundamente en nuestro territorio, sin encontrar ningún dispositivo de defensa. Mientras que los gobiernos liberales insistían en una salida diplomática al diferendo los bolivianos empleaban la fuerza fundando nuevos fortines en el territorio chaqueño. Nuestra diplomacia no contaba entonces con el respaldo militar adecuado para hacer respetar sus derechos y reclamaciones.

Después de Vanguardia la actitud entreguista del gobierno provocó un profundo malestar en la opinión pública. Franco no pudo ocultar su perplejidad. Tiempo después escribió en sus Memorias: “…la incapacidad del régimen para hacer respetar la soberanía nacional era desesperante. La orden que tenían los comandos del Chaco era la de retroceder al invasor. Esta orden era conocida por el contendor, cuyas provocaciones adquirieron de ese modo humillante caracteres que nuestro amor a la patria no podía tolerar indefinidamente…” (Dr. Erasmo González. Rafael Franco, el revolucionario, pág. 28, Edit. El Lector, 2014, Asunción).

Para colmo, Bolivia destacó una fuerza de 2000 hombres al mando del TCnel Carlos Gumucio, que atacó y ocupó los fortines paraguayos Boquerón, Mariscal López, Valois Rivarola y Gral. Genes en represalia por la captura del fortín Vanguardia. Ante el peligro del desencadenamiento de una guerra el presidente Guggiari se vio constreñido a decretar la Movilización General de todos los reservistas comprendidos entre las edades de 18 a 29 años. Pero el recurso fue infructuoso debido a que terminó en un total fracaso por la falta de armamentos y cuarteles adecuados, por lo que se desconvocó a los reservistas. Empero, para fortuna nuestra, el presidente chileno Gral. Carlos Ibáñez del Campo, a través de su canciller Conrado Ríos Gallardo lanzó un ultimátum al gobierno de Bolivia para detener sus ataques contra los fortines paraguayos. Esto obligó al país agresor a detenerse de inmediato en sus incursiones belicistas.

El 6 de setiembre de 1931 fuerzas bolivianas habían atacado y capturado el Fortín paraguayo Samaklay, muriendo en la acción 8 soldados paraguayos y 15 bolivianos. A pesar que el gobierno guggiarista intentó ocultar la gravedad del ataque boliviano, el pueblo tuvo conocimiento por las noticias publicadas en los diarios argentinos y por emisoras del altiplano que hacían referencia a los enfrentamientos armados que ocasionó soldados paraguayos heridos y evacuados de los fortines chaqueños.

Leamos el relato que nos hace el Dr. Adriano Irala, preclaro profesor universitario, esclarecido político y periodista de la época, para conocer la reacción del estudiantado paraguayo: “La ruta sangrienta de Samaklay agravó la tensión de los espíritus. El pueblo ahogó, como de costumbre, su indignación y su dolor. Pero la juventud velaba. Y un día del Colegio Nacional partió la orden. El Centro Estudiantil, de honrosas tradiciones resolvió organizar una manifestación. Se determinó claramente el objetivo: se iba a expresar la protesta del pueblo ante el desarrollo de los sucesos en el Chaco; se iba a pedir, con algunas medidas concretas, la intensificación de los trabajos de la defensa nacional. Nadie fuera de los colegiales, intervino en la iniciación ni en la organización del movimiento” (1).

Ante la contingencia el estudiante Agustín Avila, presidente del Centro Estudiantil del Colegio Nacional convocó a una Asamblea el día 20 de octubre, a las 10 horas, la cual resolvió realizar una gran manifestación el 22 de octubre, en horas de la tarde. El móvil “no ha sido otro que el de protestar por los hechos sangrientos de Samaklay y, al mismo tiempo, para pedir que la política internacional fuera encarada desde un punto más serio en lo que respecta a la defensa nacional” (2). La marcha, que debía comenzar en la Plaza Uruguaya y culminar en el Palacio de Gobierno, tenía por objeto reclamar la adopción de medidas urgentes para la defensa de la soberanía y del territorio nacional.

Presentada por los organizadores la nota respectiva al Jefe de Policía Dr. Luis Escobar, éste autorizó la marcha. De inmediato se constituyeron ante el Secretario General de la Presidencia Dr. Efraín Cardozo, a quien entregaron el pedido de audiencia al Presidente de la República. Luego de conversar con el mandatario Cardozo respondió a los dirigentes estudiantiles que el Dr. Guggiari no iba a recibir a los estudiantes. No obstante, al contar con el permiso policial los estudiantes decidieron congregarse en la Plaza Uruguaya e iniciaron la marcha ya programada en dirección al Palacio de Gobierno. A medida que la columna estudiantil avanzaba se iban agregando centenares de estudiantes universitarios, de instituciones educativas oficiales y privadas de nivel secundario y numerosos adultos. Una vez llegado al Palacio fueron notificados que el Presidente de la República no se encontraba en el edificio. Entonces la multitud entonó el Himno Nacional y se retiró hacia la Escuela Militar. Allí hicieron uso de la palabra varios estudiantes pidiendo que el Ejército se interesase en la preparación de la defensa territorial, haciéndole presente al Gobierno su voluntad inquebrantable de defender el Chaco. Grande fue la sorpresa cuando el Mayor Arturo Bray, Director de la Escuela, se dirigió a los estudiantes ordenándoles en tono ofuscado que se retiraran a “hacer barullo en las plazas públicas”. Esto significó un paso hacia la extinción de la fe que hasta entonces el pueblo guardaba hacia las instituciones armadas.

De la Escuela Militar continuaron hacia la casa del Mayor Rafael Franco, de allí a la Plaza Independencia y, finalmente, llegaron hasta el domicilio particular del Presidente Guggiari, ubicado en la calle Yegros y Aquidabán (hoy Manuel Domínguez), para escracharlo y exigir su presencia. Dado el silencio del Dr. Guggiari a sus reclamos un grupo de estudiantes profirieron gritos hostiles contra su persona. Un grupo de agentes de policías del Escuadrón de Seguridad, montados a caballo, llegó en forma sigilosa y atacó con saña a los estudiantes, sable en vano. Estos comenzaron a correr pero los más más exaltados comenzaron a lanzar piedras. Los policías montados persiguieron a los fugitivos hasta que fueron dispersados Hubo varios heridos por los sablazos recibidos. Un craso error político cometido por Guggiari fue no querer escuchar la reclamación estudiantil y, a continuación, reprimirlos brutalmente. De esta manera se consumó el divorcio entre el régimen liberal gobernante y la juventud estudiosa.

En la mañana del día siguiente 23 de octubre los estudiantes volvieron a reunirse en Asamblea. Luego de la participación de los oradores resolvieron efectuar otra marcha desde la Plaza Uruguaya hasta el Palacio. El objetivo permanecía invariable: pedir la defensa inmediata del Chaco paraguayo ante el avance continuado de las tropas invasoras, a lo que se agregó la de protestar por el apaleamiento de la noche anterior. La manifestación se desarrolló en forma espontánea. La conformaba una inmensa columna compuesta exclusivamente de estudiantes, en su inmensa mayoría alumnos del Colegio Nacional, de la Escuela Normal de Niñas, de colegios privados y de un numeroso núcleo de estudiantes de las Facultades de Derecho y de Medicina. Durante el trayecto fueron uniéndose numerosas personas adultas, hombres y mujeres, entre ellos profesores y maestros. En medio de hurras y vítores los manifestantes llegaron hasta los jardines del Palacio de Gobierno, que ya no disponía de las rejas por haber sido trasladadas a la quinta adquirida por el ex Jefe de Policía señor Elías García (hoy sede de la residencia presidencial Mburuvichá Roga.

Pero leamos la versión de los hechos, de la pluma del eminente profesor universitario Dr. Adriano Irala, que participó en la defensa del territorio chaqueño: “Con la bandera nacional a la cabeza, los manifestantes llegaron frente a la explanada de la Casa de Gobierno. Hallando el paso obstruido por la policía y el Escuadrón de Seguridad, intentaron por un rato, romper la valla. Se luchó a empujones, a codazos, en algunos lugares a puñetazos. De pronto ocurrió lo increíble. Sin una voz de advertencia, sin intimaciones de ningún género, las fuerzas apostadas en el Palacio rompieron el fuego sobre la manifestación. Las ametralladoras, que desde la noche anterior habían sido premeditadamente emplazadas en la terraza, hicieron luego oír su tableteo siniestro. Presa de angustioso pánico, la multitud solo atinó a arrojarse al suelo, para eludir los proyectiles. Y luego, en el momento de levantarse e iniciar la fuga las máquinas mortíferas prosiguieron su obra. Se hacía fuego por la espalda sobre los que huían; se hacía fuego sobre los que se detenían para intentar socorrer a los muertos y heridos; se hacía fuego sobre los que buscaban refugio en bocacalles y zaguanes. Se disparaba sobre los que intentaban huir hacia el río; se disparaba sobre los que buscaban salvarse por el callejón que va hacia la Avenida República. Despejado el frente del Palacio, soldados de la guardia de cárceles avanzaron, haciendo siempre fuego sobre los dispersos, abrumando a sablazos y culatazos a los rezagados. Diecisiete muertos y más de sesenta heridos, individualizados, cayeron en ella. El grupo directamente expuesto al fuego no se compondría de más de cuatrocientos manifestantes” (3).

Los estudiantes heridos que lograron escapar de los jardines del Palacio buscaron llegar por sí mismos hasta los Primeros Auxilios, mientras que otros clamaban para ser transportados por diversos medios para ser atendidos. A dos de las víctimas, Vicente A. Zayas y Marcial G. Cáceres, los conocí personalmente con el correr de los años. El primero narra la inmolación de la forma siguiente: “Yo llegué hasta más o menos tres a cuatro metros de las columnas del peristilo y allí un Tte. López (José Félix, a cargo de la compañía de Guardia Cárcel) sacó el sable y pareció con ello dar la señal de fuego. Comenzaron los primeros disparos y, lógicamente, comenzamos nosotros a correr y a caer ya algunos” (4).

Otra de las víctimas, Agustín Avila, presidente del Centro Estudiantil del Colegio Nacional, nos refiere los hechos ocurridos: “La ametralladora emplazada en la terraza del Palacio, con una intempestiva ráfaga, que acribilló las paredes de la sede del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, dio el fatídico inicio a la disuasión por la que ominosamente se había optado. El Dr. Justo P. Prieto, titular de dicha cartera, dimitió de inmediato siendo reemplazado por el Dr. Alejandro Arce. Los estudiantes, por elemental instinto de conservación, hicieron cuerpo a tierra, tratando de encontrar algún abrigo contra el fuego… A la ráfaga de advertencia, que había surtido plenamente sus efectos dispersantes, siguieron, inconcebiblemente, otras, con el total apoyo de un nutrido fuego de los fusileros de la compañía de la Guardia Cárcel. En esta demencial etapa los disparos fueron dirigidos contra los manifestantes, a matar, como se dice en el léxico militar. Muchas de las víctimas fueron baleadas por sus espaldas, estando en franca y precipitada retirada. La terrorífica instancia afectó con gérmenes de perennidad a la juventud que jamás esperó merecer un recibimiento tan brutal…Cupo en la humeante y sangrienta emergencia a una espigada normalista de glaucos ojos, Josefina Adelaida Rodi, abanderada de la manifestación, protagonizar actos de singular valentía y altivez. Desplomados sus compañeros por la muerte, siguió avanzando, impertérrita, en medio de la siniestra cerrazón causada por las homicidas descargas, sobreponiéndose a los angustiados gemidos de los heridos. No la detuvieron tampoco los sablazos del Tte. López, comandante de la compañía de la Guardia Cárcel, empeñado a fondo en la matanza. Se dirigió por propia iniciativa a la planta alta del Palacio, haciendo flamear su desflecada bandera, con el asta rota, como empujada por cientos de lealtad a sus pares abatidos. Al término de los escalones se enfrentó inopinadamente con el presidente Guggiari quien, con semblante demudado, reflejando una violenta alteración, la increpó sin miramientos a su sexo y a su condición de estudiante: “Vuestras manos no son dignas de tener esa bandera”, expresó. “El indigno es Ud.”, contestó Adelaida, sin vacilar, retirándose luego para reunirse con sus hermanos de causa” (5).

Ese día aciago se disparó a mansalva, con armas automáticas y fusiles, contra la masa de estudiantes que llegó hasta el Palacio de Gobierno para reclamar la defensa del Chaco. Se presentaron impulsados por un profundo sentimiento patriótico a reclamar un derecho constitucional, sin más arma que el patriotismo y el sagrado cumplimiento de sus deberes de paraguayos. Más de diez minutos duró el intenso tiroteo sobre la multitud indefensa. Las ametralladoras emplazadas en lo alto del Palacio dispararon ráfagas al aire impactando una de ellas en el frontispicio de la sede del Ministerio de Educación y Culto ubicada sobre la calle Buenos Aires (hoy El Paraguayo Independiente) enfrente al Palacio atravesando el ventanal del despacho del propio Ministro Dr. Justo Prieto. De inmediato éste presentó su renuncia al cargo en repulsa por el hecho.

El horroroso crimen trajo como resultado la muerte de 10 estudiantes y un anciano no identificado. Los heridos atendidos en la Asistencia Pública fueron unos 60 aproximadamente, a más de los que fueron asistidos en sanatorios privados y en sus propios domicilios. Minutos después de conocerse la masacre los legisladores colorados de ambas cámaras del Congreso presentaron en bloque su renuncia. En consecuencia, el Poder Legislativo quedó integrado exclusivamente por miembros adictos al régimen, pues hasta los liberales de otras corrientes internas presentaron sus renuncias. Entretanto por intermedio de un pronunciamiento firmado por el Arq. Tomás Romero Pereira y el Dr. Leandro Prieto, Presidente y Secretario, respectivamente, el coloradismo condenó el alevoso crimen cometido por el régimen del Dr. José P. Guggiari, disponiendo la abstención absoluta y la desobediencia civil.

Perpetrada la matanza el presidente Guggiari, temeroso de una reacción popular, se refugió en la Escuela Militar donde encontró la protección cómplice de su Director el Mayor Arturo Bray. Llegó acompañado de su Edecán Militar el Mayor Francisco Vargas y de algunos Ministros entre los cuales se hallaban el del Interior Dr. Justo Pastor Benítez y de Relaciones Exteriores Dr. Jerónimo Zubizarreta; además del Diputado Manuel Jiménez, el Secretario General de la Presidencia Dr. Efraín Cardozo, uniéndose más tarde otros dirigentes del Partido Liberal gubernista. Guggiari decretó el Estado de Sitio y Bray, prestamente, fue recompensado por el gobierno siendo designado Jefe de Plaza con poder absoluto sobre la vida y la propiedad de los habitantes de la capital, constituyéndose en el hombre fuerte del momento. Inmediatamente estableció su Cuartel General de la Jefatura de Plaza en la comandancia de la Escuela Militar. Esa noche dictó el dictatorial y bárbaro Bando Nº 1 cuyo Art. 1° decía: “CONSIDERESE EN ESTADO DE GUERRA TODO EL RADIO DE LA JURISDICCION DE LA PLICIA DE LA CAPITAL Y, POR TANTO, SUJETO A LA JURISDICCION MILITAR A LOS EFECTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TENDIENTE A HACER CUMPLIR EL PRESENTE BANDO”. En tanto, el Art. 2° prescribía lo siguiente: “Toda persona que atente contra los miembros del Ejército, Armada y Policía o que intente, provoque o realice actos hostiles contra cuarteles, comisarías, etc. SERA PASADO POR LAS ARMAS SIN OTRO REQUISITO QUE LA PRESENCIA DE UN OFICIAL DEL EJERCITO O DE LA ARMADA. Y el Art. 3° “LAS PATRULLAS HARAN FUEGO A LA PRIMERA INTIMACION SI ESTA NO ES OBEDECIDA EN EL ACTO” (7). Con este Bando dictado por el Mayor Bray el régimen implantó el terror caducando sine die todos los derechos y garantías constitucionales. Se impuso el toque de queda a partir de las 19 horas y se ordenó el oscurecimiento total de la ciudad. Se ordenó el acuartelamiento del Ejército en todo el territorio y las tropas militares a su mando, se desplazaron por toda la capital, creando retenes y puestos de vigilancia, ocupando las sedes estudiantiles y universitarias. Fueron secundados por patrullas policiales que a pie y a caballo recorrían la ciudad de día y de noche, deteniendo a los ciudadanos sin consideración alguna. Nadie podía ausentarse del país sin autorización de la Jefatura de Plaza. El pueblo comenzó a vivir horas, semanas y meses dentro del terror y bajo la sombra de la muerte.

Los estudiantes se unieron para hacer pública su protesta. El mismo día de la masacre, enfrentando la represión, constituyeron un Comité Universitario declarándose en estado de alerta general, constituyendo su Cuartel General en el local de la Facultad de Derecho declarándola territorio libre del Estado de Sitio. Fueron velados en el sitio los cadáveres de las víctimas de la masacre y, emitieron su condena declarando enemigos del pueblo y de la juventud estudiosa tanto a Guggiari como a Justo P. Benítez, prohibiéndoles pisar la mencionada casa de estudios y exigieron la renuncia del presidente Guggiari (8).

Toda la prensa nacional reaccionó contra la masacre de los estudiantes frente al Palacio de Gobierno. El diario “El Orden”, propiedad del dirigente liberal Policarpo Artaza, en su edición extra escribió en la tarde de ese mismo día 23 de octubre: “La patria está de duelo. La juventud estudiosa, con la bandera nacional al frente, FUE MASACRADA POR LA GUARDIA PRETORIANA, apoyada por los fuegos de ametralladoras. Cayeron en la refriega niñas y escolares. La juventud ha salvado la dignidad nacional…

Por su parte el diario “La Tribuna”, órgano del Partido Liberal Unificado presidido por el ex presidente Eduardo Schaerer, escribió al día siguiente: “Un día de luto para la Patria. La juventud estudiosa ha sido masacrada con las armas de la Nación. Mujeres y niños han caído en la jornada de ayer frente al Palacio de Gobierno Y EN PRESENCIA DEL PRIMER MAGISTRADO DE LA NACION. Las metrallas funcionaban admirablemente para matar a nuestros niños y jóvenes. Las madres paraguayas están de luto y la Nación llora sobre sepulcros tempranamente abiertos…” Rato después que la edición de La Tribuna ganara la calle su local fue allanado por tropas del Ejército, sus redactores y los humildes empleados y obreros de las máquinas fueron apresados y conducidos en los sombríos y tortuosos calabozos de la Policía y de la División de Investigaciones.

No obstante, los miembros del Partido Liberal Unificado lograron publicar al día siguiente, en una hoja clandestina, un documento que decía: “Frente al fusilamiento de ancianos, niños y mujeres ordenado por el Primer Magistrado Dr. José P. Guggiari, el Comité Nacional del Partido Liberal se reunió ayer en sesión extraordinaria para considerar la actitud que deberá tomar el Partido frente a los graves acontecimientos provocados por el GOBIERNO DEL REGIMEN. Se tomó la siguiente Resolución, por aclamación: 1º.- Ponerse de pie en señal de protesta por la masacre de la juventud estudiosa ordenada por el Presidente de la República y sus Ministros, y, en señal de protesta, duelo por las víctimas inocentes caídas ante el plomo homicida.- Lanzar un Manifiesto de Protesta por los acontecimientos de ayer.- Decretar la abstención electoral en vista de la falta de garantías de los derechos ciudadanos bajo el imperio de la SITUACION DE FUERZA EMPLEADA POR EL REGIMEN” (9). Junto con Schaerer, eran sus principales dirigentes los Dres. Enrique Ayala, Pedro Bobadilla, Mario Luis De Finis, Policarpo Artaza, Lucio Mendonca, Tomás M. Varela, Mario Usher, Arturo F. Bordón, Ernesto Velázquez, Horacio Chiriani, además de los coroneles Pedro Mendoza y Francisco Brizuela, entre otros.

Muchos otros dirigentes del liberalismo criollo condenaron el crimen y a sus autores morales y materiales, presentando sus renuncias al Partido. Entre ellos los Dres. Félix Paiva y Adolfo Aponte, presidente y miembro respectivamente del Superior Tribunal de Justicia; los Dres. Ricardo Caballero, Victoriano Abente, Luis Ruffinelli, Anselmo Jover Peralta, Roque Gaona, Julio Michelagnoli, Inocencio Lezcano, Diosnel Marín y otros más.

Dos días después de la masacre el diario “El Orden”, a pesar del apresamiento de sus directores los Dres. Policarpo Artaza y Roque Gaona, publicó una carta de los dirigentes liberales Dres. Carlos R. Centurión, Alejandro Marín Iglesias, Vicente Rivarola Coelho, José Campos Tellez, Juan Guillermo Peroni y Juan Esteban Carrón, dirigida al Dr. Manuel Burgos, Presidente del Partido Liberal guggiarista, solicitando al Directorio la sanción de los responsables de la masacre de estudiantes.

Ni Guggiari ni tampoco otro jerarca del Partido Liberal asumió su culpabilidad y responsabilidad. Es más, a tenor de lo dicho por el Dr. Efraín Cardozo, Secretario General de la Presidencia de la República, dijo que “los comunistas fueron los autores de la masacre del 23 de octubre” según la información de un agente confidencial (pyragué) que permaneció en el anonimato. Desde entonces, para evadir su responsabilidad política y jurídica, los jerarcas liberales emplearon dicha expresión como un slogan. A esto se sumó otro: “Nadie dio la orden de fuego”.

Fueron detenidos en la Cárcel Pública, confinados y desterrados numerosos estudiantes, políticos, periodistas, profesores, militares, funcionarios públicos, obreros y dirigentes sindicales, y decenas de personas sospechosas para el régimen. La represión alcanzó a miembros del Partido Nacional Republicano, de la Liga Nacional Independiente e, inclusive, a miembros del sector schaerista del Partido Liberal.

Luego del crimen el Juez de 1ª Instancia en lo Criminal Dr. Eusebio Ríos, conocido miembro del Partido Liberal, se abocó, dictando una providencia como cabeza de proceso determinando instruir el sumario correspondiente por “haberse producido esta mañana un episodio sangriento frente al Palacio Nacional, A CONSECUENCIA DE UN MOVIMIENTO SUBVERSIVO PROVOCADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES QUE INTENTO PENETRAR EN EL PALACIO A VIVA FUERZA, FORZANDO EL CORDON PLICIAL… (sic)” De esta manera el magistrado sindicó a los manifestantes como los responsables de la comisión del hecho delictuoso, incurriendo en un prejuzgamiento inadmisible, y exhibió claramente una manifiesta parcialidad para apañar a los verdaderos responsables del crimen. Nunca llamó a prestar declaración testifical o informativa a ninguno de las docenas de heridos, a los militares y agentes policiales, soldados y marineros. El Dr. José P. Guggiari, principal responsable del luctuoso acontecimiento, jamás fue llamado a indagatoria. En ningún momento ahondó la investigación judicial, tal vez cumpliendo directivas partidarias. Al estallar la guerra del Chaco el sumario fue paralizado y nunca más se habló del mismo.

Pero hubo un episodio bastante sospechoso. Epifanio Vázquez Riveros, Maquinista de 3ª en Comisión y encargado de la ametralladora instalada en la terraza del Palacio y, por tanto, hombre clave en la investigación murió poco días después del crimen en un presunto altercado pasional, llevándose a la tumba informaciones que habrían aclarado sobre la identidad de quien o quienes dieron la orden de fuego. Se habló que había sido una “quema de archivos”,

Días después, el presidente Guggiari delegó el Poder Ejecutivo en el Vicepresidente Emiliano González Navero y, a su pedido, la Cámara de Diputados le inició juicio político. La Comisión Investigadora Parlamentaria, presidida por el Dr. Gerónimo Riart, inició sus tareas el 21 de diciembre, es decir, 59 días después de la matanza. Todos los legisladores pertenecientes al Partido Colorado y al Partido Liberal opositor ya habían renunciado a sus bancas en señal de repudio, quedando como juzgadores del crimen únicamente aquellos pertenecientes a su misma corriente. Paralelamente a la farsa del Juicio Político continuó imperando el terror. El 23 de enero de 1932 la Comisión Investigadora dio por finalizada su comisión elevando su informe a la H. Cámara de Diputados. Esta, a su vez, en su maratónica sesión del día 27 del mismo mes y año, o sea, cuatro días después, resolvió “Que no hay lugar a formación de causa contra el Excmo. Señor Presidente de la República Dr. José Patricio Guggiari” (?) (10). “El tal Juicio Político fue una grosera farsa jurídica, una burda parodia, una escandalosa pantomima. Su objetivo real no fue otro que tratar de aplacar con la torpe argucia de una mascarada, la encrespada indignación nacional” (11).

Aunque el presidente Guggiari resultó absuelto de cargo alguno y se le declaró inocente de la masacre de estudiantes, no consiguió eludir su responsabilidad ante la historia. Ha quedado por siempre marcado por las generaciones sucesivas, con el mote de “asesino del 23 de octubre”. Y fue el responsable principal del inicio de la decadencia del liberalismo paraguayo.

Conclusiones:

Los sucesos ocurridos el 23 de octubre marcaron la primera reacción del sector estudiantil ante la escasa preparación del país para enfrentar un eventual conflicto armado. Podemos afirmar que el estudiantado “creyó sinceramente que la guerra podía evitarse sobre la base de un radical cambio de frente de nuestra política internacional, que propugnó resueltamente…No sugirió la guerra por ser ella contraria a sus sentimientos. Pero no aceptó que por devoción a un falso pacifismo se continuara dopando al país con las larvas del entreguismo, que lo iba conduciendo a los inicuos estrados de la humillación y del despojo. No consintió que el Gobierno siguiera echando por la borda de la indignidad los gloriosos legados que forman el resplandeciente entramado de nuestra historia de pueblo civilizado y con elevado sentido del honor” (12).

De ahí que se pueda apreciar, sin temor a incurrir en un error histórico y político, que el 23 de Octubre de 1931, en los jardines del Palacio de los López los estudiantes paraguayos dieron el primer paso de la recuperación de nuestra heredad territorial y la defensa de nuestra soberanía nacional.

Además se puede considerar que fue el inicio de la caída del Partido Liberal, hecho que se produjo definitivamente con el levantamiento popular del 17 de febrero de1936 que llevó a la presidencia al entonces Cnel Rafael Franco, prestigioso conductor militar en la Guerra de Chaco.

(1) Enrique Volta Gaona. “23 de Octubre. Caireles de sangre en el alma de la Patria Paraguaya”, pág. 294, 2ª edición, EL ARTE S.A., 1957, Asunción.q

(2) Declaración prestada por el estudiante Agustín Avila en el Juicio Político al presidente José P. Guggiari por los sucesos del 23 de Octubre, pág. 16, Editorial Histórica, 1988

(3) Enrique Volta Gaona, op. Citada, pág. 297

(4) Alfredo M. Seiferheld, Conversaciones Político-Militares (Volumen IV) Entrevista al Dr. Vicente A. Zayas, pág. 106).

(5) M. Agustín Avila, 23 de octubre de 1931, págs. 17 y 18, Edit. EL FORO, 1981, Asunción.

(6) Efraín Cardozo. 23 de Octubre, pág. 341.

(7) M. Agustín Avila, op. citada, pág. 37

(8) Dr. Juan Stefanich, El 23 de Octubre de 1931, pág. 140, Editorial Febrero, 1959, Buenos Aires

(9) Enrique Volta Gaona, op. Citada, pág. 282

(10) Juicio Político iniciado a pedido de S.E. el Señor Presidente de la República Dr. José P. Guggiari, pág. 116, Editorial Histórica, Asunción, año 1988

(11) M. Agustín Avila, op. Citada, pág. 43

(12) Op. citada, pág. 46

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