Ley “antimora” permite que casos de corrupción queden impunes


Federico Espinoza, adjunto. / ABC Color. El fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, advirtió que varios procesos quedarán impunes con la implementación de la Ley N° 4669/12 que acorta los plazos procesales a 3 años. Entre los que serían beneficiados aparecen políticos cuyas causas llevan tres años sin que se realice siquiera la audiencia preliminar por el despliegue de chicanas. Nota: Este fiscal fue denunciado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados.  Esta es la peor justicia que recuerda la historia del Paraguay. La población no reacciona de modo que los corruptos seguirán delinquiendo en complicidad con abogados, fiscales y jueces. Las chicanas no se castigan nunca, los certificados médicos se aceptan una y otra vez. Las inhibiciones premeditadas son moneda corriente. Los cambios de abogados para provocarlas constituyen una treta común. En suma, todo huele a podredumbre en el poder judicial. No votemos más nombres podridos sean del color que fueren.

Para Espinoza queda claro que al no correr la suspensión de la implementación de la normativa en la Cámara de Senadores, las “reglas del juego” cambian con procesos iniciados bajo la conocida como “Ley Camacho”, que establece una duración de 4 años. Esto generaría un caos procesal.

“El problema es que el plazo de ahora es de 4 años y todas las audiencias preliminares y juicios orales se hacen con base en eso. Esto es así porque los jueces priorizan con base en el tiempo y van fijando por orden de antigüedad, atendiendo al riesgo de la extinción. Ahora, las causas que ya tienen más de tres años se extinguen porque las reglas del juego han cambiado y no hay cómo salvarlas”, indicó.

Sobre el punto, el adjunto agregó: “El motivo de romper las reglas del juego cuando todos los procesos se iniciaron con el plazo de 4 años, con esta ley que baja a 3 años implica de que muchas causas quedarán fuera y traerá como consecuencia la impunidad”.

“Para chicaneros”

Esta normativa está diseñada para chicaneros, aseguró Federico Espinoza.

“Los que realmente chicanean son los abogados que defienden a procesados por hechos por corrupción pública y del narcotráfico. Los otros casos corren rapidísimo, no tienen riesgo”, sentenció.

El titular de la Unidad Especializada recordó que hay procesados que lograron suspender hasta ocho veces la audiencia preliminar, como el del senador colorado Víctor Bogado, acusado por estafa y cobro indebido de honorarios en el caso conocido como “niñera de oro”.

Otro caso que estaría en riesgo de extinción es el del exministro de la SEN Camilo Soares, cuya imputación data de 2008 y ni siquiera se realizó su juicio oral y público porque en todo este tiempo se dilató la preliminar. Asimismo, corren peligro los procesos por corrupción de políticos como Enzo Cardozo, senador y extitular de Agricultura, acusado por desvíos de G. 68.000 millones; José María Ibáñez, diputado acusado por el caso “caseros de oro”; Óscar Venancio Núñez, diputado y exgobernador de Presidente Hayes acusado por millonarios desvíos de fondos de Fonacide, entre otros (ver infografía).

Fiscalía cumple plazo con su requerimiento

El fiscal adjunto Federico Espinoza salió al paso de declaraciones de senadores como Fernando Silva Facetti y Adolfo Ferreiro que votaron por rechazar la suspensión de la Ley N° 4669/12, que acorta plazos, y que hacen responsables de eventuales impunidades al Ministerio Público.

“El Ministerio Público tiene plazo que se cumple de forma estricta y termina con la presentación del requerimiento conclusivo. A partir de ahí es responsabilidad de los jueces fijar las audiencias preliminares y los juicios orales de primera instancia. Nosotros no manejamos la agenda del juzgado”, dijo Espinoza.

Según el adjunto, el Congreso pretende que las responsabilidades sean asumidas por los fiscales, que no pueden asumir los plazos procesales. “Nosotros actuamos dentro del plazo. A partir de la notificación de acta de imputación corren los 4 años con la Ley Camacho; luego, en seis meses se presenta el requerimiento conclusivo, y a partir de ahí ya depende de los jueces fijar las preliminares y juicios orales”, hizo hincapié Espinoza.

Con la nueva ley los procesos penales deben concluir en sentencia de primera instancia en tres años.

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