La Cámara de Senadores pretende proteger la corrupción pública


Nota:Esta es la prueba de la alianza de la cámara de senadores con el poder judicial para dejar impunes varios crímenes contra el pueblo paraguayo. A partir de ahora ya nadie debe respetar a esta cámara camandulera de crímenes y latrocinios.

Con la evidente intención de asegurar la impunidad de peces gordos del crimen organizado y de la política, el Senado rechazó un proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados, que suspende durante dos años la entrada en vigencia de la Ley N° 4669/12 que dispone que los procesos penales se extingan necesariamente al cabo de tres años. Esto significa que, dentro de nueve días, el 7 de setiembre fenecerán, en palabras del senador Arnaldo Giuzzio, “grandes casos de corrupción pública, narcotráfico y secuestro”, salvo que cuanto antes los diputados se ratifiquen en su decisión por mayoría absoluta, que los senadores no obtengan la mayoría absoluta de dos tercios para volver a rechazarla y que el Poder Ejecutivo promulgue de inmediato la ley, antes de esa fecha. Grandes nombres de la política y de la función pública están vinculados con sonados procesos, en la mayoría de los casos por presunta malversación de fondos públicos. La única explicación de la premura de los senadores que rechazaron el proyecto de los diputados es que les urge que sean sobreseídos algunos procesados por los hechos punibles referidos.

Con la evidente intención de asegurar la impunidad de peces gordos del crimen organizado y de la política, el Senado rechazó un proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados, que suspende durante dos años la entrada en vigencia de la Ley Nº 4669/12 que dispone que los procesos penales se extingan necesariamente al cabo de tres años. Esto significa que, dentro de nueve días, el próximo 7 de setiembre fenecerán, en palabras del senador Arnaldo Giuzzio, “grandes casos de corrupción pública, narcotráfico y secuestro”, salvo que cuanto antes los diputados se ratifiquen en su decisión por mayoría absoluta, que los senadores no obtengan la mayoría absoluta de dos tercios para volver a rechazarla y que el Poder Ejecutivo promulgue de inmediato la ley, antes de esa fecha.

Grandes nombres de la política y de la función pública están vinculados con sonados procesos, en la mayoría de los casos por presunta malversación de fondos públicos. Entre ellos figuran el extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Camilo Soares; los actuales senadores Víctor Bogado y Enzo Cardozo; los diputados Óscar Núñez y José María Ibáñez; el exministro del Interior Rafael Filizzola, y el extitular del Indert Luis Ortigoza, para citar solo algunos.

Dado el escaso tiempo que resta, es muy improbable que por la vía legislativa se logre impedir la impunidad de personas que habrían cometido graves delitos, dentro y fuera de la función pública. Por algo los juicios que involucran a los mencionados personajes han venido siendo trabados por repetidas chicanas, sin que la máxima autoridad judicial obligara a los jueces a aplicar estrictamente la ley para superar estos artilugios antijurídicos.

Sin duda, la seguridad jurídica exige que las causas penales concluyan alguna vez, aunque no se haya dictado una sentencia definitiva, por lo que se estableció para el efecto el plazo de cuatro años. En 2012, se promulgó la Ley 4669, que redujo dicho plazo a tres años, pero ese mismo año la Ley 4734 suspendió la vigencia de este último plazo, de modo que siguió el de cuatro años.

La ley suspendida debe entrar en vigencia este 7 de setiembre, por lo que, con buen criterio, ya que pretenden evitar la impunidad de varios importantes casos en que estaban en vigencia enormes “tragadas” de dinero público en diferentes conceptos y otros grandes delitos, los diputados colorados Julio Javier Ríos y Clemente Barrios y el liberal Jorge Ávalos Mariño presentaron el proyecto de ley para que continúe el plazo de los cuatro años para la extinción de los procesos. Los proyectistas manifiestan en su exposición de motivos que, ante la inminente vigencia de la ley en suspenso, a más del caos jurídico que generará, “muchas causas importantes sobre narcotráfico, corrupción y otros crímenes graves quedarían extintas si ello ocurriera, y, peor aún, quedarían impunes los responsables de cientos de hechos punibles sin llegar a la tan anhelada restauración de la paz social”.

Sin embargo, contrariamente a la plausible decisión de los diputados y con evidente mala fe, la Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley, para dejar libre el camino a la extinción de las causas este 7 de setiembre, con las dolorosas consecuencias que eso tendrá tanto para las víctimas de los delitos como para las arcas estatales atracadas de diversas maneras por funcionarios deshonestos.

La única explicación de la premura de los senadores que rechazaron el proyecto de la Cámara de Diputados es que les urge que sean sobreseídos algunos procesados por los hechos punibles referidos por el senador Giuzzio y por los proyectistas.

Precisamente, un estudio realizado por la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia indica que los juicios por corrupción y narcotráfico son los más dilatados. En consecuencia, los acusados por esos hechos, cuyos abogados apelan una y otra vez a las chicanas, serán los principales beneficiarios de la reducción del plazo para que concluyan las causas. El dinero proveniente de esas dos grandes vertientes delictuales, sin duda alguna, “aceita” suficientemente la maquinaria judicial para que vaya parando en cada recodo del camino.

Irreflexivamente, ninguna de estas lamentables circunstancias fueron tenidas en cuenta por los senadores, sino que, como si no conocieran la burocracia estatal de la que son parte, se apoyaron en el infantil argumento de la “ineficiencia” del Ministerio Público para concluir las causas. Sin duda hay agentes fiscales haraganes o corruptos, que no se esfuerzan por cumplir con su deber de representar fielmente a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. De esos que cuando deben buscar la condena de algún político se muestran indolentes y ni qué decir cuando está de por medio algún legislador, que pudo haber influido en su nombramiento o que puede hacer que su representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo amenace con la remoción, si de pronto se ponen demasiado diligentes.

Pero ello no es suficiente para reducir un plazo y permitir la prescripción de las causas que afectan no precisamente a unos simples rateros de barrio o ladrones de gallinas o de bicicletas. En estos casos, si prevaleciera el espíritu de justicia de los senadores, deberían denunciar a los jueces y fiscales haraganes o negligentes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero no influir para que salgan impunes quienes traficaron con drogas o desvalijaron las arcas públicas.

Los ciudadanos y las ciudadanas tienen demasiadas razones para creer que a los legisladores que abogan por la rápida extinción de procesos criminales no les preocupa en absoluto la ineptitud de los agentes fiscales y jueces, sino la eventual condena de sus compinches acusados de “tragadas” monumentales o de tráfico de influencias, por cuya libertad abogan tan descaradamente.

Ante tamaño desafío al sentido común y la honestidad, que de concretarse dejará impunes a ladrones de guante blanco y narcotraficantes, la población en pleno debe salir a las calles para repudiar a quienes tan descaradamente pretenden burlarse de ella. Con esta acción, los legisladores están pasando la raya de lo tolerable.

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