Juez estudia si admite querella de senador


Elio Ovelar, juez que estudia el trámite a adoptar en la acción de Víctor Bogado contra el director de nuestro diario. / ABC Color. El juez Elio Ovelar estudia la querella promovida por el senador Víctor Bogado contra el director de nuestro diario, Aldo Zuccolillo. Hasta ayer, el magistrado no se había expedido aún sobre la admisión o no de la acción. Nota: Le recordamos al juez que observe quien firma la demanda. No se trata del abogado de Víctor Bogado, el doctor Germán Latorre. Por algo éste no aceptó y le entregó la pelota tatá a otro.

La querella, promovida bajo patrocinio del abogado Fausto Portillo Lugo, es por supuesta difamación, calumnia e injuria y a través de la cual, el parlamentario reclama el pago de G. 500 millones, en concepto de “reparación del daño”.

Bogado presenta como con base de la querella una publicación del diario La Nación del 6 de mayo pasado, en la alega que Zuccolillo lo calificó de “usurero” y “haragán”.

El senador afirma que dista mucho de ser un haragán y resalta que trabajó desde los 13 años.

El querellante recuerda que empezó en Copaco, ente del cual llegó a ser presidente en marzo de 1999 y sostiene que independientemente de cualquier opinión que se tenga sobre su persona, “jamás se podrá decir que soy un haragán”.

“El señor Zuccolillo señaló que entregó una coima de 10 millones de dólares a Conatel en mi “época”. Es decir, en el momento que era presidente de Conatel. El pago a que alude Zuccolillo se refiere a la licitación de la Banda B de celulares, que se efectuó en el año 1997. En esa época yo era presidente de la Afemot, una organización gremial de asociados de Antelco y empleado de la misma empresa, sin ninguna relación con Conatel. No fui presidente de Conatel sino hasta el año 2000 (enero de ese año) y hasta comienzos de 2003, de manera que es absolutamente imposible que las afirmaciones del señor Zuccolillo sean ciertas y son una grosera mentira que tiene por objeto difamarme una vez más”.

Trámite previsto

De constatar que la acción reúne los requisitos formales establecidos para su presentación, el juez deberá remitir el expediente a la Oficina de Mediación Judicial, trámite que puede ser obviado a pedido de las partes.

De no llegar a ningún acuerdo, el juzgado deberá convocar a las partes para una audiencia de conciliación. En caso de que nuevamente las partes no lleguen a un acuerdo, el querellado deberá presentar pruebas que hacen a su defensa, para la elevación de la causa a juicio oral ante el tribunal unipersonal.

Si la acción no cumple las formalidades previstas por la legislación o el hecho querellado no constituye hecho punible o de acción penal privada, esta podrá ser rechazada “in límine”.

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