CONOZCA NOMBRES DE TRAIDORES A LA PATRIA COFORME EDITORIAL DE ABC COLOR


A cuarenta años de la firma de los tratados de Itaipú y Yacyretá con Brasil y Argentina, la bonanza económica generada por las usinas hidroeléctricas compartidas con nuestros dos grandes vecinos no ha llegado aún a los estratos más pobres de la sociedad paraguaya, por lo que pese al lapso transcurrido la pobreza y la desigualdad en nuestro país continúan siendo una de las más altas de la región.

El presidente Horacio Cartes asumió el poder con una ambiciosa hoja de ruta diseñada para realizar reformas económicas para impulsar el crecimiento económico del país y combatir la pobreza. Sin embargo, se ha encontrado con un obstáculo inevitable, cual es, que tales reformas tienen que ser acopladas a previos y más profundos proyectos sociales que tengan como sujetos a los pobres extremos, tanto de las áreas rurales como de las urbanas, que según el Banco Mundial son el 14,7 por ciento de la población. Al mismo tiempo, para asegurarse el éxito político tiene que ganarse la confianza de la opinión pública mediante una administración gubernamental honesta y transparente.

Si los actuales niveles de pobreza no son reducidos sustancialmente y si el Gobierno no hace frente a la exclusión social, no podrá evitar que se oigan voces de protestas en las calles –como ya se insinúa a poco más de medio año de gobierno– de los sindicatos, organizaciones campesinas y parcialidades indígenas –sin descartar la injerencia de políticos interesados en sacar partido de la situación–, y esas voces pueden espantar al asustadizo capital que en estos momentos revolotea con interés de radicarse en el país. Si a esto se suman la inseguridad pública y la pesadilla del EPP, el riesgo país sube de punto y las perspectivas de un boom económico se tornan más complicadas.

Para reducir la pobreza se precisan tasas de crecimiento económico sostenibles, y para crecer el país necesita inversión, lo que requiere estabilidad económica, social y legal. Por buenas que sean sus intenciones, categóricamente el Gobierno no podrá conseguir esa estabilidad con los actuales niveles de desigualdad, pobreza y, sobre todo, corrupción prevalecientes en el país.

En este sentido, vale la pena mirar a la Bolivia de Evo Morales –uno de los países hasta hace poco tiempo más pobres de la región–, que está dando un significativo salto en la reducción de la pobreza mediante la inversión de los recursos provenientes del 80 por ciento de la venta a precio de mercado del gas natural que antes se llevaban Brasil y Argentina a precios viles, y que el año pasado le totalizara un ingreso de nada menos que US$ 6.589 millones. Como el país del Altiplano, hace décadas que el Paraguay podría haber estado en la misma o mejor situación con los recursos económicos provenientes de las usinas hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá, compartidas con Brasil y Argentina, si los Gobiernos de estos países no hubieran montado la feroz maquinaria política neocolonialista para apropiarse indebidamente de los recursos económicos correspondientes a nuestro país según los respectivos tratados, y la hayan hecho funcionar mediante un mecanismo siniestro y eficaz: sobornando a los codiciosos gobernantes paraguayos de turno con miles de millones de dólares desde que arrancaron las construcciones de las mismas hace 40 años.

Desde el fin de la infame guerra genocida de la Triple Alianza, Brasil y Argentina han competido siempre para mantener subyugado al Paraguay, política y económicamente, como prisionero geopolítico que lo consideran, con mayor descaro Argentina, pero con más habilidad y astucia diplomática Brasil. A decir verdad, esta política imperialista de ambos vecinos hacia nuestro país se remonta a los albores de nuestra independencia, con el afán argentino de anexarnos como provincia y la ambición territorial del imperio del Brasil sobre los territorios paraguayos al norte del río Apa. Con la guerra lograron destruir nuestra próspera nación y despojarnos de vastos territorios. Pero la guerra con Brasil y Argentina no terminó con la muerte del mariscal Francisco Solano López en Cerro Corá. Continúa hasta el presente, aunque por otro medio más sibilino, cual es la explotación económica mediante una diplomacia coercitiva centrada en un mix de amenazas y promesas, frecuentemente concretadas en forma de trabas comerciales de todo tipo.

Así, cuando hace medio siglo tanto Brasil como Argentina empezaron a sentir la necesidad de producir más electricidad para sostener su crecimiento económico, ambos países pusieron la mira en el portentoso caudal del río Paraná como la fuente más barata para satisfacer sus demandas domésticas de electricidad. Fue entonces que por primera vez se avinieron a reconocer que, lejos de ser un prisionero geopolítico a su merced, el Paraguay era más bien un “Estado Pivot” clave para sus intereses geoeconómicos de desarrollo. Entonces, con refinada astucia y mala fe, ambos gobiernos acordaron con el dictador Alfredo Stroessner la firma de sendos tratados para la construcción de las usinas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, con el compromiso de compartir igualitariamente sus beneficios y su administración, con lo que quedaría garantizada la soberanía energética de nuestro país en ambos emprendimientos hidroenergéticos.

Sin embargo, lo que sucedió fue que el dictador Stroessner y sus lacayos cayeron seducidos por la piñata de cientos de millones –quizá miles de millones– de dólares que astutamente los gobernantes brasileños y argentinos colocaron al alcance de sus ávidas manos en ambos proyectos, con lo que no tuvieron empacho en concertar tratados leoninos que, tras las apariencias de igualdad jurídica entre las altas partes contratantes, terminaron lesionando gravemente nuestra soberanía en ambos emprendimientos energéticos binacionales, con el resultado de que hemos recibido y estamos recibiendo migajas de los gigantescos beneficios económicos que generan en vez de la justa mitad de los mismos, que nos corresponde de conformidad con los principios proclamados con claridad en los considerandos de los tratados, aviesamente desnaturalizados por la abdicación de facto de soberanía consentida por el general Alfredo Stroessner y sus adláteres, conocidos como los “Barones de Itaipú”, como Enzo Debernardi, Raúl Sapena Pastor, Carlos A. Saldívar, Carlos Facetti, Fidencio Tardivo, entre otros vendepatrias. Los gobernantes que le han sucedido al dictador han mantenido inalterada esta ignominiosa situación hasta nuestros días, y por el mismo motivo.

Otro tanto sucedió en Yacyretá bajo la batuta del Ing. Zoilo Rodas Ortiz, director general paraguayo; Ing. Laureano Sosa, director de Coordinación; Ing. Juan B. Brítez Caballero, director técnico; Ing. Andrés Ribeiro Rosso, director Administrativo, y doctor Magno Ferreira Falcón, director Financiero, y sus compinches, entre quienes descollaba el Ing. Evelio Montebruno, nominalmente asistente del Ing. Laureano Sosa, quienes al poco tiempo de iniciadas las obras ya dieron una patada a la pobreza. Práctica depredadora de caudales públicos mantenida en forma constante bajo diversas modalidades por los mandamases de turno, con la infaltable complicidad de los empresarios paraguayos de la construcción civil, quienes sistemáticamente vinieron inflando sus presupuestos para entregar una buena parte de lo rapiñado en concepto de coima para la corona.

Si el presidente Horacio Cartes, porque no quiere o no puede, no pone fin a esta larga arrebatiña por los sobornos y coimas con que Brasil y Argentina mantienen comprados a los gobernantes y autoridades paraguayos de las usinas binacionales, jamás tendrá el dinero que necesita para reducir la pobreza que agobia a más de un tercio de los paraguayos en la actualidad.

Nota aclaratoria: Los gobiernos de Fernando Lugo y Federico continuaron con la misma práctica como se puede apreciar en el complejo donde habita Franklin Boccia. Y este es uno entre cientos de ejemplos. En realidad tales personajes se deberían llamar CARROÑEROS DE LA PATRIA. Y eso los incluye a los nombrados luego del 15 de agosto a esta parte pues ninguno de ellos alertó a la nación paraguaya del latrocinio. Fuimos pocos los que intentamos por todos los medio lavar esta afrenta a nuestra soberanía nacional. Los que nos sucedieron persisten. Pero se encuentran ante un bloque de malditos.

2 Responses to CONOZCA NOMBRES DE TRAIDORES A LA PATRIA COFORME EDITORIAL DE ABC COLOR

  1. Gladys dice:

    EL TRAIDOR DE LA PATRIA , EL ACTUAL EMBAJADOR EN ARGENTINA OSCAR N. DURTE F. FIRMO LA ENTREGA DE NUESTRA SOBERANÍA ENERGÉTICA A LA ARGENTINA, Y QUE EN SU MOMENTO FUE RECHAZADO POR NUESTRO CONGRESO NACIONAL. Un informe, elaborado por la Auditoría General de la Nación Argentina (AGN), detalla los desembolsos realizados por el Gobierno del vecino país a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y los pagos realizados al Gobierno paraguayo en concepto de compensación por la cesión de energía.

    La AGN –que es un organismo con autonomía funcional, que asiste técnicamente al Congreso de su país– a pedido del director Ejecutivo de la EBY, el Arq. Óscar Thomas, realizó la certificación de los desembolsos efectuados hasta el 31 de octubre de 2012.

    El estudio contempla los anticipos efectuados en concepto de anticipos, según lo establecido en el numeral 2 de la Nota Reversal de 1992 (NR 92), efectivizados con anterioridad al Acta de Acuerdo del 4 de mayo de 2004, firmado por los presidentes Nicanor Duarte Frutos y Néstor Kirchner. Estos anticipos totalizan la suma de US$ 122,3 millones.

    Diferimiento del pago

    Cabe recordar que el citado numeral 2 de la NR 92, estipulaba el diferimiento del pago de la obligación argentina al Paraguay por diez años, por energía cedida y del 80% de las utilidades y resarcimientos, debiéndose abonar solo el 20%, al contado. Este acuerdo diplomático, firmado por el embajador paraguayo de ese entonces en Buenos Aires, Dido Florentín Bogado, fue rechazado por la Cámara de Senadores el 15 de junio de 1995; pese a lo cual, la Argentina lo siguió aplicando.

    Luego de la firma del Acta de Acuerdo de 2004, los desembolsos por la cesión de energía fueron realizados periódicamente y perfeccionadas por medio de actas de acuerdo entre ambos gobiernos. En el informe de la AGN se observa que entre el 2005 y 2011 fueron desembolsados un total de US$ 715 millones a favor del Paraguay, de los cuales, US$ 688,4 millones fueron fondos del Gobierno argentino y US$ 46,5 millones de la EBY. Sumados los montos de los anticipos desde la NR 92 previos al acuerdo de 2004, y los desembolsos desde 2005 hasta 2011, suman US$ 837,3 millones abonados al Paraguay.

    En el informe presentado por Thomas a través de las redes sociales, consignaba un monto total de US$ 1.200 pagados por la energía cedida de derecho paraguayo.

    “PERJUICIO AL PARAGUAY”

    La Contraloría General de la República concluyó en 2007 que el Paraguay fue “el más perjudicado” con lo dispuesto en la NR 92; sobre todo por haber incluido las compensaciones por cesión de energía y por territorio inundado entre los beneficios a ser diferidos “para cooperar con el financiamiento del proyecto”. Agrega que “el único beneficiado es Argentina”, porque fue exonerado de pagar íntegra y mensualmente el valor establecido en el tratado.

    • Graciela dice:

      Gladys:El Dr. Meza Caballero, en su Trabajo de Planificación Estrategica para el MRE, resaltó que urgen institucionalizar el manejo financiero de la EBY

      Al opinar sobre la propuesta que será planteada por el Gobierno paraguayo en las negociaciones con Argentina para la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, , señaló que “la prioridad absoluta de la EBY es institucionalizar su manejo económico-financiero, que comienza por definir una tarifa para comercializar racionalmente el bien que produce”.

      Resalto en su trabajo, que la gestión de la EBY a lo largo de estos 40 años se caracterizó por una baja institucionalidad, que se traduce como discrecionalidad, opacidad, corrupción, desprolijidad e incompetencia.

      “Esto no fue casual o mala suerte, sino calculada, tácita o explícitamente consentida porque resultó funcionalmente conveniente a los dos socios, aunque por diferentes razones: a los argentinos, principalmente para manejar la central a discreción y según requerimiento de su problemático sector electroenergético y a los paraguayos, para que la directiva y los factores de poder tengan manos libres para desarrollar sus propios negocios o agendas político-partidarias”.

      Que, según el Anexo C, para determinar la tarifa se debe definir el monto de la deuda y la forma y plazo de amortización. Añadió que “el peso de la amortización de la deuda representa más del 50% de la tarifa”.

      Indicó que una vez definida la tarifa, la EBY debe establecer contratos de compra-venta con ANDE y EBISA y las facturas deben abonarse mensualmente.

      Insistió en que actualmente, la EBY no tiene una tarifa definida; por consiguiente EBISA reconoce una tarifa según la NR 92 y por su lado, ANDE reconoce otra totalmente diferente.

      “La EBY no tiene contrato de compra-venta de energía con sus clientes como lo establece el Tratado. Por ende, las facturas de la EBY no se pagan ni en tiempo ni en forma; y sin facturación, una empresa es inviable”,

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