Recurrirán a instancia internacional por violación del Tratado de Yacyretá


La denunciante Marta Coronel Vda. de Cartes y su abogado Fidel Walter Cardozo. / ABC Color. Los integrantes de la Comisión para el Cumplimiento del Tratado de Yacyretá recurrirán a instancias internacionales para denunciar la aplicación ilegal de la Nota Reversal de 1992, así como la sobrefacturación de obras en el PTY. También iniciaron contactos con la Coalición Cívica Argentina que integra la diputada Elisa Carrió. Nota: Ahora veremos como se comporta la justicia internacioinal con un país mediterraneo expoliado por los gobiernos de Buenos Aires desde 1811 hasta la fecha.

     

Luego de haber sido notificados por la Corte Suprema de Justicia del rechazo “in limine” de la acción de inconstitucionalidad que promovieron contra la resolución del juzgado de primera instancia que desestimó la denuncia, los miembros de la comisión iniciaron los trámites para acudir al Centro de Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para presentar una demanda. Así lo indicó la denunciante Marta Coronel viuda de Cartes, quien estuvo acompañada de su abogado Fidel Walter Cardozo.

Asimismo, se pusieron en contacto con la secretaria general de la Coalición Cívica ARI, Maricel Etchecoin, quien se comprometió a interiorizarse del caso y hacer un seguimiento con la diputada Elisa Carrió, quien integra dicha coalición.

La Comisión para el Cumplimiento del Tratado de Yacyretá, lado paraguayo había presentado una denuncia penal contra los violadores del Tratado de Yacyretá por la aplicación ilegal de la Nota Reversal del año 1992, relativa a la tarifa y financiamiento de Yacyretá, rechazada por la Cámara de Senadores del Paraguay en 1995. Además, denunciaron la implementación irregular del denominado Plan de Terminación de Yacyretá (PTY), que fue creado ilegalmente por decretos de los presidentes Néstor Kirschner y Nicanor Duarte Frutos en el 2004, con la firma de los ministros Julio de Vido y José Alberto Alderete y la ejecución a cargo de los directores de la EBY, de Oscar Thomas por Argentina y Angel María Recalde por Paraguay. Los términos del PTY fueron establecidos en el denominado Preacuerdo Técnico de Yacyretá, que tampoco tuvo aprobación parlamentaria.

Según los denunciantes, durante la ejecución del PTY hubo sobrefacturaciones lo que hizo que el costo final del emprendimiento hidroeléctrico trepe a unos 12.000 millones de dólares.

“Pese a todas las evidencias documentales presentadas, la Justicia paraguaya desestimó las denuncias en las tres instancias por lo que ahora queremos presentar una demanda ante instancias internacionales”, explicó el abogado Walter Cardozo.

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