EL NUEVO GOBIERNO DEBE IMPULSAR LA LEY DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA


Por Gerardo Meza C.

El Artículo 28 de nuestra Constitución Nacional. Del derecho de la información. Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable, ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La Ley y su Reglamentos deben regular las modalidades, plazos, sanciones correspondientes a las mismas, a de que este derecho sea efectivo. Si queremos un Nuevo Rumbo para el Paraguay. El nuevo Presidente que asuma el 15 de agosto próximo debe impulsar esta ley, que reconozca el derecho de todas las personas, sin discriminación por

razón de nacionalidad o carácter del solicitante, de acceder a la información pública. Pero el manejo arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial no es solo un atentado contra la libertad de expresión; es, al mismo tiempo, una de las mayores formas de corrupción, de utilización de los dineros públicos en función de los intereses privados del funcionario. Se da plata del erario, en grandes cantidades y por supuesto con miles de carátulas a familiares, socios, correligionarios, amigos y a empresas que pertenecen al propio funcionario, creándose verdaderos imperios y no solo de la comunicación. Pero esa es también la vía de financiación de campañas electorales, desvirtuando las bases que garantizan la limpieza y libertad de las elecciones, como lo son el derecho del elector a informarse sin límites y sin ningún tipo de traba que le impida acceder a todo aquello que necesita saber al momento de delegar su soberanía y la igualdad de condiciones para todos los postulantes. Es difícil hablar de democracia y elecciones legítimas con este estado de cosas y más en estas épocas de presidentes. Se debe modificar este Modelo país,  ayudará la Sanción de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, derecho cuyo ejercicio es de norma en los países cívicamente desarrollados, ejercicio facilitado por la accesibilidad a internet.

El ciudadano debiera ser sujeto de este Derecho para informar cuanto, como, donde, cuando porqué y por quienes se originan y se desembolsan los recursos de la Republica.

Hasta tanto este Derecho no sea ejercido, los procederes del gobierno que sea no serán juzgados por la ciudadanía, se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público (de Entidades Centralizadas y Descentralizadas) y Los solicitantes de información al amparo de este régimen legal no tienen necesidad de justificar las razones de su solicitud. Por lo tanto, no se exige la titularidad de una legitimación determinada para efectuar la solicitud.

El objeto de esta ley es promover la transparencia en el ejercicio de la función administrativa, y garantizar el derecho fundamental de todas las personas al acceso a la información pública, de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución de la República y los valores que animan el sistema democrático republicano de gobierno. El suministro de las informaciones requeridas debe formar parte del deber de probidad que deben tener los funcionarios públicos, estableciendo en esta ley que debe impulsar la nueva Administración, para tener una Gestión transparente, y dejar este Modelo país corrupta, prebendaría y clientelistas.

De conformidad con esta nueva Ley de transparencia, al acceso de la información pública., se presume pública toda la información producida, obtenida, en poder o bajo el control de toda la Administración Centralizada y Descentralizadas, que manejan los Fondos Públicos, con independencia del soporte (papel, digital, etc.) en el que están contenidas. Para que el acceso al derecho a la información pública se pueda ejercer en su plenitud, la ley debe imponer que la Administraciones Públicas tiene la responsabilidad de crear y mantener registros para favorecer el conocimiento de la misma. No obstante, la solicitud de acceso a la información no implica que estas Administraciones tengan la obligación de crear o producir información de que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. Esta ley tampoco debe facultar a los peticionarios a exigir a los organismos obligados que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean, salvo aquellos que por sus cometidos institucionales deban producir.

No obstante la amplitud reconocida al derecho al acceso a la información pública, la ley debe preceptuar excepciones (de interpretación estricta) para las informaciones definidas como secretas, reservadas o confidenciales. Se entiende por información secreta la que ha sido calificada de esa manera por normas legales. Es el ejemplo del secreto tributario, o de la sustanciación de los sumarios y las investigaciones administrativas en el ámbito del Gobierno Central y Descentralizados. La ley debe establecer asimismo qué clases de informaciones pueden clasificarse como reservadas o confidenciales. Partiendo de esas disposiciones, debe ponderarse en cada caso cuáles son las informaciones que ingresan dentro de las previsiones legales al respecto. Así, por proporcionar un ejemplo, debe considerarse confidencial la información referente a los datos personales de terceros, que requieren el previo consentimiento informado de éstos.

Lo que el gobierno postulado como aportante requiere a cambio, no citado por razones de confidencialidad, es que el Estado Nacional ponga a disposición del Proyecto y a través de Copaco, el servicio de internet. El ente tiene sobrada capacidad portadora para que la red propuesta funcione eficientemente.

Cruzándose la información referente al origen y aplicación de los fondos públicos se detectará, on line, hasta la más mínima contravención, tanto de los responsables de la aplicación de lo recaudado por parte de organismos estatales, como de lo ajustado a derecho de los aportes del sector privado en materia de impuestos y tasas. El ciudadano común debiera tener acceso irrestricto a la información de dicha web.

La solicitud de acceso a información pública debe efectuarse en la forma que establezca esta nueva ley y su reglamentación. A efectos de agilizar la tramitación de las solicitudes presentadas, y proporcionar la información a los solicitantes en el plazo establecido, y un protocolo de actuación, en donde se establece el procedimiento interno a seguir. También -y a los solos efectos de evitar el paso sucesivo de la solicitud del interesado por distintas oficinas de las Entidades Centralizadas y Descentralizadas (Poder Ejecutivo, Legislativo, judicial, Gobernaciones e Intendencia o de los Municipios), en caso de que las informaciones solicitadas estén en poder de más de una de ellas, con las previsibles demoras-, deberá presentarse un formulario por cada pregunta o tema, el que debe encontrarse disponible en este sitio web.

8 Responses to EL NUEVO GOBIERNO DEBE IMPULSAR LA LEY DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

  1. Fernando dice:

    Dr Meza Caballero: Su Articulo como siempre es excelente y muy profesional, en casi en todos sus Ensayos esta marcando la metodología para atacar este Sistema de Corrupción, y este es una formula. como dice su Articulo:Existe un creciente interés a nivel nacional por comprender el contenido y alcance del derecho a la
    información y del derecho a su acceso. De igual manera, se vienen haciendo importantes esfuerzos por
    diseñar e implementar cuerpos normativos, mecanismos y procedimientos que ofrezcan una real
    garantía para su ejercicio como respuesta al entendimiento de que son derechos imprescindibles en
    cualquier sociedad que reconozca la democracia participativa y el respeto por los derechos humanos.
    A diferencia de otros países de la región, y del mundo, en Paraguay, el derecho a la información y a su
    acceso no se encuentra regulado en una sola pieza normativa. Por el contrario, para analizar su
    contenido y alcance, es necesario remitirse al estudio de un numero importante de leyes, decretos y
    regulaciones administrativas, promulgadas en diferentes periodos y que tratan sobre diferentes
    asuntos, así como a la fructífera producción jurisprudencial de la Corte Constitucional en la materia.
    El carecer de una ley especifica que regule el contenido y ejercicio de estos derechos, no significa, sin
    embargo, que el derecho a la información y a su acceso, incluyendo el derecho al acceso a
    documentos públicos, no sea considerado como un pilar fundamental para el ejercicio de otros
    derechos y para la construcción de un Estado de Derecho basado en principios como la transparencia
    y la participación ciudadana.
    Con el ánimo de entender el contenido y alcance de este derecho y de hacer una evaluación posterior
    del nivel de garantía de su ejercicio, así como de la necesidad o no de impulsar una Ley del Derecho al Acceso integral a la información Pública. Que esta Ley de
    Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Publica, Seria el camino ideal para atacar el SISTEMA DE CORRUPCIÓN

    • Gerardo Meza Caballero dice:

      Fernando: 2. El derecho a la información y su contenido
      En Paraguay , En mi Articulo de referenca dice: el derecho a la información se entiende como: a) un derecho fundamental y b) un
      principio de ejercicio de control social y garantía de un Estado democrático y de derecho.
      , demuestran como la conciencia de garantizar la libre
      comunicación de los pensamientos y opiniones del hombre, derecho de primera generación por estar
      consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ha estado
      presente en nuestra Constitución Nacional en su Articulo 28 , no obstante se necesita una Ley para reglamentar algunas restricciones
      . Esta constante es la que ha dado nacimiento a lo que hoy en mi Ensayo: De que el nuevo Gobierno debe implementar una Ley
      del l Derecho de Acceso a la Información Pública, y cuyo contenido será analizado
      en el apartado siguiente.
      Como derecho fundamental, el derecho a la información se ha investigado principalmente desde su
      relación con:
      1) La libertad de información que tiene todo ciudadano en un Estado Social de Derecho, indispensable
      para ejercer la democracia, y que reconoce la Constitución Política de Paraguay en su articulo 28,
      cuando dispone que “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control
      del poder político”, y que implica: “la posibilidad de recibir, buscar, investigar, almacenar, procesar,
      sistematizar, analizar, clasificar y difundir informaciones, concepto éste genérico que cubre
      tanto las noticias de interés para la totalidad del conglomerado como los informes científicos,
      técnicos, académicos, deportivos o de cualquier otra índole y los datos almacenados y
      procesados por archivos y centrales informáticas”
      2
      .
      2) La libertad que tiene toda persona de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, y que
      garantiza la Constitución en su articulado: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y
      difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
      fundar medios masivos de comunicación (…)”.
      Respecto a las características legales universales del derecho a la información, dice la Corte
      Constitucional en su Sentencia de 1992 que: “Es un derecho que expresa la tendencia natural del
      hombre hacia el conocimiento. El ser humano está abierto a la aprehensión conceptual del entorno
      para reflexionar y hacer juicios y raciocinios sobre la realidad. Es en virtud de esta tendencia que a
      toda persona se le debe la información de la verdad, como exigencia de su ser personal. El sujeto del
      derecho es Universal: Toda persona –sin ninguna distinción y el objeto de tal derecho es la
      información veraz e imparcial como lo consagra el articulo 28 de la CN”.
      Como principio, el derecho a la información es un elemento fundamental para el adecuado
      funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho. Un principio sin el cual seria imposible
      garantizar la participación que tiene todo ciudadano a ejercer control social y político sobre la actividad
      del Estado. En una democracia participativa como la que se reconoce en Paraguay desde el año de
      1992, cuando ocurre el tránsito desde la democracia representativa, este derecho se constituye en un
      instrumento indispensable para la efectividad del principio de responsabilidad política, y de reflexiónacción tanto individual como colectiva, que supone la obligación activa del Estado de promover las
      condiciones para generar una discusión publica en torno a los temas de interés para la comunidad.
      Tal y como señala : “En la democracia participativa, hay una
      concepción por completo contraria a la que expresa Montesquieu acerca del ciudadano y de su papel
      en la vida pública. En este sistema, en lugar de desconfiarse del ciudadano, éste goza de plena
      confianza, lo cual se manifiesta en el derecho que se le otorga de participar en los procesos
      decisorios públicos que habrán de afectarlo, pues se entiende que es el ciudadano quien en
      sabe cuáles son sus necesidades y, en esa medida, cuáles las prioridades en la distribución de
      recursos escasos y, además, tiene mayor interés en obtener los resultados perseguidos. ”
      Son características entonces del derecho a la información las siguientes:
      – Tiene carácter de derecho fundamental, de ser inherente a la naturaleza del hombre
      .
      – Toda persona tiene el derecho a través de una tutela de exigir que se garantice su derecho a
      ser informado de manera veraz e imparcial, pero también de manera completa y clara
      – Su existencia es indispensable en la concepción de un Estado Social y Democrático de
      Derecho. Esta ligado al ejercicio de los derechos políticos, de la participación en los asuntos
      de interés para la sociedad y, en general, de la democracia
      – En un Estado Social y Democrático de Derecho, este derecho es fundamental para el ejercicio
      del control político, por encima del ejercicio de la gestión publica
      – El derecho encuentra sus límites en: a) los derechos de los demás, en la mayoría de los casos
      se trata del derecho al buen nombre, a la intimidad, y a la honra, b) la exigencia de veracidad
      e imparcialidad de la información y c) la responsabilidad social de los medios de comunicación
      – Tiene relación directa con la libertad de prensa, indispensable en sociedades democráticas.
      Atentamente

    • Gerardo Meza Caballero dice:

      Fernando ç: Continuando nuestro Dialogo El futuro ya llegó

      En mi casa y oficina, los cables están desapareciendo poco a poco. La agenda, calendario y fotografías de mi celular se acoplan automáticamente con la nueva información que tengo en la computadora sin que yo apriete un solo botón. Y si perdiera o me robaran el teléfono, hay una ”nube’’ en algún lugar que guarda todos mis datos.

      Esa ”nube’’ es, en realidad, una supercomputadora escondida que acumula hasta mis datos más íntimos. Nada es secreto. No le creo a ninguna compañía, ni al gobierno, de que nuestra información es confidencial.

      Ya ven los titulares. Edward Snowden, ex contratista del gobierno, recientemente reveló que el gobierno ha estado monitoreando el uso de teléfonos e internet. En mayo, la agencia Associated Press anunció que el gobierno federal había decomisado los registros telefónicos de algunos de sus reporteros, tratando de encontrar al responsable de haber filtrado información sobre una fallida conjura terrorista en Yemen. Y WikiLeaks demostró que hasta los secretos de estado más escondidos son, en realidad, del dominio público.

      Hoy vivimos en un mundo transparente en el que la información fluye libremente, pero eso significa también que nuestras comunicaciones están expuestas y son vulnerables. Con eso en mente, mi nueva regla para el uso de tecnología es ésta: si quiero que algo realmente se mantenga privado, no lo digo en mi teléfono celular, no lo mando como mensaje de texto ni de correo electrónico. Cuando estoy hablando por teléfono o envío un mensaje de correo electrónico a un amigo, y especialmente cuando me comunico con una fuente informativa, siempre supongo que alguien, en alguna parte, está escuchando la conversación o leyendo el mensaje.

      Por supuesto, esto no quiere decir que debamos evitar las comunicaciones electrónicas y la difusión de información. La red está transformando la forma en que nos relacionamos con el mundo y nosotros simplemente debemos cambiar junto con esto.

      Por ejemplo, los medios ahora son instantáneos. Ya no es noticia que los periódicos de papel están desapareciendo y que los libros digitales empiezan a robarle una parte importante del mercado a los de portada dura. Las cadenas de televisión y las universidades, que parecían instituciones inamovibles, tampoco están a salvo.

      Los ratings de las principales cadenas de televisión en inglés en Estados Unidos siguen cayendo en un mercado canibalizado por canales de cable y opciones más atractivas y atrevidas en la internet. Es un concepto casi dinosaurio el esperar que un televidente haga una cita –digamos, miércoles a las 9 de la noche– para ver su programa favorito. El nuevo consumidor de noticias y entretenimiento escoge cuándo, cómo y dónde las ve.

      Las universidades también tienen un desafío monumental. ¿Por qué un estudiante va a querer escuchar a un profesor en persona durante hora y media (y pagar 50 mil dólares al año por repetir ese privilegio) cuando por internet puede ver y leer –sin moverse de su cama, gratis o a un costo bajísimo– conferencias magistrales de los principales especialistas en ciencia y literatura de Harvard, Oxford, Yale y Stanford? El contacto interpersonal y el debate académico es irremplazable, lo sé. Pero la calidad de las ponencias universitarias y de posgrado por internet compiten con los mejores profesores del mundo.

      La ropa que usamos también está cambiando. Así como hay fast food, o comida chatarra, también hay fast fashion, o ropa chatarra. El reciente accidente en un edificio de fábricas textiles en Bangladesh, que cobró la vida de más de mil trabajadores, refleja la feroz competencia entre corporaciones internacionales para producir ropa modernísima y cada vez más barata. Con trabajadores en China, Bangladesh, India, Mianmar y Vietnam, que en muchos casos apenas ganan unos cuantos dólares diarios, se está produciendo ropa muy accesible y de mediana calidad pero con estilos y diseños de la última moda dictada en París y Milán.

      Así, trajes y vestidos que antes sólo podían usar los más ricos y famosos están hoy disponibles para esa creciente clase media mundial. Es ropa prácticamente desechable, por su precio. Y eso ha generado un nuevo apetito consumista por usar mañana lo que estuvo ayer en las pasarelas de Londres y Nueva York. Se acabaron las colecciones para cuatro temporadas; ahora se produce para un consumidor que devora ropa mes con mes.

      Mi abuelo Miguel, que nació en el 1900, tuvo que pasar décadas para ver cambios fundamentales en su vida: la electricidad, el auto, el avión. Hoy me tengo que adaptar a los cambios de ayer. Abro y prendo mi auto sin llave, recibo las noticias literalmente en una pantalla en la mano y el código genético de mis hijos podrá ser modificado para no sufrir las mismas enfermedades que el abuelo Miguel (a quien ya no conocieron).

      El futuro ya llegó, y nuestro único temor debe ser el no adaptarnos lo suficientemente rápido y que nos deje atrás.
      El nuevo Presidente que asuma el 15 de agosto próximo debe impulsar esta ley, que reconozca el derecho de todas las personas, sin discriminación por

      razón de nacionalidad o carácter del solicitante, de acceder a la información pública. Pero el manejo arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial no es solo un atentado contra la libertad de expresión; es, al mismo tiempo, una de las mayores formas de corrupción, de utilización de los dineros públicos en función de los intereses privados del funcionario. Se da plata del erario, en grandes cantidades y por supuesto con miles de carátulas a familiares, socios, correligionarios, amigos y a empresas que pertenecen al propio funcionario, creándose verdaderos imperios y no solo de la comunicación. Pero esa es también la vía de financiación de campañas electorales, desvirtuando las bases que garantizan la limpieza y libertad de las elecciones, como lo son el derecho del elector a informarse sin límites y sin ningún tipo de traba que le impida acceder a todo aquello que necesita saber al momento de delegar su soberanía y la igualdad de condiciones para todos los postulantes. Es difícil hablar de democracia y elecciones legítimas con este estado de cosas y más en estas épocas de presidentes. Se debe modificar este Modelo país, ayudará la Sanción de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, derecho cuyo ejercicio es de norma en los países cívicamente desarrollados, ejercicio facilitado por la accesibilidad a internet.

      El ciudadano debiera ser sujeto de este Derecho para informar cuanto, como, donde, cuando porqué y por quienes se originan y se desembolsan los recursos de la Republica.

      Hasta tanto este Derecho no sea ejercido, los procederes del gobierno que sea no serán juzgados por la ciudadanía, se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público (de Entidades Centralizadas y Descentralizadas) y Los solicitantes de información al amparo de este régimen legal no tienen necesidad de justificar las razones de su solicitud. Por lo tanto, no se exige la titularidad de una legitimación determinada para efectuar la solicitud.

    • Blancca Lila dice:

      Dr Meza Caballero: :Sin información no hay democracia
      El acceso a la información de interés público es un componente esencial para que la ciudadanía esté correctamente informada, convirtiéndose en una de las bases para cualquier democracia moderna.

      • Gerardo Meza Caballero dice:

        Blanca Lila:Los parlamentarios del periodo anterior se negaban a dar información. Una fuerte presión mediática hizo que lo hagan.
        “El secretismo es una conducta propia de la época medieval en donde los reyes y las colonias tenían plena posesión de la información y del dinero”, Por el contrario, la disponibilidad de información sobre todas las actividades del Estado es un requisito para un Estado democrático moderno.

        Por la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos, el acceso a la información se ha convertido un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal. Es una condición esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, según la organización internacional AccessInfo.

        “Las administraciones públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía”, detalla la página Web de la organización.

        Una información se convierte en pública cuando ésta es generada con el dinero de los ciudadanos a través de los impuestos, por lo que es información que pertenece a los ciudadanos, la abogada.

        El Estado democrático debe comprender su función de clasificación y ordenamiento de la información, para que cuando la ciudadanía la solicite esta esté a disposición. “El acceso a la información es uno de los principios básicos del fortalecimiento de la democracia… cuando un ciudadano que está bien informado elige mejor a sus representantes”, explicó la abogada.

        Para que la ciudadanía esté informada, esta debe tener acceso a toda la información pertinente. Esto incluye la lista de funcionarios, sus funciones dentro de una institución y sus salarios, los presupuestos y ejecuciones detalladas de gastos, detalles de contrataciones y acuerdos, entre otros.

        Actualmente, más de noventa países en todo el mundo cuentan con una ley de acceso a la información. En América Latina, Chile y México lideraron la revolución y actualmente, solo Paraguay, Bolivia, Argentina y Venezuela no cuentan con una legislación.

        En nuestro país, el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI) presentó una propuesta para impulsar una ley de acceso a la información pública, para que el Gobierno opere con mayor transparencia y sea controlado por la ciudadanía.

        La propuesta establece obligaciones mínimas de transparencia, que incluyen presupuestos, ejecuciones presupuestarias, organigramas con nombres y apellidos, salarios de los funcionarios públicos y sus obligaciones, declaraciones juradas y viáticos desembolsados, entre otros. Estos datos deben estar disponibles para todos de forma gratuita y en formatos accesibles.

  2. Graciela dice:

    Dr. Meza Caballero. FELICITACIONES CON MACHUSCULA, POR ESTE APORTE INTELECTUAL DE SUS ARTÍCULOS PUBLICADO PPOR ESTA PAGINA WEB, EL PAÍS NECESITA DE PROFESIONALES COMO USTED.Ley de información pública es gran avance en lucha contra corrupción, de su Trabajo seguramente y el congreso tomo como base para esta ley.
    Ley de información pública es gran avance en lucha contra corrupción,

    El proyecto de ley de información pública fue dispuesto por esta pagin web, la ciudadanía, gracias a sus Artículos y las diferentes movilizaciones realizadas en los últimos meses.

    Dr. Meza Caballero, como resalto en su Ensayo «Más que un paso es un salto muy grande para la transparencia y la lucha contra la corrupción».
    Se resalta que Ejecutivo debe promulga la ley, no solamente los medios de comunicación, sino toda la ciudadanía tendrá la posibilidad de acceder a informaciones del manejo de la cosa pública.

    El mencionado proyecto de ley quedó sancionado este jueves por la Cámara de Senadores, luego de haber sido modificada en Diputados y a partir de ahora se encuentra en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

    El proyecto tiene como finalidad que el ciudadano tenga la posibilidad de acceder a toda información de carácter público.

    De ser aprobada la ley, cualquier ciudadano podrá acceder a la información pública, pero presentando una solicitud fundada, además la ley también prevé una sanción para el funcionario que no brinda la información.

    Modificación

    La modificación introducida por la Cámara de Diputados fue específicamente en el artículo 22, ya que establecía una serie de situaciones en la que no podría darse el acceso a la información.
    «La información de carácter reservado es la excepción a la regla», analiza el legislador, al tiempo de señalar que el documento fue modificado además porque establecía los casos de inseguridad, salud y los casos en que se podía afectar a la libre competencia, etc.

    En cambio en el proyecto original, se mencionó de que en este caso se remitía esta ley a todas las situaciones mencionadas, de información confidencial o reservada en las diferentes leyes especiales; por ejemplo: la ley de bancos que habla del secreto bancario, que no se puede acceder a información bancaria a no ser que sea por orden judicial, lo mismo en el caso de la niñez y la adolescencia, al igual que en el caso de la ley al denunciante y varias otras leyes que de por sí ya cuentan con su ley de información reservada.

    «Nuestro argumento en aquel entonces fue que era innecesario incluir en un párrafo tan grande ese tipo de información porque se prestaba a que otra vez el funcionario que iba a estar encargado de dar la información alegara como excusa de que ponía en riesgo la salud de alguien, la posibilidad de la libre competencia de quien solicita o la información de quien se está solicitando, ese tipo de excusa podía ser utilizado por el funcionario y finalmente eso hubiese provocado que la ley no tenga sentido otra vez», remarcó.
    Atentamente

    • Gerardo Meza Caballero dice:

      Graciela. Gracias por la atención. La ciudadanía cuenta ahora con una valiosa herramienta
      Con la promulgación de la ley que otorga a los ciudadanos el libre acceso a la información pública se pone fin a una larga lucha en contra de los funcionarios del Estado que guardaban la corrupción, al amparo del silencio, e impedían que la transparencia en su gestión administrativa fuera el parámetro del manejo de los bienes colectivos. La herramienta legal permitirá un mayor control de la gestión de las autoridades. Por lo tanto, la gran responsabilidad de hacer que las palabras pasen del papel a los hechos dependerá de la sociedad civil, consciente de que el poder debe ser ejercido con honestidad y eficiencia.

      Los políticos enemigos de la transparencia en la administración de las instituciones del Estado resistieron durante 22 años los embates de los sectores conscientes de la capacidad transformadora de una información pública al alcance de los ciudadanos.

      La negativa a abrir las puertas de las instituciones para que los que pagan sus impuestos sepan cómo se gasta su dinero respondía a razones muy concretas, alentadas y alimentadas por los corruptos: impedir que se conozcan las irregularidades cometidas por su manejo discrecional de la cosa pública.

      El abuso en el manejo de los bienes ciudadanos va desde la contratación de personal no calificado para puestos que requieren sólida formación profesional, tráfico de influencia para contratar a operadores políticos y familiares con jugosas remuneraciones, desborde en el pago de bonificaciones y aguinaldos, despilfarro en el otorgamiento de viáticos y generosidad para solventar viajes de placer de los que reciben remuneración a través de las recaudaciones del Ministerio de Hacienda.

      En muy poco tiempo, a partir de la negativa de las cámaras de Diputados y Senadores a brindar información de interés ciudadano y de la publicación en los medios de comunicación de los salarios y vínculos de cercanía de los legisladores con los contratados en las instituciones públicas, la masa crítica contra la actitud de secretismo fue creciendo.

      El aumento de la presión ciudadana por la transparencia en la gestión pública y el reclamo de la reglamentación del artículo 28 de la Constitución que reconoce, como principio general, que «las fuentes públicas de información son libres para todos» tuvieron finalmente sus frutos.

      La ley «De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental» es un triunfo ciudadano. Al mismo tiempo, origina una gran responsabilidad para la sociedad civil, porque de su celo para que se cumpla la ley y del correcto uso que le dé a la herramienta legal dependerán que el país avance a pasos más acelerados hacia una mayor transparencia en la gestión pública.

      No hay que pensar que, mágicamente, la ley volverá más honestos y transparentes a los legisladores, ministros, intendentes, gobernadores, miembros del Poder Judicial, presidentes de entes autárquicos y directores de instituciones públicas de enseñanza.

      Teniendo en cuenta la larga práctica de discrecionalidad con la que se han venido manejando los entes estatales, no será fácil desmantelar el sólido engranaje de silencio instalado en las instituciones del Estado.

      Por lo tanto, ahora empieza otra fase de la responsabilidad ciudadana para hacer realidad lo que el papel dice.

      Lo prioritario es exigir a todas las instituciones del Estado que a través de los diversos mecanismos disponibles –páginas web, oficinas de pedidos de información a la ciudadanía y otros mecanismos– pongan en libre disponibilidad la información pública que la ley les exige.
      Atentamnete

  3. Anibal dice:

    Dr. Meza Caballero. Paraguay, el número 100

    Por EFE

    ASUNCIÓN. La promulgación en Paraguay de una ley que facilita el acceso ciudadano a la información pública marca un hito en el movimiento mundial en favor de la transparencia, al convertirse en el país número 100 en contar con ese tipo de norma.

    El pionero fue Suecia, que aprobó su ley en 1766, pero habrían de pasar dos siglos hasta que otro país, Estados Unidos, siguiera el ejemplo, según freedominfo.org, una red de grupos que impulsan una mayor apertura en los gobiernos.

    En la América de habla hispana el primero fue Colombia, en 1985, seguido del resto del continente, con excepción de Bolivia, Costa Rica, Cuba y Venezuela, que aún carecen de una ley de ese tipo, de acuerdo con la base de datos de freedominfo.org. España la adoptó el año pasado.

    Estas leyes intentan producir un cambio de mentalidad en ministros y funcionarios, al establecer que la norma, y no la excepción, debe ser entregar información a la ciudadanía sobre contratos, salarios, gasto público, ayuda externa y regalías mineras o petroleras, por ejemplo.

    Para ello, establecen mecanismos para que cualquier ciudadano pueda solicitar y recibir los datos.
    En Estados Unidos es una vía usada rutinariamente por periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Solo el departamento de Estado recibió en el último ejercicio 18.670 solicitudes de información sobre sus operaciones, según un informe anual al respecto.

    Sin embargo, no todas las leyes son de igual calidad. El Centro por el Derecho y la Democracia, una organización no gubernamental, considera que El Salvador y México cuentan con el mejor marco regulador del acceso a la información en América Latina, mientras que dio las peores notas a República Dominicana y Argentina, en un análisis a nivel mundial.

    El caso de Paraguay demuestra claramente los beneficios de la entrada de la luz a la arena pública.
    Durante diez años organizaciones de la sociedad civil clamaron por un proyecto de ley de información, lo que cayó en saco roto en el Congreso.

    El momento de inflexión ocurrió cuando la Corte Suprema de Justicia publicó por primera vez los cargos y los sueldos de los funcionarios judiciales, tras peticiones de la ciudadanía y los periodistas.

    El Ejecutivo de Cartes siguió el ejemplo, pero el Congreso se resistió a hacerlo. Cuando finalmente abrió sus planillas, ante la presión de la prensa, saltaron todo tipo de irregularidades y ejemplos de nepotismo, que provocaron una ola de manifestaciones de repudio en las calles.

    Entre los casos más sonados está el de la llamada “niñera de oro”, una mujer que supuestamente trabajaba cuidando a los hijos del senador Víctor Bogado y que recibía dos sueldos como funcionaria pública.

    También se descubrió el fraude cometido por Perla Paredes, hija de la diputada Perla Vázquez, que admitió ante la justicia que cobraba salarios de cinco instituciones públicas en las que en realidad no prestó los servicios que alegó inicialmente en su defensa.

    Pero una cosa es que la prensa presione cuando descubre indicios de corrupción y otra establecer un mecanismo permanente que obligue a los empleados públicos, como parte de sus funciones, a divulgar información, que es lo que hace la nueva ley.

    Por ejemplo, sus cláusulas obligan a revelar los viajes oficiales, los informes de auditorías y consultorías, los contratos, estudios de impacto ambiental y datos de criminalidad, así como la lista de funcionarios, sus tareas y sus remuneraciones.

    Las autoridades solo podrán negar la información que sea definida como secreta por ley y el peticionario podrá apelar esa denegación ante la justicia ordinaria.

    A la ceremonia de la firma el pasado jueves asistieron todos los ministros, una señal de la importancia que le dio el Gobierno de Cartes, que puede contar su aprobación como uno de sus mayores logros hasta ahora.

    Queda la prueba de su aplicación, pues el código de Paraguay, como otros países, está lleno de leyes que en la práctica no se respetan.

    Otra cuestión es qué pasará cuando gracias a ella se descubran irregularidades.

    El mismo Congreso que la aprobó tramita un proyecto de ley contra el nepotismo, que según sus impulsores fue vaciado de contenido en el Senado.

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