El Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez ha dado su aprobación al proyecto de actualización tecnológica de Itaipú, que costará unos 660 millones de dólares y será completado en 10 años. Aseguran que será financiado con recursos propios, lo que quiere decir que los desembolsos anuales serán imputados al “costo de operación” de la usina, lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado, sería ilegal. Sea como fuere, hay dos cuestionamientos básicos por hacer en relación a este emprendimiento. En primer lugar, la inquietud expresada por técnicos paraguayos de que la mayor porción del lote para la actualización tecnológica, como siempre ha ocurrido, se llevarán los brasileños. Pero la inquietud principal tiene que ver con la posibilidad de que este proyecto encierra una artimaña estratégica brasileña destinada a servir de caballo de Troya para, en el momento oportuno, ser instrumentada para posponer la revisión del Anexo C del Tratado pactada para 2023, prolongando así el statu quo expoliador prevaleciente en esa usina. Nuestros socios en los emprendimientos binacionales continuarán llevándose la parte del león hasta que tengamos autoridades decididas a defender con firmeza y patriotismo los intereses del país. Nota:Al leer los antecedentes del director general paraguayo, Oscar Nicanor Duarte quizá quede corta esta oportuna preocupación. No obstante, vayan nuestras felicitaciones a esta nota editorial.
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