Ejecutivo critica estatus de refugio político que Uruguay dio a liberales


 

Posición. Filártiga (seg. der.) califica de vándalos a jóvenes liberales que huyeron a Uruguay. El asesor político del presidente, Darío Filártiga, manifestó que son personas que tuvieron participación en los actos vandálicos. “Obviamente que no podemos influir en determinaciones de otro país; pero la ciudadanía es consciente de que son vándalos que fueron justamente por su sentido de culpa, ellos huyeron del país y lograron que se les considere refugiados políticos”, cuestionó el hombre de confianza de Cartes. Nota: Paraguay debe llamar a nuestro embajador para informarse de este acto de un país que siempre apostó contra el Paraguay, desde la triple alianza hasta nuestra suspensión votada por Pepe Mujica para hacerle entrar a Nicolás Maduro por la ventana,

Filártiga consideró que el tema está en el ámbito del Poder Judicial y que son los jueces así como los fiscales los que deben analizar la situación para determinar qué pasos deben dar a partir de ahora.

Brian Martínez, Rubén Moisés Galeano, Daniel Aquino y Osvaldo Luis Sánchez son los que solicitaron el refugio en territorio uruguayo el pasado 12 de junio. Los cuatro fueron imputados por el Ministerio Público luego de los incidentes que se generaron en la sede del Congreso Nacional y en las inmediaciones, durante las protestas contra la decisión de senadores cartistas, llanistas y del Frente Guasu de aprobar la enmienda para la reelección presidencial.

mala imagen. El asesor político del jefe de Estado consideró que la decisión de otorgar el refugio político a los jóvenes liberales más que golpe al Gobierno de Cartes daña a la imagen del Gobierno de Uruguay.

“Al contrario. Creo que es un golpe a la imagen internacional del Uruguay de dar categoría de refugiados políticos a delincuentes comunes”, sentenció el asesor del Poder Ejecutivo.

argumento. Los jóvenes liberales fueron imputados por la Fiscalía por la supuesta fabricación de bombas molotov. La dirigencia del PLRA a través de sus abogados accionó y consideró que les resulta imposible ejercer sus defensas en las condiciones previstas y pactadas en las convenciones y tratados sobre los Derechos Humanos.

“Es vital para nosotros acogernos al derecho de asilo de manera a preservar nuestras vidas, integridad personal y, con posterioridad, someternos al proceso judicial en el país, cuando cesen las presiones indebidas sobre el Poder Judicial”, expusieron en su momento ante la comunidad internacional.

La causa está a cargo de los fiscales Eugenio Ocampos, Aldo Cantero y María Estefanía Fernández. Los agentes del Ministerio Público investigan la supuesta fabricación de bombas molotov. Hasta el momento no avanzan las diligencias.

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