Piden investigar a políticos que pagaron para incendiar el Congreso


  El abogado Juan Sosa Bareiro, representante legal de los senadores Gustavo Alfonso, Mirtha Gusinky, Derlis Osorio, Juan Darío Monges, Carlos Núñez, Víctor Bogado y Nelson Aguinagalde, quienes buscan aclarar la quema del Congreso el 31 de marzo pasado, solicitaron a la Fiscalía que convoque a un careo entre Silvino Romero, alias Amuleto, imputado por robar un televisor de la sede legislativa, y Raúl Alberto Cáceres González, alias Beto, procesado por la quema de la sede parlamentaria.

El objetivo de la diligencia es avanzar en las pesquisas y llegar a los autores morales de la quema del Congreso, que serían reconocidos políticos, quienes habrían aportado dinero a barras bravas para manifestarse frente al Parlamento.

Sosa Bareiro conversó con la 970 AM y explicó que solicitaron la realización de un reconocimiento de personas, considerando que “el imputado Romero, alías Amuleto, había señalado que tres personas trajeadas les ofrecieron G. 100 mil por participar de una marcha, que terminó luego con la quema del edificio del Congreso”.

Por otro lado, el abogado dijo que “Romero reconoció a Cáceres González como una de las personas que estaban en las inmediaciones de la sede parlamentaria, dentro de un vehículo, ofreciendo dinero” y agregó que también pidieron al Ministerio Público que “cite a Cáceres González, pero éste se encuentra en Uruguay. La ciudadanía debe saber por qué contrataron a una barra organizada para atacar el Parlamento. No se debe recurrir a figuras absurdas como el refugio para conseguir impunidad”.

INVESTIGACIÓN FISCAL

En el proceso que investiga la quema del Congreso, Cáceres González tenía medidas alternativas a la prisión, pero se fugó a Uruguay, donde pidió refugio junto a otros cuatro imputados: Osvaldo Aquino Notario, Luis Osvaldo Sánchez González, Brian Esteban Martínez y Rubén Galeano Cáceres.

De acuerdo a la investigación fiscal, Cáceres González fue identificado como una de las personas que el 31 de marzo pasado, a las 17:00 aproximadamente, participó en el operativo de contratación de mercenarios en el barrio Ricardo Brugada, con el objetivo de que participen en la manifestación y posterior quema de la sede parlamentaria.

Actualmente, hay 26 imputados en la causa, de los cuales 10 responden a políticos conocidos.

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