Lic. Ramón Casco Carreras (*)
El 27 de marzo próximo, el principal objetivo nacional es revisar las disposiciones del Anexo C del Tratado de Yacyretá, documento que establece las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la usina paraguayo/argentina, así como del mismo Tratado, específicamente los artículos relacionados con este instrumento.
Está claro que no debemos limitarnos a la primera acepción del verbo revisar (ver u observar lo que se hizo en el pasado), sino que debemos transponerla y anclarnos con firmeza en la segunda, la de “someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo”.
La oportunidad que se nos presenta le costó al país 40 años de espera, lapso en el que sufrió el peso de la inequidad e incluso de la expoliación de manos de su socio paritario a la hora de la distribución de los beneficios de esta obra, obviamente sobre la base del documento que podrá revisarse el 27 de marzo, después de cuatro interminables décadas.
Es cierto que el Art. IX del Anexo C también contiene la indispensable condición “del grado de amortización de las deudas contraídas por la entidad binacional …” para que la corrección, enmienda o reparación del documento sea posible; sin embargo, insistimos, el cumplimiento de esta exigencia, de extraordinaria relevancia, es solo el obstáculo que debemos superar para acceder al objetivo primario: la revisión del Anexo C.
La deuda, insistamos, es la llave que nos permitirá ingresar al privilegiado compartimiento de la negociación del Anexo C y tal vez del Anexo A. No obstante, queda meridianamente claro que no debemos conformarnos con la conquista de la llave, porque la deuda es cuestionable, en primer lugar, y porque el Art. IX del Anexo C ofrece a la República del Paraguay, cuarenta años después, la ocasión, tal vez irrepetible, de recuperar la posesión del 50% de la potencia y energía de Yacyretá, para someterla por fin a los planes de desarrollo de su economía.
Recordemos que 40 años después de la entrada en vigor del Tratado de Yacyretá y 20 años de la puesta en servicio de las dos primeras unidades de la usina, Paraguay, pese a su condición de propietario condómino por partes iguales de todo el complejo, aprovecha, en el mejor de los casos, la cuarta parte de todo lo que le pertenece.
La reestructuración de la deuda, aún cuando el escenario fuese el óptimo, no debe basarse en el reconocimiento del pasivo ilegal e ilegítimo que el Gobierno argentino imputa a la entidad binacional, tampoco a renovar obligaciones, como se pretendió en el 2006/7, cuando nuestros socios pidieron a cambio de sus supuestas concesiones que la usina binacional les garantizase alrededor del 40% de su producción durante 42 años y a precio de costo.
El objetivo principal, la meta nacional es la renegociación del Anexo C y, por ende, de los artículos afines del Tratado, porque el Paraguay no debe seguir aceptando “compensaciones” por cesión de energía, calculados con criterios cuasi inmóviles y por ende desactualizados, sino ventas y con precios del mercado regional.
… Porque el criterio de la preferencia del que habla el Art. XV del Tratado, solo debe regir durante el lapso de amortización de la deuda legal y legítima. Si la energía es nuestra, según las reglas vigentes y razonables del comercio internacional, es lógico que optemos por el mejor oferente.
Porque las condiciones que exija la entidad binacional debe supeditarse exclusivamente a criterios técnicos de una central hidroeléctrica y nunca más a las imposiciones del socio hegemónica en la entidad binacional, entre otros.
(*) Analista de Mundo de la Electricidad
Nota: En 1989, luego de la caída de Stroessner, fui electo diputado (1989 – 1993). Lo primero que hice fue investigar Itaipú para luego proseguir con Yacyretá. Lo acompañé como secretario parlamentario al entonces senador Waldino Ramón Lovera, presidente de la primera comisión investigadora. Con su muerte prematura pewrdimos a un gran karai guasu. Por mi lado en la cámara de diputados había propuesto un pedido de informes y concurrido por primera vez dos cogresistas a las oficinas de Itaipú. Persio Dasilva me acompañó+. Nuestra tenacidad no amainaba hasta que el entonces fiscal general del Estado, Escobar Faella emitió un dictamen, ante mi pedido, diciendo que no podíamos investigar las hidroeléctricas aduciendo que se trataba de entidades suigeneris de dos países. Y con ese cuento nos tienen agarrados hasta ahora. El jugado era el Nº 10 a cargo del juez González Riobo.
Por eso celebro que otros prosigan el camino correcto como lo hace Casco Carreras y Mundo de la Electricidad. Mis felicitaciones. El director.
EL COLORADO 
Muy interesante artículo. La mención de Waldino Ramón Lovera esta espectacular. Pero es importante señalar que el verdadero Canciller y negociador de este tema es el ladrón Nicanor, porque Horacio Cartes es un gran inútil protegido en su momento por la dictadura sangrienta de Stroessner. Señor director es lamentable que este semanario le siga defendiendo a este delincuenta de Horacio que ahora se prepara para robar el país con la APP con sus gerentes López Moreira, Osvaldo Salúm y otros. En nombre de Lovera, Enrique Giménez y otros mártires de Stronisto deje la lisonja y la obsecuencia a los debiles, usted es una luchador que no ha claudicados en sus principios republicanos.
Faustino: Este semanario con claudicará nunca. Pero valora hechos concretos. Cartes abona 57 millones de impuestos anuales. Lo dijo cuando Borda era ministro de hacienda y éste calló. Fue el único mandatario que donó sus ingresos, en este caso, al padre Aldo Trento. Tengo un compromiso con todos ustedes, tanto Lovera como mi defendido Enrique Jiménez. Fui apresado y seguido con motocicletas por dicha causa y nunca bajé la guardia. Por el momento no estoy viendo corrupción concreta pero si de los que se fueron los cuales duplicaron el numero de funcionarios del IPS 114%, por dar un ejemplo.
Pero publicamos todo aporte de nuestros comentaristas. Respecto a Nicanor, ya lo señalamos en numerosas notas. Con el mejor de los recuerdos, recibe un fuerte brazo de tu amigo Osvaldo Bergonzi
Osvaldo. Cuando apenas faltan días para el vencimiento del Anexo C del Tratado de Yacyretá, el Gobierno nacional todavía no da a conocer los términos de la negociación con la Argentina y se maneja la información con hermetismo. A principios de este año, el director paraguayo de la entidad binacional, Juan Schmalko, se había comprometido a que para fines de enero se presentarían las conclusiones de las comisiones técnicas conformadas en su momento para analizar los aspectos financieros.
Sin embargo, a la fecha no se conoce cuál será la estrategia de la Cancillería en ese sentido, aunque en su momento el representante ante el Consejo de Administración de la EBY, Diógenes Martínez, adelantó que los puntos del Preacuerdo de 2006 serían utilizados en la negociación.
Al respecto, en mi trabajo que se publico en esta pagina web, resalto que tanto el Preacuerdo de 2006 como la anterior Nota Reversal de 1992 “no pueden servir de base inexcusable de negociación”. Agrego que el Paraguay “no se ha endeudado en Yacyretá” y es el Tesoro argentino el que había asumido los costos del emprendimiento.
He elaborado en este trabajo una estrategia de negociación con la Argentina y señale que lo primero que se debe dejar en claro es que la deuda de la entidad es absolutamente improcedente e ilegal, a la luz del tratado.
Que el gobierno de Cartes debe asumir el compromiso de llevar a la mesa de negociaciones esa posición y no aceptar ninguna obligación. “No quiero ni siquiera poner en duda que va a defender esos principios, porque esta es una posición de gente que incluso está hoy en la Cancillería y que ya estaba en ese momento encabezando esos equipos”,
Respecto a la manera en la cual se está encarando el tema desde el Gobierno, que no da a conocer aún su posición, resalte que podría costarle muy caro a Cartes asumir una postura diferente a la consensuada en su momento. Lo aconsejable en estos casos es reunir a los principales actores políticos y de gestión pública, porque creo que aquí no hay una cuestión de partidos ni de gobiernos.
Es una cuestión paraguaya, que no es solamente la defensa de la soberanía sino de los más elevados intereses del país,
en que desde hace tiempo hay un equipo en el Ministerio de Relaciones Exteriores que está trabajado este tema. “Asumo que si bien el canciller no era el actual, la gente que estaba trabajando sigue y tiene presente estas decisiones que fueron compartidas, incluso con excancilleres del Partido Colorado como Luis Ramírez Boettner y José Antonio Moreno Ruffinelli”.
Atentamente