Deuda impaga con PDVSA se generó bajo gobiernos de Nicanor y Lugo


Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Nicolás Maduro. Foto: Abc y agencias. Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Nicolás Maduro. Foto: Abc y agencias. Nota: Todo comenzó con la invitación de Duarte a Fidel Castro y Hugo Chávez para su juramento presidencial. Incluso recientemente reconoció que tiene en caja 7 mil millones de guaraníes y pago 400 millones de impuestos. Pero según la denuncia de Nelson Argaña posee una fortuna imposible de obtenerla en 5 años con los ingresos de un presidente. Además es sabida su condición de pobretón de solemnidad antes de ingresar a la función pública.

Por Jorge Torres Romero (@jtorresromero)

La deuda de Petróleos Paraguayos (Petropar) con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), tiene su origen en el contrato N° 134787 ejecutado entre 2008 y 2009, correspondientes a 13 facturas impagas que rondan la suma de US$ 265 millones y que con los intereses que pretenden aplicar, suma unos US$ 287 millones. En ese periodo en el cual fueron directores de Petropar Alejandro Takahashi (gobierno de Nicanor Duarte Frutos) y Cibar Granada (gobierno de Fernando Lugo), respectivamente, se produjo el mayor volumen de compras que origina esta deuda impaga.

Según los datos, bajo las administraciones del gobierno de Lugo, durante los últimos meses de 2008, aparte de no honrar sus deudas, Petropar perdía más de 1.000 guaraníes por litro en la venta del gasoil como consecuencia de la crisis económica de esa época que se originaba en la suba astronómica de los precios del crudo sumados a la falta de liquidez para enfrentar las contingencias. Sólo ese año, Petropar registró pérdidas por más de US$ 140 millones.

El monto total facturado por PDVSA durante la vigencia del contrato, incluso hasta 2012, fue de US$ 1.860 millones de los cuales cerca del 40% fueron productos recibidos bajo la administración de Takahashi y el resto bajo las administraciones del gobierno de Lugo y parte de Federico Franco.

Actualmente, Petropar ya no adquiere combustibles de Venezuela. En definitiva, las operaciones realizadas bajo este acuerdo fueron poco beneficiosas en materia de precios, ya que durante el mandato de Takahashi, se modificaron las condiciones comerciales en el aspecto de la preciación de los productos.

Actualmente, la deuda con PDVSA asciende a USD 287 millones que la empresa venezolana emplaza a pagar a la petrolera estatal y amenaza incluso con una demanda. Sin embargo, no tiene en cuenta que el acuerdo marco establece un financiación a 15 años, a una tasa de 2%.

Desde 2013, el gobierno paraguayo ha intentado en varias ocasiones llegar a un acuerdo para el pago de la deuda, incluso emulando acuerdos de la misma petrolera con Uruguay y República Dominicana, que han obtenido quitas de hasta 50%. Según datos, se realizaron 7 viajes de comitivas paraguayas, sin que haya existido una respuesta favorable de las autoridades venezolanas.

ANTECEDENTES

El 18 de noviembre de 2004, los presidentes Nicanor Duarte Frutos de Paraguay y Hugo Chávez de Venezuela, suscribieron en Caracas un Acuerdo de Cooperación Energética, el cual fue ratificado luego por el Congreso Nacional por Ley 2.616 el 17 de junio de 2005 y constituye el documento marco que regula todos los aspectos del relacionamiento.

Por consiguiente, cualquier otro contrato firmado derivado de ese acuerdo por Petropar (Petróleos Paraguayos) y Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) que modifique lo establecido en el acuerdo no es válido y no está autorizado por el convenio suscripto. El acuerdo puede reglamentar la aplicación pero, nunca modificar las condiciones básicas establecidas en la misma. El acuerdo designa a los organismos ejecutores del mismo, en este caso, Petropar y PDVSA,

El documento establece una tasa de financiación única de 2% y no habla de intereses moratorios ni punitorios, por lo tanto, cualquier reclamo por una tasa superior a la citada, no es litigable, por no estar contemplada en el acuerdo y si hubiera una documentación en contrario tampoco sería válida por tener un rango inferior -según la prelación de leyes- a un convenio internacional aprobada por los gobiernos.

En otro punto, el acuerdo establece que las controversias y discrepancias concernientes a la interpretación o aplicación del mismo “se resolverán de manera amistosa por las partes, a través de negociaciones directas y de común acuerdo”. Esta cláusula implica que por expreso acuerdo entre los estados de Paraguay y Venezuela, no existe ninguna instancia diferente a la antes señalada en la que puedan ser dirimidas las controversias surgidas de la aplicación del convenio.

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