Repudiable afrenta a los héroes de la patria


Unas 400 personas invadieron el predio del Cementerio Nacional de la Victoria, donde se encuentran enterrados los héroes excombatientes de la Guerra del Chaco, incluidos el Soldado Desconocido y las cenizas del Tte. 1º Adolfo Rojas Silva, el primer mártir entre los más de 30.000 combatientes que cayeron defendiendo nuestro Chaco Boreal. Luego se sumaron otros intrusos, estimándose actualmente en más de un millar. Extrañamente, hasta ahora, ni las fuerzas del orden ni la Fiscalía, y menos aun el Ministerio de Defensa –bajo cuya jurisdicción está el inmueble invadido–, han atinado a tomar la única medida que legalmente corresponde: el inmediato desalojo de los intrusos. Mientras la asombrada opinión pública busca explicación a la llamativa pasividad, rayana en la indiferencia, tanto de las autoridades civiles como de las militares, los senadores del Frente Guasu –liderados por el expresidente Fernando Lugo– Carlos Filizzola y Esperanza Martínez presentaron un proyecto de ley para desafectar por causa de utilidad pública 30 hectáreas de las 76 que tiene el predio, para supuestamente adjudicar a mil familias “sin techo”. Es más, Filizzola declaró que venían elucubrando el citado proyecto de ley desde junio del año pasado, admitiendo así tácitamente ser los responsables intelectuales del vandálico hecho. Se debe rechazar este proyecto de ley y sus impulsores no deben quedar impunes. ABC Color.

Cerca de la medianoche del viernes 23 de marzo pasado, unas 400 personas venidas en 12 ómnibus invadieron el predio en el que se asienta el Cementerio Nacional de la Victoria, donde se encuentran enterrados los héroes excombatientes de la Guerra del Chaco, incluido el Soldado Desconocido. Recientemente fueron inhumados allí las cenizas del Teniente 1º Adolfo Marcial Rojas Silva, el primer mártir entre los más de 30.000 combatientes que cayeron defendiendo nuestro Chaco Boreal. Con el correr de los días, más intrusos se sumaron a los primeros, estimándose actualmente en más de un millar el número total de ellos, entre mujeres y niños.

En el recinto del edificio del Cuartel de la Victoria vivieron sus últimos años centenares de excombatientes de la Guerra del Chaco desposeídos de familias que los cuidaran, y sus restos descansan en el mencionado cementerio que hasta ahora el Gobierno ha preservado de “la mutilación y de la deshonra”, al decir del glorioso comandante en jefe del Ejército en el Chaco, Mariscal José Félix Estigarribia.

Extrañamente, hasta ahora, ni las fuerzas del orden ni la Fiscalía, y menos aun el Ministerio de Defensa Nacional –bajo cuya jurisdicción está el inmueble invadido–, han atinado a tomar la única medida que legalmente corresponde: el inmediato desalojo de los intrusos.

Desde el comienzo de la ilegal ocupación del predio, unas y otras instancias jurisdiccionales han dejado transcurrir el tiempo para accionar los mecanismos legales y expulsar a los infractores incursos en el flagrante delito de invasión de propiedad ajena. A raíz de este “ñembotavy” generalizado de las autoridades responsables de velar por el orden y el imperio de la Ley en la República, ni cortos ni perezosos, según costumbre, lo primero que han hecho los atracadores ha sido depredar el bosque natural que cubre el predio; un daño no reparable en el corto ni mediano plazo.

Hasta tal punto llegó la abdicación de responsabilidad de las autoridades inicialmente intervinientes en el ilícito que, tanto el comisario Alcides Ojeda, de la comisaría 31ª de San Lorenzo, como la fiscala María Genoveva Figueredo, estúpidamente adujeron desconocer la identidad de los líderes del vandálico acto de atropello a la mencionada propiedad, mientras los mismos, Rodrigo Rojas, Guido Cabral y Maraví Gómez, campantemente concedían entrevistas a la prensa.

Mientras la asombrada opinión pública buscaba una explicación a la llamativa pasividad, rayana en indiferencia, tanto de las autoridades civiles como de las militares responsables de tomar inmediata intervención en el grave suceso, hete aquí que cerca del mediodía del martes 27 de marzo pasado, los senadores del Frente Guasu –liderados por el expresidente Fernando Lugo– Carlos Filizzola y Esperanza Martínez presentaron en la secretaría del Senado un proyecto de ley para la desafectación por causa de utilidad pública de más de 30 hectáreas de las 76 que tiene el predio del Cementerio Nacional de la Victoria, para supuestamente adjudicar a mil familias “sin techo”, igual cantidad de lotes. Es más, con total desparpajo, el senador Filizzola declaró a la prensa que el proyecto de ley de referencia, ellos (los del Frente Guasu) lo venían elucubrando desde junio del año pasado, admitiendo tácitamente ser los responsables intelectuales de este vandálico hecho. Los líderes de la autodenominada Coordinadora Nacional para una Vivienda Digna, más arriba citados, bajo cuya dirección se perpetró la invasión de marras, actuaron entonces bajo directivas emanadas de los parlamentarios del Frente Guasu, por lo que una vez consumado el delito, estos rápidamente optaron por lavarse las manos, como Pilatos.

Nada más peligroso para una sociedad libre y democrática que el terrorismo de Estado. Instrumento de intimidación contra la ciudadanía del que se valen los regímenes dictatoriales para sostenerse en el poder, como el que soportó el pueblo paraguayo bajo el régimen de Alfredo Stroessner por más de una generación. El delito en que han incurrido los parlamentarios del Frente Guasu al organizar y liderar desde el más alto nivel un atropello a la institucionalidad de la República es peor que el mero tráfico ilícito de influencias por cuya causa perdieron sus investiduras los exsenadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto. Por tanto, merecen una pena mayor.

Los monumentos nacionales están protegidos por ley de la Nación. Junto con el Monumento Nacional de Cerro Corá, donde se librara la última batalla de la guerra de exterminio contra la Triple Alianza el 1 de marzo de 1870, el Cementerio Nacional de la Victoria en la Guerra del Chaco contra Bolivia, son para el Paraguay lo que el Cementerio Nacional de Arlington –que tiene 315 hectáreas de extensión– es para los Estados Unidos de América: el monumento nacional más venerado e intocable entre todos los que existen en ese gran país. Por tanto, los senadores y diputados de todos los colores que los electores y las electoras paraguayas elegirán el próximo domingo 22 de abril deben rechazar in límine –o derogarlo, en el probable caso de que consigan aprobarlo por el actual Congreso– el criminal y antipatriótico proyecto de ley de referencia.

Y sus impulsores no deben quedar impunes. Deben ser sometidos a proceso de pérdida de investidura y expulsados del Parlamento. Es más, una vez despojados de sus fueros, deben ser enjuiciados criminalmente como responsables intelectuales del delito de atropello y destrucción del predio del Cementerio Nacional de la Victoria.

Definitivamente, las reservas naturales de Cerro Corá y del Cuartel de la Victoria, donde se asientan los sagrados cementerios en que yacen los restos de los héroes que en dos guerras internacionales defendieron hasta la muerte la independencia y soberanía del Paraguay, deben ser preservados de toda profanación mientras el Paraguay exista como nación y tenga hijos patriotas dispuestos a defenderlo hasta la muerte, como ellos lo hicieron. Que el Frente Guasu y el presidente Horacio Cartes, como alcahueteros, busquen otros sitios para ubicar a su clientela, porque el pueblo paraguayo no les va a permitir que su ambición política perturbe la paz de los sepulcros de los héroes que yacen en Cerro Corá y en el Cuartel de la Victoria de San Lorenzo.

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