Ministra juró no alinearse a políticos pero ahora hace una “excepción”


Myriam Peña juró como ministra de Corte en octubre del año pasado. Había prometido no dejarse influenciar por políticos. Foto: Archivo. Myriam Peña juró como ministra de Corte en octubre del año pasado. Había prometido no dejarse influenciar por políticos. Nota: A los 70 años no se empuerca un apellido distinguido de la ANR, aun a pesar de ser una hija natural del jefe Hugo Peña y de haber hecho una carrera judicial honesta.

El exministro del Interior Rafael Filizzola recibió una “manito” de la ministra de la Corte Suprema de Justicia Miryam Peña, para dilatar el proceso judicial por una presunta “tragada” de G. 1.100 millones para la refacción de comisarías. Peña argumentó su fallo a favor del político estableciendo una “excepción”, contrariando la práctica de la Corte en asuntos similares.

Un día después de jurar como integrante de la máxima instancia judicial (viernes 2 de octubre de 2015), Miryam Peña había asegurado que actuaría conforme a la ley. Aclaró que nunca recibió “aprietes” en los casos que le tocó defender, pero sostuvo que “uno es Juez con presión y sin presión. Siempre hay que actuar conforme a la Ley (…) a los jueces se nos conoce por nuestros fallos, la gente sabe quién es cada juez”.

Incluso cuando fue consultada sobre las medidas que tomará para “despartidizar” la justicia, respondió que “la independencia de la justicia empieza por el juez. El Poder Judicial está vinculado a la política, pero no debe estar con la política partidaria”. Al cumplirse diez meses de aquellas declaraciones rimbombantes, pareciera ser que tocó quedo en “aguas de borraja”.

Los ministros César Garay Zuccolillo, Miguel Oscar Bajac y Mirian Peña, integrantes de la sala Constitucional de la Corte, resolvieron hacer lugar al pedido de suspensión del proceso principal a las resultas de la acción de inconstitucionalidad plateada por la defensa de Filizzola.

La Ministra que juró “no alinearse a los políticos y ser moralmente incorruptible”, argumentó el voto a favor del político aduciendo que se trata de un caso “particular” y de un excepción para “evitar daños irreparables”.

A continuación exponemos los argumentos esgrimidos por la integrante de la Sala Constitucional, que hizo lugar a una de las tantas chicanas presentadas por el exministro del Interior (era Lugo) y excandidato a la Vicepresidencia de la República (2013).

“Respecto a la cuestión que en esta ocasión nos toca atender, el articulo 559 del Código Procesal Civil, dispone: “Efectos de la demanda. La interposición de la demanda tendrá efecto suspensivo cuantos e tratare de sentencia definitiva o de interlocutora con fuerza de tal. En los demás casos no tendrá ese efecto salvo que, a petición de parte, la Corte Suprema así lo dispusiere para evitar gravámenes irreparables.

De la disposición legal transcripta se desprende que la Corte aun en el supuesto de que la resolución impugnada de inconstitucionalidad se trate de una providencia tiene la facultad de suponer, excepcionalmente que la interposición de la acción tenga efecto suspensivo , siempre que con eso se busque evitar un daño irreparable al accionante.

Generalmente la sala constitucional de la corte suprema de justicia se ha inclinado a rechazar la acción de inconstitucionalidad cuando esta se refiere a resoluciones que no ponente fin al proceso, dado que las mismas pueden ser corregidas en el transcurso de la instancia ordinaria. Mas en este caso particular, el reclamo del accionante se refiere a la génesis del proceso, por tanto, su vulneración no puede ser corregida en el transcurso del mismo: por contrario con el transcurso del proceso estro se gravaría.

Por lo anterior, estimo que debe ser concedido el pedido de suspensión del proceso, mientras se sustancia la presente acción de inconstitucionalidad…

En suma, si el acontecimiento histórico que se pretende reconstruir en el proceso penal en cuestión está consignado en la imputación y esta podría ser contraria por su contenido a una garantía constitucional entonces corresponde la suspensión del proceso penal hasta tanto la sala constitucional decida sobre el fondo de la cuestión que le ha sido planteada”.

A criterio de varios penalistas consultados por HOY la decisión de la Corte Suprema es a todas luces una resolución a medida y a la vez constituye un nefasto precedente para justicia. Mientras no se resuelva la inconstitucionalidad (puede durar años), nadie puede investigar los hechos.

“Es un revés muy importante para la Fiscalía, esto viene a romper la seguridad jurídica por una cuestión que bien podía debatirse en una audiencia preliminar, entonces la Corte en una acción de inconstitucionalidad resuelve suspender todas las resoluciones por las cuales habilitaba la realización de una audiencia. Esto significa que el proceso penal cuya primera etapa culminó, tenía que desarrollarse la segunda etapa donde se hace la audiencia y nos quedamos sin eso. Sabiendo cómo funciona la Corte lo más probable es que esto no tenga una fecha y tengamos que estar expectantes, esto puede extinguirse o prescribir”, expresó el fiscal adjunto Federico Espinoza.

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