Solo en el MOPC se perdieron US$ 14 millones por no ejecutar las pólizas


En el MOPC adjudicaban millonarias obras a empresas que luego de cobrar el anticipo financiero se declararon en quiebra. Algunas pólizas ni siquiera estaban reaseguradas y, en una clara connivencia entre contratistas, funcionarios y aseguradoras, dejaron vencer los plazos y será casi imposible recuperar unos US$ 14 millones que se llegaron a adelantar a constructoras por obras que jamás se hicieron.

Roberto Moreno Rodríguez, procurador general

Por Jorge Torres Romero

Los millonarios montos perdidos solo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) podrían ser mucho más. Esto considerando que solo tomamos quince casos puntuales de adjudicaciones que se hicieron durante la era Efraín Alegre y que llamativamente de todas ellas ocho fueron para una misma empresa: Tape Guaraní SA, de Manuel Sarquis Cuquejo, las que una vez cobrado el anticipo financiero se declararon en quiebra y abandonaron las obras.

Este hecho alertó al actual procurador general de la República, Roberto Moreno, quien dijo que remitirá una nota a todos los ministerios a fin de tener un relevamiento de datos de todos los contratos que son incumplidos.

La Procuraduría es la institución que debe plantear la ejecución de las pólizas de los contratos, pero la que debe comunicar el incumplimiento de los contratos es la institución afectada.

Esto no sucede, o en todo caso se comunica una vez que la póliza haya prescripto y en ese caso ya nada se puede hacer.

Castigo a funcionarios

Es aquí donde se observa una abierta connivencia entre contratistas, funcionarios y las empresas aseguradoras, puesto que se dejan vencer los plazos o se plantean “defectos de forma” en la presentación de la ejecución.

El pasado 20 de setiembre el presidente de la República, Horacio Cartes, emitió un decreto por el cual se regula el procedimiento sumarial administrativo para la investigación y aplicación de las sanciones para los funcionarios públicos.

A criterio del procurador será una herramienta importante para detectar y castigar a los funcionarios que están en contubernio con las aseguradoras en detrimento de los intereses del Estado.

Se tiran la pelota

En plena campaña electoral saltó el tema de las obras adjudicadas por el exministro Alegre en el 2011, denunciadas por el exviceministro de Obras, Leoncio Rojas.

Alegre había firmado contratos por valor de G. 297.102.812.415 con quince empresas o consorcios distintos. Llamativamente, todas, una vez cobrado el anticipo financiero, un total de G. 63.531736.519, se declararon en quiebra.

Es aquí cuando se tuvo que haber ejecutado la póliza de anticipo financiero equivalente a la totalidad del monto desembolsado.

En la administración del exministro de Obras Cecilio Pérez Bordón responsabilizaron a Alegre por la desprolijidad y ligereza con que tomaron la decisión de adjudicar sin tener en cuenta si las aseguradoras habían hecho el reaseguro de la póliza de anticipo.

Ni siquiera tenían reaseguro

Tape Guaraní SA, firma que más contratos logró, operó con la aseguradora El Comercio SA, de Manuel Gamarra Elizeche, que, según informe de la Superintendencia de Seguros, tiene la calificación más baja en el mercado y solo había reasegurado el 10% en concepto del anticipo financiero y no sobre el total como establece el pliego de bases y condiciones de las licitaciones públicas.

En su defensa, Alegre tiró el fardo a Pérez Bordón, a quien acusó de no haber ejecutado las pólizas en tiempo y forma.

Ya durante la gestión de Enrique Salyn Buzarquis se intentó mover los casos, pero en su mayoría los plazos para la ejecución de las pólizas ya habían vencido.

Ahora la intención del procurador es trabajar en conjunto con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y las instituciones para tener un sistema coordinado e integrado.

Actualmente, la institución a cargo de Moreno ni siquiera tiene un archivo detallado de los casos pendientes y dijo que casi nada pueden hacer cuando los entes afectados no comunican los casos de incumplimiento de contratos y la necesidad de ejecutar las pólizas, para que la Procuraduría pueda actuar y así recuperar el dinero que el Estado desembolsó.

Consultado sobre la situación de las obras paradas y la ejecución de las pólizas, el actual viceministro de Obras, Walter Causarano, pidió más tiempo para interiorizarse y dijo que los casos estaban siendo manejados por el asesor jurídico del MOPC, Santiago Jure.

El toro por las astas

Mientras la Procuradoría General de la República no cuente con un sistema integrado y coordinado con todas las instituciones públicas para detectar los casos de incumplimientos de contratos, el tema de la ejecución de las pólizas seguirá siendo un negocio redondo para las empresas aseguradoras y el Estado será siempre el gran perjudicado.

En este caso también es importante la intervención de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay (BCP), a cargo de Diego Martínez, que hasta ahora solo realiza eternas intervenciones a algunas empresas aseguradoras sin concluir sus trabajos de auditorías.

3 Responses to Solo en el MOPC se perdieron US$ 14 millones por no ejecutar las pólizas

  1. Buen artículo. Además la ciudadanía está harto informada de las múltiples aberraciones cometidas por el gobierno liberal sin que aún hoy haya denuncias ante la justicia para castigar a los culpables y recuperar lo robado.

  2. osvaldobergonzi dice:

    Este procurarador entre otros altos funcionarios designados por el gobierno de Horacio Cartes COMO EN LOS MINISTERIOS DE JUSTICIA Y LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, ENTRE OTROS FUNCIONARIOS, están haciendo honor a sus cargos. En este caso el pueblo se enteró que las demandas siderales al Estado Paraguayo obedece en muchos casos a la falta de ejecución de polizas de seguros. Los llamados ABOGADOS EXISTOSOS logran que los abogados de los ministerios y entidades del Estado dejen pasar los términos para reclamar los pagos. Esto no se hace gratis. Estos bribones no solo se les debería cazar la matricula sino tambien la nacionalidad por ser TRAIDORES A SU PATRIA. Por otra parte, es bueno señalar que el procurador general es bisniento del Fulgencio R. Moreno, A SU VEZ, nieto de Fulgencio Yegros, es decir, tiene un nombre que defender.

  3. Rogelio A. Careaga dice:

    Estos casos se deben investigar para ver si no se cometió delito. La Contraloria General de la República debe auditar esas adjudicaciones y el fiscal encargado de procesar los delitos económicos debe investigar si hubo mala fe de parte de las empresas constructoras y contubernio con funcionarios del MOPC y las empresas de seguro para estafar al Estado. Las quiebras sugieren que se actuó de mala fe. Según entiendo, la Ley de Administración Financiera del Estado estableció un auditor dependiente del Poder Ejecutivo, que de facto iba a reemplazar al Tribunal de Cuentas. Es muy llamativo que nadie haya detectado estas irregularidades. Si se determina que hubo delito quienes están involucrados deben ser procesados.

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