Víctimas acusan a 18 policías por torturas durante la dictadura en Paraguay


Víctimas acusan a 18 policías por torturas durante la dictadura en Paraguay Año 2014. Laino con cara de circunstancia, medio malhumorado. Ya no cobraba 100 millones mensuales en Itaipú. Dice la nota: Víctimas acusan a 18 policías por torturas durante la dictadura en Paraguay EFE.Víctimas de tortura durante la dictadura paraguaya (1954-1989) identificaron a 18 supuestos responsables de esos crímenes de lesa humanidad, la mayoría de los cuales eran policías, quienes siguen vivos y en libertad en Paraguay, informó hoy a Efe su abogado, Aitor Martínez. Nota: Airtor Martínez, nació en 1981. Tenía 8 años cuando cayó Stroessner. Es uno de los tantos españoles que cobran dinero de organizaciones zurdas para hacer su papel. Lamentablemente diarios como ABC Color le otorgan protagonismo. Aquí en una denuncia del año 2014. Pero resulta que ahora Laino y sus compinches zurdos, con motivo de  las recientes sentencias contra los campesinos asesinos pretende revivirlo a Airtor Martínez. Un gran macaneador al que se lo puede encontrar en google. Nunca menciona a los familiares de los policías asesinados.

Víctimas de tortura durante la dictadura paraguaya (1954-1989) identificaron a 18 supuestos responsables de esos crímenes de lesa humanidad, la mayoría de los cuales eran policías, quienes siguen vivos y en libertad en Paraguay, informó hoy a Efe su abogado, Aitor Martínez.

Aportaron los nombres, dirección y detalles de su supuesta participación en la represión como parte de una ampliación de una querella que han interpuesto en Argentina.

Paralelamente han presentado este mes otra denuncia por la falta de investigación de los crímenes contra Paraguay, ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU en Ginebra, Suiza, que lo tratará en su período de sesiones del 15 al 19 de septiembre, según Martínez.

Los nombres que añadieron al caso que tramita el magistrado argentino Norberto Oyarbide incluyen a ex jefes de Policía, oficiales, comisarios, un médico y un líder local del Partido Colorado, formación que fue el soporte político del dictador Alfredo Stroessner y que volvió al poder con la victoria de Horacio Cartes en las elecciones del 2013.

Las víctimas presentaron su querella original hace un año en Argentina, donde se aplica la jurisdicción universal para esos delitos de lesa humanidad, debido a la “impunidad” que existe en Paraguay, según Martínez.

En octubre Oyarbide exhortó a Paraguay a que informe si ha abierto procesos penales por crímenes de lesa humanidad contra los 448 presuntos represores identificados por la Comisión de Verdad y Justicia (CJV) en 2008, pero la Fiscalía de Paraguay “no respondió y se ha negado a colaborar”, según Martínez.

De acuerdo con el abogado, desde 2008 no ha habido ninguna imputación por crímenes de lesa humanidad contra los victimarios identificados por la CVJ, pese al pedido de ese ente de que se les enjuiciara y el traslado oficial de su informe a la Fiscalía paraguaya.

De los 448 presuntos represores que aparecen en el informe “algo más de la mitad siguen vivos y gran parte de ellos sigue en cargos políticos o altos mandos militares y policiales”, aseveró Martínez.

En el estudio, la CVJ registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctima de golpizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física.

Otras 20.814 personas se vieron forzadas al exilio.

Martínez, que presentó la demanda junto al abogado argentino Juan Adolfo Maida, actúa en representación de víctimas de la dictadura como Martín Almada, descubridor de toneladas de documentos del régimen que demuestran las violaciones de los derechos humanos; Domingo Laíno, expresidente del Partido Liberal; o Margarita Mbywangy, en nombre de la comunidad aché.

Los aché, uno de los grupos indígenas de Paraguay, fueron en la década de 1970 expulsados de sus tierras, “cazados” por el Ejército e internados un campo de concentración, según los querellantes, que señalaron que el 65 por ciento de sus miembros murieron o fueron vendidos como esclavos o prostitutas.

En los últimos años se han hallado en Paraguay los cuerpos de algunas víctimas de la dictadura, que se encuentran depositados en el Laboratorio Forense del Ministerio Público.

Con su acción ante la ONU, los denunciantes esperan que la entidad inste al Estado Paraguayo a que disponga los medios para que se les identifique.

En su argumentación mantienen que la falta de identificación conlleva la violación de las obligaciones internacionales por parte de Paraguay.

Fundación FIBGAR aboga por marco jurídico garantice libertad de expresión en Internet

31/07/2015 09:26 PM – Redacción

Aitor Martínez, responsable de proyectos y abogado de la Fundación FIBGAR. Aitor Martínez, responsable de proyectos y abogado de la Fundación FIBGAR. (Fuente Externa)

 

La Fundación Internacional Baltazar Garzón (FIBGAR), advirtió que, a pesar de los adelantos en el marco jurídico internacional en materia de libertad de expresión y acceso a la información, a la red de Internet le falta una regulación única y un control centralizado a través del principio de gobernanza internacional.

En tal sentido, el responsable de proyectos y abogado de la Fundación FIBGAR, doctor Aitor Martínez, dijo que esa institución trabaja en la adecuación de esos instrumentos jurídicos internacionales para adaptarlos a los nuevos retos de la era de Internet.

En su enfoque sobre la “Internet y la “Revolución de la comunicación”, el experto relató que mientras en la Edad antigua y media la comunicación era uno a uno, en la Moderna y contemporánea se produce de uno a muchos, poniendo como ejemplo a los medios de comunicación de masas (radio, televisión, etc.).

Dijo que ahora en cambio la comunicación con el Internet es de “muchos a muchos”, con la salvedad de que esta herramienta está “falta de regulación única y de exención de un control centralizado”.

Manifestó que los esfuerzos para establecer un orden jurídico sobre la Internet se coordinan a  través de la figura del Relator Especial de Naciones Unidas (ONU), la cual promueve la libertad de expresión, y de la que especificó, fue creada por el Consejo de Derechos Humanos del organismo mundial, ante la falta de adecuación de los instrumentos internacionales a la era de Internet.

Explicó que el Relator Especial tiene entre sus funciones fiscalizar el cumplimiento de los Estados, instar al desarrollo de iniciativas, la creación de Soft Law, y elevar propuestas de resoluciones al Consejo y Asamblea de la ONU sobre aspectos jurídicos de regulación de los derechos ciudadanos en la Internet.

Martínez hizo sus planteamientos en la conferencia “Los derechos ciudadanos en la era de Internet”, dictada en el Diálogo sobre la Gobernanza de Internet e Intercommunity 2015” celebrado en esta capital por el Capítulo República Dominicana  de Internet Society (ISOC-RD), con el apoyo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y ISOC GLOBAL.

En su exposición, el  experto sistematizó los avances logrados desde la Relatoría de la ONU, así como los retos que se plantean para los Estados, en términos de instaurar sistemas jurídicos que garanticen los derechos ciudadanos en la era de la Internet.

Se refirió al rol de la FIBGAR en la promoción, sensibilización y defensa de los derechos humanos a nivel global, al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en Internet.

Martínez destacó los principales retos y propuestas planteadas por el Relator Especial de la ONU, resaltando que “el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información rige y es extensible a Internet, lo que obliga a los Estados” a su cumplimiento, como son los Tratados imperativos que comprenden la Internet (Resolución A/66/290) y la Declaración conjunta RE, OSCE, OEA y CADHP del 1 de junio de 2011.

“Por lo tanto, hay que legislar internacional y nacionalmente más allá del marco actual”, señaló Martínez refiriéndose a la recomendación hecha por Resoluciones de Naciones Unidas.

Indicó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en el 2012 resoluciones que impulsan la promoción de las recomendaciones respecto a los derechos ciudadanos en la Internet, al considerar ésta como un instrumento de desarrollo económico para los países, y que por tanto, se trata de un bien global.

Manifestó que además el Relator Especial alertó repetidamente acerca del uso abusivo de la injerencia del Estado justificada en la cláusula de Seguridad Nacional y como medidas antiterroristas.

¿Es un derecho el acceso a Internet?

Martínez exteriorizó que en la actualidad están abiertas a debates las cuestiones sobre si el acceso a Internet es un derecho, cuál será el contenido y los límites al contenido de ese derecho.

Consideró que mientras parte de la doctrina jurídica considera que cumpliría los requisitos de un derecho de primera generación (negativo), impidiendo que el Estado pueda negar el acceso; la otra parte entiende que podría corresponderse con un derecho de tercera generación (colectivo).

El experto explicó que en tanto el Relator Especial de la ONU considera el acceso a Internet un derecho en sí mismo, el Consejo de DDHH  decidió posteriormente que es un “derecho esencial” para el desarrollo de otros derechos humanos.

Asimismo, instituciones como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) han precisado que el acceso a Internet no es un derecho humano, sino que se trata de un derecho fundamental que debe ser recogido por los Estados. Agregó que ya algunos países han comenzado a aprobar las Cartas de Derechos del Internauta.

Destacó que naciones de todo el mundo han dado respuestas a la necesidad de establecer instrumentos jurídicos que regulen los derechos ciudadanos en la Internet, citando entre estos a África donde se presentó este año 2015 la Declaración Africana sobre los Derechos en Internet, la cual vendrá a completar la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos.

Dijo que esta Declaración contiene el derecho de acceso a la infraestructura, de acceso a los contenidos, libertad de expresión, derecho a la información, libertad de asamblea y asociación en Internet. También, garantizará a los pueblos africanos la diversidad cultural y lingüística, derecho al desarrollo, privacidad, seguridad en Internet, grupos marginalizados, derecho a la tutela judicial de las violaciones y un marco de gobernanza democrática de Internet.

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