SODOMA Y GOMORRA:DE 43 DENUNCIAS DE DAÑOS AL ESTADO, EN 33 NO HAY AÚN UN SOLO IMPUTADO


  De 43 casos denunciados por el Poder Ejecutivo ante la Justicia, en 33 de ellos no hay un solo imputado. Algunos casos, para peor, ni siquiera tienen fiscales investigadores, y las denuncias ya datan del año 2013. Los daños patrimoniales ocasionados a las instituciones públicas son multimillonarios, según datos de la Procuraduría. ABC Color Nota: En la foto aparece uno de los inocentes hasta que no se lo declare culpable. Al parecer ya le resulta confuso el distingo entre el bien del mal. Se lo acusa de pagar con su pariente aeronaves que en lugar de buscar el aire,  buscaban el centro de la tierra como en la novela de Julio Verne. Por eso no se entiende la causa por la cual insisten que se guarden en los cajones sus casos. El hombre Honrado no se vale de tales triquiñuelas. Y pensar que esta clase de sujetos dijeron que el Partido Colorado destruyó el Paraguay cuando que fue todo lo contrario. Nosotros extrajimos de las entrañas de la nación a LA TENIA SAGINATA que la iba succionando día a día. Así surgieron 2.500 kilómetros de rutas pavimentadas de las 65, 3Hidroelectricas, Miles de Centros de Salud, hospitales y escuelas. El único edificio con ascensor era el ubicado hasta hoy en Brasil Esquina Herrera. Y nos quedamos cortos al decir de Tito Saguier

Por Nancy Espínola, ABC Color

Rafael Filizzola, en sus tiempos de ministro del Interior, observando uno de los helicópteros para la Policía, que formaron parte de presuntos escandalosos negociados. / ABC Color

Varios procesos por daño patrimonial causados al Estado durante la administración de los expresidentes Fernando Lugo (2008-2012) y Federico Franco (2012-2013), que en montos globales orillan los G. 230.000 millones, están estancados en la justicia.

Se realizaron 43 denuncias (ver gráfico) que involucran en su mayoría a personas que estuvieron al frente de los ministerios, entre otras entidades públicas; sin embargo, hasta ahora apenas en diez casos los fiscales presentaron algunas imputaciones.

Enorme perjuicio. Nota: Ya no se distingue el bien del mal como en Sodoma y Gomorra y guay del que se de vuelta para mirar.

Las instituciones más perjudicadas, según las denuncias, fueron los ministerios de Agricultura y Ganadería, a cargo del hoy senador Enzo Cardozo (PLRA); Obras Públicas y Comunicaciones, en manos de Enrique Salyn Buzarquis (PLRA); del Interior, con los primos Carlos y Rafael Filizzola; y de Justicia y Trabajo, que estuvo a cargo de Humberto Blasco y Lorena Segovia. Nota: Vaya nenes de pechos.

En el MAG, las denuncias versan sobre supuestas compras sobrefacturadas, falta de ejecución de proyectos, insumos no entregados, entre otras irregularidades. En total son siete causas, y en solo una, la que lleva la fiscala Claudia Criscioni, existe imputación.

Mientras, las denuncias contra los exadministradores del Ministerio del Interior suman tres: el primero es el sonado caso de compra sobrefacturada de los helicópteros destinados a la Policía Nacional. A este se suman el de supuestas irregularidades en trabajos de remodelación de comisarías y la compra de electrodomésticos para las sedes policiales.

Las excabezas del Ministerio de Justicia y Trabajo, por su parte, dieron pie a también cinco causas. El daño causado supera los G. 13.000 millones.

Otras cuatro denuncias fueron presentadas contra el exadministrador del MOPC Salyn Buzarquis. Las irregularidades se habrían cometido en los trabajos de asfaltado y empedrado de calles en el país; además de firma de convenio con una consultora italiana, sin tener asegurada la contrapartida local.

El lento avance de las investigaciones causa preocupación en el Ejecutivo.

Acuerdo pendiente

La Procuraduría General de la República tiene pendiente desde hace semanas un convenio interinstitucional con la Fiscalía General del Estado para tratar de agilizar los procesos.

Mediante ese acuerdo también se podrían iniciar demandas civiles para recuperar el dinero robado y embargar bienes del los funcionarios denunciados.

El procurador Roberto Moreno, al ser consultado sobre el tema, explicó que, en la medida que se apure la demanda penal, él puede intervenir como procurador y pedir el embargo de los bienes. “Mientras no haya condena penal yo no puedo, esa es la importancia de ese convenio”, señaló.

El borrador del proyecto ya fue remitido a la Fiscalía y se espera una respuesta. “Con ese convenio vamos a trabajar de otra forma, es decir, habrá demandas civiles contra funcionarios corruptos. Eso es lo que la gente quiere”, admitió días pasados el procurador Roberto Moreno.

Señaló también que la impunidad debe terminar porque esa es la única forma de desalentar la corrupción. “Hay que meterle preso a la gente que roba. Y no solamente eso, recuperar lo hurtado por el funcionario corrupto, ese es el día que va a parar la máquina”.

El procurador ya había lamentado también la lentitud de los procesos judiciales. “Son más de 25 procesos de varios ministerios. Incluso, Petropar veíamos en televisión que el expresidente de Petropar (Sergio Escobar) a quien le habíamos denunciado tiene dos denuncias penales, y ahora se da el lujo de demandarle a Petropar”, concluyó.

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