Ex presidentes deben responder por el fato Petropar-PDVSA y pagar de su peculio la deuda


La deuda de US$ 287 millones que Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) reclama a su homólogo paraguayo Petropar por la provisión a crédito de petróleo ha traspasado los límites de lo meramente económico para convertirse en un escándalo político en nuestro país. Las autoridades paraguayas de turno involucradas en la operación de referencia reconocen plenamente dicha deuda, así como admiten también que la petrolera estatal paraguaya vendió esa partida de combustible al contado al consumidor paraguayo. Sin embargo, lo que ninguno de los expresidentes responsables de dicha gestión administrativa del Estado –Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Federico Franco– ha aclarado a la opinión pública es qué hicieron con el dinero contante y sonante recaudado con dicha venta, puesto que no pagaron la deuda ahora reclamada por PDVSA. Los ciudadanos y las ciudadanas ya no deben tolerar que quienes les metieron las manos en sus bolsillos se paseen tranquilamente a su alrededor, disfrutando de las fortunas acumuladas mientras el pueblo paraguaya continúa sufriendo penurias. Nota: Los tres ex presidentes deben ir a parar a la cárcel. De lo contrario, todo lo que se lee y se denuncia es hojarasca. Para colmo, exhiben su riqueza mal habida. La revista Forbes denuncia una fortuna de 100 millones de dólares a Lugo. Y Oscar Filadelfia reconoce efectivo de 7.000 mil millones de guaraníes sin contar con estancias, departamentos en Puerto Madero y quinta en Atyra. 

La deuda de US$ 287 millones que Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) reclama a su homólogo paraguayo Petropar por la provisión a crédito de derivados de petróleo ha traspasado los límites de lo meramente económico para convertirse en un escándalo político en nuestro país. Por de pronto, no existen dudas en cuanto a la legitimidad de la deuda reclamada por el Gobierno venezolano. En efecto, las autoridades paraguayas de turno involucradas en la operación de referencia la reconocen plenamente. Admiten también que la petrolera estatal paraguaya vendió esa partida de combustible al contado al público consumidor paraguayo. Sin embargo, lo que ninguno de los expresidentes responsables de dicha gestión administrativa del Estado ha aclarado a la opinión pública es qué hicieron con el dinero contante y sonante recaudado con dicha venta, puesto que no pagaron la deuda ahora reclamada por PDVSA.

Al respecto, en un comunicado emitido en espacio pagado en un diario local, PDVSA manifiesta cuanto sigue: “En primer lugar, tal como el Gobierno de Paraguay y Petropar bien saben, dicha deuda no es pagadera en un plazo de 15 años conforme al acuerdo gubernamental de cooperación energética de 2004 como han alegado falsamente en sus recientes declaraciones y comunicaciones, sino que, conforme al contrato de refinanciamiento y a su addendum suscritos por PDVSA Petróleo y Petropar en 2011, y como consecuencia directa del incumplimiento de lo acordado por Petropar, la totalidad de la deuda de Petropar frente a PDVSA Petróleo ya está vencida y su pago íntegro con intereses aplicables es exigible desde noviembre de 2013”. (Las negritas son nuestras).

Los gobernantes responsables de rendir cuentas de esta colosal estafa perpetrada contra los intereses de la Nación paraguaya con la deuda contraída con PDVSA por Petropar son, por complicidad sucesiva de acción y omisión, Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Federico Franco. Como jefe de Gobierno, el presidente Horacio Cartes tiene la responsabilidad de esclarecer esta grave lesión de confianza perpetrada por sus predecesores citados en perjuicio de las arcas públicas, so pena de incurrir en complicidad manifiesta si se desentiende de ella para no destapar la olla podrida que ahora está en sus manos.

Habiendo prometido solemnemente “cortar la mano” a los ladrones de caudales públicos, esta es una oportunidad histórica para él ganarse un sitial de honor en la galería de los grandes estadistas que ha tenido el Paraguay a través de los tiempos. Para ello, más allá de arbitrar medidas financieras para honrar la deuda contraída por el Estado paraguayo a través de la gestión de Nicanor Duarte Frutos y de Fernando Lugo en cuanto a los acuerdos de Petropar con PDVSA, el presidente Cartes a través de las instituciones pertinentes del Estado debe impulsar una exhaustiva investigación para esclarecer a dónde fue a parar el importe de los combustibles proveídos a crédito por PDVSA. Qué hizo cada Gobierno del importe de cada litro de derivados de petróleo obtenido fiado y vendido al contado al público consumidor paraguayo.

Lo peor que puede hacer el presidente Cartes en este caso es procurar impunidad para los responsables de semejante desfalco contra las arcas del Estado. De hecho, cada uno de los expresidentes de la República directamente responsables del fato ha optado por tirarle el fardo a su sucesor y este, a su vez, a su antecesor. Así, Nicanor Duarte Frutos acusa a Fernando Lugo de ser el responsable de la situación creada al no pagar la deuda contraída con PDVSA. Por su parte, el exobispo arguye que quien contrajo la deuda es su antecesor. Por su parte, Federico Franco también opta por la metáfora de Pilatos, como sus predecesores. Tan seguros se sienten de su impunidad que los dos primeros pugnan por tratar de encontrar algún atajo para volver a ocupar el sillón de los López.

En su descargo, el expresidente Lugo expresó a un medio de prensa que al asumir la presidencia “recibimos una deuda con PDVSA de US$ 269 millones del gobierno de Nicanor Duarte Frutos”. Por otra parte, admitió que “no pagamos la deuda mencionada, pero tampoco la incrementamos”. Llamativamente, voceros del gobierno de Horacio Cartes toman partido a favor de Duarte Frutos, al señalar que el reclamo de pago de la deuda es un “reclamo político de los amigos del Frente Guasu”, al decir del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite.

Sea como fuere, la ciudadanía debe exigir al Gobierno actual que extreme los esfuerzos para esclarecer este escándalo de ribetes internacionales, que compromete la credibilidad del Gobierno de la República.

Los ciudadanos y las ciudadanas ya no deben tolerar que quienes les metieron las manos en sus bolsillos se paseen tranquilamente a su alrededor, disfrutando de las fortunas acumuladas mientras el pueblo paraguayo continúa sufriendo penurias porque no tiene forma de satisfacer sus necesidades básicas.

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2 Responses to Ex presidentes deben responder por el fato Petropar-PDVSA y pagar de su peculio la deuda

  1. Odon Frutos dice:

    Señor Director

    Si los nombrados en “cargos de confianza” en calidad de titulares de entes autarquicos no ordenan una auditorìa financiera y de gestion al inicio de sus funciones presentando, adicionalmente, declaraciòn de bienes., se deduce que mantendràn en sus cargos a los subordinados que en gestiones previas recaudaron para la corona. Estas omisiones permiten que la cleptocracia se perfeccione.

    Petropar, un elefante blanco como tantos otros Entes Autarquicos., no pasa de ser un coto de caza reservado para la siempre alternante “nobleza democràtica”. Superpoblado, ineficiente y criminalmente gravoso para quienes dependen de su servicio.

    El affaire Petropar/Pdvesa (en quiebra tècnica desde 2010) implica no solo sobreprecios en costos de adquisiciòn y transporte sino que, probadamente, la proveedora dispuso de decenas de miles de litros menos de aquellos pactados, de un combustible de pèsima calidad en el que la proporcion de ppm de azufre sobrepasaba largamente lo recomendado por la Organizacion Mundial de la Salud.

    Desde el SuperMercadoTribunales, donde las sentencias se exhiben en gondolas y llevan codigos de barras cuya lectura indican precios, modificables o no segùn los grados de influencia polìtica., no surgiràn acciones de oficio, como no ocurrirà en el parlamentito que soportamos, tendientes a desentrañar lo actuado en perjuicio de la sociedad en su conjunto y mucho menos a castigar a los responsables.

    No se recuperará lo saqueado. Ni lo de este caso ni en cualquier otro en el que bienes publicos hayan sido apropiados por funcionarios. Hablar de una Ley de Extincion de Dominio u otra que haga responsable con bienes propios a ex funcionarios que incurrieran en apropiaciones indebidas como hace mas de 2.000 años en la Republica Romana, no solo serìa hablar en arameo sino que provocarìa un caos total en la administracion pública.

    No se trata ya de que tales o cuales funcionarios incurren en negociaciones incompatibles con la funcion publica. La entente libero-zurdoide que desgobernara el paìs en el periodo precedente incorporò mas de 50.000 topos en la administracion estatal cuyo objetivo no solo fue y es enriquecerse sino el de sabotear cualquier intento del gobierno colorado que sabìan vendrìa, por crear mejores condiciones de vida para una franja importante de la poblacion.

    La situacion es crìtica. La mas importante nucleaciòn política nacional, la ANR, no ha evidenciado intenciones de transparentar su gestion y ocuparse, de acuerdo a una hoja de ruta marcada por la coherencia, de seleccionar candidatos probos para las proximas elecciones municipales. En cifras gruesas se podrìa decir que solo 6 de cada 10 de las 250 intendencias tienen como titular a un correligionario. Estos guarismos contradicen los que emergen de los padrones partidarios.

    Por su lado, el actual Presidente., ùnica figura nítidamente perfilada en el horizonte partidario, por las razones que le competen en forma exclusiva y que de desearlo serìa facilmente electo si se aprobase una Reforma de nuestra Carta Magna, ha manifestado reiteradamente su intención de ejercer el cargo solo hasta el tèrmino del periodo constitucional.

    No hemos aprendido de las derrotas de la ANR en elecciones presidenciales, legislativas y municipales y es probable que esto se agrave en el 2017 si no se nuclea a correligionarios de fuste para copar con el peligro de volver a la llanura en el 2018.

    Los correligionarios de todo el paìs y de toda edad y condicion socio-economica y cultural no cuentan con orientaciones claras sobre como proceder en su accionar político. Esta horfandad es particularmente inquietante para nuestros jòvenes, al presente sin prototipos que emular en el Partido, y quienes se veràn tentados de optar, gravitacionalmente., por cualquier candidato que proyecte una imagen positiva.

    En este mismo medio, anticipé el triunfo del exobispo, el de los legisladores de diverso pelaje, opositores a la ANR diplomados, y la de intendentes variopinto. En tales ocasiones abriguè la esperanza de una equivocacion en los pronòsticos, tal como deseo ahora.

    Atentamente,

  2. Dr. Rogelio A. Careaga dice:

    ¿Para qué están la Contraloría General y la División de Delitos Económicos de la Fiscalía? ¿No realizó la Contraloria la auditoría de Petropar correspondiente a los años en que se contrajo la deuda con PEDEVESA y se importó el peróleo? Si esas auditorías existen, de los estados financieros se podrá ver a donde fue a parar el dinero de la venta.

    Si ese dinero se esfumó, entonces es obvio que corresponde a la fiscalía realizar una investigación. Si hubo delito, los responsables deben ser procesados. Si después de ser sometido a juicio se los declara culpables, el juez o los jueces de sentencia deben exigir la restitución de los montos que no fueron utilizados legalmente. Claro, sin perjuicio de otras penas que el Codigo Penal establece

    Como Petropar depende del Ministerio de Industria y Comercio, la investigacion debe incluir a este ministerio y a quienes estaban a la cabeza del mismo.

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