Abogados metidos en la estafa de 50 mil millones, defienden a Acevedo y cía


La acción de inconstitucionalidad presentada por Robert Acevedo y otros senadores fue patrocinada por el Abogado Sergio Coscia, vinculado a empresarios acusados de estafar al Estado.

La acción de inconstitucionalidad presentada por Robert Acevedo y otros senadores fue patrocinada por el Abogado Sergio Coscia, vinculado a empresarios acusados de estafar al Estado. El abogado Sergio Coscia que presentó la acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de senadores contra la decisión de la mayoría que aprobó el cambio de reglamentos de la Cámara Alta, forma parte del estudio jurídico Villamayor & Asociados, liderado por Juan Ernesto Villamayor. Los profesionales del derecho son a la vez representantes de una empresa española acusada de estafar al Estado por Gs. 50 mil millones en la compra de helicópteros para la policía. Nota: Se trata de aquellos aparatos que jamás levantaron un centímetro de la tierra. Pillados los muy pícaros, solo se trata de una bonita suma de casi 10 millones de dólares. De ahí nace la locura por el dinero vil por un caso previsto en la constitución y las leyes. Por la plata bailan los monos. En tanto nuestros jóvenes son engañados por una prensa que corea la mentira. Ya lo adelantó el presidente de USA, Donald Trump, al referirse a cierta prensa. Dos diarios de dos multimillonarios, son los protagonistas, los mismos que hicieron una enorme fortuna en la era de  MI GENAL ETRONE. Por eso le apoyan al hijo de aquel analfabeto, hazmerreir de su tiempo que mucho daño ocasionó al Paraguay.

Esta mañana el presidente del Senado, Robert Acevedo, presentó una acción de inconstitucionalidad firmada por 18 senadores buscando anular la sesión del martes último, ocasión en que una mayoría de 25 legisladores modificó el reglamento interno de la cámara en una sesión extraordinaria.

La acción de inconstitucionalidad esta patrocinada por el Abogado Sergio Coscia, del mismo estudio jurídico que defiende a los españoles, Guillermo Casado de Amezua Lasso y Álvaro Lasso Génova, representantes de la empresa Proibérica, acusados de estafar al estado.

Los citados están procesados junto al exministro Rafael Filizzola en el caso de la supuesta defraudación a través de la compra de helicópteros ocasionando un perjuicio de más de G. 50.000 millones.

El caso está plagado de chicanas jurídicas y hasta ahora no se fijó fecha de juicio, porque están pendientes de resolución en la Corte, las acciones de inconstitucionalidad que promovieron los empresarios españoles y Filizzola.

El político opositor pretende que la Corte declare inconstitucionales las resoluciones de primera y segunda instancia por las cuales se elevó la causa a juicio oral y público.

LAS CHICANAS

El exministro Rafael Filizzola y los empresarios representados por Villamayor y Coscia, accionaron contra el Auto Interlocutorio N° 711 del 5 de agosto de 2014, dictado por el juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor, por el cual elevó la causa a juicio oral. De igual manera, atacaron el Auto Interlocutorio N° 218 del 1 de octubre del año pasado, dictado por la Cámara de Apelaciones, Primera Sala, por el que se ratificó el juicio oral para los procesados.

La Sala Constitucional está presidida por Sindulfo Blanco e integrada por los ministros César Garay y Raúl Torres Kirmser. En este caso, el exministro del Interior le hizo patrocinar su escrito al abogado Roberto Améndola, para lograr la inhibición del ministro Antonio Fretes. La doctora Gladys Bareiro, otra integrante de la Sala Constitucional, se apartó de la causa. El ministro César Garay aceptó integrar y solicitó el expediente original, razón por la cual se traba la audiencia preliminar en el juzgado.

En tanto, la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, a cargo del fiscal Federico Espinoza, recusó a los ministros Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay, cuya imparcialidad se ve afectada en los dos procesos penales al exministro Rafael Filizzola, ya que la esposa del mismo, la senadora Desirée Masi, anunció que la bancada del Partido Democrático Progresista (PDP) no apoya el juicio político a los tres magistrados, quienes precisamente integran la Sala Constitucional en las acciones promovidas por Filizzola ante la Corte y mediante las cuales pretende anular sus dos procesos por el hecho punible de lesión de confianza.

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