ARCO LIBRE: Estado perdió casi todas las demandas que promovió para recuperar tierras


De unas 32 demandas de nulidad de acto jurídico y reivindicación de inmueble promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR), solo 10 obtuvieron el fallo de la Justicia; nueve fueron en contra del Estado. Nota: Hasta abogados con promedio dos fácilmente le ganan al Estado tras edificar SENDOS edificios jurídicos con sus nombres. Ahora el pueblo se entera que los supuestos genios del derecho no pasan de ser MAESTROS CIRUELAS, aunque bien adiestrados con los verdes bajo mesa. Esto sucede pues los burros se percataron que los tales triunfadores del derecho con publicaciones de libros con comillas no son más que pasamanos de verdes a costa del pueblo paraguayo.

Las demandas se iniciaron con el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), siendo procurador general, Nelson Mora.

El único caso en el que la Justicia favoreció al Estado es en el que tiene que ver con la mansión de la familia del ex dictador Alfredo Stroessner.

En agosto pasado, la jueza civil y comercial María Angélica Calvo decretó la nulidad de la transferencia de las calles y plazas que ocupa la mansión, ubicada en el barrio Santísima Trinidad. La demanda de nulidad había sido iniciada en el año 2009 por el entonces procurador Enrique García.

Según el procurador delegado Renzo Cristaldo, la PGR optó por desistir de muchas demandas mientras que otras se perdieron por “caducidad de instancia”, es decir, el expediente no registró ningún movimiento en seis meses por lo que fue a parar al archivo. Esta situación demuestra una suerte de negligencia por parte de quienes se encargaron de llevar adelante estas acciones.

También están las demandas que siguen su curso normal, pero en un número ínfimo.

Las sentencias tienen prácticamente una misma estructura y los mismos fundamentos para rechazar las demandas.

LEGITIMACIÓN. Uno de los fundamentos es la falta de legitimación activa (capacidad procesal de representación, para el ejercicio de las acciones o demandas judiciales) de la Procuraduría para defender los intereses patrimoniales de la República.

“Estamos en una situación complicada, tenemos un equipo trabajando en otras alternativas jurídicas que pueda haber. Está la posibilidad de que el Indert promueva nuevas demandas, ya que a la Procuraduría le negaron el derecho a accionar y se está sentando una jurisprudencia ya en los tribunales”, expresó Renzo Cristaldo días atrás, durante una audiencia pública con campesinos en el Congreso Nacional.

En otros fallos se sostuvo que la adjudicación no es un acto jurídico nulo, sino anulable, que puede ser subsanado y que como tal el reclamo sobre la adjudicación prescribe a los diez años, y también que los demandados son adquirentes de buena fe, lo que les protege.

“Hay que ver cómo destrabar esa posición del Poder Judicial que es constante, porque más allá de que ahora plantee el Indert, el asunto de que ya prescribió es algo que está siendo reiterado en diversos fallos”, expresó Cristaldo.

Las sentencias costaron mucho dinero al Estado, teniendo en cuenta que quien pierde un caso debe pagar las costas y costos del juicio.

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