Ambientalista fue condenado a dos años de prisión por acopio de pilas. Pero un fiscal coimero es premiado con la extinción de su causa


  Insólito, pero cierto. Tras más de 15 años de acopiar pilas para evitar daños al ambiente, Rubén Figueredo fue condenado ayer a 2 años de prisión, por procesamiento ilícito de desechos.  Nota: Mírenle las caras a estos sapos que condenaron a alguien que se preocupó e hizo el trabajo que nuestras autoridades no lo hacen. Cuando la justicia no existe no hay más remedio que hacerlo por mano propia.

  • Figueredo, presidente de la Fundación Itá Enramada, fue condenado debido a que no contaba con permiso ni estudio de impacto ambiental para almacenar las pilas y otros desechos considerados peligrosos en las inmediaciones del local del predio de la entidad, ubicado en avenida Paseo del Yacht c/ Lapacho Amarillo.
  • Por unanimidad, el Tribunal de Sentencia presidido por Arnaldo Fleitas e integrado por Elsa García y Víctor Medina concluyó que no había una “justificación legal” para el accionar de Figueredo. Nota: Pero tampoco existe una norma expresa que condena.

    Por esta razón, estableció una condena de 2 años de prisión, pero el ambientalista no irá a la cárcel tal como solicitó el fiscal Jalil Rachid, quien pidió una pena de 3 años y 6 meses para el acusado.

    El colegiado dispuso la suspensión de la ejecución de la pena, motivo por el cual Figueredo deberá cumplir con reglas de conducta a ser determinadas el próximo viernes 27, fecha prevista para la lectura del fallo íntegro.

    Indignación ciudadana

    El fallo causó gran repercusión en las redes sociales, donde la ciudadanía se volcó en masa para expresar su indignación y repudio a la decisión judicial de castigar a una persona cuyo único pecado fue suplir la inacción de las autoridades en materia de protección al medio ambiente.

    Llamó la atención el empeño en perseguir penalmente y a exigir cárcel inclusive, para un ciudadano que actuó en pro del bien común en contrapartida con la desidia observada en sancionar a los que hace años contaminan impunemente ríos, arroyos y lagos y ni qué decir de aquellos que roban con total descaro las arcas del Estado, entre los cuales están varias autoridades nacionales.

    “Llevamos las pilas a la SEAM/ Fiscalía. Justicia para Rubén Figueredo” es una campaña difundida en la red social Facebook y que propone a la ciudadanía llevar las pilas a las sedes de ambas instituciones, los próximos días 25 y 26 de octubre.

    Factura, a las instituciones

    “No estoy conforme, esto demuestra que la institucionalidad en este país es lo que está faltando, falta una política ambiental, que las instituciones se encarguen de su rol y que aprendamos a cobrarles las facturas a las instituciones y no al individuo que, a brazo partido, intenta hacer algo”, dijo ayer la abogada defensora Rosa Vacchetta.

    “La ley es muy clara respecto a lo que tienen que hacer las empresas que importan esos residuos, tienen que obligarles a esas empresas a retirar (las pilas) nuevamente de nuestro país; sin embargo, no se les obliga ¿y a quién le caen encima? Al individuo que está preocupado, una ONG particular, pero al (sector) público no le pasa facturas, eso es lo grave”, acotó.

    Seam: “interés ambiental nacional”

    Si bien la condena impuesta ayer al presidente de la fundación Itá Enramada causó estupor mayúsculo en la ciudadanía, probablemente el más sorprendido por la sentencia fue el propio condenado, Rubén Figueredo.

    Ello es así porque entre las numerosas documentaciones presentadas ante la Justicia para sostener su defensa, está una resolución de la Secretaría del Ambiente fechada el 14 de mayo de 2010, en la que el ministro Óscar Rivas declaraba su campaña “Con las pilas no se juega” de interés ambiental nacional.

    “Acá la Fiscalía reclamó mucho la falta de licencia. Está bien, no teníamos licencia, pero teníamos un acuerdo, un convenio y fue declarado de interés ambiental nacional nuestro trabajo por la Seam y la Municipalidad de Asunción”, expresó Figueredo.

    El ambientalista no ocultó su sorpresa por la postura contradictoria asumida por el Ministerio Público, que tras años de apoyo constante al trabajo que realizó a través de la fundación Itá Enramada, cambia de postura y pasa a impulsar un proceso en su contra.

    “Nos sorprendió porque consideramos que fue una traición, porque una semana antes nos estaban enviando donaciones para todos los gastos, la propia Fiscalía que llega la otra semana y nos acusa, ni siquiera nos avisó. Para nosotros era suficiente que diga la Fiscalía: “No haga más, o te vamos a imputar”; pero dijeron: “Sí, hacé” y fue una sorpresa, una traición porque estábamos trabajando juntos”, dijo el ahora condenado.

  • Pese a pruebas contundentes, fiscal que recibió coima quedó impune

    La cámara oculta realizada al ahora suspendido fiscal de Encarnación Christian Garelik Um reveló contundentes conversaciones de este y su asistente fiscal, que ya no podrán ser analizadas en un juicio porque la causa se extinguió. La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer una auditoría. Momento en que el fiscal Christian Garelik sale de una audiencia y entrega un bolso de mano para que su asistente le ponga el dinero de la coima. / ABC Color Ampliar

    •   Fue el juez Máximo Martín Ortega quien decretó la extinción de la causa y otorgó el sobreseimiento definitivo de Garelik, tras maniobras realizadas a su favor. Posteriormente, el Ministerio Público, representado por los fiscales Martín Cabrera y María del Carmen Palazón, de forma cómplice no apeló el fallo de Ortega y quedó firme la resolución, pese a las pruebas presentadas. Dichos fiscales eran sustitutos del fiscal original de la causa, Luis Piñánez. Nota: A Ortega hay que agarrarlo por la calle o cuando sale de su casa para hacer compras.

    Los audios y vídeos del procedimiento encubierto realizado el 28 de julio de 2014 a los que tuvimos acceso detallan cómo la asistente fiscal Ruth Mariela Arce no quería quedar pegada “sola” al proceso.

    Esta accedió a hablar por teléfono primero, filmar con una cámara oculta y finalmente entregar la coima al fiscal Garelik, aprehendido posteriormente.

    El agente, tentado porque Arce le confirmó que tenía el dinero, la citó en el propio Palacio de Justicia de Encarnación y, en medio de una audiencia, salió al pasillo y le dio un bolso de mano para que, en el sanitario, la asistente fiscal deposite la mitad de la coima, unos G. 2.500.000.

    Todo fue filmado por el fiscal Luis Piñánez y su equipo, con orden judicial.

    En uno de los vídeos, se ve como Arce pone en altavoz a Garelik. En esa primera comunicación, el fiscal se mostró cortante y le dijo que le dé todo “mañana nomás”.

    En una segunda llamada telefónica, la asistente le dijo que no quería tener “tanta plata” (G. 5.000.000) y alegó que su mamá estaba enferma y debía retirarse.

    De esta forma, logró que el fiscal Christian Garelik la cite en el Palacio de Justicia de Encarnación.

    La asistente fiscal con una camarita incorporada a unos anteojos filmó desde su ingreso a la sede y una vez que se encontró con su jefe, este le reclamó: “No me vayas a hablar por teléfono”, “¿Cómo pio me vas a decir por teléfono lo que me dijiste”, “tranquilizate na”, “tomá (le pasó un bolso de mano), andate al baño y meté acá (la coima)”.

    Por último, se escucha cuando el fiscal dice “la mitad”, haciendo alusión a que se repartía entre dos el dinero.

    Tras poner el dinero en el bolso de mano en el sanitario, la asistente volvió y se lo retornó al agente fiscal, este finalmente le preguntó por la salud de su mamá y se despidió muy sonriente.

    Luego Garelik fue aprehendido con el dinero, en flagrancia, fuera del Palacio de Justicia. Estas pruebas contundentes nunca podrán ser expuestas en un juicio oral porque la causa quedó impune.

    El presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, dispuso ayer la auditoría de la causa que se “cocinó” hace siete meses. Sin embargo, el fiscal general Javier Díaz Verón no ordenó revisar la actuación de sus agentes.

    La maniobra procesal

    El fiscal Christian Garelik quedó impune porque la fiscala María del Carmen Palazón rectificó la acusación de sus colegas Luis Piñánez y Raquel Bordón, y logró sobreseimiento provisional. Esto fue apelado por la defensa, que insistía en un sobreseimiento definitivo. El caso estuvo un año en Cámara de Apelaciones y cuando se confirmó el provisional, Garelik planteó la extinción alegando que la Fiscalía no reabrió la causa. El juez Máximo Ortega “archivó” la causa sin descontar el tiempo de la apelación. Nota: El poder judicial es la cueva de alibabá y los cuarenta ladrones salvo el caso de Santander y unos muy pocos honrados.

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