Corte había declarado presidente a Lucho


Luis Ángel González Macchi fue presidente de la República por declaración de la Corte Suprema. / ABC Color. Nota: Falso de toda falsedad. Este fue un caso concreto especialísimo debido a una impensada doble acefalía ocurrida en marzo de 1999. Ante el tristemente célebre suceso, el STJE plantea a la SCJ un caso concreto “Si se debe llamar o no a elecciones presidenciales”. Este caso no es en abstracto sino un caso concreto ante un hecho concreto (doble acefalía). En suma es un caso a resolver y no una mera consulta. Por eso la SCJ se pronunció con una resolución declarativa especialísima expresando que la CN no prescribe ni en su  letra ni en su espíritu el llamado a elecciones presidenciales. Es decir, en ningún momento la SCJ lo proclamó presidente a Luis A. González Macchi como se afirma en este artículo. En aquella ocasión el voto fue unánime. Y entre los miembros titulares de la SCJ se hallaban el profesor doctor D. Enrique Sosa y el profesor doctor D. Gerónimo Irala Burgos + de quienes nadie dudó nunca. Luis A. González Macchi juró el cargo de presidente ante el congreso nacional reunido el 28 de marzo a las 10:30 horas P.M. luego de conocerse en la tarde de ese día la renuncia del presidente de la república, ingeniero D. Raúl Cubas Grau y con el vicepresidente, profesor doctor D. Luis María Argaña asesinado el 23 de marzo en la Diagonal Molas aproximadamente a las 8:30 horas.

El entonces titular del Senado, Luis Ángel “Lucho” González Macchi había sido declarado presidente de la República por la Corte, mediante una declaración de certeza constitucional. La consulta al alto tribunal hizo la Justicia Electoral, ante la duda de llamar a elecciones generales para presidente y vicepresidente de la República, por la vacancia que se dio en ambos cargos del Ejecutivo.

Ante la duda de convocar a elecciones los cargos de presidente y vicepresidente o solamente este último, la Justicia Electoral, por recomendación del entonces fiscal electoral Carmelo Caballero, hizo la consulta a la máxima instancia judicial.

Fue en marzo de 1999, tras el magnicidio del entonces vicepresidente Luis María Argaña y la renuncia del titular del Ejecutivo, Raúl Cubas.

La Corte, bajo la presidencia de Wildo Rienzi, estuvo integrada por Elixeno Ayala, Luis Lezcano Claude, Enrique Sosa Elizeche, Carlos Fernández Gadea, Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Raúl Sapena Brugada y Bonifacio Ríos Ávalos.

El preopinante fue Elixeno Ayala, quien alegó que “la intervención de la Corte Suprema se torna necesaria y eficaz para garantizar básicamente la prevalencia de las instituciones, normas y actos administrativos; asegurar el imperio de la Constitución y con ello los derechos y garantías individuales, afianzar la administración de justicia, tutelar la equidad e interpretar el concepto y significación de las disposiciones constitucionales”.

Ayala dijo que la Corte tiene potestad con base en el artículo 18 del Código Procesal Civil inciso “a”. Esto hace referencia a las “Facultades ordenatorias e instructorias”.

El inciso referido dice que: “Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales”.

“La norma constitucional (artículo 234) contempla la falta conjunta y simultánea del Presidente de la República y del vicepresidente, y a fin de impedir la acefalía del Poder Ejecutivo, establece el orden de sucesión aplicable a los supuestos de vacancia temporal o definitiva. La Constitución no prevé la celebración de elecciones de Presidente de la República para el caso de ausencia coexistente y definitiva del Presidente y del Vicepresidente, sino únicamente el orden de sucesión señalado, el cual reviste carácter obligatorio”, señaló la Corte en la declaración de certeza constitucional que hizo a Lucho presidente.

Esta decisión sirvió como jurisprudencia, ya que la Cote dictó luego varias declaraciones de certeza, en las cuales incluso se declaró la inamovilidad de los ministros del alto tribunal.

Ahora que se discute una vez más el tema de la reelección del presidente de la República, prohibida por la Constitución, el abogado Alfredo Estigarribia presentó una consulta a la Corte.

Según fuentes, la misma sería rechazada debido a que el profesional no tiene “legitimación” para promover la declaración de certeza. Podrían hacerlo los expresidentes y el actual Presidente o la Justicia Electoral.

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