Usar binacionales como botín es una forma de corrupción. Nota Editorial de Ultima Hora


El Gobierno de Mario Abdo Benítez está repitiendo los mismos cuestionados vicios heredados de la época de la dictadura, al ubicar a figuras políticas con bochornosos antecedentes en las binacionales Itaipú y Yacyretá, con altos salarios que deberían corresponder a personas más preparadas y que aporten mejores beneficios para el país. Utilizar el dinero público para pagar favores políticos a los amigos y correligionarios es una forma de corrupción que implica un lamentable retroceso, con prácticas prebendarias que quiebran las promesas hechas durante la campaña electoral de construir un Paraguay diferente. El mandatario y sus colaboradores están desoyendo las voces ciudadanas que se manifiestan hartas de este tipo de actitudes en el poder.

La noticia de que el ex ministro de Agricultura durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, Antonio Ibáñez, fue nombrado recientemente como asesor especial de la Itaipú Binacional, con un salario de 25 millones de guaraníes, causó indignación en la ciudadanía.

Antonio Ibáñez, padre del ex legislador imputado por corrupción José María Ibáñez, fue obligado a renunciar en junio de 2005, luego de que una investigación periodística de este diario demostró documentadamente que manejaba una empresa fantasma que proveía grandes cantidades de carne a la Policía a través de testaferros.

Ayer el presidente Mario Abdo Benítez intentó justificar su nombramiento ante las críticas, asegurando que Ibáñez no fue condenado por la Justicia. En realidad, la mayoría de los casos denunciados en la prensa siempre acabaron en el oparei ante la protección de un sistema judicial también corrupto, pero basta revisar las evidencias publicadas por este diario a partir del 29 de mayo de 2005, que demostraron las millonarias operaciones ilegales de la empresa San Antonio, violando la Ley de Contrataciones Públicas y eludiendo llamados a licitación.

De todos modos, el caso de Ibáñez no es el único. Son varios los casos de personas con bochornosos antecedentes que han sido nombradas con altos salarios por este Gobierno en las binacionales Itaipú y Yacyretá, empezando por la designación de los propios directores paraguayos, José Alberto Alderete en Itaipú y Nicanor Duarte Frutos en Yacyretá, como un evidente pago de favores políticos.

La lista sigue con Iris Magnolia Mendoza, esposa del presidente del Congreso, Silvio Ovelar, nombrada directora jurídica de Itaipú; Carlos Santacruz, ex candidato a vicepresidente, miembro del Consejo de Yacyretá; Pablino Rodríguez, ex candidato a gobernador de Misiones por el movimiento Añetete, en el Consejo de Administración de Yacyretá; Juan Carlos Duarte, ex fiscal y amigo del vicepresidente Hugo Velázquez, asesor jurídico de Itaipú; Odila Báez, ex candidata a diputada en Alto Paraná, asesora en responsabilidad social de Itaipú, entre otros casos.

Nombrar a “figuras escombro” en cargos públicos, existiendo tantos jóvenes capacitados con mucho sacrificio, es un retorno al oscuro pasado. Utilizar el dinero público para pagar favores políticos a los amigos y correligionarios es una forma de corrupción que implica un lamentable retroceso, con prácticas prebendarias que quiebran las promesas hechas durante la campaña electoral de construir un Paraguay diferente.

El presidente Abdo Benítez y sus colaboradores están desoyendo las voces ciudadanas que se vienen manifestando, hartas de este tipo de actitudes asumidas desde el poder.

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