Justicia lenta y permisiva con poderosos


Existe una larga lista de políticos y ex funcionarios gubernamentales imputados, acusados y con pedidos de juicio oral y público por daño patrimonial a las instituciones del Estado, cuyas causas “duermen” en los estrados judiciales. Nota: Esto debería preocuparle a quienes aspiran a ser gobernantes. Se trata del cuello de botella del Paraguay. !La Impunidad! De nada valen las acusaciones o los discursos ampulosos sin no se resuelve tener una justicia honrada y patriótica sin dingos de colores ni influencias nefastas de la politiquería reinante que ya arrastra al país a una peligrosa anarquía.

Varios procesos relacionados a políticos y ex funcionarios gubernamentales involucrados en hechos de corrupción siguen estancados porque la Justicia así lo permite.

Prácticamente, ninguna causa penal sobre desfalco al Estado llegó a una condena, principalmente, por las innumerables maniobras jurídicas planteadas por los abogados defensores de parlamentarios, ex ministros e intendentes, que habrían malversado dinero público.

La permisividad y lentitud con la que actúa la Justicia con los poderosos sigue indignando a la ciudadanía, considerando que la mayoría de los procesados pretende quedar impunes, gracias a la protección de sus respectivos partidos políticos. Estos realizan acuerdos para evitar enjuiciar y destituir a los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Existe una larga lista de imputados, acusados y con pedidos de juicio oral y público, por daño patrimonial a las instituciones del Estado; entre los que se encuentran tres ex ministros del gobierno de Fernando Lugo, Enzo Cardozo, actual senador liberal y ex titular de Agricultura y

Ganadería, quien soporta dos procesos por lesión de confianza por presuntamente ocasionar perjuicios al erario público por valor de 71 mil millones de guaraníes;

Rafael Filizzola, ex ministro del Interior, quien está a punto de enfrentar juicio oral por supuestamente generar un perjuicio de G. 51 mil millones por la compra de helicópteros para la Policía Nacional –entregados sin sus manuales logísticos originales– y el pago de obras inconclusas; Camilo Soares, ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional, acusado por sobrefacturar la compra de panificados, que habría dejado un perjuicio de G. 1.224 millones, el proceso ya se elevó a juicio oral.

Igualmente, tienen procesos judiciales el senador colorado Víctor Bogado; el ex ministro de Obras Públicas, Enrique Salyn Buzarquis; el ex titular del MEC, Luis Alberto Riart, entre otros.

La ciudadanía clama por una Justicia implacable con los acusados de corrupción, sobre todo con aquellos más acaudalados y de mayor influencia política.

Enzo Cardozo, senador

  • Causas: Lesión de confianza y estafa por malversación de fondos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuando el parlamentario se desempeñaba como titular de la citada cartera; lesión de confianza por el desvío de fondos del Programa Nacional de Fomento Agropecuario (Pronafope) y de la sospechosa ONG Frente Combatiente contra la Pobreza.
  • Perjuicio: La Fiscalía sostiene que en la primera imputación contra el senador, el desfalco es de G. 68 mil millones, mientras que en la segunda es de G. 3.700 millones.

Rafael Filizzola, ex ministro del Interior

  • Causas: Lesión de confianza en la compra de helicópteros para la Policía Nacional –entregados sin sus manuales logísticos originales–, cuando se desempeñaba como ministro del Interior. También fue acusado por el pago de obras no ejecutadas.
  • Perjuicio: En ambos procesos, Filizzola habría malversado G. 51 mil millones.

Camilo Soares, ex titular SEN

  • Causas: Lesión de confianza por sobrefacturación en la compra de alimentos, específicamente de coquitos para familias afectadas por la sequía en los departamentos de Ñeembucú, Concepción y otros, cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría de Emergencia Nacional.
  • Perjuicio: Está acusado de un supuesto daño patrimonial de G. 1.224.976.100.

Luis Alberto Riart, ex ministro MEC

  • Causa: Lesión de confianza en la compra de un edificio para reubicar a los funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) cuando el mismo era ministro de dicha cartera estatal.
  • Perjuicio: La Fiscalía menciona un desfalco de 14 mil millones. El edificio está ubicado sobre las calles Benjamín Constant y 15 de Agosto.

Óscar Rubén Velázquez, ex contralor

  • Causa Estafa por pago irregular de haberes en horas extraordinarias, donde también está imputada su asistente Liz Paola Duarte, más conocida como la “secretaria vip”.
  • Perjuicio: La Fiscalía sostiene que el perjuicio por el pago de horas extraordinarias a la “secretaria vip” y a otros 10 funcionarios imputados sería de G. 1.121 millones.

Alberto Ramírez Zambonini, ministro del TSJE

  • Causa: Inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, en el marco de la investigación por el caso de los planilleros en el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
  • Perjuicio: Son 200 los supuestos planilleros que fueron favorecidos por el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Armando Gómez, intendente de Lambaré

  • Causa: Lavado de dinero, reducción y obstrucción a la restitución de bienes, en el proceso impulsado por la ganadera Marys Llorens, por supuesta estafa. En la presente causa también fue imputada Fabiola Bareiro, esposa de Gómez.
  • Perjuicio: Según la Fiscalía, el daño sería de más de G. 15 mil millones.

Denilson Sánchez, intendente de Capitán Bado

  • Causa: Lavado de dinero. También están imputados sus hermanos, Carlos Rubén Sánchez y Ardonio Sánchez.
  • Perjuicio: La Fiscalía sostiene que los procesados no pueden justificar G. 15.224.583.410 en bienes.

Enrique Salyn Buzarquis, ex titular del MOPC

  • Causas: Lesión de confianza y usurpación de funciones cuando se desempeñaba como ministro del MOPC, por la contratación directa e innecesaria de una empresa italiana para realizar una consultoría internacional. La imputación se realizó en junio del 2014.
  • Perjuicio: Está acusado de un supuesto perjuicio patrimonial de US$ 600.000, que al cambio actual sobrepasa los G. 3.000 millones, fondos que salieron del mencionado ministerio y de Yacyretá.

Jorge Magno Candia, ex presidente de Copaco

  • Causas: Lesión de confianza cuando era titular de la telefónica estatal, al no ejecutar una garantía hipotecaria de fiel cumplimiento de la firma alemana T-Systems, que debía actualizar el software correspondiente al sistema de facturación del ente telefónico.
  • Perjuicio: Supuesto desfalco de 473.484 euros. Fue sobreseído definitivamente al resarcir el perjuicio.

Manuel Radice, político liberal

  • Causa: Cobro indebido de honorarios, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, delitos cometidos en calidad de cómplice. Su familia percibía salarios del TSJE sin asistir a su lugar de trabajo.
  • Medida: El juez Hugo Sosa Pasmor le impuso una fianza personal de G. 200 millones por cada imputado, dando un total de G. 1.200 millones.

Nelson Aguinagalde, ex gobernador de Alto Paraná

  • Causa: Lesión de confianza por desvío de fondos en la construcción de aulas y baños cuando era gobernador de Alto Paraná. Tiene en contra varias denuncias más.
  • Perjuicio: El Ministerio Público menciona en su imputación que existiría un perjuicio de G. 3.000 millones.

Fernando Nicora, ex titular de Puertos

  • Causa: Lesión de confianza por nombramiento de 262 funcionarios, que serían planilleros, cuando el parlamentario era titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Estos serían operadores del Partido Liberal y habrían cobrado sin haber trabajado en la ANNP.
  • Perjuicio: El desfalco habría sido de G. 610.185.153.

Alejo Fretes, ex intendente de Acahay

  • Causa: El fiscal Rafael Ojeda imputó al ex jefe comunal por lesión de confianza.
  • Perjuicio: El Ministerio Público sostiene que se habría malversado la suma G. 1.000 millones proveniente del Fonacide en el citado municipio.

Gerardo Rolón Pose, ex titular de la Senavitat

  • Causa: Lesión de confianza por la construcción inconclusa de 732 viviendas económicas. El plan incluía la compra del terreno y la infraestructura de las viviendas, pero solo se cumplió a medias. De acuerdo al informe, no se construyó en Caaguazú, Coronel Oviedo, Presidente Franco, Villarrica, Troche, Iturbe, Pilar y Alberdi. La firma a la que se contrató fue LM Constructora, propiedad de Miguel Ibarra Gómez.
  • Perjuicio: El Ministerio Público sostiene que existe un perjuicio de G. 700 millones.

Milciades Duré, diputado liberal

  • Causa: Venta de tierras sobrefacturadas de la empresa San Agustín al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) cuando el imputado era gobernador de Cordillera en el 2012.
  • Perjuicio
  • La Fiscalía sostiene que existe un perjuicio de G. 60.000 millones.

Gladys Cardozo, ex ministra SEN

  • Causa: Lesión de confianza por la compra irregular de alimentos para personas en situación de emergencia. El Ministerio Público formuló la imputación contra Cardozo en calidad de autor. Según la denuncia realizada por la Contraloría, en las auditorías realizadas se encontraron irregularidades en el marco de contrataciones directas celebradas entre la Secretaría de Emergencia Nacional y las firmas Beltrom SA y Distribuidora Fénix SA.
  • Perjuicio: El daño, según la Fiscalía, es de G. 103.800.000 y se produce por la compra de productos de consumo a un precio mayor a los valores del mercado.
  • Asimismo, se le atribuye haber firmado órdenes de compra en el Contrato N° 36/2012, que posteriormente derivaron en el pago por cheque a Beltrom SA. Es importante señalar que la misma era ordenadora de gastos de la institución desde el 26 de abril del 2010.

José Orué, ex titular SNNA

  • Causa: Lesión de confianza por irregularidades en una licitación para la provisión de alimentos durante el 2013 y el 2014 a los centros abiertos de Abrazo y el Programa de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Calle (Painac).
  • El Ministerio Público explica que la firma involucrada es “Granos y Aceites”, que ganó 11 de las 12 adjudicaciones en los programas “Abrazo” y “Painac” de la Secretaría de la Niñez, durante la gestión de Orué.
  • Perjuicio: La Contraloría y la Fiscalía sostienen que habría un perjuicio patrimonial de G. 3.600 millones.

Sergio Escobar, ex titular de Petropar

  • Causa: Lesión de confianza por una obra fantasma, la planta alcoholera de Mauricio José Troche. El caso está en manos del juez penal de garantías Rubén Riquelme, quien deberá resolver si el proceso se eleva a juicio oral y público.
  • La audiencia preliminar ya se viene postergando por dos años, a raíz de chicanas que se plantean en el expediente judicial. Además de Escobar, están acusados Leoncio Saúl González y Carlos Daniel Esquivel Isnardi.
  • Perjuicio: El Ministerio Público sostiene que existiría un perjuicio de G. 12.000 millones.

Rody Godoy, ex ministro del MAG

  • Causa: Lesión de confianza y estafa cuando el mismo era ministro de Agricultura y Ganadería. Asimismo, fueron imputadas otras 25 personas del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope) y el Frente Combatiente contra la Pobreza (Freccop). El caso está en manos del juez penal Humberto Otazú, quien deberá resolver si eleva el presente caso a un juicio oral y público.
  • Perjuicio: La Fiscalía sostiene que, en la primera imputación contra el ex titular del Ministerio de Agricultura y Ganadera, el perjuicio es de G. 3.700 millones.

Judith Andraschko, ex ministra de la SAS

  • Causa: Lesión de confianza por la compra irregular de tierras. De acuerdo a los antecedentes, Andraschko fue condenada el 9 de diciembre del 2013 por el tribunal de sentencia integrado por los jueces Manuel Aguirre, Fabián Escobar y Eva de Witte.
  • Por unanimidad, fue sentenciada a cinco años de cárcel. Según los jueces, los inmuebles adquiridos por la SAS son lugares que podrían compararse a “cloacas a cielo abierto, una inmundicia total que atenta contra la dignidad humana”, por lo que no eran habitables. El 2 de mayo del 2014, la Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, confirmó la pena, que finalmente fue ratificada por la Sala Penal de la Corte.
  • Perjuicio: La justicia pudo constatar que existió un perjuicio al Estado de G. 1.600 millones.
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