En un hecho sin precedente, la fiscalía recusó a los ministros Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay. Los acusa de tener interés en los dos procesos abiertos al exministro del Interior Rafael Filizzola, cuyas acciones de inconstitucionalidad tienen que resolver. El Ministerio Público duda de la imparcialidad de los magistrados. Nota: Este fiscal demuestra que el jubileo de la justicia llegó a su final. Nunca antes un fiscal se hubiera atrevido a una recusación semejante. Felicitamos la postura del fiscal, Federico Espinoza (foto). De hoy en más el pueblo paraguayo sabrá juzgar mejor a quienes se presentaban como mansos corderos, y ante cualquier contratiempo, sus incondicionales los salvaban en la SCJ. Por sus acciones, quienes perdieron el respeto de propios y extraños, deberían renunciar a sus cargos.
El fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, alegó en sendos escritos que Blanco, Bajac y Garay tienen interés en las dos causas abiertas a Rafael Filizzola. Los ministros tienen que resolver dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por el exministro del Interior con la intención de anular las acusaciones de la fiscalía.
Espinoza explicó que los tres altos magistrados que conforman la Sala Constitucional están sometidos a juicio político y fueron acusados ante el Senado por la Cámara de Diputados, el 10 de diciembre de 2014, por mal desempeño en funciones. Agregó que uno de los representantes del Partido Democrático Progresista, la senadora Desireé Masi, anunció que su partido no acompañará el juicio.
“Esta situación deviene relevante para las demandas en estudio, puesto que el señor Rafael Filizzola, acusado por la comisión del hecho punible de lesión de confianza, en dos causas, no solamente es cónyuge de la senadora Masi, quien tiene derecho al voto en la Cámara de Senadores, para que el juicio contra los recusados sea aprobado o rechazado, sino que además el señor Filizzola es una figura pública que forma parte del Partido Demócrata Progresista, que cuenta con tres senadores en el Parlamento”, puntualizó Espinoza.
El fiscal adjunto resaltó que el Ministerio Público, ante esta situación, cree que “los principios de imparcialidad de los ministros podrían estar seriamente vulnerados”. Acotó que los magistrados tendrían “interés directo” en las causas, porque tienen pendiente un juicio político ante el Senado.
“Ante esta situación, esta representación pública se encuentra con la obligación de precautelar los intereses de la sociedad a quien representa y a los efectos de asegurar un fallo ajustado a derecho recusa a los ministros Blanco, Garay y Bajac”, refirió el fiscal adjunto.
En el caso de Blanco, agregó otra causal de recusación, que es la investigación penal abierta por la Fiscalía al magistrado, por presunto prevaricato.
Blanco, junto a los camaristas Neri Villalba y Mercedes Buongermini, había liberado el 16 de julio pasado a Carlos Hugo Sosa Palmerola, imputado por el desvío de US$ 14 millones de financiera Ára, mediante resoluciones groseramente contradictorias.
Los casos
Filizzola promovió dos acciones de inconstitucionalidad. Una en el proceso por la compra irregular de helicópteros, cuando era ministro del Interior. La fiscalía lo acusó por un perjuicio de G. 50.000 millones al Estado. El político pretende que se anule la acusación.
En este caso Blanco le dio trámite a la acción, cuando que la ley dice que es inapelable el auto de apertura a juicio oral y público.
Filizzola también accionó en el proceso por sobrefacturación de obras, mediante la reparación de 23 comisarías del área metropolitana. La fiscalía acusó por perjuicio de G. 1.110 millones.
En este caso, el ministro Garay pidió el expediente original y debido a esta situación, la jueza Lici Sánchez no puede realizar la audiencia preliminar, en la que tiene que resolver si Filizzola afronta o no juicio oral y público.
NO REMITEN EXPEDIENTE
– El 31 de julio pasado el fiscal Aldo Cantero pidió a la Sala Constitucional de la Corte, en este caso presidida por el ministro César Garay, que remita al juzgado a cargo de la magistrada Lici Sánchez el expediente de Rafael Filizzola en el caso de las comisarías, para que se pueda llevar a cabo la audiencia preliminar.
– Sin embargo, pese al escrito del agente del Ministerio Público, hasta ayer, según lo que pudimos averiguar, el expediente no fue remitido a la jueza Sánchez y sigue en la Corte.
– Este es otro motivo que lleva al Ministerio Público a recusar al ministro Garay, ya que duda de su imparcialidad.
EL COLORADO 