MERCOSUR: DERECHOS DE PARAGUAY OBLIGACIONES DE LOS CONSOCIOS


Por Cándido Silva

En el MERCOSUR, a Paraguay no solo le asiste la legítima potestad de formular observaciones u objeciones a las disposiciones adoptadas durante su forzosa ausencia del bloque, sino que ostenta calificada autoridad moral para exigir resarcimientos y compensaciones que de alguna manera laven la afrenta que soportara aquel nefasto 29 de junio de 2012, en la ciudad de Mendoza.

Los consocios, principalmente Brasil y Argentina, se hallan en la obligación irrecusable de escuchar y eventualmente aprobar los reparos planteados por nuestro país, máxime si se asentaren en la razón jurídica, definida en el Tratado de Asunción, Protocolos Adicionales y el propio Derecho Internacional Público.

El retorno del MERCOSUR a la legalidad, luego de año y medio de deambular por los senderos de la marginalidad institucional, aún no termina de completarse, pues a la readmisión de Paraguay tras la asunción al cargo del presidente Horacio Cartes, el 15 de agosto pasado, seguida de la aprobación por el Congreso nacional del ingreso de Venezuela como miembro pleno, se suma, ahora, la cancelación de las deudas políticas, económicas y éticas acumuladas en esa etapa lóbrega del grupo sub continental.

El Protocolo de Adhesión de Bolivia en calidad de socio efectivo, sancionado con flagrante irregularidad al no contar con la anuencia del socio fundador arbitrariamente suspendido, ineludiblemente deberá reexaminarse, dado que peca de falta autenticidad al carecer del requisito de la unanimidad contemplado en el Art. 20 de la legislación matriz y el Art. 37 del Protocolo de Ouro Preto, referente al sistema de toma de decisiones.

Similar situación anómala se comprueba en la aceptación de las solicitudes de participación de Guyana y Surinam en carácter de Estados Asociados, diligencia en las que también se omite el indefectible voto paraguayo.

La decisión del Consejo Mercado Común (CMC) de introducir cual condición para adquirir la membrecía de Estado Asociado el suscribir el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el MERCOSUR, popularizado con la denominación de Ushuaia II, es otra fehaciente contravención de las normativas que gobiernan la alianza multinacional sudamericana, debido a que el documento de marras fue rechazado en su momento por el Congreso paraguayo, por tiránico y groseramente lesivo a los principios ecuménicos de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención extranjera en los asuntos internos de las naciones soberanas, consagrados por el mundo libre en el seno de las Naciones Unidas (ONU).

En el campo económico, la prescindencia de Paraguay del Fondo de Garantía del MERCOSUR para micro, pequeñas y medianas empresas, iniciativa dirigida a facilitar a tales compañías al acceso al crédito y la integración a las cadenas productivas regionales, de trascendental importancia para nuestro país en términos de desarrollo, constituye un ítem que precisa de expeditiva revisión, en atención del precepto de igualdad de oportunidad para las Partes y la pauta comunitaria que estipula el trato preferencial al integrante menos favorecido.

El incremento estimable, no testimonial ni simbólico, del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) destinado a Paraguay, limitado y dependiente por esa discapacidad geográfica permanente que representa la mediterraneidad, comporta un débito a saldarse por los demás componentes, todos ellos en goce de las mercedes que proporciona la posesión de costas marítimas.

Respecto a Bolivia, bien vale puntualizar que su primer mandatario, Evo Morales, había aseverado que la vecina república no renunciaría a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para acoplarse al MERCOSUR, postura que riñe con el expreso mandato del Tratado de Asunción que taxativamente sostiene que únicamente podrán solicitar su incorporación aquellos países de la ALADI que no formen parte de esquemas de integración sub regional o de una asociación extra regional. La acotación no supone impugnación a la afiliación de la patria del altiplano, sí una llamada de alerta ante la inminencia de una nueva transgresión del orden jurídico vigente.

Que la próxima cita cumbre del MERCOSUR, a celebrarse en Caracas, presumiblemente a mediados de febrero entrante, sea el escenario propicio para prologar con hechos, y no con vagas e inconsistentes promesas, el reposicionamiento del bloque en la órbita de las alianzas multilaterales consecuentes con los códigos universales que regulan la interacción colectiva a escala planetaria.-

28 DE ENERO DE 2014

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