SUPUESTA DEUDA DE YACYRETA ES EL RESULTADO DE UN VACIAMIENTO FRAUDULENTO PORQUE NUESTROS REPRESENTANTES SE VENDEN


Hay condominio y copropiedad sobre Yacyretá. La República del Paraguay es propietaria, en ese condominio, del 50% de la represa, de las turbinas, de la energía, pero Argentina se lleva “la parte del límite”, apuntó el Ing. Germán Escauriza. / ABC Color. Para el Ing. Germán Escauriza, la deuda que imputan a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) es el resultado de un “vaciamiento fraudulento” de la institución al violarse la Constitución, el Tratado y las leyes. US$ 18.000 millones es el monto del daño patrimonial y no de la deuda, dijo.

Germán Escauriza integró la ex Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH), asesora de la Cancillería, y la delegación paraguaya que negoció con Brasil en 2009 varios reclamos paraguayos al Brasil sobre Itaipú.

El especialista participó el último sábado del programa “Periodistas Económicos” de ABC Cardinal, que en su segunda parte abordó la coyuntura que atraviesa la entidad binacional.

El numeral IX del Anexo C “Bases Financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Yacyretá”, básicamente, consagra que las disposiciones de este documento “serán revisadas” 40 años después de la entrada en vigor del Tratado”.

Además, que la revisión tendrá en cuenta … “el grado de amortización de las deudas contraídas por Yacyretá para la construcción de la hidroeléctrica y “la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”.

La tarifa de Yacyretá

Escauriza sostiene que la deuda, y con mayor razón los montos que se manejan, incluso en los organismos oficiales, es injustificable, porque en primer lugar “las cuotas de amortización e intereses debieron estar incluidas en las tarifas de la entidad año tras año”.

Añadió que, al no incluir la entidad en su tarifa esos costos, se produjo “un vaciamiento fraudulento de la institución, que no puede hacer ni en la actividad privada ni en la estatal. Se violó el Tratado, la Constitución”.

“Acá se generó un daño patrimonial a la entidad del orden de los US$ 18.000 millones, agregó.

El técnico compatriota nos recuerda que el Anexo C del Tratado de Yacyretá establece un plan de cuentas, aprobado por el Tratado, por consiguiente “con fuerza de ley”: ingresos y egresos.

“Desde el momento en que el plan de cuentas no refleja lo que dice, el Anexo C ya se convierte en un fraude”, advirtió Escauriza.

Agregó en ese sentido que en ninguna parte del mundo puede admitirse que el pasivo de una empresa crezca y que el cuadro de resultados sea cero”.

Inquirido sobre las causas posibles de esta conducta, sin dudar respondió que, “lo hacían así porque si había saldo negativo lo debían incluir en el presupuesto del año siguiente y, por consiguiente, en la tarifa de la entidad”.

Nota Reversal de 1992

En la Entidad Binacional Yacyretá, los gobiernos de nuestro país y Argentina, cancelaron ese plan de cuentas que consagra el Anexo C mediante la Nota Reversal del 9 de enero de 1992, e incluso impuso tarifa política que rige aún hoy, pese al rechazo del Legislativo nacional en 1995, sigue vigente.

Advierte igualmente que este instrumento diplomático, debido a la complacencia paraguaya, no fue anulado, sino que “es anulable”.

Recordó que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, establece que un instrumento que transgreda los derechos y las leyes internas de una de las partes, ese instrumento es “anulable”.

Preguntado acerca del procedimiento, explicó que en primer lugar el procurador General de la República debe impulsar la acción de inconstitucionalidad contra el instrumento diplomático en cuestión y con ese resultado, luego de las comunicaciones pertinentes al Gobierno argentino, recurrir inclusive a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

“Esperamos que tengan cordura el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte. Que no emitan barbaries jurídicas que impiden al Estado paraguayo controlar las cuentas de las binacionales”, dijo.

Se refería a la decisión del 26 de diciembre de 1997 de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de suspender los efectos de la Ley 1161/97, que obligaba a los funcionarios de las binacionales a informar y enviar documentación al Congreso y a la Contraloría a través de la ANDE.

Preguntado sobre la responsabilidad del actual gobierno, Germán Escauriza respondió que el vencimiento del plazo de 40 años en Yacyretá “cae dentro de su periodo, que el cumplimiento de ese mandato del Tratado es responsabilidad del gobierno de turno”.

Agregó que con los “balbuceos”, las “idas y vueltas”, los “cuentos”, incluso “chismes”, “están consintiendo de nuevo la violación del numeral 9 del Anexo C”.

Insistió en que no hay nada que negociar, y que lo que debe hacerse es aplicar, hacer cumplir lo que establece el Tratado.

La Haya en el horizonte

¿…Y si los argentinos no lo permiten, no quieren? se le inquirió y su respuesta inmediata fue otra pregunta: ¿La obligación de pagar la energía con relación a lo que establece el Anexo C? No esperó una confirmación de parte del conductor del programa para contestar que, “en ese caso, lo que nos queda es buscar los mecanismos jurídicos internacionales que nos permitan hacer cumplir el Tratado”.

“¿La Haya?”, se le insistió y replicó “Todavía no llegamos a La Haya, pero está en el horizonte” .

‘Hay corrupción, se venden’

“Hay corrupción, nadie entrega nada gratuitamente, nuestros representantes se venden, algunas veces por monedas y otras por lograr influencia política, para alcanzar algún tipo de privilegios. Uno de los principales factores influyentes es el uso discrecional del inmenso caudal de dinero del que disponen las binacionales, totalmente por fuera de los controles de los Estados. Itaipú factura alrededor de US$ 4.000 millones y Yacyretá US$ 1.000 millones. Somos propietarios del 50% de esa riqueza y no es posible que no podamos controlar qué hacen en las binacionales. Es una barbaridad. No tiene ley ni lógica”, dijo el Ing. Germán Escauriza.

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