LA PROPIA SOCIEDAD CIVIL, PUEDE CONSTITUIRSE, EN LA HERRAMIENTA CONTRA LA CORRUPCIÓN.


Por Gerardo Meza Caballero (*)

LA CONATEL: Debe trabajar en coordinación con la COPACO a través de un proyecto de acción, una red cibernética, que englobe a todos los organismos y departamentos que operan con fondos estatales, proveería no solo a los responsables del gerenciamiento del estado sino al ciudadano común, de datos sobre la procedencia y la aplicación de las recaudaciones fiscales y de los gastos, para sustituir al histórico manejo de las cosas públicas a obscuras en cuanto al origen y el tiempo y forma en que son aplicados los fondos públicos.
Transparentar su manejo sería un buen primer paso. Y que la ciudadanía a través de esta tecnología, vea la luz y la transparencia de la administración de la cosa pública.
El nuevo Gobierno para darle un nuevo Rumbo al Paraguay se enfrenta al reto de construir un sistema burocrático casi desde cero, en el que debe incorporar el uso de las tecnologías de la información. Mejorar la calidad del gasto público, tarea impostergable

La ciudadanía está realizando cada vez mayor esfuerzo en el pago de sus tributos, lo cual exige al sector gobernante rendir cuentas de los resultados de su gestión. Mejorar la calidad del gasto público es la tarea pendiente e impostergable de las autoridades de los tres poderes del Estado. Una buena gestión pública se sustenta principalmente en sus recursos humanos y en la claridad de objetivos. Ello implica transformaciones radicales en el manejo de los recursos públicos, dándole las herramientas a la sociedad civil, mejorando el servicio civil, dotándole de los insumos necesarios y garantizando la existencia de políticas y estrategias con metas claramente establecidas.
En ese sentido se debe fortalecer la capacidad de evaluación del sector público.
Esta normativa, debe ir acompañada, con la herramienta que permite fortalecer la capacidad ciudadana de evaluar la gestión pública… La tan anhelada puesta en vigencia de la Ley del Derecho Ciudadano de Acceso a la Información Pública, que reglamentaría el Art 28 de nuestra Carta Magna, cuyo segundo párrafo reza “Las fuentes públicas de información son libres para todos”. Merced a la lógica expectativa que ha despertado en la ciudadanía la promesa del presidente Cartes de iniciar una ofensiva contra la rampante corrupción pública actualmente prevaleciente en la administración del Estado, empieza a germinar una conciencia pública de apoyo a la saludable iniciativa gubernamental.(Pero se necesita estas herramientas). Solamente la presión popular precipitará la agitación cívica que tanto temen las corruptas élites políticas, en particular las empotradas en la función pública. Una vez abierta la caja de Pandora de la inmoralidad sostenida por esta simbiosis de intereses espurios, ni el Congreso, ni el Poder Judicial, y todo lo que administran los fondos públicos ni, menos aún, sus órganos jurisdiccionales de justicia podrán impedir que salten los chanchullos celosamente custodiados por los zorros que cuidan el gallinero.
En estos últimos hechos, la negativa de los congresuales a proveer información completa y detallada de ingresos que el Presupuesto incluye para el Poder Legislativo y lo referente a los egresos, groseramente expresada bajo el burdo manto del derecho a la intimidad y el dislate de que el derecho individual debiera primar por sobre los de la ciudadanía toda, da cuerpo al aforismo de uno de los grandes juristas colorados que en el pasado gobernaron…. “en este país somos todos iguales, pero algunos somos más iguales que otros”. No debe sorprender, pues, que sean precisamente los propios funcionarios empotrados en las cúpulas de las instituciones gubernamentales y sus camarillas quienes lideren la resistencia contra la campaña de transparencia y honestidad en el desempeño de la función pública
De ahí la crucial importancia de la movilización espiritual de la ciudadanía para aumentar la presión sobre las reacias e indolentes instituciones jurisdiccionales de contralor y justicia, que están más para meter la mano en la metafórica lata del Estado que para precautelar sus intereses, perjudicando en última instancia a los contribuyentes que las sostienen. La hasta ahora aletargada conciencia pública paraguaya no ha logrado aún salir de esa suerte de sopor inducido por una fatídica “cultura” de corrupción enquistada en su seno y que le ha hecho perder de vista los valores morales inherentes a su primordial misión de velar por el buen gobierno de la República, a través de la prensa libre y las redes sociales de coordinación que ponen la tecnología al servicio de las legítimas inquietudes y aspiraciones ciudadanas.
Solamente la presión popular precipitará la agitación cívica que tanto temen las corruptas élites políticas, en particular las empotradas en la función pública. Presión que abrirá un mirador de transparencia en el oscuro escenario de la perversa complicidad público-privada que lastra con su peso muerto los mejores afanes de un buen gobierno para reflotar el barco del Estado
El nuevo Gobierno del nuevo Rumbo del Paraguay que queremos, con estas herramientas, ser promotor de un verdadero cambio, hacia una nueva sociedad consciente y comprometida con su destino, para así dedicar todo su esfuerzo a llevar a un Nuevo Rumbo al Paraguay. Sus meta constituye sacar al país de lo pobreza y cambiarlo definitivamente para la felicidad, de todo los paraguayos y paraguayas.
(*)Economista. Autor del Libro 7 PUNTOS A TENER EN CUENTA PARA EL PARAGUAY QUE QUEREMOS

18 Responses to LA PROPIA SOCIEDAD CIVIL, PUEDE CONSTITUIRSE, EN LA HERRAMIENTA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

  1. Francisco Torales Basualdo dice:

    Excelente Dr. Meza C. Coincido plenamente con su comentario. Es la idea que siempre aliento desde mis comentarios en los distintos medios de comunicacion. Solo me permito realizar una sugerencia que daria mas fuerza a su brillante articulo. En reemplazo de la palabra PUEDE CONSTITUIRSE le pondria DEBE CONSTITUIRSE. Porque la idea tiene que ser imperativa antes que optativa.

  2. juan dice:

    Gerardo:
    Esto que planteas ya existe.
    La Unidad Técnica de Modernización del Estado Paraguayo UTMAP se instalo con una coperación de la Unión Europea; hoy en día tiene todo informatizado y con línea IP, en cada Ministerio y en catorce gobernaciones del país. En cada uno de estos lugares tienen un balcón de atención a usuarios, de forma a conocer los trámites en cada uno de estos lugares, y por internet sin necesidad que el usuario se traslade a la institución. Cada Ministerio empezó a digitalizar los trámites en las distintas reparticiones…pero algunos cargaron y otros no.
    Hace poco se convirtió por ley en una Secretaría SENATI*CS, hojala que no se queden a esperar otra cooperación de la Unión Europea para incentivarse los muchachos…

    Por otro lado cada institución del Estado debiera internalizar la ley de Defensa del Consumidor y el Usuario, para la atención y el control del funcionario en cuanto a la calidad de la información que brinda a sus usuarios. También hace poco se convirtió en Secretaría buscando tener una mayor fuerza operativa.

    Solo hace falta hacer trabajar y pensar a unos cuantos amantes de no hacer nada… y a la espera de un proyecto de cooperación internacional…

    Saludos y como siempre excelente artículo.

  3. Mariana dice:

    Dr Meza Caballero: Te agradecemos en nombre de la ciudadanía honrada, por estos trabajos tan profesionales e instructivos, Con estos Articulos y Opiniones, e las paginas Web, y las redes sociales , de esta forma, la opinión pública paraguaya despierta

    La clase política está asistiendo a un hecho singular en nuestra historia: el despertar de la opinión pública, y siendo testigo de los efectos que este fenómeno es capaz de provocar cuando la población adquiere conciencia de su influencia cuando ejerce su derecho a la libertad de expresión. Los políticos ahora ya están enterados de que la gente quiere saber quiénes son los privilegiados en este país, quiénes son sus favorecedores y padrinos, y cuánto le cuesta al contribuyente mantener esta inicua manera de sustraer recursos a las necesidades de la mayoría para obsequiarlos a unos cuantos privilegiados. Así como los políticos, que han de estar anonadados ante el espectáculo del dique de aguas putrefactas que se acaba de romper bajo sus pies, ha de estar estupefacta la ciudadanía al comprobar la fuerza que posee cuando se propone alcanzar una meta justa en defensa del interés general.
    Atentamente

    • Gerardo Meza Caballero dice:

      Mariana: Los políticos de nuestro país, estén o no actualmente en alguna función de gobierno, habrán recibido una gran lección de los últimos acontecimientos relacionados con la publicidad de los nombres de las personas contratadas por ellos en las oficinas públicas. Se habrán dado cuenta del formidable poder de la opinión pública cuando esta despierta, cuando toma conciencia de un problema y se pone en movimiento para buscar una corrección. A traves de estas paginas Web, de los Artículos y Opiniones, y las redes sociales.

      Hasta hace pocos días, actuando como voceros de la gente, a traves de estas paginas web,la redes sociales,, los medios de prensa estuvieron presionando para que las autoridades de las Cámaras legislativas dieran a conocer la nómina de sus funcionarios, información de interés público que se ocultaba tan celosamente como un secreto oficial cuya develación pudiera afectar a la seguridad del Estado.

      Pero se trataba precisamente del caso contrario, pues la exigencia de que se dieran a conocer las nóminas tenía por objetivo averiguar si se estaban vulnerando o no los intereses del Estado y de la sociedad en general en los organismos estatales.

      Se pretendía saber si algunos estaban aprovechando sus cargos y funciones para violar la ley y la ética, favoreciendo a sus parientes, amigos, “cuates”, amantes, correligionarios, clientes, operadores electorales y demás paniaguados y parásitos clásicos de nuestro viciado sistema político, agraciándolos con falsos cargos en la administración pública, cobrando por no trabajar, llevándose a sus casas nada despreciables sumas de dinero reclamadas desesperadamente en centros de salud, instituciones educativas, localidades pobres del interior, asilos, etc. Sin pensar que en muchos casos los “padrinos” bien podrían quedarse con alguna buena parte de los salarios de su clientela.

      Finalmente, la presión de la opinión pública ejercida a través de los medios de comunicación logró que las pesadas tapas de esas nauseabundas ollas fuesen levantadas. Y gracias, asimismo, a un oportuno fallo de la Corte Suprema de Justicia en una acción de inconstitucionalidad que, aunque referida a un caso de menor amplitud pública, sentó un criterio judicial que deberá ser respetado para todo caso futuro que se encuadre en la misma figura jurídica.

      Pues bien, a partir de hoy, dicho criterio jurisprudencial deberá ser aplicado en toda la Administración Pública, incluidos el Poder Legislativo y el mismo Poder Judicial, para revelar cualesquiera bolsones de clientelismo y de nepotismo que puedan existir al amparo de contratos y designaciones de entenados y testaferros en cargos y funciones que deben ser llenados mediante concursos de méritos y aptitudes.

      La clase política del Paraguay está asistiendo a un hecho singular en nuestra historia: el despertar de la opinión pública, y siendo testigo de los efectos que este fenómeno es capaz de provocar cuando la población adquiere conciencia de su influencia cuando ejerce su derecho a la libertad de expresión.

      Los políticos ahora ya están enterados de que la gente quiere saber quiénes son los privilegiados en este país, quiénes son sus favorecedores y padrinos, y cuánto le cuesta al contribuyente mantener esta inicua manera de sustraer recursos a las necesidades de la mayoría para obsequiárselos a unos cuantos privilegiados.

      ¿Qué hubiera sucedido si la presión social y la insistencia de la prensa no hubieran logrado vulnerar la coraza protectora que las autoridades de las Cámaras legislativas erigieron a su alrededor para ocultar sus trapisondas? ¿Cuán ignorantes seguiríamos de la repudiable situación real del latrocinio de fondos públicos si los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, Julio César Velázquez y Juan Bartolomé Ramírez, se hubieran salido con la suya y logrado que nadie metiera la nariz en sus registros?

      Lo cierto es que, apenas removidos los primeros papeles, la podredumbre que salió de entre ellos es suficiente para dar una idea de lo que queda debajo. Por poner un solo caso de cualquiera de los muchos que habría que citar, la diputada liberal Nimia Carísimo –¡que ingresó recién en este periodo legislativo, que comenzó en julio!– ya colocó a sus cuatro hijos en funciones públicas, en las que algunos de ellos no cumplen ninguna tarea, pero que les permiten llenar sus bolsillos con varios millones de guaraníes mensualmente, además de dotarse de privilegios especiales y otros beneficios que son cargados sobre las espaldas de la gente, de esas mismas personas que están formando filas en centros de salud, escuelas y colegios, cajas de pago de jubilaciones y pensiones, aguardando se les abonen sus escuálidos beneficios o se les brinde el mínimo servicio público al que tienen derecho y que les está siendo demorado o retaceado por “falta de recursos presupuestarios”.

      Así como los políticos, que han de estar anonadados ante el espectáculo del dique de aguas putrefactas que se acaba de romper bajo sus pies, ha de estar estupefacta la ciudadanía al comprobar la fuerza que posee cuando se propone alcanzar una meta justa en defensa del interés general. Esto es lo que se conoce como opinión pública, que en buena hora está consolidándose en nuestro país y adquiriendo conciencia de los efectos de su poder, cuando este es puesto al servicio de los más altos intereses sociales.

      Este es un momento para congratularse por el éxito obtenido en la revelación de las nóminas de funcionarios públicos, y al mismo tiempo para comprender la importancia de no dejarse estar, de organizarse mejor, de forma permanente, y de fijarse nuevas metas. La sociedad civil está adquiriendo la fortaleza que requiere para que los políticos gobernantes sientan por ella el respeto que nunca le tuvieron. Es una ventajosa situación que la ciudadanía no debe desperdiciar, pues comenzando con ella podrá edificar ese sistema de vigilancia y censura social que le permitirá hacer realidad aquello tan retóricamente publicitado pero tan sistemáticamente soslayado: la construcción de la “democracia participativa”.

      • Francisco Barrios dice:

        Dr Meza Caballero: Felicitaciones por su Portal: Aproximadamente 18.900.000 resultados (0,37 segundos)
        Resultados de búsqueda
        DR. GERARDO MEZA C. :: El Paraguay que queremos
        http://www.elparaguayquequeremos.com/‎

      • Alberto dice:

        Dr. Meza Caballero. El rol de la Justicia es crucial en el combate a la corrupción
        “Una sociedad corrupta apesta”, dijo el papa Francisco poco antes de efectuar su histórica visita al Paraguay. Ya en nuestro país, el Pontífice aseveró que “la corrupción es la gangrena de un pueblo”. Los paraguayos lo sabemos de sobra, y así ha quedado patente con los recientes escándalos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Contraloría y con parlamentarios acusados de los más variados hechos de venalidad. La única forma de atacar de raíz este flagelo que carcome los cimientos morales de la nación es a través de una acción contundente de la Justicia, que ponga término al extendido reinado de la impunidad en nuestro país. Es hora de que ella se ponga los pantalones largos y actúe con responsabilidad.

        “El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir”, declara el artículo 247 de nuestra Ley Fundamental. Está claro que esta prescripción apunta a la plena vigencia del estado de derecho, sin el cual no existe democracia posible ni República viable. Desde hace ya demasiado tiempo, la corrupción es una de las principales amenazas a la vigencia de la institucionalidad, de allí que el rol de la Justicia sea crucial para revertir el actual estado de cosas.

        El artículo 248, a su vez, consagra la independencia del Poder Judicial. Los políticos, que son en su gran mayoría quienes se benefician de la corrupción, han combatido tenazmente esa autodeterminación, a fin de asegurarse que la ley no recaiga sobre sus actos ni se les exija responsabilidad por los mismos. La injerencia de los políticos es evidente en el ámbito jurisdiccional.

        Desde hace algún tiempo, sin embargo, se han producido algunos cambios en la Corte Suprema, lo cual debería llevarnos a abrigar la esperanza de que sea revertido el extendido imperio de la impunidad y la corrupción en el Paraguay. Pero solo en el transcurso de los próximos meses podremos percibir si los cambios han sido para bien o si continuamos en las mismas
        Atentamente

  4. Bernardino dice:

    Dr Meza Caballero: Felicitaciones por su trabajo excelente e instructivo: Acciones enérgicas contra la impunidad
    Ahora el Poder Ejecutivo cuenta ya con los instrumentos que podrían probar las irregularidades y eventuales daños al patrimonio público. No existe pues razón alguna para que no se impulsen de inmediato y con la máxima energía las acciones necesarias para castigar a quienes se hayan aprovechado de su cargo o posición para enriquecerse a costa del erario y, sobre todo, para recuperar lo que pertenece a todos los paraguayos.
    Atentamente

    • Gerardo Meza Caballero dice:

      Bernanrdino: En su evaluación de los primeros 100 días de su gobierno, en programa emitido en cadena nacional televisiva en la noche del domingo, el presidente Horacio Cartes destacó varios avances en diversos campos y señaló un elemento extremadamente importante. Por primera vez la ciudadanía conoce, de boca nada menos que del primer mandatario, el monto de las irregularidades cometidas en la anterior administración. El presidente Cartes dijo que las auditorías practicadas en las distintas instituciones y entidades del Estado arrojaron como resultado la detección de US$ 600 millones en pagos irregulares. Se trata de una cifra sideral, equivalente casi al doble de lo que el país recibe por la energía cedida en Itaipú anualmente. Las irregularidades incluyen sobrefacturaciones en adquisiciones diversas: alimentos, equipos, mantenimiento, combustible, etcétera. De acuerdo con declaraciones de Bertha Rodríguez, auditora general de la Presidencia de la República, el monto puede ser aún mayor ya que todavía se esperan los resultados de los estudios de las inconsistencias y cotejos documentales en varios entes.
      La información brindada por el presidente Cartes confirma ya en forma categórica aquellas afirmaciones que él mismo había hecho meses antes de asumir el gobierno. El entonces presidente electo había dicho que se estaba “destrozando las arcas públicas” y que la gestión del PLRA dejaba un agujero “más grande que el cañón de El Colorado”. Cartes aseguraba en aquellos días que había pasado de “la preocupación a la desesperación” al ver que no solo se estaba vaciando el Estado sino que se heredaría al nuevo gobierno el pago de los atrasos de miles de empleados y la paralización de las obras públicas.
      Ahora el Poder Ejecutivo cuenta ya con los instrumentos que podrían probar las irregularidades y eventuales daños al patrimonio público. No existe pues razón alguna para que no se impulsen de inmediato y con la máxima energía las acciones necesarias para castigar a quienes se hayan aprovechado de su cargo o posición para enriquecerse a costa del erario y, sobre todo, para recuperar lo que pertenece a todos los paraguayos. Como bien lo dijo el propio mandatario en su mensaje, la impunidad es el origen de la corrupción.
      La corrupción y el clientelismo constituyen el círculo vicioso del que nuestra golpeada nación no consigue salir. Porque es necesario ser claros, las defraudaciones que pudieran haberse hallado en las auditorías no son casos aislados, hechos puntuales. Son más bien la tónica que caracteriza desde hace décadas a todo el espectro político nacional, salvo contadas y valiosas excepciones. No hay partido o movimiento que pueda jactarse de no tener manchas en su historial. En el balance, alguno saldrá mejor parado que otro, pero nadie termina indemne. Es un cáncer que carcome al sector público y a la sociedad a un punto tal que llega a incidir en nuestra cultura y en los valores que consideramos positivos. Este trastrocamiento ético aflora con claridad cuando se ve a caciques partidarios exigiendo cargos públicos para sus recomendados, como si ganar las elecciones los convirtiera en propietarios de los recursos del Estado, o cuando la ciudadanía asiste impotente a la ostentación impúdica de riqueza y lujo por parte de funcionarios públicos que jamás podrían solventar ese tren de vida con su salario.
      El combate frontal a la corrupción es pues una tarea impostergable y de importancia vital para nuestro país. El gobierno del presidente Cartes puede marcar una diferencia histórica con sus antecesores si impulsa con firmeza la investigación de los casos denunciados.

    • Gerardo dice:

      Alberto y Bernardino. Entre tantas asignaturas pendientes, el rol de la Justicia es crucial en el combate a la corrupción y a la transparencia empieza a tornarse una de las más imprescindibles en este PARAGUAY QUE QUEREMOS que, en teoría, reclama más luces y menos sombras, más honestidad y menos impunidad.

      Lo acaba de poner otra vez sobre el tapete la imputación judicial Al ex Rector de la Universidad Nacional y a otros que la semana pasada fue el foco de atención por la gravedad de la denuncia y por el terror que causó entre muchos estudiantes y profesores Universitarios que sienten que hay cada vez menos margen para la protección de siempre.

      Lo que quedó en la mira desde la imputación a Froilan Peralta es el seguro de sepelio, una práctica extendida en muchos gremios con un fin solidario y que ha sido clave para la “caja” de la hermandad .

      Transparentar las prácticas de la Administracion Publica es imprescindible luego de la polémica incursión de la Universidad Nacional-Profesores(entre comillas), de los actos de corrupcion y prebendarismo en las Universidades Nacionales.
      Atentmente

  5. Blanca Lila dice:

    Dr Meza Caballero: Estar alertas para que no se burle la victoria ciudadana
    La ciudadanía es la principal responsable del gran triunfo que significó para la consolidación de nuestra democracia el desafuero del senador Víctor Bogado. No fue sino luego de ejercer valientemente su derecho a expresarse y manifestarse que la Cámara Alta revisó la ignominiosa determinación de blindar a su colega, adoptada apenas dos semanas atrás. Pero nadie debe llamarse a engaño; la victoria solo representa una batalla en la larga lucha que todavía debemos librar contra la impunidad. Ahora es preciso acompañar, vigilantes, el proceso que se desarrollará en el ámbito de la Justicia para dilucidar el caso que involucra al legislador.
    Atentamente

    • Gerardo Meza Caballero dice:

      Blanca Lila. Desencantada, extenuada, harta de la sistemática agresión y burla a la que es sometida casi de manera sistemática por una gran mayoría de la clase política que dice representarla, la población se volcó masiva y pacíficamente a las calles para expresar, de las más diversas maneras, su repudio ante lo que significó una afrenta intolerable: el rechazo al desafuero del senador Víctor Bogado.

      El blindaje brindado por la Cámara Alta al legislador, imputado por la Fiscalía en un caso que investiga el cobro indebido de salarios y estafa, fue la gota que colmó el vaso de la ya muy maltrecha confianza ciudadana. Lo del legislador supuso la expresión más grosera de una conducta atávica de nuestros dirigentes, tradicionalmente acostumbrados a actuar en un marco de desenfadado prebendarismo, clientelismo, tráfico de influencias, nepotismo y desenfrenada dilapidación de los recursos públicos.

      Enfurecida, la gente ganó las calles, y un gran número de comercios, restoranes y locales de esparcimiento decidieron cerrar sus puertas a los parlamentarios que facilitaron, con un voto irresponsable, que uno de los suyos eludiera la investigación del Ministerio Público.

      Finalmente, esa masiva movilización logró que los políticos reconsideraran su actitud y, en un acto de justicia que debe ser plenamente ponderado, revocaron la resolución anterior y procedieron a desaforar al senador Bogado, dando pie incluso a que otros legisladores sean sometidos a idéntica situación.

      La racionalidad se impuso. La gente sale victoriosa. La democracia se consolida, la institucionalidad se recupera. Es, en suma, la República quien gana.

      Sin embargo, la guerra contra la impunidad continúa inalterable. En un país que ostenta una Justicia altamente dependiente del poder político, es preciso que la ciudadanía ejerza, de manera vigilante, su rol de contralor democrático, a fin de que las instituciones se dediquen a cumplir los mandatos imperativos de la Constitución.

      Es menester que la Fiscalía pueda desarrollar a cabalidad la investigación que ha iniciado para llevar ante los estrados judiciales a quienes sean responsables del uso inapropiado de los recursos públicos. Y una vez allí, sometidos al ámbito del poder jurisdiccional, que encuentren jueces lo suficientemente honestos y valientes, que, sin interferencias políticas de ningún tipo, dicten sentencia ejemplar; emitan un fallo que restaure un orden completamente avasallado.

      Es preciso que la ciudadanía no baje la guardia. No es este el momento de dormirse en los laureles .Estan los Filizolos, entre otros, La plena vigencia de la institucionalidad democrática exige estar alertas para ganar, de una vez para siempre y de forma definitiva, la guerra contra la brutal corrupción que carcome, desde sus cimientos, el tejido moral de la nación.Lo que esperamos del gobierno del Nuevo Rumbo, que tengan una herramienta en Internet, para publicar todos los ingresos y gastos de las entidades públicas privadas y descentralizadas, para que la ciudadanía actué como contralores, de tal forma ir cerrándole el camino de los corruptos, que utilizar el dinero del pueblo como piñatas.

  6. Fernando dice:

    Dr Meza Caballero: Senatics lanzó el Portal Único de Gobierno
    El “Portal Paraguay” ya está disponible para la ciudadanía
    La web de información y trámites digitales en instituciones públicas funciona en: http://www.paraguay.gov.py.

    En el marco del lanzamiento de la Agenda Digital “Conecta Paraguay”, la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics) presentó ayer el Portal Paraguay, Portal Único de Gobierno que ya se encuentra activo en la plataforma web: http://www.paraguay.gov.py. El ministro David Ocampos realizó previamente una explicación general sobre los objetivos a los que apunta a agenda digital del gobierno, los cuales serán desarrollados en los próximos años en áreas como accesibilidad, equidad e inclusión en internet; seguridad digital, tics en la educación, comercio electrónico, entre los principales.
    El Portal Único de Gobierno presentado ayer consiste en una plataforma que permitirá al ciudadano acceder de manera virtual a toda la información, servicios y planes ofrecidos desde instituciones del Estado. “Esto permitirá el control ciudadano de las actividades del Estado. Y sabemos que el mejor herramienta para la lucha contra la corrupción es la participación de la ciudadanía”, señaló Ocampos.

    Transparentar
    La necesidad particular de crear esta herramienta, es ordenar la información que está dispersa en distintas páginas web del Estado, según explicaron los técnicos de la Setics durante la presentación. Por otro lado, se busca proyectar un buscador de información en todo lo relacionado a los servicios del Estado, de manera a transparentar la gestión y disponibilizar informes transversales que colaboren con esa transparencia.
    Según la institución, el portal está pensado para el ciudadano, con un contenido simple de entender, claro y preciso, que permitirá que todas las personas –independientemente de su tipo de vinculación o contacto de experiencia con las TICS– puedan encontrar lo que buscan.
    En esta primera versión, se podrá encontrar información tanto de servicios, trámites y datos que ofrecen las instituciones, con tan solo ingresar una palabra clave en el buscador.
    La primera versión estará disponible desde la semana que viene e incluye información y servicios de 11 ministerios y 17 secretarías y progresivamente se van a ir sumando entes autárquicos, entre otros.

    • Gerardo Meza Caballero dice:

      Fernando: LA CONATEL: Debe trabajar en coordinación con la COPACO a través de un proyecto de acción, una red cibernética, que englobe a todos los organismos y departamentos que operan con fondos estatales, proveería no solo a los responsables del gerenciamiento del estado sino al ciudadano común, de datos sobre la procedencia y la aplicación de las recaudaciones fiscales y de los gastos, para sustituir al histórico manejo de las cosas públicas a obscuras en cuanto al origen y el tiempo y forma en que son aplicados los fondos públicos.
      Transparentar su manejo sería un buen primer paso. Y que la ciudadanía a través de esta tecnología, vea la luz y la transparencia de la administración de la cosa pública.
      El nuevo Gobierno para darle un nuevo Rumbo al Paraguay se enfrenta al reto de construir un sistema burocrático casi desde cero, en el que debe incorporar el uso de las tecnologías de la información. Mejorar la calidad del gasto público, tarea impostergable Hay intendentes que pr lo visto por naturaleza son corruptos.( necesitan que la ciudadanía los controles)

      Con muy buen criterio, la Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer una resolución que dispone solicitar informes al Ministerio de Hacienda, a las Gobernaciones y a las Municipalidades sobre el uso dado al dinero del Fonacide. Es oportuno este pedido porque la serie de notas que venimos publicando sobre la administración por parte de los gobernadores e intendentes demuestra que los cuantiosos recursos que deberían haber sido aplicados a la construcción y mantenimiento de escuelas no fueron utilizados ni mucho menos para los fines asignados. El Ministerio de Hacienda y la prensa tienen el derecho y el deber de dar a conocer a la ciudadanía lo que se hace o no se hace con el dinero público. Quienes dirigen una intendencia municipal deben saber administrar, y para eso deben capacitarse antes de aspirar al cargo. Los intendentes no deben necesitar “niñeras” que les marquen el paso a dar.

      Con muy buen criterio, la Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer una resolución que dispone solicitar informes al Ministerio de Hacienda, a las Gobernaciones y a las Municipalidades sobre el uso dado al dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Es oportuno este pedido porque la serie de notas que venimos publicando sobre la administración por parte de los gobernadores e intendentes demuestra que los cuantiosos recursos que deberían haber sido aplicados a la construcción y mantenimiento de escuelas no fueron utilizados ni mucho menos para los fines asignados.

      Mientras tanto, en el sitio web de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) se lee que el “Ministerio de Hacienda busca dejar mal paradas a las municipalidades” al informar solo sobre los recursos del Fonacide que ellas recibieron en 2013, omitiendo montos mayores que tuvieron otros destinos. Luego se agrega que “gran parte de la prensa se ocupa de la utilización de esos recursos”, como si también ella participara en esa campaña de descrédito. Por lo visto, a los munícipes les molesta que se les recuerde cuánto dinero recibieron y que incumplieron su obligación legal de destinar el 50% del mismo a proyectos de infraestructura en educación.

      Como puede notarse, la defensa esgrimida es de lo más infantil, pues equivale a decir que otras entidades públicas también administran muy mal los recursos transferidos por el Ministerio, lo que exculparía a los jefes comunales que no realizaron las obras previstas o las realizaron de la peor manera. Ellos son los principalísimos responsables de que las clases vayan a reiniciarse en unas escuelas y colegios públicos que en su gran mayoría se hallan en lamentables condiciones.

      El Ministerio de Hacienda y la prensa tienen el derecho y el deber de dar a conocer a la ciudadanía lo que se hace o no se hace con el dinero público. Ellos no tienen la culpa de que los alumnos deban empezar el año lectivo en locales ruinosos y mal equipados porque los 287.185.220.243 guaraníes del Fonacide fueron mal aplicados o ni siquiera invertidos. Los culpables son los intendentes municipales, por corruptos o incapaces o por ambas cosas a la vez.

      La Constitución obliga a presumir la inocencia, pero no la idoneidad de los jefes comunales. Si el descomunal fracaso administrativo en perjuicio de los alumnos de todo el país no es atribuible a la corrupción, entonces resta como explicación verosímil la simple ineptitud. Quienes dirigen una intendencia municipal deben saber administrar, y para eso deben capacitarse antes de aspirar al cargo, estudiando las normativas más importantes que regirán su gestión, como la Ley Orgánica Municipal y la de Contrataciones Públicas. No es cuestión de ir aprendiendo después, a costa de la comunidad, ni de requerir el auxilio de otras autoridades. Los intendentes municipales no deben necesitar “niñeras” que les marquen el paso a dar. La ministra de Educación les dijo muy bien que no podía llevarles de la mano y les sugirió que leyeran la Ley del Fonacide, a la que habría que agregar la Resolución Nº 7050/12 del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que exige la previa intervención de su Dirección de Infraestructura en la ejecución de los proyectos, y la Resolución Nº 842/13 de la Contraloría General de la República, que reglamenta la rendición de cuentas que deben presentarle las entidades citadas en la Ley del Fonacide. Ahora resulta que los jefes comunales se están volviendo conscientes de sus limitaciones intelectuales y de la “gigantesca burocracia” que impediría el uso del dinero recibido. Hubiera sido preferible que hubiesen sido conscientes de su impericia antes de aspirar al cargo y que luego, al debatirse la Ley del Fonacide, hubiesen formulado las objeciones que hoy hacen.

      Debido a la inutilidad o a la corrupción de los administradores se ha perdido más de un año sin que se hayan mejorado las edificaciones ni los equipamientos de la mayoría de las escuelas y colegios. Contra esta anormalidad también es necesario que la ciudadanía de los pueblos y ciudades del país afectados por la incompetencia o el desvío de fondos previstos para la infraestructura educativa de sus hijos e hijas exija la correcta ejecución de los proyectos y que “arme lío” si los responsables siguen privando a sus hijos de las instalaciones y el mobiliario requeridos para una buena enseñanza. Entre esos responsables se incluye en primer lugar a los concejales. Son ellos quienes deben autorizar los llamados a licitación pública y los concursos de ofertas, así como aprobar los pliegos de bases y condiciones y la adjudicación de los contratos, aparte de que pueden pedir a la intendencia municipal informes sobre toda cuestión relativa al funcionamiento municipal. En la enorme mayoría de los casos, los proyectos no fueron ejecutados, sin que la Junta Municipal se interesara en el asunto, por lo que sus miembros también fueron y son cómplices en la inoperancia culposa, traicionando así a la ciudadanía.

      Los pobladores ni siquiera estuvieron enterados de las transferencias de fondos, por lo cual no se movilizaron en defensa de la educación, como deberían hacerlo por muy buenos motivos. En Santa Rosa del Aguaray, por ejemplo, un movimiento ciudadano preguntó: “¿Dónde está la plata?” La misma pregunta deberían hacerla a sus intendentes los habitantes de los 244 municipios restantes, al tiempo de reclamar con fuerza que se construyan las obras y se amueblen los centros educativos. Sin perjuicio de que contribuyan con su trabajo voluntario a que las instalaciones estén en mejores condiciones, los padres y las madres deben reclamar con firmeza y perseverancia a las autoridades comunales que el dinero destinado a la infraestructura en educación sea utilizado, y de la mejor manera. Se supone que el control que pueden ejercer sobre ellas los pobladores es mucho más efectivo que el que pueden ejercer sobre las autoridades nacionales. No puede escapar a sus ojos que las aulas siguen derruidas, que no hay pupitres o que faltan instalaciones sanitarias, porque los fondos siguen en algún banco o porque el dinero del Fonacide fue desviado.

      La opinión pública debe estar informada de la transferencia de esos recursos, ponerse en campaña para demandar su correcta aplicación y, en los próximos comicios municipales, castigar la eventual ineficiencia y la corrupción de los actuales intendentes y concejales y ser cuidadosa en la elección de sus reemplazantes.

      Es de esperar que los gobernadores y los intendentes contesten como corresponde a esta solicitud de la Comisión Permanente del Congreso, y que los diputados y senadores impulsen la aplicación de las sanciones pertinentes a quienes no respondan, o lo hagan incorrecta o insuficientemente, a esta justa inquietud de la ciudadanía.

    • Gerardo dice:

      Fernando: Continuando nuestro dialogo.LOS CIUDADANOS, LAS ESCUELAS, COLEGIOS, UNIVERSIDADES. ESPECIALMENTE LOS ESTDIANTES DEBEN TENER COMO TRABAJO PRÁCTICO, LOS CONTROLES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LOS FONDOS PUBLICOS. Con la digitalización de los fondos públicos, se debe poner en marcha, un programa de gobierno, involucrando al Ministerio de Educación, las Universidades, conjuntamente con la ciudadanía, en cada Departamento y Ciudades, que ellos saben las necesidades reales de cada ciudad y departamento, y lo debería denominar a este programa “Presupuesto participativo y contraloría ciudadana”. Esta decisión va a permitir a involucrar a los estudiantes, ciudadanos en la elaboración y posterior control de los gastos comunales y departamentales, por ende, en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. La idea es replicar este programa de presupuesto participativo, que se está aplicando en varias partes del mundo, con algunas modificaciones, pero siempre con el mismo objetivo: lograr el bienestar de la gente, involucrando a todos los sectores.
      La aplicación del presupuesto participativo permite la intervención directa de la ciudadanía en la elaboración del presupuesto, con el objetivo de contemplar en el gasto municipal y departamental las principales necesidades, de cada uno de sus ciudades en materia de actividades e inversión pública.
      Como cada ciudad y departamentos tiene necesidades diferentes, este esquema permite atender los problemas en particular y no soluciones generales como brindan muchos municipios y gobernaciones actualmente.(LA CIUDADANIA NO SABEN DONDE VAN A PARAR SU DINERO QUE SON IMPUESTO PAGADO POR EL PUBLO).
      Así, por ejemplo, un sistema de presupuesto participativo permitiría a la ciudad de Encarnación recibir mayor asistencia en materia cultural y turística, para potenciar las bondades de esta zona y atraer así a más visitantes, tanto paraguayos como extranjeros. En el Departamento de San Pedro, en tanto, se podría enfocar en las necesidades de ejecutar inversión pública relacionada con el mejoramiento de calles , puentes, educación, entre otros; en tanto que en Asunción permitiría un mejor cuidado de calles, parques , plazas, avenidas, entre otros.
      Y en ciudades como San Lorenzo o Capiatá, permitiría a los pobladores que habitan en el centro de la ciudad lograr la colocación de basureros para que quienes están de paso tengan un lugar donde depositar sus desechos o promovería el tránsito libre por las veredas; en tanto que en los barrios permitiría mejorar los lugares de esparcimiento y las calles.
      Para lograr esto es necesario que las autoridades departamentales y comunales se trasladen a los barrios un día determinado del mes, con sus principales colaboradores, y realicen audiencias públicas donde los pobladores expongan sus inquietudes y propongan soluciones que puedan ser aplicadas de inmediato.
      Involucrar a la estudiantes y ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, y de los usos de los fondos públicos (que son impuestos pagado por el pueblo) que afecte a su departamento o ciudad, permitirá lograr EL PARAGUAY QUE QUEREMOS. Para ello, es necesario transparentar el uso de fondos, con lo cual cada poblador sabría cuánto dinero se asignó a mejorar una ciudad en un periodo determinado y sabría si fue bien invertido lo que tributó.
      ESTE ES EL PARAGUAY QUE QUEREMOS Y NO LO QUE TENEMOS.
      Atentamente

  7. Gladys dice:

    Dr. Meza Caballero. Felicitaciones por estos magníficos trabajos que nos ofrece por esta pagina web, que es fue un aporte fundamental para el nuevo rumbo y para la ciudadanía todas.Un gran paso adelante contra la ineficiencia y la corrupción

    En un acto especial, el presidente Cartes promulgó ayer la ley “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Esta norma legal es el resultado de largos años de batallar contra el secretismo y la seudoconfidencialidad con que jefes y funcionarios de todos los estamentos estatales cubrían sus actos administrativos, y tras de lo cual buscaban eludir las posibles consecuencias de sus ilícitos, de sus negligencias o de sus torpezas. Pues bien, acaba de darse el primer paso para que esos males vayan siendo erradicados. Se trata de un gran paso adelante que da el Gobierno en la dirección correcta. Sin embargo, a este formidable impulso gubernamental debe seguir ahora lo que corresponde hacer a la ciudadanía, pues no se va a adelantar hacia las metas ambicionadas sin la iniciativa y acción de los líderes cívicos y de la población en general. Si estos ya tienen en sus manos las herramientas apropiadas para ejercer la contraloría pública por la que estaban clamando y no actúan, ninguna excusa tendrán luego para quejarse.

    En un acto especial, con la presencia de sus ministros y los presidentes de los otros Poderes del Estado, el presidente Horacio Cartes promulgó ayer la Ley Nº 5282/14, que lleva la designación “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. La ocasión ciertamente merecía el destaque que se le dio.
    Atentamente

    • Gerardo Meza Caballero dice:

      Gladys. Gracias por tu atención Esta norma legal es el resultado de largos años de batallar contra el secretismo y la seudoconfidencialidad con que jefes y funcionarios de todos los estamentos estatales cubrían sus actos administrativos, los correctos y los incorrectos, y tras de lo cual buscaban eludir las posibles consecuencias de sus ilícitos, de su negligencia o de sus torpezas. Pues bien, acaba de darse el primer paso para que esos males vayan siendo erradicados.
      La ciudadanía está realizando cada vez mayor esfuerzo en el pago de sus tributos, lo cual exige al sector gobernante rendir cuentas de los resultados de su gestión. Mejorar la calidad del gasto público es la tarea pendiente e impostergable de las autoridades de los tres poderes del Estado.
      Una buena gestión pública se sustenta principalmente en sus recursos humanos y en la claridad de objetivos. Ello implica transformaciones radicales en el manejo de los recursos públicos, dándole las herramientas a la sociedad civil, mejorando el servicio civil, dotándole de los insumos necesarios y garantizando la existencia de políticas y estrategias con metas claramente establecidas.
      En ese sentido se debe fortalecer la capacidad de evaluación del sector público.

      Una parte significativa de la civilidad movilizada, así como los medios de prensa, a través de estas paginas web. las redes sociales, entre otros , con mucho empeño venían ejerciendo presión para que los legisladores accedieran a levantar ese manto cómplice de impunidad que impedía a la mirada ciudadana y a la justicia tener acceso a los claustros herméticos en que cada oficina gubernamental fue convertida por sus ocupantes.
      Cuando, finalmente, los legisladores cedieron ante las demandas multitudinarias, empezando a considerar los proyectos que se les había allegado, combinándolos, naturalmente, con sus propios criterios, comenzaron a darse los pasos acertados hacia la meta, sucediendo finalmente este acontecimiento histórico singular, este momento que puede señalarse como aquel en el cual se asientan las bases para iniciar el proceso de demolición de los privilegios que, durante décadas, pusieron a los corruptos y arbitrarios al margen del escrutinio público y de la justicia.

      “Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público”, manifestó acertadamente el presidente Cartes en el discurso alusivo, agregando, más adelante: “Con la transparencia cuidamos y manejamos los bienes del Estado como corresponde y por eso hemos logrado ahorros sin precedentes; lo que nos permitirá crear más oportunidades”.

      Este es, en efecto, un gran paso adelante que da el Gobierno en la dirección correcta, conducente a las finalidades de transparencia, contraloría y certidumbre, que son los valores con los que cada funcionario, desde el más encumbrado hasta el más modesto, debe actuar cuando se trata del manejo de los intereses colectivos y de los bienes públicos.

      Sin embargo, a este formidable impulso gubernamental debe seguir, en lo sucesivo, lo que corresponde hacer a la ciudadanía, pues no se va a adelantar hacia las metas ambicionadas sin la iniciativa y acción de los líderes cívicos y de la población en general, haciendo uso efectivo de sus nuevas posibilidades con el auxilio de los medios de comunicación masiva.

      El Gobierno abre las puertas de sus recintos a la mirada pública. Si la ciudadanía se limita a mirar sin ver, sin hurgar, sin advertir; si nuestra respuesta es la indiferencia y la apatía de siempre, entonces estaremos en lo mismo que antes, pero esta vez, lo malo que suceda será ya por culpa de los vigilantes y no de los vigilados.

      Como bien expuso el Presidente, con la transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales de los personajes poderosos, o de quienes, aun no siéndolo, tienen en sus manos el manejo de los bienes colectivos. Pero la transparencia por sí sola no constituye el único y definitivo remedio contra la mala administración, la venalidad o la ineptitud; es preciso que se la considere apenas el primer paso para iniciar la corrección de esos males. En efecto, con tan solo averiguar que algo se está haciendo de mala manera, no se corrige nada.

      Tanto el Gobierno como la gente común deben encontrar en la transparencia la llave para abrir el largo corredor por donde se debe transitar en lo sucesivo. Porque si, descubiertos los corruptos e ineptos, de esto no se sigue ninguna consecuencia, es como si nada hubiera cambiado. Por lo tanto, si ya tienen en sus manos las herramientas apropiadas para ejercer la contraloría pública por la que estaban clamando y no actúan, ninguna excusa tendrán los ciudadanos para quejarse.

      La oportunidad para comenzar a rectificar los rumbos, desde hace tanto tiempo desviados por el ejercicio vicioso de la política, ahora está abierta. Los funcionarios que incurran en violación de las nuevas normas de transparencia de la información pública habrán de ser sancionados en los términos señalados en ellas, pero es la ciudadanía la que tiene que ponerles a prueba, así como someter a esta ley al examen de eficacia que merece.

      Indudablemente, son muy efectivas las redes sociales para que la gente manifieste su indignación. Pero el efecto será más positivo si esas reacciones expresadas desde la comodidad de las computadoras son acompañadas, además, de movilizaciones colectivas para demostrarles a los políticos y gobernantes corruptos que sus abusos ya no serán tolerados.

      Si al cabo de un lapso prudencial no se alcanza a lograr que el aparato político administrativo funcione mucho mejor en el aspecto que esta nueva norma regula, entonces habrá que comenzar a sospechar que no son solo los funcionarios los ineficientes sino también, y principalmente, sus contralores; es decir, una ciudadanía cívicamente ineducada, mayoritariamente negligente o insensible ante el cumplimiento de sus deberes primordiales.

      Usemos, pues, esta nueva herramienta para la transparencia que la ley pone en nuestras manos. El país funcionará mejor.
      Atentamente

  8. Blanca dice:

    Dr. Meza Caballero. ESTE ES EL PARAGUAY QUE QUEREMOS:
    felicitaiones al Presidente Don Horacio Cartes, por esta valentia, y de poner frenos a la clase politica. SALUD PRESIDENTE!!!!!!!

    GOBERNADORES E INTENDENTES RESPONDERÁN CON SUS BIENES SI COMETEN MALVERSACIONES
    Castigarán mal uso del Fonacide

    Los gobernadores e intendentes responderán con su patrimonio por el mal uso que hagan de los recursos del Fonacide, según establece la modificación de la ley que crea esos fondos, promulgada ayer por el Ejecutivo. Además, la Contraloría les denunciará ante la Fiscalía por cualquier indicio de la comisión de alguna irregularidad.

    ETIQUETAS

    FONACIDERENDICIÓN DE CUENTASCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
    “Las autoridades y funcionarios que hayan malversado, distraído, retenido, desviado fondos o incurrido en negligencia en la administración de los recursos del Fonacide que les hayan sido confiados responderán con sus patrimonios por los perjuicios causados, con independencia de las responsabilidades administrativas, políticas o penales que les puedan corresponder”, señala uno de los párrafos de la nueva redacción del artículo 8º de la Ley 4758/12, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Un 25% del Fonacide es entregado a las gobernaciones y municipios.

    Otra disposición, que fue cuestionada por los gobernadores es el párrafo del mismo artículo citado que dispone que si de los informes entregados a la Contraloría en forma semestral “surgen indicios de la comisión de algún hecho punible en contra del patrimonio público”, el órgano de control “deberá realizar la correspondiente denuncia” a la Fiscalía e informar al Ministerio del Interior para una eventual intervención de las gobernaciones y municipios.

    La modificatoria también permitirá un mayor control ciudadano del uso de los recursos del Fonacide con la obligación establecida a las gobernaciones y municipios de publicar en sus portales electrónicos informes sobre el destino del dinero, según la nueva redacción del artículo 5º.
    Atentamente

  9. Ester dice:

    Perseguir a los ladrones de fondos públicos

    Aun cuando al Gobierno le gusta repetir que ahora ya no se roba ni se pide coima, la verdad es que todos los días brotan hechos nuevos de corrupción y de las otras ilegalidades que caracterizaron también a gobiernos anteriores. La ciudadanía no puede ni debe permanecer indiferente al ejercicio de los derechos políticos establecidos en la Constitución solamente cargando con sus votos las urnas electorales, sino que debe ejercer un control sobre la conducta o inconducta de sus representantes, para garantizar el fortalecimiento de la democracia a través del saneamiento de las instituciones republicanas y de los partidos políticos. En ninguna parte del mundo la democracia funciona como un cheque en blanco de la ciudadanía a sus representantes. Todo lo contrario, mientras más la ciudadanía se convierta en un factor de vigilancia permanente, en un socio exigente de quienes manejan la cosa pública, menos posibilidad existe de que se concreten hechos punibles en los organismos del Estado. Sin embargo, pareciera que la ciudadanía paraguaya ofrece señales de agotamiento, de renunciamiento frente a los escándalos en la función pública.

    Aun cuando al Gobierno le gusta repetir que ahora ya no se roba ni se pide coima, la verdad es que todos los días brotan hechos nuevos de corrupción y de las otras ilegalidades que caracterizaron también a gobiernos anteriores. Los mandatarios, magistrados y funcionarios de nuestro país tienen una alta cuota de culpabilidad en el manejo discrecional y hasta doloso de la cosa pública, así como en la impunidad frente a la corrupción reinante en casi cada área de la función pública, desde el momento que son responsables de su custodia y administración, y reciben buena paga para hacerlo.

    El propio ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, reconoció implícitamente en los últimos días que continúan prácticas corruptas, al admitir que existe mucho por mejorar, como “los bolsones burocráticos de la administración pública”, y que “tenemos que entender que el Gobierno no es coto de caza para que un grupo se enriquezca…”. Aseguró que están “trabajando duro” para corregir la situación.

    La ciudadanía no puede ni debe permanecer indiferente al ejercicio de los derechos políticos establecidos en la Constitución solamente cargando con sus votos las urnas electorales, sino que debe ejercer un control sobre la conducta o inconducta de sus representantes, para garantizar el fortalecimiento constante de la democracia a través del saneamiento permanente de las instituciones republicanas y de los partidos políticos.

    La función de la ciudadanía no termina con el depósito de su voto en la urna. “Los ciudadanos –dice la Constitución–, sin distinción de sexo, tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes…”, para agregar que todos “son electores y elegibles”. Se deduce de estas disposiciones que como no todos los ciudadanos de este país pueden ser mandatarios, se procede a elegirlos de entre ellos, con lo cual se establece la doble responsabilidad: del elegido y de quien elige, ya que elegir no significa lavarse las manos para desentenderse en adelante de los asuntos públicos, dejando estos exclusivamente en manos de quienes se ganaron el rol de la representatividad.

    En ninguna parte del mundo la democracia funciona como un cheque en blanco de la ciudadanía a sus representantes. Todo lo contrario, mientras más la ciudadanía se convierta en un factor de vigilancia permanente, en un socio exigente de quienes manejan la cosa pública, menos posibilidad existe de que se concreten hechos de corrupción, de negociados con el sector privado y de todo tipo de hechos punibles en los organismos del Estado.

    Sin embargo, actualmente pareciera que la ciudadanía paraguaya ofrece señales de agotamiento, de renunciamiento frente a todos los escándalos en la función pública que se están conociendo, a pesar de reacciones esporádicas de descontento, de mítines opositores de escasa concurrencia y de explosiones juveniles. La gente se está acostumbrando a “participar” preferentemente en las redes sociales y a tener la menor cantidad de presencia física, dejando el terreno libre a los mentirosos, a los corruptos y violentos.

    Para hacer que la tecnología esté al servicio de una causa, es necesario que la ciudadanía adecue la naturaleza de sus organizaciones cívicas a las nuevas opciones y facilidades que la tecnología nos ofrece, sin olvidar que las batallas de la sociedad civil se continúan ganando aun en los espacios públicos, enfrentándose cara a cara con los enemigos de la transparencia y de la ley, o de la democracia o de la libertad.

    En nuestro país, nadie mejor que los vecinos conocen los antecedentes de los personajes públicos. Ellos saben cómo eran antes y cómo son ahora, qué propiedades y vehículos poseían antes y ahora, en suma, cómo han aumentado en poco tiempo el patrimonio y el nivel de vida de estas personas, como para ponerlos a circular por las redes sociales y, eventualmente, dar inicio a las necesarias investigaciones.

    Sabemos por experiencia que en una dictadura la participación ciudadana es prácticamente nula, ya que una sola persona hace todo en nombre de todos; utiliza y desnaturaliza el verdadero rol de las instituciones para actuar con discrecionalidad y mantener sometida a la población.

    La ventaja que ofrece la democracia para la sociedad es que en ella el ciudadano puede participar, como lo dice la Constitución, en los asuntos públicos, exigiendo el cumplimiento de sus derechos, pero al mismo tiempo exigiendo que sus representantes cumplan con sus deberes.

    Renunciar como ciudadano a ejercer ese derecho es casi igual a elegir pasivamente vivir en un régimen autoritario cerrado por decisión y bajo la responsabilidad de la propia ciudadanía, no por acción opresora de ningún tirano que impone desde arriba su autoritaria orden, sino de una sociedad que renuncia a sus derechos de involucrarse en lo público.

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