Apenas 4 ex altos funcionarios pisaron Tacumbú por corruptos


  Judith Andrasko, en la foto, ABC Color. Año a año, la prensa se hace eco de hechos de corrupción que involucran a altos funcionarios del Estado. Solo en los últimos cinco años, se registraron 318 denuncias, según datos de la Secretaría Anticorrupción. La institución sin embargo solo registra hechos que involucran a instituciones del Poder Ejecutivo, no así del Legislativo y el Judicial. Pese a la lluvia de denuncias, en 25 años, apenas se tienen 4 condenados, 3 de ellos por casos de compra o venta ilegal de tierra. La fiscalía tiene más de 325 procesos abiertos. Nota: En un recorrido por  cárceles del país solo se encuentran ladrones de gallinas, homicidio de beodos, robo de  celulares, motos, autos, crímenes pasionales y algunos secuestros. Los casos gordos de altas autoridades pasaron a mejor vida. Esta nota nos dice que en 25 años solo cuatro son los casos que involucran a medianos peces gordos. La gente se pregunta: ¿Para qué sostenemos tanta estructura judicial si la misma no cumple con sus obligaciones de impartir justicia?

Año 2000

Condenado a 9 años y dos meses de prisión, por compra sobrefacturada de tierra para el Indi, en el Chaco.

Valentín Gamarra (expresidente del Indert. Administración de Juan Carlos Wasmosy -1993-1998) fue la primera exautoridad de un ente estatal condenado por corrupción en la era democrática.

Según los antecedentes, en marzo de 1996 el Indi, bajo la administración de Valentín Gamarra pagó al ciudadano alemán Friedrich Heckeler G. 1.250.000.000 por un inmueble ubicado en el distrito de Eugenio A. Garay, Chaco, para asentamiento indígena. Cinco días después de dicha operación, la suma señalada fue utilizada por el extranjero para comprar la misma propiedad por tan solo G. 31.500.000, e iniciar el proceso de transferencia al Indi.

Gamarra fue procesado y encontrado culpable de la comisión de los delitos de defraudación, peculado y estafa en perjuicio del Estado paraguayo. En el 2000, fue condenado a 9 años y dos meses de cárcel, y fue inhabilitado a ejercer cargos públicos por cuatro años, posterior al cumplimiento de su condena.

Año 2010

Fue hallado culpable del delito de lesión de confianza. Fue condenado a 5 años y seis meses de cárcel.

En el 2001, la Contraloría General de la República detectó que la administración del entonces ministro de Justicia y Trabajo Silvio Ferreira (PEN) recaudó G. 9.680.679.297 en concepto de tasas judiciales. De acuerdo a la ley debió destinar para mejorar y ampliar cárceles G. 4.251.944.767, pero solo aplicó más de G. 3.191 millones. Además se detectó sobrefacturación en la compra de materiales de construcción y carne. La fiscalía determinó que hubo lesión de confianza. En el 2004 se ordenó su captura. Estuvo prófugo hasta agosto del 2008 cuando fue detenido en una barrera policial en Itauguá, y con ello se reinició su proceso. Buscó la caducidad de la causa que se le seguía, pero no logró su objetivo. En el 2010 fue condenado a cinco años y seis meses de cárcel.

Año 2013

Condenada a cinco años de prisión por la compra sobrefacturada de tierra para la SAS.

Judith Andraschko (exministra de la Secretaría de Acción Social. Administración de Nicanor Duarte Frutos 2003-2008). Fue acusada de compra sobrefacturada de tierra para asentamiento de familias de escasos recursos, en los distritos de Luque, Limpio e Itacurubí de la Cordillera. Según la fiscalía, el perjuicio en contra de la institución alcanzó los G. 1.653.040.148. Algunas de las propiedades adquiridas eran esterales.

Andraschko fue hallada culpable del delito de lesión de confianza y el 9 de diciembre del 2013 fue condenada a cinco años de prisión por el Tribunal de Sentencia, integrado por Manuel Aguirre, Fabián Escobar y Eva de Witte. Por casi dos años eludió cumplir su condena. El pasado 15 de setiembre fue remitida al Buen Pastor.

Año 2015

Condenado a 6 años de prisión por venta ilegal de tierra indígena. Tiene otro proceso por apropiación.

Rubén Quesnel (expresidente del Indi. Administración de Federico Franco 2012-2013). Fue acusado de vender un inmueble de 25.000 hectáreas, ubicado en Mariscal Estigarribia, Chaco, y perteneciente a comunidades indígenas de los ayoreos. El monto que recibió por la transacción fue de G. 1.250 millones, el mismo monto pagado por el Indi cuando compró en 1996.

Quesnel fue hallado culpable de los delitos de lesión de confianza y abandono, y condenado a seis años de prisión en abril de este 2015. Guarda reclusión en Tacumbú. El exfuncionario tiene otro proceso por apropiación. Se lo acusa de haber retirado de la cuenta del Indi, unos G. 3.000 millones, horas antes de la destitución de Fernando Lugo, en junio del 2012.

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