Sospechosamente, ministro Blanco admite acción en caso helicópteros


El ministro Sindulfo Blanco admitió una acción promovida por la defensa de dos españoles acusados por la compra sobrefacturada de helicópteros por el Ministerio del Interior durante la gestión de Rafael Filizzola, también procesado. El recurso, que se debió rechazar in límine, es contra la elevación de la causa a juicio oral que es inapelable. El senador liberal Luis Alberto Wagner estaría detrás.

Blanco, uno de los tres ministros cuya remoción del cargo está en manos de la Cámara de Senadores, corrió vista a fiscalía de la inconstitucionalidad que presentó el abogado Juan Ernesto Villamayor, defensor de dos acusados por la compra irregular de helicópteros.

El letrado accionó contra el auto interlocutorio N° 711 del 5 de agosto de 2014, dictado por el juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor, por el cual elevó la causa a juicio oral. De igual manera, atacó el auto interlocutorio N° 218 del 1 de octubre del año pasado, dictado por la Cámara de Apelaciones, Primera Sala, por el que se ratificó el juicio oral para los procesados Guillermo Casado de Amezua y Álvaro Lasso Génova, representantes de la empresa Proibérica, que vendió las máquinas.

Con recusaciones y otras maniobras, la defensa fue apartando a varios ministros (primero a los de la Sala Constitucional), hasta que la causa cayó en lo de Blanco, quien sospechosamente dio curso a la acción.

Se dice que es llamativa la admisión de la inconstitucionalidad, atendiendo que el artículo 461 del Código Procesal Penal es claro al señalar que las resoluciones que elevan las causas a juicio oral no pueden ser objeto de ningún tipo de recurso. Es decir, si se atiende la disposición legal la acción debería rechazarse “in límine”.

En la Corte no existe precedente de que la máxima instancia haya declarado inconstitucional un auto de apertura a juicio oral.

Hasta ahora, Blanco es el único integrante de la Sala Constitucional, que deberá ser conformada por camaristas, según fuentes.

Los empresarios españoles al igual que el exministro Rafael Filizzola y otros fueron acusados por el Ministerio Público por un perjuicio de G. 50.000 millones al Estado, mediante la compra irregular de cuatro helicópteros de la firma Proibérica.

También está pendiente de resolución en la Corte una inconstitucionalidad que promovió Filizzola contra las resoluciones de primera y segunda instancia, que ordenaron que enfrente una audiencia pública.

Por otro lado, en el Senado también están maniobrando para blanquear el caso.

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