Campesinos, contra obreros y empleados promocionado por ABC Color que ahora se preocupa


Desde hace varios días, los miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial Campesina, que reclaman la condonación de las deudas de 16.862 “agricultores”, están violando impunemente la ley y los derechos de los demás, entorpeciendo adrede el tránsito en el centro de Asunción. Ese ejercicio abusivo del derecho a manifestarse pacíficamente, que impide a decenas de miles de personas llegar a tiempo a sus lugares de trabajo, enerva especialmente a los conductores de vehículos, al punto de ocasionar accidentes. Toman así como rehenes a trabajadores igual que ellos para forzar una medida legislativa o administrativa, lo que es repugnante y no sirve precisamente para ganar adeptos. Es de temer incluso que alguna de las víctimas, harta de sufrir tantos contratiempos, trate de hacerse justicia por sí misma, dada la inacción de las fuerzas del orden público. Las autoridades competentes –Policía Nacional, Patrulla Caminera, jueces y fiscales– están obligadas a aplicar las medidas que correspondan, mal que les pese a los manifestantes. Es la única forma de cambiar la situación actual, que cada vez se parece más a una jungla donde impera la ley del más fuerte. Nota: Los únicos responsables son los propietarios de ABC Color y Ultima Hora pues instigan a insultar a las autoridades, a erigirse en únicos interpretes de la CN  y las leyes, calificándolos de violadores a cuantos se pongan en su camino. Nada dicen del instigador principal, Efrain Alegre al que promocionan y protegen con el único propósito de crear una anarquía en el país. Por eso resulta oportuno que las instituciones se queden quietas para ponerlos en evidencia a estos insaciables personajes. Ahora en esta nota se percatan de lo malhecho por una prensa interesada en sus propios intereses y no en los del pueblo. Ahora están pidiendo desesperadamente  intervenciones cuando ya se está por llegar a la ley de la jungla creada por ellos. No respetan jerarquías y fácilmente califican y acusan. Pero ahora se les cayó la careta y por eso se preocupan. Estamos comprobando cuanto daño puede ocasionar la prensa cuando se sale de sus andariveles naturales lo cual exige informar verazmente. Permanentemente leemos acusaciones sin acompañar pruebas. Zucolillo llegó al colmpo de la cobardía al forzarla a una hija hacer un reclamo improcedente cuando acusa a autoridades de un despojo y donde el propio Procurador General afirma todo lo contrario diciendo que no constituye ningún delito como los desaforados pretenden. Esta prensa desorbitada se  está exponiendo a ser querellada. “Las autoridades competentes –Policía Nacional, Patrulla Caminera, jueces y fiscales– están obligadas a aplicar las medidas que correspondan, mal que les pese a los manifestantes”, ahora dicen.

Desde hace varios días, los miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial Campesina, que reclaman la condonación de las deudas de 16.862 “agricultores”, están violando impunemente la ley y los derechos de los demás, entorpeciendo adrede el tránsito en el centro de Asunción. Ese ejercicio abusivo del derecho a manifestarse pacíficamente, que impide a decenas de miles de personas llegar a tiempo a sus lugares de trabajo, enerva especialmente a los conductores de vehículos, hasta el punto de haber provocado una colisión entre dos buses con el resultado de seis pasajeros con lesiones graves. Para más, estos heridos no pudieron ser auxiliados con prontitud porque el cierre de las calles obstaculizó el paso de las ambulancias y, en forma increíble, los “campesinos” se tomaron su tiempo para permitir el paso de los paramédicos, como si ellos fueran los dueños de la vía pública y la vida ajena les importara un bledo.

Accidentes similares a este, que pudo haber tenido un peor desenlace, como el acaecido el año pasado cuando una persona murió porque la ambulancia que la llevaba fue demorada por quienes cerraron la Ruta X para que se les condonen sus deudas, seguirán ocurriendo en la capital y en todo el país mientras se ignore la Ley Nº 1066/97, que reglamenta las libertades de reunión y de manifestación “en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley”, de acuerdo a la autorización dada por el art. 32 de la Constitución.

Con respecto a Asunción, esa “ley del marchódromo” dispone que las personas pueden reunirse y manifestarse desde las 19:00 hasta las 24:00 los días laborales y durante las 24 horas los domingos y feriados. Esta norma nunca ha sido respetada, y, precisamente, los actuales perturbadores del orden público salen a las calles en horas del día, de lunes a sábado, con el fin de presionar a las autoridades y a los legisladores y a la vez hacer una demostración de fuerza ante la ciudadanía, lanzando petardos y coreando estribillos. Según la misma ley, la comunicación previa a la Policía Nacional debe indicar, entre otras cosas, el día y la hora del acto, de lo que se deduce que sus organizadores no efectúan dicha comunicación o que mienten con el mayor descaro, sin que la institución policial se inmute en absoluto. 

La misma ley establece como “lugares permanentes de reunión” las plazas capitalinas situadas dentro de ciertos perímetros, pero lo que a los manifestantes les interesa no es tanto congregarse en ciertas plazas, sino ocupar las calles del centro de Asunción, suponiendo acaso que la ciudadanía, utilizada como rehén ante quienes tienen la facultad de decidir, apoyará sus exigencias con tal de que tengan la “gentileza” de liberar el tránsito. Lo que ocurre es más bien lo contrario, o sea, que son repudiados por las víctimas de sus atropellos, independientemente de la pertinencia de sus reclamos.

Es entendible que así sea, pues tomar como rehenes a trabajadores igual que ellos para forzar una medida legislativa o administrativa es repugnante: no sirve precisamente para ganar simpatías en la población. Es de temer incluso que alguna de las víctimas, harta de sufrir tantos contratiempos, trate de hacerse justicia por sí misma, dada la inacción de las fuerzas del orden público, que no defienden su derecho constitucional a transitar libremente. Ese derecho es vulnerado con flagrancia, pese a que la ley referida dice que “ninguna reunión o manifestación pública podrá bloquear puentes, vías férreas ni rutas o caminos públicos”, en concordancia con la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que prohíbe “estorbar u obstaculizar de cualquier forma la calzada”.

Lamentablemente, la “ley del marchódromo” no prevé la sanción pertinente en caso de que se produzca el bloqueo, y solo dice que los manifestantes que participen en actos previstos y castigados por la legislación penal “podrán” –no dice “deberán”– ser detenidos y puestos a disposición de la Justicia ordinaria. La muy defectuosa redacción no impide que la Policía Nacional o la Patrulla Caminera, en su caso, intervengan de inmediato para detener a quien “produjera un obstáculo” en el tránsito terrestre, delito que el art. 216 del Código Penal castiga con hasta tres años de prisión o con multa. 

Es claro que quienes permanecen sentados en medio de la vía pública o forman allí una barrera humana, vulgo “piquete”, constituyen un obstáculo que las fuerzas policiales deben remover, restaurando así el orden público.

El derecho propio termina allí donde empieza el ajeno. Si es necesario, hay que modificar la legislación para hallar un equilibrio justo entre las libertades de reunión y de manifestación, por un lado, y la de transitar por el territorio nacional, por el otro: cuando actualmente entran en conflicto, se privilegia notoriamente a quienes de hecho bloquean las calles y las rutas, en grave perjuicio de los transeúntes.

Las autoridades competentes –Policía Nacional, Patrulla Caminera, jueces y fiscales– están obligadas a aplicar las medidas que correspondan, mal que les pese a los manifestantes. Es la única forma de cambiar la situación actual, que cada vez se parece más a una jungla donde impera la ley del más fuerte.

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