Por Gerardo Meza Caballero (*)
El país necesita urgentemente poner un corsé o tope a los Gobernantes de turno con una ley de responsabilidad fiscal, que controle el nivel de endeudamiento del Estado paraguayo, es una de las alternativas. Ello atendiendo a la nueva fuente de financiamiento que se abre con la emisión de bonos soberanos por USD 500 millones, a partir de este año. Que las Autoridades responsables de la parte económica del Gobierno, están planificando. Emitir cada 2 años, los bonos soberanos.
La preocupación de la ciudadanía es el riesgo de que los políticos puedan entusiasmarse con esta nueva fuente de financiamiento y que lleven al país a un incremento descontrolado de gastos y de endeudamiento, y consecuentemente pueda ponerse en riesgo la estabilidad macroeconómica lograda a lo largo de décadas, evidenciada por la inflación baja, el endeudamiento prudente y el equilibrio fiscal.
Que si bien esta emisión de bonos soberanos que va a realizar el Gobierno es conveniente, también es necesario contar con una ley de responsabilidad fiscal, que, entre otras cosas, limite claramente el techo de la deuda paraguaya. Además, esta legislación permitirá tener una política permanente de presencia en el mercado mundial y un sistema de administración de estas deudas.
La emisión de USD 500 millones implico para el país un aumento de alrededor del 25% de la deuda externa, que a julio alcanzaba USD 2.179 millones; de todas formas se mantendría por debajo del promedio de la región.
El actual episodio de crisis financiera del Estado ha reflejado políticas públicas insostenibles y una importante debilidad en el manejo presupuestario del Estado. Las fallas en el proceso de elaboración de presupuesto, la falta de planificación del gasto público y de previsión por parte de los hacedores de políticas públicas, así como la ausencia de metas concretas y de criterios de evaluación de resultados, introducen incertidumbre en los agentes económicos sobre el futuro y promueven una mala asignación de recursos escasos en la economía. Ante esta problemática, el nuevo Gobierno que asuma el 15 de agosto próximo, como unas de las prioridades de la política fiscal, debe impulsar, la implementación de una Ley de Responsabilidad Fiscal y así corregir esas deficiencias de buenas prácticas fiscales.
La ley (PGN) 2013 sancionada por Congreso supera los 52,6 billones de guaraníes (US$ 11.833 millones ),de los cuales G 25,9 billones (US$ 5.831 millones), corresponde a la Administración Central; y …a la Administración Descentralizada G 26,7 billones(US$ 6.042 millones) lo que representa el 10% más con relación al plan financiero del presupuesto vigente, pero el 7% comparado con la ley de presupuesto inicial, que fuera aprobado por el Parlamento ( y como cultura de nuestros Congresistas inflan el plan de gastos corrientes, y no contento con esa actitud realizan varias ampliaciones presupuestarias en lo que va del año).
Y con esta actitud de nuestros legisladores incrementan el plan de gastos y hacen disparar el déficit.
El plan de gasto presentado por el Ministerio de Hacienda, siguiendo con esa actitud de años anteriores ya prevé déficit fiscal de 2,3% del PIB lo que equivale a 2,9 billones guaraníes (US$ 656 millones); este déficit se financiará con préstamos externos (Deudas), que el pueblo a través de sus impuestos tienen que pagar.
Es decir el( PGN) 2013 de cada ingreso del fisco de G 100 G82 para gastos corrientes ( sueldos, viáticos, gratificaciones, horas extras, viajes, aguinaldos, y para contratar ´´empleados´´ de 2 a 6 meses y estos empleados( entre comillas )se convierten en esclavos de algunos poderes políticos corruptos); y solamente G 18 de cada G 100 recaudado por el fisco para gastos de capital, le queda para pagar cuotas de la deuda pública, gastos de inversiones de infraestructura, (educación, seguridad, salud, rutas, puentes, viaductos, etc)
Con esta cultura de plan de gastos de los Poderes Políticos, al Ministerio de Hacienda ya casi no le queda maniobrabilidad para financiar los pagos de las deudas y la infraestructura.
Al Estado no le queda otro camino que seguir ENDEUDANDOSE, con este MODELO de presupuesto corrupto, prebendario y clientelista.
El endeudamiento externo para el 2013 crecerá 123% con respecto al 2012.( El PGN) 2013 prevé emisión de bonos por US$ 850 millones, para pagar cuotas de la deuda pública, gastos de inversiones de infraestructura( deudas para el pueblo).
¿Por qué una Ley de Responsabilidad Fiscal?
En las economías emergentes, y países pequeños con debilidades institucionales, como nuestro país, frágil situación fiscal, y crisis de confianza en la administración pública, una Ley de Responsabilidad Fiscal puede ser un primer paso para ordenar las finanzas públicas. A través del establecimiento de reglas generales y requerimientos estrictos de información, una Ley de Responsabilidad Fiscal ayuda a sanear y transparentar el proceso de presupuesto, mejorar la calidad del gasto público, controlar el nivel de endeudamiento, y además, provee un marco para que los hacedores de políticas públicas puedan considerar los efectos de sus decisiones en el largo plazo. Todo esto, siempre y cuando exista un verdadero compromiso de la administración con un manejo responsable de sus recursos, bajo el marco de la Constitución y las leyes.
En el caso de nuestro país, hay numerosas razones por las que se hace evidente la necesidad de una Ley de Responsabilidad Fiscal, a saber: 1. El elevado déficit del Gobierno, que ya alcanza niveles insostenibles; 2. La falta de rendición de cuentas de la administración pública; 3. La marcada discrecionalidad en el gasto público; 4. La mala formulación del presupuesto del Estado y su errática ejecución; 5. La falta de información y estadísticas fiscales confiables y accesibles a todo el público, así como de la ejecución presupuestaria.
Como ya mencionamos, recientemente el Gobierno reconoció la existencia de un déficit sin precedentes que se estima alcanza los U$S 1.200 millones, y que representa una desviación de U$S 700 millones, sobre lo aprobado por la Ley General de Presupuesto 2012. Dicho déficit es a todas luces insostenible, y por ello el nuevo Gobierno debe proclamar de urgencia la aprobación de una nueva “reforma fiscal” que busca aumentar las recaudaciones a través del incremento de impuestos y creación de nuevas figuras impositivas. Este aumento de 2% más de déficit del PIB por encima de lo presupuestado, a raíz de un excesivo gasto público, el país está alcanzando casi el 4% del déficit del PIB; denota el mal manejo de las finanzas públicas, la discrecionalidad en el uso de los recursos de los contribuyentes, y la falta de transparencia que permea en todos los estratos gubernamentales. No sólo se utilizan supuestos irreales a la hora de la elaboración del presupuesto, sino que también su ejecución es descontrolada y no se corresponde con las asignaciones aprobadas. Ya se ha hecho común la aprobación de presupuestos con ingresos sobreestimados y gasto público subestimado. Esto implica que durante la ejecución presupuestaria se presenten presupuestos complementarios que generalmente implican mayor gasto público. Esto se debe a la alta discrecionalidad en el gasto público, que además es ineficiente y no responde a los intereses de la sociedad en su conjunto. Para 2013, se estima que el gasto público se habrá incrementado en más de 40% con respecto a 2011, luego de haber aumentado en 150% entre 2003-2012 (en términos nominales), y aun así la provisión de bienes y servicios por parte del Estado, por ejemplo en las áreas de educación, salud y seguridad, sigue siendo deficiente. Asimismo, es notable la falta de información y estadísticas fiscales, con lo que se dificulta la planificación de los agentes económicos y se hace imposible la correcta evaluación del desempeño de las autoridades. Por último, la ausencia de rendición de cuentas resta credibilidad al gobierno—y sus proyectos,— que debe hacerse responsable por el uso que da a los recursos que recibe de los contribuyentes.
Principios de Responsabilidad Fiscal
La “Responsabilidad Fiscal” es un concepto relativamente nuevo que ha surgido a partir de la necesidad de distintos países de un marco que garantizara el seguimiento de políticas públicas—y más específicamente políticas fiscales— sanas y encaminadas a alcanzar y mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas. Como tal, la responsabilidad fiscal se basa en los mandatos principales de transparencia fiscal y rendición de cuentas del Gobierno al Congreso, que sirven para delimitar el uso que los servidores públicos pueden darle a los recursos que aportan los contribuyentes y hacerles responsables por ello, así como para establecer requisitos de divulgación de la información fiscal.
En este contexto, Lienert (2010) define una Ley de Responsabilidad Fiscal como "una ley de alcance limitado que desarrolla las normas y los procedimientos relativos a tres principios presupuestarios: la rendición de cuentas, la transparencia y la estabilidad". Según dicho autor, una ley de este tipo debe contemplar al menos cuatro requerimientos mínimos para encausarse en un manejo fiscal responsable, a saber:
1. Descripción de una estrategia presupuestaria anual y de mediano plazo que sirva para lograr los objetivos fiscales;
2. Especificación de la trayectoria de mediano plazo de los ingresos fiscales y gasto público [;
3. Publicación regular de informes sobre el avance en la realización de los objetivos fiscales; y
4. Publicación anual de estados financieros auditados que aseguren la integridad de la información fiscal.
Adicionalmente, una Ley de Responsabilidad Fiscal puede incluir otros componentes que ayuden a transparentar las intenciones de política fiscal del gobierno y sus resultados. Entre estos elementos se encuentran los siguientes:
1. La cuantificación de las exenciones tributarias y las distorsiones que introducen;
2. La descripción de riesgos fiscales;
3. La cuantificación de los impactos de nuevas políticas tributarias y de gasto que el gobierno busque implementar; y
4. Un análisis de sensibilidad de la sostenibilidad fiscal frente a distintos escenarios.
Como base para nuestra propuesta, se utiliza como referencia la Ley de Responsabilidad Fiscal (Fiscal Responsibility Act 1994) de Nueva Zelanda, que fue uno de los primeros países en adoptar este tipo de ley y es uno de los casos más reconocidos de su éxito—más adelante abundaremos sobre este caso— sirviendo como ejemplo a otros países y organismos internacionales. De dicha legislación podemos extraer los principios fundamentales que debe contener una Ley de Responsabilidad Fiscal para la República del Paraguay, que serían:
1. Reducir la deuda total a niveles prudentes, bajo los parámetros de: a. Intereses como porcentaje de los ingresos fiscales; y b. Servicio de la deuda como porcentaje de los ingresos fiscales. Esto busca el objetivo de proveer un amortiguamiento contra imprevistos que puedan afectar negativamente el nivel de deuda total en el futuro. Hasta lograr esto, el gobierno debe asegurar que sus gastos operativos se mantengan por debajo de sus ingresos operativos totales.
2. Una vez se alcancen niveles prudentes de deuda total, mantenerlos. El gobierno debe ajustar la estructura del gasto público y no buscar incrementar los ingresos con aumentos de impuestos. Además, debe implantar un sistema tributario sencillo, con impuestos bajos y uniformes.
3. Alcanzar, y mantener, niveles de patrimonio total neto que provean un fondo de contingencia contra factores que puedan afectar negativamente el valor del patrimonio neto total en el futuro, como son los choques externos y los cambios demográficos.
4. Administrar prudentemente los riesgos fiscales. Esto se refiere a los cambios en la posición fiscal y los flujos operativos, por ejemplo, por cambios en el valor de los activos y pasivos del gobierno y cambios en la base impositiva.
5. Ejercer políticas razonablemente predecibles sobre el nivel y sostenibilidad de las tasas impositivas futuras, dada la importancia de estas últimas para la toma de decisiones y la planificación del sector privado. Así, se minimiza la incertidumbre y se facilita la inversión y la producción.
El país necesita urgentemente poner un corsé o tope a los Gobernantes de turno con una ley de responsabilidad fiscal, que controle el nivel de endeudamiento del Estado paraguayo, es una de las alternativas. Ello atendiendo a la nueva fuente de financiamiento que se abre con la emisión de bonos soberanos por USD 500 millones, a partir de este año. Que las Autoridades responsables de la parte económica del Gobierno, están planificando, emitir cada 2 años, los bonos soberanos.
La preocupación de la ciudadanía es el riesgo de que los políticos puedan entusiasmarse con esta nueva fuente de financiamiento y que lleven al país a un incremento descontrolado de gastos y de endeudamiento, y consecuentemente pueda ponerse en riesgo la estabilidad macroeconómica lograda a lo largo de décadas, evidenciada por la inflación baja, el endeudamiento prudente y el equilibrio fiscal.
Que si bien esta emisión de bonos soberanos que va a realizar el Gobierno es conveniente, también es necesario contar con una ley de responsabilidad fiscal, que, entre otras cosas, limite claramente el techo de la deuda paraguaya. Además, esta legislación permitirá tener una política permanente de presencia en el mercado mundial y un sistema de administración de estas deudas.
La emisión de USD 500 millones implico para el país un aumento de alrededor del 25% de la deuda externa, que a julio alcanzaba USD 2.179 millones; de todas formas se mantendría por debajo del promedio de la región.
Durante la reciente visita del candidato del Partido Colorado Don Horacio Cartes a los Empresarios, invitado para compartir su vasta experiencia en la Gestión empresarial, y hablar sobre la reforma del Estado y en ese sentido se comprometió a impulsar la ley de responsabilidad fiscal, tuvieron la oportunidad de profundizar sobre los aspectos más importantes de la aplicación de responsabilidad fiscal y control del gasto público. En este sentido, uno de los aspectos primordiales a tomar en cuenta es la adecuación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, para que refleje la realidad y las necesidades del país, y no ser solamente un espejo de una legislación extranjera.
Por esta razón, consideramos que una Ley de Responsabilidad Fiscal para nuestro país debe atacar los siguientes puntos clave:
1. La discrecionalidad del gasto público;
2. La mala formulación y ejecución del presupuesto del Estado;
3. La falta de mecanismos de control del gasto público;
4. La eliminación de los déficits fiscales;
5. La falta de rendición de cuentas del gobierno;
6. La falta de metas fiscales, sin una planificación de mediano plazo y sin criterios o mecanismos de evaluación; y
7. La ausencia de indicadores de desempeño del sector público.
Con respecto a estos temas mencionados, se debe dar a la tarea de, en conjunto con otras instituciones relevantes, consultar, investigar y hacer propuestas concretas de mecanismos de control y transparentización del gasto público pertinente. Es necesario reformar las prácticas gubernamentales de gasto, política tributaria y presupuesto para retomar el camino de la sostenibilidad y el crecimiento económico. El gobierno y los servidores públicos deben ser conscientes del uso que dan a los aportes de los contribuyentes, y hacerse responsables por ello. Cada vez que se incurra en un déficit fiscal, el gobierno debe tener la obligación de explicar ante el Congreso y la sociedad el porqué de dicho desbalance, y además definir su duración y forma de financiamiento. También, deben crearse criterios y mecanismos de evaluación que demuestren la eficacia de sus políticas en la búsqueda del beneficio común, así como sanciones al mal manejo de los recursos disponibles. Asimismo, deben existir incentivos para que los hacedores de políticas públicas hagan suyos los intereses de la sociedad a la que representan. Es oportuno resaltar algunas bondades del modelo neozelandés, el cual está orientado a la provisión de bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. A diferencia de lo que sucede en nuestro país, que no existe esta ley tan importante para transparentar y poner un corsé a la clase política criolla, que con este modelo de Presupuesto General de Gastos de la Nación, corrupta, prebendaría y clientelistas. El Estado neozelandés deja a un lado el limitado enfoque del gasto—es decir, concentrarse en el monto gastado en cada servicio, que no garantiza resultados— para adoptar un modelo donde el éxito de los departamentos del Estado se mide según la cantidad y calidad de los bienes que provean a sus ciudadanos.
Como se observa, estos son principios generales que deben guiar el proceso de presupuesto y orientar la toma de decisiones de los funcionarios y servidores públicos a la hora de evaluar cualquier decisión de gasto y/o política tributaria. Sin embargo, no se incluye ninguna regla numérica ni se establecen niveles “prudentes” de deuda o patrimonio neto. De esta manera, se introduce la flexibilidad necesaria para que la Ley de Responsabilidad Fiscal controle el gasto público sin comprometer la capacidad de los hacedores de políticas para cumplir con sus objetivos.
Los cinco principios fundamentales anteriormente mencionados constituyen el primer pilar de la responsabilidad fiscal, la transparencia, al trazar metas específicas en cuanto al manejo de la deuda y el patrimonio del Estado, y demandar la declaración de los objetivos de política, tanto de corto como de largo plazo. El segundo pilar, la rendición de cuentas, se manifiesta a través de los requerimientos de preparación y divulgación de estados financieros estatales por parte del Ministerio de Hacienda. Dentro de estos estados financieros se encuentran:
- Informe Anual de Estrategia Fiscal, que se presenta al Congreso en el mes anterior al inicio del año fiscal. Debe contener los objetivos de largo plazo e intenciones de corto plazo de la política fiscal.
- Declaración Anual de Política Presupuestaria, que se presenta al Congreso tres meses antes del inicio del año fiscal al que se refiere. Contiene las prioridades estratégicas generales que guiarán la preparación del presupuesto.
- Declaración Periódica de Situación Fiscal de Largo Plazo, que debe presentarse como mínimo cada cuatro años. Abarca un período no menor a 20 años y debe explicitar todos los supuestos relevantes usados en su elaboración.
- Actualizaciones Económicas y Fiscales, a ser presentadas ante el Congreso junto el presupuesto de cada año, a mediados de cada año fiscal, y antes de cada elección presidencial. Estos contienen proyecciones económicas y fiscales de las partidas más importantes para las finanzas públicas.
- Declaración Anual de Cambios en la Política Tributaria, que se presenta junto a las actualizaciones económicas y fiscales. Incluye todas las decisiones de política tributaria que afecten las proyecciones de ingresos fiscales para el año de referencia y los siguientes dos años fiscales.
Toda esta información debe ser accesible al público tanto por vía electrónica como de forma impresa, y estar disponible por un período de tiempo mínimo después de su publicación original. Además, el ministro de Hacienda debe anunciar públicamente la disponibilidad de todos los estados financieros. Para asegurar la integridad de dicha información, los estados financieros deben ser auditados anualmente por el Auditor General, quien certifica, ante el Parlamento y el público en general, la veracidad de las cifras publicadas. Para nuestro caso particular, dado que en la República del Paraguay ya existe la figura de un Contralor General—y persiste el problema de mal manejo de las finanzas públicas,— esta labor podría ser realizada por una firma de auditoría internacional.
Con todas estas medidas, una Ley de Responsabilidad Fiscal, aparte de los beneficios de saneamiento de las finanzas públicas y transparentización de los objetivos gubernamentales, aporta una visión de largo plazo a los hacedores de políticas públicas, y establece criterios contra los que se puede evaluar el desempeño del gobierno y la eficiencia de sus políticas.
Experiencia Internacional
Desde la década de los noventa, han sido muchos los países que han adoptado leyes de responsabilidad fiscal, o al menos incluido parte de sus principios en sus leyes de presupuesto y/o de finanzas públicas. A parte del mencionado ejemplo neozelandés, países como Australia, Hungría, Irlanda, Reino Unido, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, India y Paquistán han recurrido—al menos temporalmente— a una Ley de Responsabilidad Fiscal en momentos de crisis de las finanzas públicas, a raíz de problemas de deuda, déficit fiscal, elevado gasto público, o una combinación de estos factores. En cada país, la adopción de las normas de responsabilidad se hizo en diferentes grados, logrando distintos niveles de éxito.
En 1994, Nueva Zelanda había superado su problema de déficit, luego de haber mantenido los mismos sostenidamente por más de dos décadas, y promediando 4% del PIB anualmente durante los últimos años. El sector público consolidado pasó de un déficit de 4.6% del PIB en 1990 a un superávit de 2.6% en 1994. Sin embargo, aún luchaba contra el problema de la deuda. En 1992, la deuda pública neozelandesa alcanzó la cifra récord de 51.1% del PIB, y su calificación de riesgo había bajado de AAA a Aa3; todo esto a pesar de las reformas al sector público implementadas desde la década de los ochentas, dirigidas a mejorar su desempeño, y de los encomiables esfuerzos del gobierno de turno por frenar el déficit fiscal. Ante este sombrío panorama, dos años más tarde se aprueba el Fiscal Responsibility Act 1994, con la intención de obligar al gobierno a ser más transparente sobre sus intenciones fiscales y alentar la evaluación de los efectos de sus políticas en el largo plazo. Esto, unido a los esfuerzos del nuevo gobierno en la reducción del gasto público, la liberalización del mercado laboral, y la continuación de otros procesos de reforma, lograron invertir el escenario económico del país. En 1995 la relación deuda/PIB ya se había reducido en un 11.7%. Y para el octavo año luego de la implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal la deuda soberana como porcentaje del PIB se había reducido a la mitad del nivel que representaba en 1993. Así, Nueva Zelanda entró en un período de florecimiento económico, con un crecimiento real del PIB promedio de 3.6% anual entre 1993 y 2003, grandes superávits fiscales, caída dramática del desempleo y un sustancial aumento de los ingresos fiscales.
También podemos mencionar el caso de Australia, que en 1998 adoptó la Ley de Honestidad Presupuestaria, empujada por el reciente episodio de consolidación fiscal al que se vio obligada a someterse. Al igual que en Nueva Zelanda, esta ley buscó mejorar los requerimientos de rendición de cuentas y hacer explícitas las metas fiscales del gobierno. En Reino Unido, que desde 1998 cuenta con un Código de Estabilidad Fiscal, y que en 2010 aprobó una Ley de Responsabilidad Fiscal, también se requiere que el manejo fiscal y de la deuda se rija por una serie de principios específicos. El gobierno británico debe informar sobre sus metas fiscales de corto y largo plazo, así como asegurar que dichas metas sean consistentes con los principios contenidos en su Código e informar regularmente sobre el avance en la consecución de las mismas.
No son solamente numerosos países los que han adoptado leyes de responsabilidad fiscal, sino que también organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) han desarrollado guías de transparencia fiscal. El Código de Buenas Prácticas de Responsabilidad Fiscal del FMI se basa en los principios de claridad de roles y responsabilidades; disponibilidad pública de la información; apertura en el proceso de preparación, ejecución y rendición de cuentas del presupuesto; y aval independiente de la integridad. Por su lado, las Mejores Prácticas para Transparencia Presupuestaria de la OECD es una herramienta de referencia para la transparentización del proceso de presupuesto.
Conclusiones
El pobre manejo de las finanzas públicas por la clase política criolla esta llevado al país a una crisis financiera sin precedentes. Frente a esta situación, se hace evidente la urgente necesidad de reformar la administración pública y adoptar medidas que mejoren el ejercicio fiscal en el país. La solución propuesta por el candidato del Partido Colorado Don Horacio Cartes de impulsar una Ley de Responsabilidad Fiscal, que provea al gobierno de los instrumentos necesarios para lograr mejorar el desempeño y la administración de las finanzas públicas e introducir una visión de largo plazo al proceso del presupuesto. Una Ley de Responsabilidad Fiscal para la República del Paraguay debe enfrentar los problemas de discrecionalidad en el gasto público, falta de rendición de cuentas, ausencia de criterios de evaluación y otras trabas que frenan el manejo fiscal responsable en el país. Es un instrumento que debe hacer énfasis en la transparencia presupuestaria, la aclaración de los objetivos de política fiscal, y la periodicidad y contenido de las estadísticas fiscales. Todos estos elementos son iniciativas de gran impacto sobre el panorama fiscal del país, y que ayudarían a garantizar la ejecución y el mantenimiento de políticas fiscales sanas y sostenibles en el largo plazo.
(*) UNA: Economista
Harvard University
Universidad Americana
Master en Administración y Dirección de Empresas
Especialista de Evaluación de Proyectos de Inversión y Análisis de Riesgo.
Universidad de Madrid
U.T.I.C.
Master en Auditoria de Gestión y Control Interno Operacional
EL COLORADO 
Dr Meza Caballero: Su Articulo, es excelente y muy explicativo. El pais necesita de un Ley de Responsabilidad Fiscal, como dice su Articulo para poner un corsé a los Políticos criollo.ÉFICIT FISCAL SE DEBE A AUMENTO DEL GASTO, SOSTIENE
Cuentas fiscales van camino al despilfarro, según Cadep
La entidad insta a volver al equilibrio para evitar cortes en programas sociales.
Paraguay está pasando de la prudencia fiscal al despilfarro, advierte el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), en su última revista semanal. La entidad considera que si bien el déficit (más gastos que ingresos) que las cuentas públicas padecen desde el año pasado está aún en niveles controlables, el hecho de que el origen de este faltante radique en el incremento de los gastos corrientes, como salarios de funcionarios públicos, es el factor preocupante.
Fernando:Después de casi cinco años consecutivos de superávit, surge nuevamente en el Paraguay el fantasma del déficit fiscal. Si bien ello pareciera no revestir extrema gravedad y existen incluso opiniones que apoyan o justifican el saldo negativo, considerando que el Estado recurrió a la política contra cíclica de gastar más en épocas de recesión económica, como lo fue el año 2012, lo más preocupante es el verdadero origen de dicho déficit”, El nuevo Presidente de la República debe impulsar la Ley de Responsabilidad Fiscal. para poner un techo a esta nueva herramienta de Endeudamiento que es´tan utilizando la Clase Política, en su afán de encontrar un nuevo financiamiento de este Modelo de país. corrupta, prebendaría y clientelistas. Que la estructura rígida de los gastos públicos podría ser insostenible en el mediano plazo; QUE CON ESTE MODELO que será difícil avanzar hacia una economía dinámica y equitativa con dicha estructura donde, en un periodo de cinco años (2008-2012), el gasto rígido representa en promedio el 80% del gasto total. “El déficit se origina en el despilfarro de los recursos del Gobierno”,
que dicha estructura contrarresta el positivo dinamismo de los gastos de capital (inversiones en infraestructura, por ejemplo), que crecieron en un 30% promedio anual durante el periodo mencionado, mientras que los gastos corrientes lo hicieron a un ritmo de 18% por año.
Otro peligro latente es el brote inflacionario, ya que el incremento del gasto del Gobierno aumenta la demanda total de bienes y servicios en la economía (demanda agregada). “Esto tiende a elevar los precios, es decir, genera presiones inflacionarias, las personas y las empresas tendrán que pagar más dinero por las mismas cantidades de bienes y servicios”,
que el déficit fiscal necesariamente deberá ser tratado con una política restrictiva del gasto,Con implementar la Ley de Responsabilidad fiscal, porque de continuar con esta política, ya que podría implicar costos sociales. “La tendencia en estos casos suele ser la de reducir los gastos sociales para mantener el nivel de gastos rígidos. Es imperativo limitar fuertemente los gastos corrientes, privilegiando las inversiones en infraestructura y en el capital humano; así como también es imperioso avanzar en las reformas fiscales para que los sectores productivos con mayor capacidad financiera incrementen su contribución a las arcas del Estado”,
Fernando: La falta de rendición de cuentas de la administración pública, que, entre otras cosas, limite claramente el techo de la deuda paraguaya.
Blanca Lila: Necesaria ley de responsabilidad fiscal
Apenas ya hace falta insistir en la necesidad de reducir el déficit fiscal, que este año llegaría al 1,6% del PIB. Este déficit es el resultado de una disparatada política presupuestaria, atribuible en primer lugar al Congreso. Sus previsiones con relación a los ingresos son totalmente irreales, pero ellas le permiten incorporar cada vez más funcionarios y contratados, aumentando al mismo tiempo sus salarios, en beneficio de la clientela política de los legisladores y en perjuicio del país. Es encomiable, pues, que el Poder Ejecutivo haya elaborado un proyecto de ley que apunta a poner orden en el presupuesto, a fin de que los gastos previstos puedan ser cubiertos con los ingresos que, razonablemente, pueden esperarse. Esta previsión solo debería realizarla el Ministerio de Hacienda.
Apenas ya hace falta insistir en la necesidad de reducir el déficit fiscal, que este año llegaría al 1,6% del producto interno bruto. Este déficit es el resultado de una disparatada política presupuestaria, atribuible en primer lugar al Congreso. Sus previsiones con relación a los ingresos son totalmente irreales, pero ellas le permiten incorporar cada vez más funcionarios y contratados, aumentando al mismo tiempo sus salarios, en beneficio de la clientela política de los legisladores y en perjuicio del país. Como la recaudación no alcanza para cubrir los gastos presupuestados, el Ministerio de Hacienda recurre luego al contundente argumento de los hechos y las erogaciones presupuestadas no se ejecutan porque la recaudación tributaria es insuficiente. Pero los salarios son intocables, así que el personal público sigue percibiendo sus haberes, anualmente mejorados. Para obtener los recursos faltantes se recurre al endeudamiento, mediante préstamos y bonos colocados en el mercado internacional. Si además se considera que las reprogramaciones y ampliaciones presupuestarias son la regla, aunque la ejecución no suele superar el 50%, y que los diversos organismos “negocian” con el Congreso a espaldas del Ministerio de Hacienda, se concluye que la Ley del Presupuesto General de la Nación carece de toda seriedad y que es la más pura expresión de la irresponsabilidad fiscal.
Es encomiable, pues, que el Poder Ejecutivo haya elaborado un proyecto de ley que apunta a poner orden en el presupuesto, a fin de que los gastos previstos puedan ser cubiertos con los ingresos que, razonablemente, pueden esperarse. Esta previsión solo debería realizarla el Ministerio de Hacienda, que es el órgano que tiene la información necesaria y los funcionarios idóneos para adecuar los egresos a los ingresos. Lo que el Congreso hace es disponer primero los gastos y luego imaginarse una fantástica recaudación para financiarlos. Por eso, el proyecto de ley de responsabilidad fiscal prohíbe que los ingresos previstos por el ministerio competente sean modificados por los legisladores. También dispone que los salarios del personal público se reajusten solo cuando la inflación anual llega al 10%, tal como ocurre en el sector privado.
Aparte de que implicaría un considerable ahorro del dinero de todos, esta disposición responde a un criterio de justicia, ya que no hay motivo para que los reajustes salariales del personal público sean mayores que los de los trabajadores y empleados privados. En realidad, son aumentos salariares no vinculados con la inflación, a los que deben sumarse las “gratificaciones” por un supuesto desempeño exitoso, cuyas cuantías se fijan según las remuneraciones.
Un proyecto de ley tan importante y sensato debería contar con un amplio apoyo parlamentario. Hay indicios de que los congresistas han tomado conciencia de que no se debe seguir jugando con el Presupuesto Nacional y de que el gasto público debe responder a una expectativa razonable en cuanto a la recaudación tributaria. En el PLRA, sin embargo, hay reparos en el sentido de que la iniciativa violaría el art. 216 de la Constitución, que no limita la facultad del Congreso de modificar el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación. En vez de sancionar una ley de responsabilidad fiscal, se propone una suerte de acuerdo de caballeros. Creemos que el reparo es infundado y la alternativa insuficiente.
La Ley de Administración Financiera del Estado establece en su art. 6° que el Presupuesto General de la Nación se ajustará a ciertos principios, entre los que en el inc. e figura el del equilibrio: el monto de gastos no debe exceder el total del presupuesto de ingresos y el de financiamiento. El siguiente artículo dice, en su inc. c, que en la Ley del Presupuesto no se incluirá ninguna disposición que rija fuera del ejercicio fiscal, ni disposiciones o cláusulas que modifiquen o deroguen otras leyes permanentes. El art. 11 ordena que al sancionarse la ley también se apruebe como anexo el clasificador presupuestario. El artículo siguiente se refiere a la información básica que ella debe contener. El art. 26, en fin, se ocupa de la reprogramación del presupuesto para cubrir el déficit y dispone que el Congreso solo podrá transferir o reducir rubros, cambiar fuentes de financiamiento o suprimir créditos presupuestarios que no afecten compromisos derivados de leyes especiales. Todas estas normas reducen las atribuciones del Congreso en materia presupuestaria y ninguna de ellas, que sepamos, ha sido atacada de inconstitucional.
Habría sido deseable que las normas referentes a la responsabilidad fiscal tuviesen rango constitucional, como la tienen en ocho países del continente. No obstante, creemos que un proyecto de ley que limite la discrecionalidad parlamentaria, así como lo hace la Ley de Responsabilidad Financiera del Estado, no violaría la Carta Magna. El acuerdo sugerido, que implicaría una “generosa” renuncia de los legisladores a potestades supuestamente irrenunciables, sería un mecanismo demasiado endeble para garantizar los objetivos del proyecto de ley. Se trata de una cuestión de suma relevancia, que requiere un tratamiento legislativo formal. Si ni siquiera una “ley marco”, tal como la que regula las pensiones graciables, es respetada por los parlamentarios a la hora de concederlas, mucho menos cabría esperar que un acuerdo político sea cumplido cabalmente. Además, habría que renovarlo cada año, de modo que la incertidumbre sería permanente. Una ley de responsabilidad fiscal le daría mayor firmeza y estabilidad al consenso que se pueda lograr hoy. Desde luego, ella puede ser ignorada olímpicamente por el Congreso al sancionar la Ley del Presupuesto General de la Nación, aunque esta no deba derogar o modificar leyes permanentes, según la Ley de Administración Financiera del Estado. En tal caso, al menos, quedaría en evidencia la reprobable intención de varios legisladores de continuar manteniéndose en la política de irresponsabilidad fiscal de la que ha venido haciendo gala el Congreso y que tanto daño hace a la correcta administración del país.
Fernando: En qué consistirá la acordada Ley de Responsabilidad Fiscal?
El implícito acuerdo firmado entre la parte mayoritaria del Legislativo y Horacio Cartes en torno a la Ley de Responsabilidad Fiscal, marca una tercera victoria del nuevo presidente en los escenarios administrativo, económico y político del país, luego de la aprobación del Iragro y la modificación de la ley de Seguridad y Defensa Nacional
Esta nueva ley busca el equilibrio fiscal. INTERNET
Los cuestionamientos de inconstitucionalidad esgrimidos por representantes del Senado bajaron de decibles en el transcurso de las últimas semanas, para finalmente disolverse en un acuerdo político con la Presidencia de la República, de donde se gestó el primer borrador del proyecto.
¿Cuáles son los puntos más cuestionados? ¿En qué consistirá la ley?
El artículo 8 del proyecto de ley señala que «El déficit fiscal anual de la Administración Central, incluidas las transferencias, no será mayor que el uno coma cinco por ciento (1,5%) del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para dicho año fiscal».
El espíritu de este artículo es atacado por ser inconstitucional, por que establecería límites extra legislativos para la formulación del presupuesto General de Gastos de la Nación. La Constitución no restringe las atribuciones del Parlamento en este rubro, pero ahora se someterá al régimen de esta ley.
Otros argumentos en esta línea señalaban que, como el Presupuesto tiene rango de Ley, no existe la categoría de Ley Marco, que pueda regular la formulación de las leyes más allá de la propia Constitución Nacional, único estamento legal marco.
La estimación de los indicadores macroeconómicos que permitan la elaboración y la limitación presupuestaria son generados tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Banco Central del Paraguay.
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
Más allá de las estimaciones de gastos en el presupuesto, lo que realmente produce preocupación es que estas cifras no coincidan con la estimación de ingresos. La ley de Responsabilidad Fiscal señala al respecto que «La estimación de los ingresos públicos será establecida por el Poder Ejecutivo», y agrega, «Si el Congreso Nacional modifica dicha estimación, lo hará conforme a los principios establecidos en el artículo 6° de la Ley 1535/99 ‘De Administración Financiera del Estado'».
Esto significa, recurriendo al mencionado artículo legal, en su inciso «U», sobre el Equilibrio fiscal dice «que el monto del Presupuesto de gastos no podrá exceder el total del presupuesto de ingresos y el de financiamiento».
PLANIFICACIÓN
El ideal de la planificación de políticas públicas a largo plazo podrá cumplirse de alguna forma con la puesta en vigencia de esta ley. A partir de ella se tendrá una «Programación Fiscal Plurianual consolidada de mediano plazo (3 años) será presentada al Congreso Nacional conjuntamente con el Proyecto de Ley de Presupuesto Anual».
El primer proyecto de Responsabilidad Fiscal presentado en el 2005 por Lilian Samaniego, establecía la elaboración de presupuestos plurianuales de 5 años.
SUSPENDER LA LEY
La propia ley establece un régimen de excepción, que permitirá la no vigencia de algunos artículos. Esto podrá darse solo bajo estricto pedido del Ejecutivo.
«En casos de emergencia nacional, crisis internacional que puedan afectar seriamente la economía nacional o una caída de la actividad económica interna, a solicitud del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional podrá suspender por el año fiscal correspondiente la aplicación de los numerales 1) y 2) del Artículo 7° y del Artículo 9° de la presente Ley. En ningún caso el déficit podrá exceder el tres por ciento (3%) del PIB.»
AÑOS ELECTORALES
Según lo establecido en el artículo 9, en años de elecciones generales y municipales, el gasto corriente primario de la Administración Central entre los meses de enero y julio no será mayor al sesenta por ciento (60%), esto se establece tratando de prevenir algún tipo de vaciamiento de arcas al finalizar un periodo de mandanto, práctica recurrente.
Blanca Lila:La responsabilidad fiscal es un imperativo ético y económico
La propuesta del Poder Ejecutivo de aprobar una ley de responsabilidad fiscal permitirá darle al Ministerio de Hacienda un mecanismo para garantizar el equilibrio presupuestario y una condición básica para lograr que el Presupuesto deje de ser un instrumento para financiar favores político electorales y se convierta en un medio de desarrollo económico y social. Esperemos que en el nuevo Parlamento primen el bien común y la racionalidad en las decisiones. Los políticos no pueden oponerse a algo tan esencial para el bienestar de la República. Pretender poner freno a los intereses personales solo con un pacto entre los partidos políticos será un retroceso, en el que habrá perdido el país.
La propuesta del Poder Ejecutivo de aprobar una ley de responsabilidad fiscal permitirá darle al Ministerio de Hacienda un mecanismo para garantizar no solo el equilibrio presupuestario, sino fundamentalmente una condición básica para lograr que el Presupuesto deje de ser un instrumento para financiar favores político-electorales y se convierta en un medio para el desarrollo económico y social.
En realidad, esta iniciativa refuerza la normativa financiera presupuestaria vigente, que la ausencia de racionalidad política en el debate presupuestario hace que sus principios no se cumplan. Lastimosamente, en un país donde el clientelismo y el prebendarismo tienen tanta fuerza, se requiere de un exceso de normativas que tarde o temprano terminan restándole flexibilidad a la gestión pública, en un momento de la historia en que el mercado globalizado y la dinámica económica y social exigen al sector público cada vez mayor capacidad para enfrentar los cambios derivados de la rapidez con que se mueve el mundo.
La falta de racionalidad junto con los conflictos de intereses llevaron a la aprobación de un Presupuesto público no solo desfinanciado, sino además incapaz de generar resultados que impacten en el desarrollo. Un sector público que solo puede pagar salarios y cuya mayor proporción de funcionarios se incorporaron sin mecanismos que garanticen su idoneidad, tiene un doble problema: funcionarios públicos incompetentes que cobran salarios y funcionarios públicos competentes, pero con escasos resultados, porque solo con su sueldo no pueden ejercer cabalmente sus funciones (qué calidad se puede esperar del personal de blanco sin insumos médicos o de docentes sin materiales didácticos).
Los conflictos de intereses se manifestaron por el lado de los ingresos. El Parlamento aprobó más gastos que los posibles de ser financiados con los ingresos tributarios, lo que además ocasionó una cada vez mayor tendencia al endeudamiento interno y externo. El Parlamento se resiste a aumentar la presión tributaria y, paralelamente, a darle mayor equidad a la recaudación de impuestos, por lo que la situación del desfinanciamiento público puede tornarse en una cada vez mayor desigualdad. El pago de la deuda generada en estos años será financiado con la recaudación del IVA, el tributo más injusto. De esta manera, uno de los objetivos fundamentales del Estado, que es disminuir las desigualdades económicas, está siendo no solo obstaculizado, sino que además se puede incluso contribuir a su aumento.
Esperemos que en el nuevo Parlamento primen el bien común y la racionalidad. Aquellos que no quieren una ley y solo pretenden pactar para no desfinanciar el Presupuesto General de la Nación, están en contra del bienestar de todo el país. Y pretenden seguir manteniendo los viejos vicios basados en el abuso de poder y el clientelismo.
Dr Meza Caballero
Registra acaso la historia algun cambio radical de conducta fiscal implementado pacìficamente, en algùn paìs?
Acaso nos cae el sayo de «Ogro Filantròpico» magistralmente descripto por Octavio Paz, uno de los mas lùcidos pensadores de habla hispana y Nobel de Literatura ?
Soportarà la franja productiva privada las cargas impositivas que solventan los gastos de un plantel de funcionarios publicos cuya ocupaciòn, remuneraciones, privilegios y cantidad desconocemos., aunque esta ùltima se estima en cientos de miles?
Serà suficiente lo aportado por los entes binacionales para educar, sanar, transpotar y proteger a quienes integran la muy ancha base de la piramide poblacional de nuestro querido paìs, y que ingresaràn al mercado laboral a corto plazo?
Tenìa razòn Marx cuando sentenciaba que la democracia capitalista lleva en su ùtero el feto que acabarà con ella, el clientelismo?
Como se lograr curvar la mentalidad de la gran mayorìa de los adolescentes que aspira a convertirse en funcionario pùblico, departamental, municipal y/o de entidades autàrquicas?
El viento de cola de la economìa mundial no durarà para siempre.
El Estado no debiera sufrir de elefantiasis. Aun con criterios diversos, la porcion del erario aplicado a gastos de infraestructura y de capital, debiera rondar el 30%., don`t you agree?
Una vez mas, felicitaciones y agradecimientos por sus monografìas sobre temas cruciales del acontecer nacional.
Profesor Dr Odón Frutos, Gracias por sus sabias apreciaciones. El nuevo Presidente de la República que asuma el 15 de agosto próximo, como una de las prioridades de su Gobierno debe impulsar imperiosamente esta Ley de Responsabilidad Fiscal. para cambiar definitivamente este Modelo corrupto, prebendario y clientelistas.El candidato del Partido Colorado Don Horacio Cartes, se comprometió , que solicitará al Parlamento la aprobación de un proyecto de ley de responsabilidad fiscal, como parte de las medidas para controlar el gasto público y garantizar el buen uso de los recursos.
La propuesta fue lanzada durante el desayuno de trabajo realizado en el marco del «Diálogo con los Empresarios», organizado por el Foro Brasil en el Hotel Sheraton i hizo un repaso sobre la situación económica, las perspectivas para el próximo año y los proyectos para impulsar el desarrollo del país.para darle un Nuevo Rumbo al Paraguay. En este contexto, habló de la necesidad de contar con una ley de responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta que con este Modelo de pais, el Paraguay es una Industria de pobreza, y que más de 90% del PGN es para gastos corrientes(sueldos, subsidios, y otros beneficios, que solamente sirven a los operadores políticos y a sus consorcios punteros) con estos el PGN ya no les alcanza, y están utilizando los Bonos Soberanos, como una fuente de ingresos, y como todos sabemos que estos Bonos es una bomba de tiempo, El Ministro de Hacienda anunció que cada 2 años van a emitir estos Bonos Soberanos(La comisión es la madre del borrego) este año la economía cayó 1,5%, el déficit fiscal llegaría a 3% del PIB , y que , en esta política, los parlamentarios, les acompaña permanentemente, endeudando al país. con este camino, nos llevan directamente a lo que es hoy Portugal, Grecia, España entre otros.los políticos criollos insisten en la necesidad de que el Parlamento apruebe permanentemente los préstamos entre ellos los destinados a calzar el presupuesto, para poder llevar a cabo las inversiones, que sin estos recursos crediticios, el Estado se dedicará en lo que resta del año solo a pagar salarios a funcionarios y no podrá realizar las obras de infraestructura para generar empleo y mitigar los efectos de la caída de la economía.
Dr Meza Caballero:
De reformarse la Constitucion, y la nuestra precisa una…hay puntos que facilitarìan una buena gestiòn de los gobiernos. Me permito citarlos desde mi posiciòn de lego en Derecho Constitucional.
a) Periodos presidenciales de 4 años, con una sola re-elecciòn (ver la Constitucion de los EEUU). Hasta el menos avispado de los ciudadanos sabe que en un periodo de 5 años no pueden implementarse planes eje, fundacionales. En ocho años si. Con la ventaja que al cuarto año el Ejecutivo tiene que rendir exàmen. Ni el mas ignorante, hambreado y enfermo de los pueblos elegirìa a un Presidente de mala gestion, asi como se empeñarìa en re-elegir a quien cumpliera con sus deberes eficaz y eficientemente.
b) Las Càmaras debieran renovarse por mitades tambien cada cuatro años, al segundo año del periodo presidencial de a) arriba. Para èsto los primeros congresistas electos a partir de la reforma cumpliran funciones por dos años al cabo de los cuales deberàn «rendir exàmen».
c) Las elecciones Departamentales y Municipales debieran implementarse al tercer año de gestion del Ejecutivo.
Estas reformas dificultarìan en gran medida la formacion de asociaciones ìlìcitas (vulgo «roscas») que al presente se evidencian en los tres estratos citados.
Los funcionarios electos, de ser medianamente inteligentes e independientemente de su rango., cumpliràn con sus deberes al aspirar a la reeleccion, al menos durante su primer periodo de cuatro años.
El ejecutivo deberà lidiar con dos congresos y con dos gobernadores e intendentes en un periodo dado.
Contrario sensu: Los gobernadores e intendentes serviràn bajo dos presidentes. Lo ùnico que debe permanecer inalterable, mas allà del perfeccionamiento del sistema de nominaciòn de jueces y fiscales, es el Poder Judicial., por su cuasi-sacralidad.
Son opiniones de un lego en la materia citada, que cumple en aclararle que no porta doctorado o profesorado alguno. Apenas un BBA de una universidad norteamericana. Muy lejos del rango acàdemico que Usted ha alcanzado en su especializacon en algunas de las universidades de mayor prestigio del mundo.
Atentamente,
Odón Frutos: Gracias por sus apreciaciones, Usted. es una persona con mucha experiencia, sus comentarios tiene mucha profesionalidad y sapiencias, todos nos nutrimos de sus esclarecedores y excelentes opiniones. El Gobierno que asuma el 15 de agosto del corriente año, debe necesariamente impulsar una Constituyente, para modificar nuestra Constitución, para modificar este Modelo de Organización política, corrupta, prebendaria y clientelistas.con este modelo del PGN
El 99,7% de los ingresos tributarios fueron a salarios en primer bimestre
En 2008 los gastos salariales ascendían a G. 5 billones (USD 1.237,6 millones), mientras que para este año el dinero destinado a servicios personales llegaría a G. 16 billones (USD 3.960,3 millones).
Los gastos en personal pagados al primer bimestre de este año absorbieron el 99,7% de los ingresos tributarios del Estado, que en el año 2008 a gastos salariales se destinaron G. 5 billones (USD 1.237,6 millones), monto que trepó a G. 11,2 billones y que para este año se prevé destinar casi G. 16 billones (USD 3.960 millones).
«Los ingresos han tenido un incremento no sustancial como se espera para financiar todos los gastos que tenemos previstos; los gastos han crecido mucho más; y entre esos gastos, los gastos salariales»,
Como ejemplo, cito el caso de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que tuvo un incremento de G. 50.000 millones (USD 12,3 millones) solamente en gastos salariales, lo cual impacta no solo para todo ese año, sino también para el siguiente.
Hasta el momento el Ministerio de Hacienda no dio a conocer de manera oficial la ejecución presupuestaria de este año, de manera que no se sabe cómo está compuesto el gasto público total en los primeros dos meses del año.
EJECUCIÓN. Para que la maquinaria del Estado siga funcionando, Hacienda está recurriendo a préstamos, de modo que la ejecución presupuestaria no se resienta. Así, por ejemplo, esta semana colocó bonos por G. 473.000 millones (USD 119 millones) en el sistema financiero. También el préstamo del Banco Central (que debe ser devuelto hasta junio) por G. 1,6 billones (USD 396 millones), es decir, más de USD 500 millones de dólares en deudas contraídas en menos de tres meses, para que el Estado siga funcionando. Esto sin contar los otros USD 500 millones que están depositados en Suiza por la colocación de los bonos soberanos para obras públicas.
Para un país serio, lo ideal sería que la mayor parte o una parte importante por lo menos de los gastos del Presupuesto sean destinados a gastos de capital o de inversión.
VULNERABLE. Un análisis elaborado en mi Articulo:El Presupuesto General de Gastos de la Nación, es un Vaiven de la cultura, señale que las finanzas públicas al cierre de febrero presentaron un estado de vulnerabilidad ante «recaudaciones tributarias bajas y gasto rígido excesivo».
Que estos indicadores no permiten margen de maniobra a Hacienda, a fin de destinar recursos para el pago de otros rubros de importancia que forman parte de programas sociales: medicamentos, combustibles para ambulancias y patrulleras, equipamiento de escuelas y hospitales, kits de útiles, alimentos para la desnutrición infantil y para el almuerzo escolar, entre otros.
, Se evidencia un descontrol del gasto público en un año político donde crecen los rubros presupuestarios rígidos y los llamados a contrataciones que comprometen recursos a futuro y que llevan consigo anticipos que se pagan a la firma de contratos.Se debe modificar la CN, de tal forma que el Poder Legislativo, solamente puedan aceptar o rechazar el Plan de Gastos que envía. el PE al Congreso
El gasto en personal en el PGN 2013 creció 15,2% en relación a la cifra ejecutada en el mismo concepto en 2012.
Los Congresistas, con esta CN hacen un DESPILFARRO y un FESTÍN de los Fondos Públicos.
de que hubo despilfarro en el gasto fiscal en todos estos años, porque los ingresos fiscales se incrementaron significativamente, pero los gastos corrientes, y especialmente los incrementos salariales, se incrementaron aún más. «Más aún, lo que hicieron en 2012 ya fue escandaloso, con incrementos salariales superiores al 30%, lo que nos llevó nuevamente a un déficit fiscal superior a los USD 450 millones luego de 8 años de equilibrio fiscal», .
El próximo Gobierno debe encarar este tema como el de mayor prioridad dentro de su agenda, de manera a lograr que se limite al crecimiento anual de los gastos corrientes.
Dr Meza Caballero: Le felicito por sus excelentes y de muy profesional ensayos, que gracias a esta pagina Web, aprendemos y nos deleitamos con sus escrito, en ese sentido el FMI pedirá a presidenciables que apoyen Ley de Responsabilidad Fiscal
Debido al descontrolado aumento de gastos que se da cada año en el Congreso, el Poder Ejecutivo quiere plantear una norma que limite las erogaciones. La visita se hará antes de las elecciones
El nuevo Presidente de la Republica, que asuma el 15 de agosto del corriente año, debe impulsar. esta importantisimo ley y pedir y buscar apoyo privado y de la ciudadanía en general , para pedir al Parlamento que apruebe una ley que limite suba de gastos. Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) vendrá al país poco antes de las elecciones del 21 de abril, para conversar con los candidatos presidenciales sobre la necesidad de aprobar una Ley de Responsabilidad Fiscal.
Benito: Cartes propone reajuste salarial del sector público en base a la inflación
Cartes propone reajuste salarial del sector público en base a la inflación
Presión. En el 2012, la clase política cedió a la presión del funcionariado público, creando un agujero de USD 1.200 millones.
La ley de responsabilidad fiscal plantea una suba de salarios públicos bajo el mismo mecanismo que hoy rige para el sector privado. Con esto se trata de burlar al manejo político del presupuesto público.
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Como una forma de burlar el manejo político a la hora de definir el presupuesto público, la presión de los sindicatos estatales, común todos los años, e imponer un criterio a la hora de subir los salarios en el ámbito estatal, la ley de responsabilidad fiscal propone un reajuste al acumular una inflación de 10%, explicó el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Brusquetti.
Este proyecto será impulsado en el Congreso por el gobierno entrante, confirmó Germán Rojas, virtual ministro de Hacienda de Horacio Cartes, quien agregó que una vez que se tenga la ley promulgada se pasará a definir un promedio salarial en el sector público para que el aumento sea por igual para todos. El mecanismo sería igual al que hoy se aplica en el sector privado, es decir, reajustes en base a la inflación medida por el Banco Central del Paraguay (BCP).
También quedará por definir si el reajuste se hará automáticamente o una vez al año, no importando si se llega al 10%; esto atendiendo que el presupuesto público debe prever lo que representarán los aumentos para el año fiscal entrante.
Vale recordar que el aumento desmedido de los salarios públicos por parte de la clase política es lo que llevó a la actual crisis fiscal que atraviesa el país. Solo para el presupuesto 2012, el aumento salarial promedio fue de 35%; llegando a 58% incluso para algunos funcionarios.
Blindaje. Otros mecanismos a ser aplicados para blindar el presupuesto son: la imposibilidad por parte del Parlamento de subir en un año los gastos corrientes en una tasa superior al 4% más la inflación; y el respeto –sin hacer modificaciones– a la estimación de ingresos que presenta el Ejecutivo al Congreso, para el análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN).
«Quedó a consideración del Equipo de Transición (proyecto de ley), ahora nos mandaron un último borrador que en realidad tiene muy pocos cambios sobre lo que nosotros hemos enviado inicialmente. La ley de responsabilidad fiscal tiene connotaciones muy concretas», señaló Ferreira.
El principal problema que afronta el sistema actual de tratamiento del Presupuesto es que en el Congreso Nacional los parlamentarios terminan pagando favores políticos, es decir las prebendas.
Augusto: Urge Ley de Responsabilidad Fiscal para frenar a políticos
Una tarea absolutamente prioritaria a la que debe abocarse el Gobierno –sea el actual o el que vendrá a partir del 15 de agosto– es frenar el déficit fiscal que amenaza con estrangular nuestra economía. Tal déficit se origina en el imparable aumento del costo de la política, que pone al país al borde de otra crisis financiera. Urge una Ley de Responsabilidad Fiscal que ponga topes al Presupuesto nacional y restaure el orden. Los partidos políticos con representación parlamentaria son directos responsables del incremento desmedido del Presupuesto, con lo que hoy la conducción económica tiene enfrente la luz de alarma.
En agosto de 2012, previendo lo que se vendría en el Congreso de cara a las elecciones en puertas, el ministro de Hacienda lanzó la idea de presentar un proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal –consistente en poner límites específicos al Presupuesto General de Gastos, para que los parlamentarios no se excedan en los números–, como parte de imperiosas medidas para controlar el gasto público y garantizar el buen uso de los recursos.
El deseo quedó como tal, entonces, y –peor de lo que se temía– los parlamentarios, de manera desvergonzada, incrementaron los gastos corrientes en un Presupuesto que ya venía con déficit –2,3% del PIB– desde el Ejecutivo. Para seguir invirtiendo, pese a esta irresponsabilidad de los partidos políticos y sus representantes en el Legislativo, el Paraguay deberá endeudarse, como de hecho lo está haciendo.
Según la estructura del Presupuesto General de Gastos de la Nación 2013, de cada 100 guaraníes que ingresan al fisco, 82 se destinan a sueldos, viáticos, viajes, contrataciones varias, «cupos» políticos y operadores disfrazados de funcionarios, y solo 18 guaraníes van a inversiones.
Esta situación se vuelve cada vez más insostenible, porque no hay ingresos genuinos suficientes para afrontar el despilfarro. De ahí la urgencia de contar con una ley que ponga freno a los gastos.
Urge volver a la disciplina fiscal que había caracterizado a la Administración del país desde el 2003 y que comenzó a romperse en el 2011, sin que hubiera un instrumento jurídico que se opusiera a las extralimitaciones de los parlamentarios. Estos pueden acrecentar arbitrariamente el Presupuesto en su origen o determinar ampliaciones.
Ante la imposibilidad de concienciar a los sectores políticos sobre la restauración del orden económico, Hacienda volvió a insistir en el proyecto de ley aludido.
El tema es que dicho proyecto deberá ser estudiado por los mismos que han alborotado las normas de conducta en el manejo de la economía y cuyo poder se centra precisamente en la discrecionalidad que tienen para imponer sus apuestas. La política mal entendida sigue teniendo un sólido peso destructivo en nuestra República.
Mientras desde el sector privado llegan los buenos augurios con inversiones productivas que se consolidan y con tantos proyectos que se van concretando, desde la politiquería que oprime al sector público se alzan los vientos en contra.
El Ejecutivo que emergerá de las elecciones deberá demostrar un enérgico liderazgo para tratar de romper el sistema prebendario que rige en la Administración Pública y del que todos los partidos políticos se sirven.
Pero antes o después hay que promover seriamente la Ley de Responsabilidad Fiscal, como primer paso ineludible para evitar que se siga dilapidando la riqueza del país. Con una economía deficitaria, la gobernabilidad se hará harto difícil.
dR mEZA cABALLERO: sU aRTICULO ES EXCELENTE , como dice su arrticulo:algunas observaciones al anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal,
Una de las principales acotaciones se dio al porcentaje máximo de déficit para un presupuesto, el cual, según su ensayo, no deberá pasar el 1,5% del PIB. Considera que ese resultado podría atentar contra la estabilidad fiscal, y que debería tender más hacia un equilibrio. En ese orden, la suspensión de la regla fiscal, pudiéndose duplicar el porcentaje de déficit a 3%, podría ir en contra de la sostenibilidad fiscal,
Como sigue diciendo su Articulo, en cuanto a la ley en sí, esta no debe ser un complemento a la Ley de Administración Financiera del Estado, debe ser una ley única, separada de otras leyes, de ser posible concebida como una política de Estado, de modo que no sea objeto de inconstitucionalidades, que blinden cualquier tipo de modificación y que sea una ley que perdure en el largo plazo,
En cuanto al aumento salarial, sigue diciendo su articulo ,en que los criterios deben ser similares en el sector público y privado. Por otro lado, comparto que se limite la ejecución del gasto en año electoral.
Ernesto:Sostuvo que la Ley de Responsabilidad Fiscal será un refuerzo para sanear el proceso presupuestario y así lograr mejor calidad en el gasto público y controlar el nivel de endeudamiento.
«No porque tengamos mucha oferta de crédito nosotros debemos tomarlo todo. Hay que tomar lo imprescindible y desechar lo superfluo»,
Sostuvo que con esta ley, que es la que ahora más interesa al próximo Gobierno, se puede lograr la sostenibilidad a largo plazo y, por sobre todo, poner límites al Presupuesto.
los legisladores especialmente Colorados deben saber cuáles son n las prioridades del Gobierno entrante respecto a los proyectos de ley que están en estudio y que serán presentados en breve.
«También con los legisladores se debe hablar de algunas líneas de créditos de contingencia. Que se tiene que avanzar en ese tipo de cosas
que actualmente la disponibilidad de recursos está «abultada».
«La recaudación de impuesto será apenas suficiente para el sostenimiento básico. No va a sobrar mucho. Cada 100 guaraní que ingresa al Estado se está aplicando a gastos rígidos (los que son necesarios para el funcionamiento del Estado, incluyendo salarios)»,
PRESUPUESTO.El Nuevo Gobierno debe tambien conversar con los parlamentarios para lograr «ajustar» el Presupuesto General de Gastos para el periodo 2014.
«Se debe intentar que se establezcan límites.Los responsable de la transición Economica, deben trabajar juntos en la elaboración del Presupuesto. Eso es absolutamente normal y además necesario, porque no todos los planes de los ministerios se van a traducir en el Presupuesto próximo. Necesariamente el Gobierno debe poner sus prioridades», r
Dr Meza Caballero: Les felicito por su Articulo, y la recomendación de que el nuevo Gobierno debe implementar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Gracias Dr por colaborar con nuestro país, con sus colaboraciones de tener una Visión país, y la visión y solución de la problemática nacional:Como dice su Articulo de referencia:La aprobación de una ley que obligue a las instituciones públicas controlar mejor los gastos es prioridad para el futuro gobierno, anunció el presidente electo Horacio Cartes, en más de una oportunidad. En ese sentido, el equipo de transición trabaja en la elaboración de un proyecto de ley de responsabilidad fiscal.
Germán Rojas, expresidente del Banco Central e integrante del equipo de transición de Cartes, al ser consultado al respecto dijo que esperan esta semana poder terminar de realizar los ajustes necesarios a la propuesta de normativa y remitirla al Congreso.
El objetivo es poner límites al presupuesto, asegurar el pago las deudas, atender el funcionamiento del Estado y empezar a hacer un reparto más solidario de los ingresos entre los sectores más carenciados.
El futuro gobierno espera que con la ley de responsabilidad fiscal aprobada, se trabaje en la elaboración del presupuesto general de la Nación para el 2014.
“La idea es que se implemente a partir del 2014. Queremos evitar fundamentalmente esto que se está viendo en los dos últimos años, un desborde en los egresos”,.
Según los números que maneja el presidente electo, el sector público durante el 2012 realizó contratos por casi 6.000 millones de dólares en diversos rubros, y no hay resultados.
Del total mencionado, entre IPS y la administración Central se compraron medicamentos por importe de 235 millones de dólares. Otros US$ 273 millones (sin considerar gobernaciones y municipios), se invirtieron en compra de alimentos. El programa Abrazos, de atención a niños de la calle, usó US$ 6 millones en salarios y papelerías.
La transferencia a organizaciones no gubernamentales que atienden a niños de la calle ascendió a 18 millones de dólares. En muebles y enseres, se invirtieron 26 millones de dólares; en construcción y reparación de escuelas 70 millones de dólares.
Por otro lado, en consultoría, el Estado gastó US$ 70 millones; en compra de combustibles US$ 110 millones; mientras en adquisición de equipos informáticos se gastaron unos 100 millones de dólares.
Dr Meza Caballero: PLAN BUSCA DAR PREVISIBILIDAD, TANTO A LOS INGRESOS COMO A GASTOS DEL ESTADO
Cartes presenta a los parlamentarios un proyecto de ley de responsabilidad fiscal
El presidente de la República, Horacio Cartes, presentará en las próximas horas un proyecto de ley de responsabilidad fiscal a representantes del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia durante un encuentro que podría realizarse en el Palacio de López o en Mburuvicha Róga. El objetivo es que sea estudiado a la par del plan del Presupuesto General de la Nación para el año 2014.
El cuadro de arriba muestra el crecimiento de la economía paraguaya (variación del PIB). El de abajo, el déficit del Estado respecto al PIB en los dos últimos ejercicios. / ABC Color
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Dos proyectos de ley de fundamental importancia para la economía del país serán presentados por el Poder Ejecutivo en las próximas horas: uno sobre responsabilidad fiscal y otro, a más tardar el viernes venidero, del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2014.
El primero establece, básicamente, que no se debe elevar el presupuesto de gastos corrientes sobre el 4%, más la inflación (al cierre de julio último la acumulada llegó al 1,2%).
Además, que los salarios del funcionariado público sean ajustados con el mismo sistema con el que se ajustan en el sector privado, cuyo criterio es modificarlo cuando la inflación haya aumentado 10% después del último ajuste salarial. Con esto se pretende que el funcionario público no pierda el poder adquisitivo de sus ingresos.
Además, que los gastos del presupuesto establecidos por Hacienda no sean modificados en el Parlamento y que los mismos se traduzcan posteriormente en inconsistencias que se conviertan en un déficit fiscal.
Compromiso
Los poderes Legislativo y Judicial se comprometieron a restarle fuerza a la autonomía presupuestaria y evitar así la distorsión en el Presupuesto General de la Nación, según expresó el titular del Ministerio de Hacienda, Germán Rojas.
Ya antes de la presentación a realizarse posiblemente hoy, se abrieron conversaciones con el Poder Judicial, cuyas autoridades son conscientes del problema que genera un presupuesto desfinanciado porque, de lo contrario, se continuarán postergando políticas públicas muy necesarias, especialmente para atender a los sectores más carenciados, si es que no se procede a hacer correcciones.
Rojas considera importante que el proyecto de ley de responsabilidad fiscal ingrese en esferas parlamentarias al mismo tiempo en que se remita el proyecto de ley del PGN14, de tal forma que el año venidero ya pueda entrar en vigencia e impedir los aumentos que los legisladores suelen autorizar.
Según datos de Hacienda, los parlamentarios habían aumentado en 386.000 millones de guaraníes el presupuesto de los poderes Legislativo y Judicial (esa suma equivale a US$ 87 millones) para el presente ejercicio fiscal.
Los lineamientos de una normativa como esta permiten dar previsibilidad, tanto al ingreso como al gasto público, además de contener el crecimiento desproporcionado de los gastos, sobre todo rígidos, principalmente, a lo que hace a los servicios personales registrados en los últimos años.
Asimismo, considerando que el país tiene importantes requerimientos de infraestructura, al establecer reglas que permitan limitar el déficit fiscal, se están conteniendo los gastos corrientes, resultado que solo puede responder a un crecimiento de la inversión pública.
Ernesto: La ley permitirá blindar el presupuesto,
La implementación de una ley de responsabilidad fiscal es necesaria para blindar el presupuesto de los aumentos que se aprueban sin financiamiento y que luego terminan generando los grandes déficits, En mi Articulo de referencia, recomiendo al nuevo Gobierno implementar en forma urgente esta ley, debe complementarse con una reforma en la estructura de elaboración del presupuesto.(Con base cero)
“Necesitamos una ley de responsabilidad fiscal, que no permita el incremento de los gastos por encima de lo que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento
Que con una ley de estas características se evitará que los gastos aumenten no solo desde el propio Ejecutivo sino, particularmente, desde el Parlamento, sin ninguna financiación que terminan generando los grandes desequilibrios o déficit fiscales, como lo que actualmente el Estado viene padeciendo.
Adviertí en mi Ensayo de referencia, que si no se llega a implementar una ley de responsabilidad fiscal, el futuro será incierto debido a que el inversionista no tendrá la certidumbre que necesita para trabajar. “Lo más importante en economía es generar certidumbre, asegurar que el fisco no va a ser un elemento distorsivo,
que por eso es importante dar certidumbre, que la gente sepa que con populismo o no, esté quien esté en el gobierno, los gastos no se podrán incrementar más allá de lo que los ingresos tributarios permiten”.
Reforma del gasto
A mi criterio, sin embargo, esta ley debe complementarse con una reforma de la estructura del presupuesto para garantizar la calidad del gasto. “Actualmente más del 100% de los ingresos tributarios se destinan a gastos superfluos o gastos corrientes, por lo que es importante que tras contar con una ley de responsabilidad fiscal se haga una reforma en la estructura del gasto, en la manera de como se construye el presupuesto
Que se debe apuntar a la construcción de un presupuesto base cero, por programas y proyectos, no como esta que se hereda del año anterior y se le da un incremento sin ningún control de la calidad del gasto. “Nosotros tenemos que construir un presupuesto que tenga un control de la calidad del gasto”, .
En mi Articulo considere que el presupuesto como está construido hoy “es nefasto, porque es una fábrica de pobres, ha generado pobreza en nuestro país y no riqueza”.
Ernesto: Ley de responsabilidad fiscal es inconstitucional, según senador
El senador liberal, Miguel Abdón Saguier, dijo que la Ley de Responsabilidad Fiscal es inconstitucional porque el artículo 216 de la Constitución Nacional faculta al Congreso a modificar el presupuesto y es una responsabilidad que no pueden delegar.
Para el legislador liberal el proyecto es inconstitucional.
Para el legislador liberal el proyecto es inconstitucional.
Aunque todavía no existe un pronunciamiento oficial por parte del Partido Liberal sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal, el senador Miguel Abdón Saguier adelantó que el proyecto de ley es inconstitucional.
Argumentó diciendo que el artículo 216 de la Constitución Nacional establece claramente que una comisión Bicameral del Congreso debe estudiar el presupuesto en un plazo de 60 días y después emitir dictámenes para presentar a ambas cámaras, de senadores y diputados.
La Cámara de Diputados estudiará en plenaria y podrá introducir modificaciones, que podrán ser aceptadas o no por el Senado, detalló. Acotó que inclusive el Congreso tiene la potestad de rechazar el presupuesto en su totalidad.
“Cuando la Constitución dice que pueden introducir modificaciones, quiere decir que es una atribución que no podemos delegar”, afirmó el parlamentario.
“Así que si algún poder del Estado quiere cercenarnos esa facultad estaría atentando contra la Constitución”, insistió.
Estaba previsto que el Poder Ejecutivo presente mañana martes al Congreso el ya controversial proyecto de ley, sin embargo el presidente Cartes decidió aplazar la presentación, con el objetivo de lograr el apoyo de los legisladores.
Para lograrlo, técnicos del Ministerio de Hacienda iniciarán campañas explicativas en Diputados desde el próximo miércoles.
Prof Meza Caballero:
Los charts del Presupuesto 2014 semejan un Guernica econòmico.
Està claro que se violan los mas elementales prinicipios de buena administraciòn, actitud a la que se adosa un secretismo que induce a ubicar a los manotazos (recurrencia a prestamos internos y externos y ampliacion de rubros sobre la marcha) en la catanegorìa de analgèsicos de espectro reducido, cuando lo recomendable es, precisamente, la atenencia a lo establecido por la Ley que Usted propone.
Rogàndole disimule mis escasos conocimientos sobre la materia y reconociendo la probabilidad de que sea una cuestion puramente semàntica…..¿Resulta apropiado incluir el servicio de la Deuda (interna y externa) en el raquìtico 18% asignado en el PGN a los Gastos de Capital?
El fenomeno aparenta reflejar una incongruencia: Si los montos obtenidos en prèstamos se invirtiesen en infraestructura, en adquisiciòn de bienes de capital o en consultorìas tècnicas, deberìan ser incursos en la primera categorìa. Si se aplicasen al pago de salarios serìan Gastos Corrientes.
Le hago llegar las manifestaciones de mi mayor consideracion.
Odon Frutos: Dentro del PGN 2103, se tiene más de 2.000 millones de dólares para contratar(entre comillas) empleados de dos a tres meses, en todas las Instituciones Públicas: Centralizadas y Descentralizadas, que son planilleros o punteros politicos) La Ley de Responsabilidad Fiscal es necesaria para el país,
Se debe ampliar la base fiscal con aumento del número de contribuyentes, a través de una política fuerte de recaudación,
Nuestro país necesita con urgencia la Ley de Responsabilidad Fiscal para la administración correcta de de sus ingresos, En esto momento el país se destaca con una perspectiva económica buena, por lo que es fundamental una regla rígida que maneje los gastos del país.
Los principales desafíos del Paraguay para luchar contra el déficit fiscal y lograr un superávit similar al de años anteriores, es corregir la debilidad en las finanzas públicas con una política que fomente al mediano plazo, la inversión en infraestructura con diferentes formas de financiamiento.
Que se debe ampliar la base fiscal con el aumento del número de contribuyentes, por medio de una política fuerte de recaudación, en donde se implemente un sistema tributario homogéneo, basado en esquemas simplificados para llegar a unidades productivas de menor tamaño. “Es importante contar con un sistema más sencillo y que puedan por lo tanto cumplir con sus obligaciones fiscales con un menor costo de cumplimiento”,
que no hay que descartar el control sobre los gastos rígidos del país que sufrió últimamente un gran crecimiento, con respecto a la capacidad de ingresos. “Obviamente temas importantes como la flexibilidad en el mercado laboral; invertir en educación, son los pilares de crecimiento a largo plazo de nuestra economía
La importancia de esta ley , ya que sin esa ley los gastos son desconsiderados y ya no se puede seguir con esto. El 92% son gastos rígidos, del resto apenas queda para para pagar las deudas externas y casi ya no queda casi nada para la infraestructura”, .
Otro de los problemas del país es la baja presión tributaria,(13% del PIB) , un índice más bajo que en el resto de los países de la región, pero el problema no solamente está ahí, sino en la falta de mayor gente que pague los impuestos(la cultura de nuestros empresarios paraguayos no quieren pagar impuestos, prefieren pagar las coimas a los funcionarios públicos)
El nuevo Presidente electo ve que en el déficit fiscal hay un consenso a nivel país que es necesario que disciplinemos en el manejo de nuestros ingresos. Hay como un acuerdo que necesitamos una Ley que tenemos que llevar al detalle.
El país necesita inversiones que permitan aprovechar las condiciones de desarrollo que el mundo ofrece, en término de infraestructura, capital humano. Pero, si se sigue destinando mayor parte de los ingresos, en gastos duros, salarios, entre otros, no habrá condiciones de invertir en donde se necesita.
Atentamente
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rental: Fiscal Responsibility Act
It is difficult to understand the logic of this complete lack of coordination. Charges and costs may go separate strings. If you aspire to a healthy and efficient minimally administration should be supplemented in the same vision. Spending what you do not have dangerous imbalances leads inexorably to a principle that applies to the economy of a household or a nation.
The Government presented to the various congressional caucus leaders and the heads of the Legislative and Judicial its draft Fiscal Responsibility Law. The intention of this proposal is to set a cap on the Expenditure Budget Office, deficit sharply for several years. The Finance Minister Germán Rojas, exposing the purposes and scope of the legislation, said that she be able to establish a «framework of predictability» in the management of public resources. The idea basically aims to raise the budget not more than 4% plus inflation; adhere strictly to the revenue estimates prepared by the Executive at the time of analysis of the spending plan and determine the rates of inflation and wage indexation parameters the future, as in the private sector. The aim is to control the fiscal deficit in the first stage and start reduce in the coming years. In the year that closes the negative balance will reach U.S. $ 600 million, a figure that could be replicated next year. Already at this point it is inevitable that to cover the 2014 budget the State resort to more borrowing. This is just the first consequence of the fiscal deficit: the sustained increase in domestic and foreign debt. If not put a brake and this practice continues in a more serious may occur even default.
This situation arises in a dangerous distortion on the powers of each of the branches of government. While Congress has the constitutional authority to review and approve the General Budget of the Nation, is the executive branch of the State administrative body, responsible for the collection, management of public resources and economic policy. Currently, lawmakers have the power even to approve expenses, create posts, deciding wage increases and benefits, without even identifying sources of funding for these expenditures. It is difficult to understand the logic of this complete lack of coordination. Charges and costs may go separate strings. If you aspire to a healthy and efficient minimally administration should be supplemented in the same vision. Spending what you do not have dangerous imbalances leads inexorably to a principle that applies to the economy of a household or a nation.
However, despite its undeniable sense, the draft Fiscal Responsibility Act has generated resistance. Senator Carlos Amarilla, caucus leader of the PLRA, and announced that his party will not accompany the proposal of the Executive. Other lawmakers do not believe the law workable and rather opt for a «political settlement» and other such beautiful ideas that usually end in nothing. You can not miss these reactions. The bill has a basic obstacle to gain the support of parliamentarians: limits the discretionary power they have on public spending, even in election years when true carnivals are usually recorded with state funds. Deprive him of the use and abuse of public resources would be like cutting off a leg to a political class that supports their position prebendarismo and patronage. Without the freedom to dip into the money of all Paraguayans, those politicians will be the need to change their habits and practices. It is hoped that Congress displayed its intention to assume also a new direction, approving the Fiscal Responsibility Act.
Peso de salarios en el Presupuesto subió de 65% a 88% en 10 años
Peso de salarios en el Presupuesto subió de 65% a 88% en 10 años
El peso de la nómina estatal se incrementó 23 puntos porcentuales en el presupuesto público en los últimos 10 años pasando a constituir el 88% de los ingresos actuales que logra el Estado, según cifras dadas a conocer por el Equipo Económico del nuevo Gobierno.
Si se toman los gastos rígidos, que incluyen pago de pensiones, jubilaciones, transferencias y deuda pública, aparte de los salarios, se sobrepasa el 100% de la recaudación. Es decir, hoy el Estado es insostenible en términos financieros. De ahí que se recurre a préstamos para obras públicas, por ejemplo.
En promedio, el peso de los salarios entre el 2003 y el 2011 estaba en 70%. La mayor carga para el Ejecutivo se dio a partir de la aprobación del Presupuesto 2012, cuando el Parlamento contempló subas salariales de hasta 58%. El ex ministro de Hacienda, Dionisio Borda, había advertido entonces que este presupuesto era una bomba de tiempo, la cual efectivamente estalló este año.
En términos de lo que produce la economía, los gastos en servicios personales crecieron de 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) registrado en el año 2006 a 9,3% del PIB el año pasado, según datos de Hacienda. La situación es producto de la constante presión sindical del sector público, que encuentra eco a sus reclamos en el Parlamento.
Debido a estos aumentos, cada vez se destina más dinero proveniente de impuestos a pagar salarios, y sobra menos para realizar inversiones públicas. Dicho de otro modo, por ejemplo, hace 10 años se destinaban G. 65 de cada G. 100 recaudados a salarios, y ahora se destinan G. 88 de cada G. 100 a estos gastos.
Pero el aumento de gastos en servicios personales no pasa solo por el incremento salarial aprobado en el Congreso. De agosto de 2008 a junio de 2012 se nombró a 50.000 personas en cargos públicos, lo cual presiona también en los gastos rígidos que debe atender el Tesoro.
CARGOS. De acuerdo con Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, en el año 2008 habían 219.138 funcionarios (entre nombrados y contratados) en la administración central y entidades descentralizadas.
Esta cifra trepó a 273.079 a este año, de acuerdo con los cargos presupuestados, es decir, hay 53.941 cargos más que hace cinco años atrás. Estos datos no incluyen horas cátedras, es decir, no tienen en cuenta los cargos docentes.
Así, en el año 2003 el gasto en servicios personales solamente en la administración central ascendía a G. 2,752 billones (USD 625,4 millones), una década después esa cifra trepó a G. 13,034 billones (USD 2.962,2 millones), lo cual representa un crecimiento de 373,6% (ver infografía)
La presión es tal, que para este mes Hacienda se vio en la necesidad de solicitar un adelanto a corto plazo de la banca matriz, por G. 500.000 millones (USD 112 millones), para pagar salarios y gastos de funcionamiento del Estado.
Recortes. Si bien el Parlamento establece un monto para la inversión física, constantemente el Tesoro debe sacrificar los fondos destinados a obras de infraestructura para cumplir con los gastos rígidos.
Ernesto: La irresponsabilidad del Parlamento en aumentar los gastos sin acompañarlos con los ingresos en el Presupuesto
“Es una acción sistemática que se acentuó fuertemente en 2011, y este déficit le estalla al actual Gobierno, por lo que es una herencia negativa de la gestión parlamentaria anterior”,
Organizaciones, como Decidamos y el Centro de Documentación y Estudios sostienen que actualmente el nivel de inversión social desde el Estado en nuestro país es cinco veces menor al promedio de América Latina y el Caribe, mientras que en Educación es cuatro veces menos, y en Salud ocho veces menos, mientras una gran parte de los recursos se destina a gastos corrientes, por lo que se debe revisar la estructura del presupuesto público y evitar el manejo político del mismo.
Estas organizaciones sociales sostienen que con un crecimiento anual de 5% durante 10 años y aumento de la presión tributaria, el Estado puede incrementar 157% la inversión social hasta el 2021.
“Hubo abusos reiterados en cuanto a salarios y se dejó al Ejecutivo la dura tarea de buscar como tapar el agujero, dejando de lado a sectores necesitados Entonces, la ley de Responsabilidad Fiscal es importante, una señal de madurez”,
Señor Director
“La primera función del Prìncipe es continuar siéndolo”
El fiorentino Niccolo resume en esta sentencia la razón del comportamiento de la mayoría de los funcionarios públicos, modestos o encumbrados, de nuestro paìs. Por su parte, Marx sostiene que “la democracia lleva la muerte en su ùtero” El cocktail resultante de estos dos ingredientes constituye una radiografía perfecta de la realidad nacional.
El caucus leader del PLRA, Carlos Amarilla (como bien lo etiqueta el Dr Meza Caballero) y sus pares que rechazaran la Ley de Responsabilidad Fiscal propuesta por el Ejecutivo y aprobada por la Camara de Diputados, no hace otra cosa que atenerse al consejo de Machiavelli: Desean permanecer en el cargo y para ello precisan de aquellos votos que, en un paìs en el que solo el 25% de la población ha finalizado estudios secundarios, son pasibles de arrendamiento.
Asumiendo la triste realidad de que los gobiernos pasados, de correligionarios nuestros, recurrieron a este procedimiento , el de “La Alianza”, cuyo mandato feneciera en Agosto pasado., incorporò aproximadamente 60.000 “adeptos” . Los sociólogos de La Sorbonne sostienen que cada cargo público implica la captación de 2.5 votos. Por su parte los “planes sociales” “asignaciones familiares” “subvenciones” y otros mecanismos populistas de “redistribución de la riqueza” también traen mucha agua (votos) al molino (bancada)
Las citadas “incorporaciónes” masivas de funcionarios y el agua traìda a su molino permiten que al presente, la coalición de partidos, facciones, movimientos y asociaciones no coloradas en la Càmara Alta tengan el peso requerido para ignorar, modificar y hasta rechazar proyectos de Ley presentados por el Ejecutivo, independientemente del hecho de que si fueren sancionadas las leyes propuestas, la población toda se verìa beneficiada.
Todo lo contrario. Es imperativo para la oposicion rechazarlas, por una cuestion de supervivencia. El perfil psicológico del político opositor clásico anticipa que se opondrà sistemáticamente a aquellas medidas tendientes a optimizar el gerenciamiento de los fondos públicos del gobierno en ejercicio.
De apoyarlas, la ciudadanìa toda comprobarìa que un gobierno dado trabaja a favor del bienestar general y re-elegirìa al mismo partido y a los referentes del mismo que prometen cumplir acabadamente con los objetivos de avanzar en pos del bienestar general. (Veanse los ejemplos de Bachelet y Merkel)
En otros términos, aquí y ahora, permitir que Cartes y la ANR hagan un buen gobierno implicarìa para “la oposición” el suicidio político con la crónica de una muerte anunciada para 2.018. Otro colorado sería electo para el periodo siguiente si prometiese seguir en la misma senda. Es imperativo, por ende, embarrar la cancha, patear el tablero.
Es, reitero, una cuestión de supervivencia el bloquear esfuerzos coherentes con las reglas del buen gobierno. Aunque la “supervivencia” y la permanencia en el cargo de unos pocos privilegiados implicase, por el rechazo citado, la profundización de las carencias de la mayoría de la población.
Lo harán, sistemáticamente, tal como el Escorpion de Esopo, porque no pueden renunciar a su naturaleza.
Està interesada la oposición en aprobar medidas propuestas por el Ejecutivo tendientes a iniciar una nueva era de corrección de las calamidades reflejadas en estadísticas?
No.
Definitivamente.
La “fabricación de pobres” y la polarización mantienen en el poder a los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Argentina, solo por citar a países de nuestro continente. Pero tal como se observa en países supuestamente mas avanzados y cultos cívicamente como España y Grecia, llega un momento en que el desempleo masivo, la inflación galopante y el desabastecimiento de insumos bàsicos excluyen a una gran fracción de la población y las crisis sociales afloran.
En nuestro patio trasero, ¿estàn nuestros conciudadanos suficientemente informados sobre el status financiero del Estado?
Repasemos algunas pocas cifras (de por sì, aterradoras, obtenidas de fuentes variadas entre las que cito algunas que forman parte de presentaciones en este periódico virtual ) .
Con nuestros impuestos, mantenemos en sus cargos a casi 270.000 “funcionarios públicos”, 60.000 de los cuales “ingresaron” durante el gobierno anterior. Aproximadamente el 90% de lo recaudado va a sueldos y otros beneficios de los citados funcionarios. Otro sector de la Guernica nativa exhibe al 42% de los niños y adolescentes desnutridos o con riesgos de desnutrición. A 250.000 niños y adolescentes excluidos del sistema educativo formal. A solo uno de cada cuatro connacionales finalizando el ciclo secundario y a un Presupuesto para el 2014 que asigna solo el 3% del PIB a Educaciòn. A un déficit de viviendas de 800.000 unidades y a requerimientos de esta área creciendo a un ritmo de 25.000 unidades por año.
Los inversores de terceros países y los de nuestro paìs que poseen reservas en el exterior se plantean interrogantes sobre la conveniencia de aplicar sus caudales a proyectos en nuestro paìs. Hay excepciones, afortunadamente, pero aun no exhibimos la imagen auspiciosa para las inversiones que debiéramos, como lo hace Chile, Perù, Colombia, Mexico (la China de America, como se la conoce en el mundo de las finanzas)
Las acciones a todas luces coordinadas del espectro opositor en su conjunto, desde los bloqueos de propuestas en el Senado, pasando por las huelgas programadas por sindicatos del ambito privado y del estatal, los cierres de rutas con que amenazan las “organizaciones campesinas” y los actos de terrorismo que tuvieran lugar recientemente, conspiran contra las buenas intenciones (evidentes) del gobierno actual.
A mi modesto entender, a èste le queda la opción de, una vez terminados los cortes administrativos en todos los organismos nacionales, departamentales y municipales, en los entes binacionales y autárquicos y en toda organización que recibieran o recibirà fondos públicos, dè a conocimiento público, masivamente, los resultados de las auditorìas financieras y de gestión.
Es preciso dar énfasis a la difusión de la verdad sobre el paìs que este gobierno recibe. Sin amenazas de juicios a quienes participaron del descomunal desfalco de las arcas pùblicas y condenaron a la nación toda con la obligación de mantener a un funcionariado público descomunal y cuando menos ineficiente.
El dinero que fuera llevado por el raudal del latrocinio y los negociados no será recuperado sino en muy limitada medida y el desenmascarar a los delicuentes y someterlos a juicio no hará sino crear las animosidades que conspirarìan contra la idea del soñado gobierno de consenso del que disfrutan los países avanzados.
Independientemente de lo acertado de las medidas de ampliar la base tributaria y de gravar, cautelosamente, ciertas actividades del sector privado., todo intento de modernizar el Estado deberá pasar por la informatizacion de datos referentes la gestión gubernamental y a su disponibilidad general en concordancia con lo prescripto en la Ley de Derecho de Acceso Ciudadano a la Informaciòn Pùblica.
Al presente, momento en que pongo fin a esta desordenada monografía que no tiene la pretensión de arroparse en los fundamentos de la Filosofìa Polìtica ni mucho menos , el Presidente de la Camara de Diputados (PLRA) no ha levantado la prohibición de difundir datos sobre cantidad, cargos, obligaciones, remuneraciones y privilegios de los funcionarios de dicho cuerpo deliberante. Los titulares de otros organismos han adoptado una actitud similar bajo el supuesto primitivo de que aquello que el cacique de la tribu no nombra, no existe.
Consideran oportuna la estrategia de la omisión discursiva.
Analistas de fuste en el exterior con quienes tengo el privilegio de intercambiar opiniones se rehúsan a aceptar que hechos como este se registren en nuestro paìs. Ante el riesgo de perder credibilidad y ver nuestras comunicaciones interrumpidas, recurro al envìo de sueltos de periódicos que dan cuenta de tales procederes.
Si el arte de gobernar consiste en conciliar intereses sectoriales, el ejercicio de salir del rojo en las finanzas pùblicas requerirà de esfuerzos rayanos en lo milagroso por parte del Ejecutivo y, como componente de la etapa inicial del tortuoso y accidentado camino por recorrer, será necesario desnudar el calamitoso estado en que aquèllas se encuentran como resultado de la paupérrima gestión, cuando menos, de gobiernos precedentes.
Demos amplia difusión a las radiografías de nuestra realidad presente .
Es un paso ineludible si deseamos el apoyo ciudadano indispensable para todo buen gobierno.
Bien lo sostiene el analista español Vincent “Un Estado no puede sostenerse sin que los ciudadanos se sientan orgullosos de pertenecer a él. El prestigio es su oxígeno”
Digamos la verdad. En voz alta. En todos los ámbitos.
Atentamente,
Dr. Meza Caballero. Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Responsabilidad Fiscal
El Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 1559/2014 por el cual se reglamenta la Ley Nº 5098/2013 “De Responsabilidad fiscal”. A través de esta reglamentación se define la programación y ejecución del gasto público, sobre la base de los ingresos reales, estableciendo medidas a las que se deberán ajustar los Organismos y Entidades del Estado (OEE), que serán implementadas en la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2015.
El informe de la Dirección de Comunicación del Ministerio de Hacienda señala al respecto que el proyecto de Presupuesto se elaborará sobre la base de las reglas macro fiscales establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal: un límite al déficit fiscal de la Administración Central del 1,5% del PIB, un límite al incremento del gasto corriente primario del 4% real con relación al Ejercicio Fiscal anterior, así como las condiciones necesarias para incrementos salariales.
En ese sentido, esta reglamentación determina los momentos y responsables del cumplimiento de las reglas.
Otro de los aspectos de la Ley de Responsabilidad Fiscal es la incorporación de una visión de mediano plazo de la Política Fiscal, al enmarcar la elaboración del Presupuesto dentro de un escenario de programación Plurianual de 3 años. El año base será el Proyecto de Ley de Presupuesto presentado al Congreso.
También se prevé poner límite a la ejecución discrecional de los gastos corrientes en años de elecciones, generales y municipales, que en este caso no deberá sobrepasar el 60% presupuestado para el ejercicio entre los meses de enero a julio, situación que deberá ser contemplada en la elaboración del Plan Financiero.
Asimismo, siguiendo el compromiso de hacer público lo público, el Decreto dispone que los OEE deberán publicar los informes relacionados con sus funciones y responsabilidades, tales como: informes de gestión, resultados de auditorías internas y externas del cumplimiento de metas institucionales.
Complementariamente deberán proveer al Ministerio de Hacienda el nivel de cumplimiento de las metas de los bienes y servicios de los Programas, Subprogramas y Proyectos aprobados en el Plan Financiero para el Ejercicio Fiscal.
Es necesario señalar que uno de los principales beneficios del cumplimiento de las reglas las fiscales permanentes es generar un entorno de confianza a los mercados y a los agentes económicos, asegurando que la evolución de las cuentas públicas tendrá un trayecto predecible, independientemente del gobierno que ocupe el poder.
Atentamente
Dr Meza Caballero:
Toman caracter de realidad lo que en el pasado reciente parecìa utòpico y aunque sin caracter definitivo aùn, van por buen camino las gestiones para la implementaciòn de lo establecido en dos leyes bàsicas para el despegue econòmico con que soñamos para nuestro pais. Las de Responsabilidad Fiscal y la del Derecho Ciudadano de Acceso a la Informaciòn Pùblica.
Bajo la hipòtesis de que la calidad de una decisiòn depende de la calidad y cantidad de informaciòn disponible considero crucial y que se me corrija si estoy equivocado, que la DGEC inicie a la brevedad posible la implementacion de una Encuesta Por Hogares
con un muestreo acorde en cantidad y mètodo, con los standards internacionalmente aceptados.
Aunque los fondos estuvieron disponibles para un muestreo de rendimientos superiores y como casi todo lo gestionado por los gobiernos del lustro pasado, la EPH iniciada en el 2012 fue una parodia que incluyò solo un tercio de la cantidad de hogares que debieran haber sido encuestados segùn los citados standards internacionales.
Adicionalmente se mal conformaron las ecuaciones para definir el porcentaje de familias que superviven cerca, por encima o abajo, de la linea de pobreza en un paìs en el que nada justifica la presencia de este inhumano fenòmeno.
A la vista de las declaraciones de referentes del Ejecutivo sobre la prioridad que piensan otorgar a la lucha por erradicar la pobreza, tarea para la cual Su Santidad ha instruido a la CEP para que coordine con aquèl para tal fin, someto a su consideraciòn el mètodo que propugnan varios especialistas internacionales para la materia, agradeciendo anticipadamente los comentarios que amplìarìan y aclararìan la siguiente hipotesis y por ende, la viabilidad y la conveniencia de aplicarla
Para determinar la ubicaciòn de una familia en la escala socio-economica se estima la cantidad de calorías que requiere un adulto para renovar su energía diariamente en base a los usos y costumbres vigentes. El costo de esa dieta es lo que se llama Canasta Básica Alimentaria (CBA). Y luego esa cifra se multiplica aproximadamente por dos para incorporar el resto de las necesidades: costos relacionados con el hogar, vestimenta, salud, educación, etcétera. Y son los hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir ese monto los que se consideran pobres. La medida en que dejen de hacerlo las familias seran incursas en diferentes escalas hasta la peor de toas, aquèlla familia que no cubre con sus ingresos sus necesidades bàsicas de alimentacion.
Atentamente,
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