El acuerdo sobre Yacyretá reflotaría la cuestionada figura de la novación


  La energía producida por la central hidroeléctrica de Yacyretá sería utilizada como “parte de pago” de la deuda con el Tesoro argentino, lo que implica un retroceso y una entrega de nuestra soberanía, advierten técnicos del sector. / ABC Color. En el acuerdo para el arreglo de las cuentas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) “interviene el aporte de energía”, lo que implica volver a reflotar la novación que había sido planteada en el Preacuerdo de 2006 que fue rechazado. El Gobierno mantiene en secreto los términos del acta y ya se habla de una nueva entrega.En el acuerdo para el arreglo de las cuentas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) “interviene el aporte de energía”, lo que implica volver a reflotar la novación que había sido planteada en el Preacuerdo de 2006 que fue rechazado. El Gobierno mantiene en secreto los términos del acta y ya se habla de una nueva entrega. Nota: Uno de los tantos  entregadores fue el negociador paraguayo, ingeniero Ricardo Canese. Pero felizmente el congreso no aprobó el acuerdo suyo. Ahora estamos ante otro desafío. El congreso nacional tiene la palabra, de aprobar o rechazar el acuerdo. De todo lo dicho queda demostrado que los grandes sueldos pagados a muñecos sin moral ni concierto rige desde la firma misma del tratado en 1982, calificado por el ex presidente argentino como:  MONUMNENTO A LA CORRUPCIÓN.

Mientras en el lado argentino ya dan por hecho el acuerdo y la firma prevista para el jueves 4 en la central hidroeléctrica, las autoridades paraguayas se mantienen en silencio respecto a los términos del memorándum de entendimiento a ser suscripto por los presidentes Mauricio Macri y Horacio Cartes. Tanto el ministro Juan Carlos López Moreira, jefe del gabinete civil de la Presidencia y principal responsable de las tratativas, como el ingeniero Ángel María Recalde, director paraguayo de la EBY, no respondieron a los llamados ni las consultas al respecto.

Lo preocupante del caso es que estaríamos a las puertas de una nueva entrega, advierten técnicos del sector eléctrico, teniendo en cuenta lo declarado por el consejero argentino de la EBY, Martín Goerling, quien en referencia a la deuda de la entidad, informó que la misma quedará en aproximadamente US$ 4.500 millones a pagarse en 30 años, y que, “en el pago interviene el aporte de energía”. Esto no sería otra cosa que volver a la cuestionada “novación” ya incorporada en el Preacuerdo Técnico de 2006 y cuestionada en su momento por la propia Contraloría General de la República. Según el ingeniero Axel Benítez, esto revela que desde un principio la estrategia del Gobierno en las negociaciones era volver a los términos del fallido preacuerdo, lo cual se refuerza aún más con la designación del ingeniero Recalde, el mismo bajo cuya administración se había planteado dicho compromiso bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. También cuestionó que en el acuerdo se asuma la relación 80-20 para determinar el territorio inundado, sin medirlo. “Por algo se mantiene el embalse sobre elevado para maximizar la energía. Además, se supedita el acuerdo a más energía para Argentina; por algo la ANDE ha retirado un 15% menos este primer trimestre de 2017 a cambio de un 19% más de Itaipú, comparados con el interanual”, resaltó.

Por su parte, el ingeniero Orlando Valdés, presidente de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico Paraguayo (Aisep), insistió en que una de las entregas más notorias sería admitir la no aplicación de lo establecido en el numeral IX del Anexo C, por el cual el saldo de la deuda debe ser honrado en la proporción en que la producción de Yacyretá fue utilizada por cada parte.

Preacuerdo fue objetado

El Preacuerdo de 2006 establecía, entre otros puntos, que el pago de la deuda de la EBY a la Argentina se efectuaría “en términos de energía (kilowatt hora) equivalente, asociada a la potencia contratada” a un precio fijo, durante 42 años. Es lo que se conoce como la “novación” de la deuda.

El convenio también fue objetado porque contemplaba nuevamente el pago diferido de los beneficios paraguayos como la compensación por territorio inundado, pero a plazos incluso mayores que los previstos en el Tratado.

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