Por Gerardo Meza C. (*)
Los sicarios económicos han construido por medio de la manipulación económica financiera el instrumento perfecto para cometer estafas, fraudes, etc. Estos terroristas económicos destruyeron sistemáticamente 23 bancos y 40 financieras. En su derrotero delictivo dejaron a miles de ahorristas defraudados. Estos Sicarios Económicos estuvieron encabezados por el Español Fermín de Alarcón, Pedro Beneyto, los Peirano, y demás sátrapas como otrora lo hicieran a principios del siglo XX los españoles apodados Pérez y Pillos y compañía.
La principal causa de deterioro de la situación financiera fue la jubilación de casi 700 ex empleados de los bancos en quiebra a muy temprana edad. Sin la suficiente cantidad de años de aporte se jubilaron una multitud; de 36 bancos quedaron solamente 11, (En ese entonces la ley de la Caja Bancaria, permitía que un ex empleado de un banco en quiebra, accediera automáticamente a la jubilación).
Antes el cierre colectivo de los bancos, la proporción del bancario activo por cada jubilado era del 4.7 a 1. Pero hoy la relación apenas supera el 1 a1; y esto ha contribuido al quiebre de la Caja Bancaria. (Esto no es resultado de la mala Administración como se quiere hacer entender).
Los problemas del sistema financiero, se aceleraron, con los Sicarios Económicos, utilizando sus influencias con los Poderes Políticos, para relajar el sistema financiero; a partir del año 1990, 1995,1998 y 2002/03.
Con esta metodología destruyeron sistemáticamente los empleos bancarios. El cierre de bancos significó que los ex empleados de estos dejaron de aportar a la caja bancaria y automáticamente se convirtieron en jubilados bancarios; hasta en eso el poder político apoyo a los sicarios económicos a mantener esa ley, para que no tengan problemas con sus empleados “los bancos en quiebra sin el suficiente aporte jubilatorio”.
Ni la caja bancaria ni sus administradores fueron culpables de la crisis financiera sino los sicarios económicos, con la manipulación, económica financiera en pos de la estafa. Utilizaron sus grandes influencias políticas para la liberación financiera de dinero fresco. Este inusual suceso hasta entonces desconocido provocó un gran crecimiento de la liquidez en el mercado interno. Los altos índices de inflación en la primera parte de los años noventa treparon a cifras siderales. Los decretos que cada primero de año regulaban la tasa de interés más comisiones conforme a las disposiciones del código penal desaparecieron para dar rienda suelta a la usura legal y despiadada. Las tarjetas de crédito se adueñaron del mercado usurario en connivencia con los sicarios económicos. En promedio, la inflación del periodo 1990 – 1995 fue más de 27 % anual.
Con esta metodología maquiavélica los sicarios económicos en 1995 hacen estallar la primera crisis financiera en el país, cuando quiebran veintenas de bancos y cuarentas financieras, llevando a muchos ahorristas estafados a la miseria e incluso a la muerte.
Mientras que el poder político con una rapidez inusual no se daba sosiego para utilizar los fondos públicos e ir en pronto socorro de los sicarios económicos, los bancos en quiebra a más de treintena de financieras y ahorristas en blanco y en negro,
Así el Congreso Nacional sanciona una LEY DE SALVATAJE, obligándole al Banco Central del Paraguay, a ´´socorrer´´ a más de treintenas de bancos y más de 40 financieras, y a un millar de ahorristas en blanco y negro.
La cantidad total desembolsada al amparo del gobierno de turno, y gracias a esta Ley de Salvataje, representó el saqueo aproximado mas de mil millones de dólares de los fondos públicos, barbaridad: el dinero del pueblo paraguayo. Así erpetran un agujero colosal a las arcas de los fondos públicos, so pretexto del saneamiento financiero. (seguro estamos que la mayor cantidad de aquel dinero del pueblo está depositado en los paraísos fiscales)
En consecuencia: ¿A quien le correspondía de acuerdo a la Constitución Nacional salvar la situación económica y financiera de la caja bancaria, y sostener el sistema de seguridad social del país? : AL ESTADO PARAGUAYO, sin duda alguna.
Es así de sencillo pues ese Estado estuvo ausente en el momento en que debió salvar a la caja bancaria. Por su parte el Congreso de la Nación aprobó una Ley inconstitucional, obligando en forma compulsiva a reducir los haberes jubilatorios de hasta 58%. Los propios jubilados con sus reaportes salvaron de la quiebra total a la caja bancaria, aún a costa de su propia sobrevivencia. Así se dio una extraña e inhumana situación en que personas físicas, seres humanos, en plena época del declive inexorable de su existencia tuvieron que sacrificarse para que se salvara una persona jurídica; fue una ley inconstitucional la que obligo al sacrificio de los jubilados de ser ellos mismos los salvadores de la caja bancaria, la ley 2856/06.
A propósito de esta ley que está contra la naturaleza de las leyes de seguridad social, un centenar de jubilados interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad contra la ley, y todos los que presentaron ganaron la acción; pero los administradores de la caja con criterio jurídico resolvieron seguir descontando pese a la declaración de inconstitucional de tal norma, atendiendo a que el estado debía hacerse cargo de los descuentos compulsivos que fueron obligadas por la ley 2856/06, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia los reaportes de los jubilados.
Centenas de jubilados interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, la cual esta sustanciándose en este momento, mas temprano que tarde, el estado paraguayo tendrá que responder por sus desprolijidades contra los Derechos Humanos de los jubilados bancarios.
Los jubilados bancarios aportaron inconstitucionalmente obligados por la ley 2856/06, desde el 2002, un total de Gs.270.000.000.000.- (DOSCIENTOS SETENTA MIL MILLONES DE GUARANIES), fueron despojados ilegalmente de ese monto necesario para su subsistencia, y de mantener a su familia, pagar los estudios de sus hijos, mucho perdieron su casa, y muchos perdieron la vida, por falta de dinero para pagar medicamentos, y fue la causa de muerte de mas de 500 jubilados.
Algunos congresistas y ciudadanos ¿Por qué es tan malo que los jubilados quieran recuperar del estado los que el estado les obligo por una ley inconstitucionala dejar de percibir su jubilación hasta en algunos casos de 58 % de sus haberes? Es constitucional y un acto de justicia el pedido de los jubilados, es para resarcir a los jubilados el préstamo que le hicieron al estado en forma arbitraria, en un momento en que el estado debió de socorrer a los jubilados bancarios.
Luego el Congreso Nacional sancionó una LEY DE CAPITALIZACIÓN DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, obligándole al Ministerio de Hacienda, la Capitalización de la Banca Matriz. Y en este momento están llegando a un acuerdo el BCP con el Ministerio de Hacienda, para finiquitar la Capitalización de la primera Entidad Bancaria del país, por un monto de cerca de 700 millones de dólares, estamos hablando de un monto cercano al 6,25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es un monto enorme.
Esta Capitalización es parte que el Banco Central del Paraguay, en su momento obligado por la Ley de Salvataje, pagó para´´ socorrer¨(entre comillas), a más de treintenas de bancos y más de 40 financieras, y a miles de ahorristas en blanco y negro.( 23 bancos y 40 financieras , los Sicarios Económicos llevaron a la quiebra).
Los Diputados que acaban de aprobar la ley de capitalización de la caja bancaria con fondos del tesoro, cumpliendo su rol constitucional y corrigiendo, una Ley Inconstitucional que les obligaba a los jubilados a re aportar de sus haberes a la caja bancaria.
La devolución del 50 % de los aportes- injusto y arbitrario- que tuvieron que hacer los jubilados para salvar a la caja bancaria, los 27 millones de dólares.- que se debe presupuestar en diez años (27 millones dividido por diez años es igual a 2,7) es lo que deber ser devuelto a los jubilados a cuota…
La caja bancaria esta entrando en franco proceso de envejecimiento, que mas del 70 % de los jubilados tienen mas de 70 años. Cumplir 70 años significa ingresar a la etapa de la tercera edad del adulto mayor; uno de los periodos con más cambios en lo biológico, psicológico, personal y familiar para una persona.
Estos jubilados bancarios enfrentan serios obstáculos para acceder al seguro privado de salud, porque a partir de los 60 años los seguros de salud ponen obstáculos de toda laya. La mayoría de los jubilados bancarios viven al amparo de una seudo protección familiar que muchas veces no existe. Actualmente la familia no siempre se hace cargo de los ancianos. Encuentran el momento para justificar la no atención.
El Congreso Nacional debe tomar una decisión que es constitucional que se devuelva a los jubilados obligados por una ley inhumana al sacrificio de reaportar de sus haberes, para que se salvara una persona jurídica. Antes que estos señores y señoras de la tercera edad pasen a mejor vida que nuestros congresistas estén a la altura de las circunstancias, y cumplan con su rol constitucional poniendo las cosas en su lugar y aprobando la devolución de aportes para los jubilados bancarios.
(*)UNA: Economista
Harvard University
Universidad Americana
Master en Administración y Dirección de Empresas
Especialista de Evaluación de Proyectos de Inversión y Análisis de Riesgo.
Universidad de Madrid
U.T.I.C.
Master en Auditoria de Gestión y Control Interno Operacional
EL COLORADO 
Un problema del sistema judicial de nuestro pais es que los fallos de la Corte Suprema solo se aplican a los casos individuales y casos idéntico o muy similares deben ser litigados de nuevo como ocurrió con los jubilados bancarios. A diferencia de las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, las de nuestra Corte no sientan jurisprudencia.
Dr. Rogelio Careaga
Dr. Careaga, si bien es cierto lo que Ud. dice, entiendo que el presente escrito lo que pretende ilustrar es que como consecuencia de la abrupta caida de una seguidilla de entidades del sistema financeiro en los años 90, la Caja tuvo que soportar jubilar por exoneracion a cientos de empleados bancarios que en ese momento ni tan siquiera contaban con los años para acceder a una jubilacion ordinaria, y ese hecho es lo que llevo a la quiebra a la caja bancaria.
Dr. Gerardo Meza: Estoy de acuerdo con su argumento. Mi intención es simplemente señalar que quienes llevaron sus casos a la Corte Suprema se hubieran ahorrado mucho trabajo de haber sido un fallo de la Corte Suprema suficiente para todos los casos iguales.
Dr Careaga. Las armas de los sicarios económicos, utilizan influencias de toda índole. para cumplir sus estafas a los Bancos. la estrategia es hacer grandes prestamos, especialmente en el Banco de Fomento, de 7.000.000 millones de dólares ( año 90) , y otros que van de 500 mil dólares, 1.000.000 y así sucesivamente, de acuerdo a las influencias que tienen estos sicarios. En poco tiempo, sus victimas que son el pueblo, que atravez de sus impuestos pagaran, porque hacen desaparecer los documentos del banco sin dejar ningún rastro. Muchos quizás, querrán vivvir como ellos, en mansiones, casa en Punta del Este, estancias, fabricas, industrias etc, etc. reposando sus deudas en la nada. De esta forma estos Sicarios Económicos tienen una existencia fácil de vivir estafando al pueblo.Pero su conciencia, sabe que lo único que le queda es aguantar el hedor de su fechoría. Los que hoy contemplan la basura tal ves mañana la junten. Mientras algunos huyen de su eterno terror, esttos sicarios tienen como complices a este SISTEMA JUDICIAL CORRUPTO, PREBENDARIO Y DE TERROR. NO SABEN QUIEN ESTÁ DETRÁS, QUIZÁS EL MISMO LUZBEL LOS ATORMENTA O QUIZÁS ELLOS MISMOS VAN FABRICANDO SU CASTIGO.
Leonardo, En la décadas de los 90 con los complices de los funcionarios del Banco de Fomento, empezando con su Presidente Víctor Chamorro, que estuvo en la cárcel,con unos cuantos supuesto´´ industriales ´´(entre comillas), hicieron prestamos millonarios de 1, 2 5 6 y 7 millones de dólares, que hicieron desaparecer los documentos, y nunca pagaron nada, y estos bandidos se hicieron de mansiones, fabricas, industrias, casas en los balnearios nacionales y extranjeras, con el dinero del pueblo, y también los transportistas, sacaron más de 21 millones de dólares, sin pagar ni un sope, que en estos días prescribieron todos, quedando con sus mansiones, camionetas 4×4 entre otros. Este es el país de corruptos, que ya noqueremos
Leonardo,Lo cierto es, como cualquiera sabe, que hay miles y miles de personas que, sin ejercer un oficio o una profesión con sabido éxito económico –es decir, pobretones–, tras ingresar en la función pública se enriquecieron a una velocidad tal que suscita la convicción de que los medios para lograrlo fueron “non sanctus”. Los ´´empresarios´´(entre comillas), haciendo prestamos millonarios, de 1 2 4 6 y 7 millones de dólares, del Banco Nacional de Fomento, hicieron desparecer los documentos, en complicidad en las decadas de los 90 con el Presidente del Banco Victor Chamorro, que estuvo en la carcel, y estos supuestos industriales, que ni la primaria terminaron, no pagaron ni un sope, comprando mansiones, estancias, industrias, fabricas y mansiones en las playas de punta del este y San Bernardino, y tambien los empresario de transportes que sacaron ma´s de 21 millones de dñolares, que no pagaron ni un peso, y que en estos días prescribieron todas, quedandose con sus mansiones, estancias y sus 4 x 4 entre otros
Fuera de unos cuantos empresarios corruptos que aprovechan –sobre todo en las obras públicas– sus contactos de influencia y contubernios con políticos en la administración pública para quedarse con las licitaciones gordas y robarle al Estado –es decir, al pueblo– todo lo que pueden, por sobrefacturaciones, reprogramaciones, “reajustes” y otras formas de timo bien conocidas, la inmensa mayoría de los súbitos multimillonarios express llegaron a tales ejerciendo funciones públicas o traficando influencia política.
Si el régimen de declaración obligatoria de bienes patrimoniales tuviera la vigencia e instrumentalidad que debería tener en el ámbito de la Administración Pública, en este momento se podría conocer con certeza cómo fue que Luis González Macchi y Nicanor Duarte Frutos, por ejemplo,no tenia ni un ropero( su ropero era un hilo colgado de clavos) salieron de un estado de postración económica y se convirtieron en supermillonarios en pocos años de ejercicio del poder.
Si el sistema funcionara correctamente y no estuviera permanentemente trabado por la complicidad política de diputados y senadores, en la actualidad no sería un misterio el origen de la cuantiosa fortuna de exfuncionarios y legisladores como Víctor Bernal, Francisco Romero, Víctor Bogado, , José Chamorro, el ministro de la Corte Suprema Víctor Núñez, entre otros. Se tendrían pruebas documentadas de cómo la corrupción aprovecha las oportunidades que ofrece el ámbito gubernamental, y la justicia misma dispondría de las evidencias indispensables para recuperar siquiera parte del latrocinio y someter finalmente a los bandidos a las leyes, después de tantas décadas de impunidad.
La declaración jurada es una obligación para todo funcionario público, pero son los que ejercen funciones de recaudación de tributos, de inspectoría y control quienes tienen más posibilidades de traficar influencias, por lo que deben merecer la atención particular de la Contraloría General y de la justicia. Aquí es donde se debe aguzar la vista y mantenerse la vigilancia permanente. Cada director o consejero de ente descentralizado, cada vista de aduana, cada jefe militar que comienza a mostrar signos de opulencia en mansiones, paseos, fiestas, lujos y estilo de vida principesco, debe ser inmediatamente situado en la mira de esas instituciones.
Si a la exigencia de la declaración jurada se hiciera funcionar paralelamente el Impuesto a la Renta Personal (IRP) con esos mismos principios y mecanismos, tendríamos finalmente todo el abanico social y político sometido a los controles indispensables para combatir con eficacia el infame y antiguo vicio del enriquecimiento ilícito, siempre perpetrado a expensas de los escuálidos recursos de un país como el nuestro y causa principal de su ignorancia y pobreza.
El IRP y la declaración jurada de bienes son las dos lentes del mismo binocular que la Contraloría General y la justicia deben utilizar en su labor de vigilancia, para resguardo de la legalidad y la licitud en el ámbito económico y político.
Hasta ahora, sin embargo, privadas de esas lentes, ambas instituciones caminan a ciegas. Las fortunas malhabidas de políticos y empresarios corruptos son como mastodontes que ostentosa e impunemente se pasean por las calles, a la vista y paciencia de la ciudadanía, y que los contralores, los fiscales y jueces no logran ver o no quieren ver.
Esta penosa realidad es el resultado de que en el Paraguay actual existan poderosos intereses particulares comprometidos con la corrupción, por lo que hasta ahora fueron imposibles de lograr los dos grandes resultados aquí mencionados como meta: que los funcionarios, jefes y políticos influyentes dejen registrados su manifestación de bienes y su proceso de crecimiento para conocer y evaluar su conducta, y también que sean así conocidas las fortunas particulares, la licitud de su origen y de su aumento.
La reglamentación del artículo constitucional aprobada por los diputados y que volvió a consideración del Senado –donde tiene resistencia para su aprobación– constituiría un avance en el sentido deseado, para evitar, entre otras cosas, que aquellos legisladores cuestionados que llegaron mimetizados en las “listas sábana” dejen de utilizar sus fueros para proteger de la investigación sus fortunas malhabidas.
Dr. Careaga, Si los problemas de la monarquía francesa no pudieron resolverse sin una revolución, fue porque un asesino convicto escocés había desbaratado el sistema financiero galo creando y haciendo estallar la primera burbuja bursátil de la historia. La derrota de Napoleón en Waterloo se debió a Nathan Rothscchild tanto como al duque de Wellington. Fue la locura financiera, un ciclo autodestructivo de impagos y devaluaciones, la que hizo que Argentina pasara de ser el sexto país más rico del mundo en la década de 1880 a convertirse en un desastre inflacionario en la de 1980.
Los Sicarios Económicos han construido or medio de la manipulación económica financiera el instrumento perfecto para cometer estafas, fraudes, etc. Estos terroristas económicos destruyeron sistemáticamente 23 bancos y más de 40 financieras. En su derrotero delictivo dejaron a miles de ahorristas defraudados. Y a la Caja Bancaria prácticamente en la quiebra, y en su derrotero delictivo, a miles de jubilados y familias, prácticamente sin sustento económico y de subsistencia. Estos Sicarios Económicos estuvieron encabezados por el Español Fermín de Alarcón, Pedro Beneyto, los Peirano, Muños de Burgos,, como otrora lo hicieron al principio del siglo XX los españoles apodados érez y Pillos y compañía
Dr. Meza Caballero. Estoy de acuerdo con esta opinión:El seguro para legisladores es otro abusivo privilegio
Que el Estado invierta anualmente 2.819 millones de guaraníes para pagar un seguro médico privado a 143 diputados, senadores y parlasurianos, quienes tienen salarios mensuales de hasta 37 millones de guaraníes, constituye otro caso de escandaloso privilegio que se brinda a los miembros de una casta política y que no se compadece de la afligente realidad que sufre la gran mayoría de la población más humilde. Mientras faltan medicamentos para muchos pacientes graves en los centros de salud o continúe la crisis en el sector de la educación, regalar tanto dinero público a los cuestionados legisladores implica otra ofensa para la ciudadanía.
No solo disponen del servicio de unos 20 profesionales entre médicos, odontólogos, enfermeros y nutricionistas en la Cámara de Diputados, a quienes se les paga unos 220 millones de guaraníes al mes solo en salarios, sino que además se les provee de un seguro médico privado a 143 diputados, senadores y miembros del Parlasur, a un costo de 2.189 millones de guaraníes al año, según lo revela una serie de reportajes periodísticos que vienen publicando ÚLTIMA HORA y Telefuturo.
A quienes reclaman mayor inversión en el sector de la salud pública se les puede decir que esta constituye una gran inversión del Estado, pero para la salud privada, ya que los millonarios contratos para proveer los servicios son con conocidas empresas médicas privadas.
No se cuestiona el derecho esencial de que los funcionarios administrativos del Congreso accedan a un seguro médico, aunque lo ideal sería que compartan el mismo régimen al que están sometidos los demás trabajadores del país, en un plano de equidad. Lo que se cuestiona es que el Estado les pague a los congresistas electos un seguro médico de alta jerarquía, cuando además están percibiendo salarios y beneficios que llegan a los 37 millones de guaraníes mensuales, con los que perfectamente se pueden pagar ellos su propio seguro.
Una situación aun más privilegiada gozan los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ya que el Poder Judicial paga a una aseguradora privada unos 2.741.250 guaraníes al mes por cada ministro, totalizando 296 millones de guaraníes al año por los 9 ministros, mientras la presidenta de la Corte tiene una remuneración mensual de 51 millones de guaraníes.
Esta situación constituye otro caso de escandaloso privilegio que se brinda a los miembros de una casta política y que no se compadece de la afligente realidad de privaciones y necesidades que sufre la gran mayoría de la población más humilde.
Mientras se denuncian reiterados casos de escasez de medicamentos y de equipos para muchos pacientes graves en los hospitales y centros de salud de todo el país, o mientras continúe la crisis en el sector de la educación, regalar tanto dinero público a los cuestionados legisladores y a los miembros de la Corte Suprema implica otra ofensa para la ciudadanía.
En una época en que se imponen las exigencias de austeridad y del uso racional de los recursos del Estado, urge que las máximas autoridades analicen mejor esta situación y dispongan las medidas correctivas más adecuadas, para evitar seguir despilfarrando el dinero público de manera tan escandalosa. Ya existen muchas razones de indignación ciudadana ante los abusos de la claque política. Es el momento de ir reduciendo privilegios y ponerse más cerca de lo que realmente siente el pueblo.
Atentamente
Sr. Meza estoy de acuerdo con su escrito, entiendo que los jubilados bancarios tiene el derecho de recuperar integramente lo que por ley fueron ilegalmente despojados de sus haberes.
Esperemos que el PE promulgue esta ley, y que sean expeditivo como lo son para dar ampliaciones presupuestarias por más de 120 millones de dólares, sin empacho, a las Instituciones Públicas, El Congreso sancionó modificaciones a la Ley de Caja Bancaria
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Festejo. Jubilados bancarios celebraron frente al Congreso. La ley que modifica la Caja Bancaria fue sancionada en el Senado con los cambios que había realizado la Cámara de Diputados. Hacienda adelantó que pedirá el veto del Ejecutivo a la normativa, visto que obliga al Estado a desembolsar unos USD 30 millones en 10 años para recapitalizar la entidad.
«Esto es una cuestión de principios. ¿Cómo nosotros vamos a dar dinero para una Caja que se manejó mal? Todo el pueblo paraguayo tiene que pagar por unos cuantos que usaron mal el dinero y ni siquiera hay alguien preso», había dicho al respecto el titular del Tesoro, Manuel Ferreira.
Entre varios puntos, la normativa aprobada deroga el aporte extraordinario de los jubilados, a quienes se les llegó a descontar hasta el 50% de sus haberes durante el periodo más crítico de la Caja. Actualmente, el descuento es del 5% y 8%, mientras que algunos cobran la totalidad porque accionaron judicialmente.
Igualmente, se establece el decimotercer salario y el reajuste anual de los haberes.
Por un lado, jubilados bancarios se mostraron muy emocionados por la aprobación y, por el otro, los aportantes del fondo previsional lamentaron la sanción, ya que con las modificaciones se generan más erogaciones (egresos) para la Caja, mientras que se limitan los ingresos.
Los bancos no aportarán el 4% de sus utilidades anuales para capitalizar la Caja, indica también el texto aprobado.
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS SICARIOS ECONOMICOS QUE LLEVARON A LA QUIEBRA A LA CAJA BANCARIA, LA CIUDADANÍA PERMANENTEMENTE SE PREGUNTAN QUIENES ESTÁN PRESOS: | MAGISTRADO “A MEDIDA” CONTINÚA EXCARCELANDO PESE A OPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Juez Víctor Medina libera a séptimo vaciador y expresidente del BNT
El juez Víctor Medina liberó ayer a otro vaciador del Banco Nacional de Trabajadores (BNT) y con este suman siete. Esta vez, con exiguas reglas de conducta y una ínfima suma como donación, fue beneficiado nada menos que el expresidente Sindulfo Ramírez Reichert, condenado a 10 años de cárcel.
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Víctor Medina, juez. / abc color
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El magistrado dictó el fallo número 1120, en el que hace lugar al incidente de libertad condicional de Sindulfo Francisco Ramírez Reichert, extitular de la fallida entidad que sufrió el colosal perjuicio patrimonial de G. 120.000 millones.
Medina estableció el periodo de prueba por 3 años y 6 meses, con la obligación de hacer tratamiento psicoterapéutico en el Instituto de Salud Mental con psicólogos en forma quincenal.
Además, fijó una ínfima donación mensual de 350.000 guaraníes a la Pastoral Social de Tacumbú, y trabajo comunitario en el mismo lugar dos veces al mes. Asimismo, el vaciador deberá presentar mensualmente su certificado de vida y residencia, así como comparecer al juzgado todos los meses a firmar el libro de asistencia. También, cuenta con prohibiciones de salir del país, portar armas y consumir bebidas alcohólicas.
A esto se suma una exigua caución personal de su abogada Carolina Ramírez, fue fijada en G. 100 millones.
En su fallo, Medina aduce que quedó probado que el vaciador compurgó más de las dos terceras partes de la condena con un “régimen restrictivo de su libertad”, y alega también que se dan las condiciones de reinserción social, que “es el fin de la sanción penal”.
Respecto a la oposición a la libertad condicional y al cuestionamiento de la medida que hizo la fiscala de ejecución Celia Beckelmann, el juez intentó justificar “recordando” a la agente que se trata de una medida provisional que puede ser revocada en caso de incumplimiento de reglas de conductas y obligaciones.
Siete en libertad
Tras el apartamiento de la jueza Ana María Llanes -que siempre se oponía a liberar a los vaciadores del BNT- el juez “a medida” Víctor Medina intervino con la clara finalidad de liberar a los sentenciados. Así fue como en menos de dos meses excarceló a siete: Reinaldo Barreto Medina, Miguel Benítez, Édgar Ramón Escobar Riveros, Juan Alberto Martínez, Balbina Maciel (por compurgamiento de pena), Bruno Garcete y Ramírez Reichert.
El empresario Horacio Zelaschi obtuvo la postergación de la pena con Llanes, por una avanzada enfermedad.
Solo siguen en el penal de Tacumbú Florencio Florentín y Ronald Orrego.
Juzgado oculta resolución
El juez Víctor Medina no solo ocultó a la prensa la resolución de liberación de Ramírez Reichert, sino que también hizo lo mismo con la Fiscalía. A través de su actuaria, Juliana Romero Maciel, primero intentó dar como excusa que el fallo estaba en la Sección de Estadísticas Penales, pese a que ya contaba con el sello de esa dependencia, lo que fue advertido por miembros de la prensa. Posteriormente, esta dijo que antes se debía notificar a las partes para luego proporcionar la información a la prensa. Sin embargo, una funcionaria enviada por la fiscala Celia Beckelmann tampoco pudo darse por notificada de la resolución porque supuestamente el juez guardó el expediente en su despacho, bajo llave
Francisco: Los tres poderes, responsables de una confiscación a los jubilados
El Poder Ejecutivo, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, con el silencio cómplice del Presidente de la Caja Bancaria, de aquel entonces, arremetieron con la confiscación de la haberes de los Jubilados Bancarios, totalmente inconstitucional y también porque no habría sido favorable para los jubilados en relación a los ajustes jubilatorios aplicados con la ley suprema de la nación, que es la CN, Ademas de la confiscación de los haberes jubilatorios, por más de 10 años y no se ajustó los haberes de acuerdo al índice de salarios del IPC. En ese lapso los gobiernos y la autoridades de la Caja Bancaria, con su silencio fueron cómplices de esta Ley inconstitucional.
Para la legislación paraguaya , la jubilación es el salario que le corresponde al trabajador aportante, después de reunir los requisitos de edad y años de aportes. Ese haber debe ser móvil y guardar una proporción razonable con los últimos sueldos percibidos debidamente actualizados, según marca la Constitución Nacional. Demás está decir que esa legislación no fue respetada, para los jubilados y constituyó un antecedente para que alrededor de miles de jubilados hicieran reclamos similares.
En su respuesta a una demanda de los jubilados bancarios, el Alto Tribunal señala que “el reproche no toma en cuenta que la Corte no ha dispuesto reajuste alguno para el periodo de años confiscados de los haberes (por 10 años), como tampoco que ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso de la Nación han solucionado la señalada falta de aumentos en ese lapso, al punto que ello ha llevado a miles de jubilados a demandar la aplicación del fallo ante la justicia, y al Defensor del Pueblo a pedir la generalización del criterio adoptado por el Tribunal, reclamos a los que se ha opuesto la permanentemente la clase política de entonces con el argumento de que su admisión llevaría a una grave crisis del sistema.
En esta discusión, la clave es esto último. Porque ni el Gobierno ni el Congreso otorgaron a todos los jubilados el ajuste, obligando a que cada jubilado tuviera que iniciar un juicio individual, y tampoco la Corte extendió su propio fallo a todos los jubilados como reclamó miles de jubilados bancarios..
Así, los tres poderes del Estado, y el Presidente de la Caja de Jubilación de aquel entonces, con su silencio cómplice son responsables de esta confiscación contra los jubilados.
(Una parte ya falleció y el resto sigue esperando que se les devuelvan lo que se les confisco) .
Atentamente
Algunos Sicarios Económicos que llevaron a la quiebra la Caja Bancaria, LA CIUDADANÍA SE PREGUNTAN PERMANENTEMENTE QUIENES ESTÁN PRESOS?
07 DE OCTUBRE DE 2012 | JUEZ VÍCTOR MEDINA YA LIBERÓ A OCHO SENTENCIADOS POR DESCOMUNAL PERJUICIO
Fiscalía se opuso y apeló todas las libertades de vaciadores del BNT
El Ministerio Público se opuso a todos los planteamientos de libertades condicionales de vaciadores del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), y, pese a ello y al descomunal perjuicio patrimonial, el juez Víctor Medina ya optó por liberar a ocho sentenciados. La Fiscalía apeló en todos los casos y la Cámara debe expedirse.
En dos meses y a poco de aceptar la causa tras la inhibición de su colega Ana María Llanes, el magistrado de ejecución concedió la excarcelación a todos los vaciadores que presentaron pedido de libertad condicional. La mayoría de los involucrados pisaron la cárcel recién en febrero de este año, y a poco más de seis meses, la abandonaron.
La fiscala Celia Beckelmann se opuso tajantemente a que dejen el penal los condenados por el vaciamiento de nada menos que G. 120 mil millones.
El primero en beneficiase fue el empresario Horacio Aquiles Zelaschi. El mismo pidió postergación de su pena de 7 años por enfermedad. Si bien la solicitud fue diligenciada con la jueza Llanes, el juez Medina fue quien dio la libertad por el término de dos meses.
En este caso, el Ministerio Público dictaminó positivamente porque el hombre debía realizarse un tratamiento y demostró que estaba aquejado por una enfermedad terminal. Su retorno a la cárcel, sin embargo, es hasta ahora una incógnita.
Luego, Reinaldo Barreto Medina, Édgar Ramón Escobar Riveros, Miguel Benítez y Juan Alberto Martínez obtuvieron libertad condicional con leves reglas de conductas y exiguas donaciones a entidades de beneficencia.
El siguiente en beneficiarse con la excarcelación fue Bruno Garcete, condenado a 10 años, y, a Balbina Rafaela Maciel se le otorgó el compurgamiento de toda su pena (10 años).
El viernes pasado, el expresidente del BNT, Sindulfo Ramírez Reichert (10 años de pena), logró su libertad condicional solo con un periodo de 3 años y 6 meses de prueba, la donación mensual de G. 350.000 y la exigua fianza personal de G. 100 millones de su abogada.
Beckelmann especificó que se opuso a todas las libertades que tramitó y resolvió Medina, e inclusive las apeló ante la Cámara.
La agente, en su último escrito de apelación, cuestionó que Medina oficie la libertad a Tacumbú y que esta sea efectivizada sin que sea notificado el Ministerio Público, por lo que el fallo no estaba firme.
Criterio de Cámara
La indolencia judicial con los vaciadores del BNT, evidenciada por las mínimas penas impuestas a sindicalistas implicados en el fraude, fue criticada por la Cámara de Apelación, cuando rechazó la excarcelación bajo libertad condicional del exgremialista Florencio Florentín (aún preso).
Los camaristas Arnaldo Martínez Prieto, Mirtha González de Caballero y Basilicio García habían ratificado una resolución de la entonces jueza Llanes, que denegó la libertad condicional.
Martínez Prieto no ahorró reparos contra los vaciadores que pretenden impolutos volver a deambular por las calles. “Una libertad condicional que implica no cumplir la totalidad de la condena y la que se cumplió se desarrolló mayoritariamente en forma domiciliaria, no cumpliría los fines de la prevención general;… una minúscula condena y luego a disfrutar de los frutos malhabidos”, señaló.
Javier Pineda Benitez · Suscribirme · Comentarista destacado · Auditor en Paraguay Consulting Group
Continúan los artículos periodísticos desatinados con relación a la Caja Bancaria. Aquí comienzan hablando del supuesto poco control existente sobre las Cajas, que “actualmente las distintas cajas jubilatorias son juez y parte al mismo tiempo, pues administran el dinero de los aportantes y solo cuentan con un sistema de control interno”. Y terminan mencionando “manejos desprolijos de los fondos jubilatorios” que “generaron importantes conflictos sociales” y dicen que “por citar algunos ejemplos, la crisis en cajas como la Bancaria hace una década”. Ya es fastidiosa la manera como los periodistas manejan mal la información, lo cual es grave porque al ser mala producen desinformación y violentan a los afectados, que en este caso son seres humanos sujetos de protección social: los jubilados. Aclaremos primero que la Caja Bancaria es controlada permanentemente por: 1) la Contraloría General de la República que tiene instalado un síndico en la misma Caja, con acceso a toda la información que pudiera necesitar para evaluar las operaciones de la institución, y que tiene atribuciones de participar de las reuniones del Consejo de Administración; 2) por la misma Contraloría General de la República, que anualmente envía grupos de auditores para realizar auditorías contables, operativas, de gestión y otras; 3) la Superintendencia de Bancos que ejerce control permanente sobre las operaciones financieras de la Caja; 4) la Superintendencia de Seguros que mantiene una mirada cercana y continua sobre el comportamiento de los fondos jubilatorios y los beneficios otorgados; 5) la Auditoría General del Estado que tiene atribuciones amplias para controlar e intervenir en la operatoria general de la Caja; 6) el Ministerio de Justicia y Trabajo, a cuyo cargo se encuentra el monitoreo del sistema previsional que beneficia a los trabajadores bancarios, tanto activos como pasivos; 7) la Auditoría Externa Independiente a la que está obligada la Caja y que anualmente debe obligatoriamente ser contratada; 8) el Ministerio de Hacienda, que tiene el control contable y presupuestario de los fondos manejados por la Caja, inclusive en línea; y 9) el Parlamento Nacional que establece el presupuesto anual de sus ingresos y egresos. ¿Falta todavía control? ¿Podría el Consejo de Administración de la Caja obrar arbitrariamente a espaldas de estos poderosos órganos contralores? Supongamos por un momento que ya está en funciones una Superintendencia General de Entidades Previsionales. ¿Qué supercontrol adicional estaría haciendo en la Caja Bancaria? ¿Se eliminarían todos los demás controles? Más bien creo que estaría tratando de manipular y dirigir la aplicación de las disponibilidades hacia entidades afines a las autoridades de turno. Así de simple.
En cuanto a que hace falta que se “realice cálculos periódicos sobre la capacidad de pago de las futuras jubilaciones” deben saber que la Caja Bancaria contrata todos los años una consultora internacional especializada que realiza los cálculos actuariales necesarios. ¿Se superpondrían los cálculos de las consultoras internacionales especializadas con los de la Superintendencia General de Entidades Previsionales? Ya me imagino cuál cálculo primará, cuál tendrá el carácter de indubitado y cuál el de dubitado. Es decir, tendremos cálculos matemáticos que den resultados distintos. Extraño, verdad?
Bajo el subtítulo “Involucramiento” (no sé qué tiene que ver esta palabra aquí) se menciona que “varios aportantes activos se manifestaron en contra (de las modificaciones a la Ley de la Caja Bancaria) alegando que con los cambios (entre los que se elimina el aporte de los jubilados y el ajuste anual de sus haberes) podrían impactar en la sostenibilidad” y que “se pone en juego el futuro de los aportantes y jubilados”. Hace mucho que esta gente viene oponiéndose a los cambios sin aportar un solo dato que respalde sus aseveraciones. Es sintomático aquí el uso de la palabra “podría”. Esa es precisamente la manera en que ejercen su oposición: “podría
Javier sigue diciendo: Bajo el subtítulo “Involucramiento” (no sé qué tiene que ver esta palabra aquí) se menciona que “varios aportantes activos se manifestaron en contra (de las modificaciones a la Ley de la Caja Bancaria) alegando que con los cambios (entre los que se elimina el aporte de los jubilados y el ajuste anual de sus haberes) podrían impactar en la sostenibilidad” y que “se pone en juego el futuro de los aportantes y jubilados”. Hace mucho que esta gente viene oponiéndose a los cambios sin aportar un solo dato que respalde sus aseveraciones. Es sintomático aquí el uso de la palabra “podría”. Esa es precisamente la manera en que ejercen su oposición: “podría impactar en la sostenibilidad”, “la caja entraría en déficit en poco tiempo”, “se comprometería el futuro de los actuales bancarios activos”. Usan mucho los verbos en modo potencial, sin aportar nada que sostenga sus temores. Sus mensajes tienen el peso de un “chake pepe ikatú osê ndeve pombero”. Les preocupa supuestamente que “se elimine el aporte de los jubilados”. Imagínense, quieren que el sistema de reparto se haga al revés: en el sistema de reparto los activos son los están en etapa contributiva y deben aportar, y los jubilados en etapa de recibir beneficios, pero ellos quieren que los jubilados aporten para cuando ellos se jubilen. Es-pec-ta-cu-lar. Quieren que los que tienen que recibir beneficios no lo reciban porque una generación que vendrá después es la que tiene que recibir los beneficios sin descuentos. Y qué pasará si se continúa con este sistema de reparto al revés y ellos tampoco cobran beneficios cuando se jubilen, porque se debe guardar el dinero para cuando se jubile la generación de activos que viene después? Y así sucesivamente? Nadie cobrará beneficios porque siempre se estará cuidando el dinero para después, y después para después. Tarados. Esa es el término que les calza.
Y cuando esos aportantes activos cuestionan el ajuste anual de haberes simplemente están oponiéndose a mandatos constitucionales. Veamos: el Art. 103 dice “…La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad”; el Art. 46 dice “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien…”; el Art. 47 dice “El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: … 2. la igualdad ante las leyes; …4. La igualdad de oportunidades …”, etc. Es incuestionable el derecho de los jubilados de recibir reajustes en igualdad de condiciones que los trabajadores activos.
Por otro lado, estos aportantes activos… Perdón, no puedo continuar sin hacer una digresión: aportantes activos somos los jubilados en este caso. Se nos ha obligado a aportar desde el 2002 hasta hoy más de 270.000.000.000 de guaraníes. Hemos aportado cuando éramos activos, seguimos aportando después de jubilados (mucho más que cuando éramos activos) y para recuperar una parte de nuestros aportes extraordinarios e inconstitucionales vamos a aportar nuevamente como ciudadanos con nuestros impuestos. Eso es ser aportante activo y no estos que jamás van a alcanzar a aportar lo que nosotros hemos aportado.
Bueno, continúo. Decía que estos aportantes activos se guardan muy bien de mencionar un factor que realmente atenta contra la sostenibilidad de la Caja, cual es el artículo nuevo de la ley que permitirá que los trabajadores bancarios puedan jubilarse a partir de los 55 años mediante la reducción de sus haberes en un 15%. Esto sí es peligroso, porque 5 años antes dejarán de aportar y estarán cobrando jubilaciones por 5 años más. Y este punto a ellos no les preocupa, más bien se lanzan contra los jubilados utilizando falacias y argumentos sin sustento.
Espero que estos puntos les hayan quedado claros.
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Estos son los SICARIOS ECONOMICOS, Lo cierto es, como cualquiera sabe, que hay miles y miles de personas que, sin ejercer un oficio o una profesión con sabido éxito económico –es decir, pobretones–, tras ingresar en la función pública se enriquecieron a una velocidad tal que suscita la convicción de que los medios para lograrlo fueron “non sanctus”.
Fuera de unos cuantos empresarios corruptos que aprovechan –sobre todo en las obras públicas– sus contactos de influencia y contubernios con políticos en la administración pública para quedarse con las licitaciones gordas y robarle al Estado –es decir, al pueblo– todo lo que pueden, por sobrefacturaciones, reprogramaciones, “reajustes” y otras formas de timo bien conocidas, la inmensa mayoría de los súbitos multimillonarios express llegaron a tales ejerciendo funciones públicas o traficando influencia política.
Si el régimen de declaración obligatoria de bienes patrimoniales tuviera la vigencia e instrumentalidad que debería tener en el ámbito de la Administración Pública, en este momento se podría conocer con certeza cómo fue que Luis González Macchi y Nicanor Duarte Frutos, por ejemplo, salieron de un estado de postración económica y se convirtieron en supermillonarios en pocos años de ejercicio del poder.
Si el sistema funcionara correctamente y no estuviera permanentemente trabado por la complicidad política de diputados y senadores, en la actualidad no sería un misterio el origen de la cuantiosa fortuna de exfuncionarios y legisladores como Víctor Bernal, Francisco Romero, Víctor Bogado, “, José Chamorro, el ministro de la Corte Suprema Víctor Núñez, entre otros. Se tendrían pruebas documentadas de cómo la corrupción aprovecha las oportunidades que ofrece el ámbito gubernamental, y la justicia misma dispondría de las evidencias indispensables para recuperar siquiera parte del latrocinio y someter finalmente a los bandidos a las leyes, después de tantas décadas de impunidad.
La declaración jurada es una obligación para todo funcionario público, pero son los que ejercen funciones de recaudación de tributos, de inspectoría y control quienes tienen más posibilidades de traficar influencias, por lo que deben merecer la atención particular de la Contraloría General y de la justicia. Aquí es donde se debe aguzar la vista y mantenerse la vigilancia permanente. Cada director o consejero de ente descentralizado, cada vista de aduana, cada jefe militar que comienza a mostrar signos de opulencia en mansiones, paseos, fiestas, lujos y estilo de vida principesco, debe ser inmediatamente situado en la mira de esas instituciones.
Si a la exigencia de la declaración jurada se hiciera funcionar paralelamente el Impuesto a la Renta Personal (IRP) con esos mismos principios y mecanismos, tendríamos finalmente todo el abanico social y político sometido a los controles indispensables para combatir con eficacia el infame y antiguo vicio del enriquecimiento ilícito, siempre perpetrado a expensas de los escuálidos recursos de un país como el nuestro y causa principal de su ignorancia y pobreza.
El IRP y la declaración jurada de bienes son las dos lentes del mismo binocular que la Contraloría General y la justicia deben utilizar en su labor de vigilancia, para resguardo de la legalidad y la licitud en el ámbito económico y político.
Hasta ahora, sin embargo, privadas de esas lentes, ambas instituciones caminan a ciegas. Las fortunas malhabidas de políticos y empresarios corruptos son como mastodontes que ostentosa e impunemente se pasean por las calles, a la vista y paciencia de la ciudadanía, y que los contralores, los fiscales y jueces no logran ver o no quieren ver.
Esta penosa realidad es el resultado de que en el Paraguay actual existan poderosos intereses particulares comprometidos con la corrupción, por lo que hasta ahora fueron imposibles de lograr los dos grandes resultados aquí mencionados como meta: que los funcionarios, jefes y políticos influyentes dejen registrados su manifestación de bienes y su proceso de crecimiento para conocer y evaluar su conducta, y también que sean así conocidas las fortunas particulares, la licitud de su origen y de su aumento.
La reglamentación del artículo constitucional aprobada por los diputados y que volvió a consideración del Senado –donde tiene resistencia para su aprobación– constituiría un avance en el sentido deseado, para evitar, entre otras cosas, que aquellos legisladores cuestionados que llegaron mimetizados en las “listas sábana” dejen de utilizar sus fueros para proteger de la investigación sus fortunas malhabidas.
estos son los SICARIOS ECONOMICOS,
Lo cierto es, como cualquiera sabe, que hay miles y miles de personas que, sin ejercer un oficio o una profesión con sabido éxito económico –es decir, pobretones–, tras ingresar en la función pública se enriquecieron a una velocidad tal que suscita la convicción de que los medios para lograrlo fueron “non sanctus”.
Fuera de unos cuantos empresarios corruptos que aprovechan –sobre todo en las obras públicas– sus contactos de influencia y contubernios con políticos en la administración pública para quedarse con las licitaciones gordas y robarle al Estado –es decir, al pueblo– todo lo que pueden, por sobrefacturaciones, reprogramaciones, “reajustes” y otras formas de timo bien conocidas, la inmensa mayoría de los súbitos multimillonarios express llegaron a tales ejerciendo funciones públicas o traficando influencia política.
Si el régimen de declaración obligatoria de bienes patrimoniales tuviera la vigencia e instrumentalidad que debería tener en el ámbito de la Administración Pública, en este momento se podría conocer con certeza cómo fue que Luis González Macchi y Nicanor Duarte Frutos, por ejemplo, salieron de un estado de postración económica y se convirtieron en supermillonarios en pocos años de ejercicio del poder.
Si el sistema funcionara correctamente y no estuviera permanentemente trabado por la complicidad política de diputados y senadores, en la actualidad no sería un misterio el origen de la cuantiosa fortuna de exfuncionarios y legisladores como Víctor Bernal, Francisco Romero, Víctor Bogado, “José Chamorro, el ministro de la Corte Suprema Víctor Núñez, entre otros. Se tendrían pruebas documentadas de cómo la corrupción aprovecha las oportunidades que ofrece el ámbito gubernamental, y la justicia misma dispondría de las evidencias indispensables para recuperar siquiera parte del latrocinio y someter finalmente a los bandidos a las leyes, después de tantas décadas de impunidad.
La declaración jurada es una obligación para todo funcionario público, pero son los que ejercen funciones de recaudación de tributos, de inspectoría y control quienes tienen más posibilidades de traficar influencias, por lo que deben merecer la atención particular de la Contraloría General y de la justicia. Aquí es donde se debe aguzar la vista y mantenerse la vigilancia permanente. Cada director o consejero de ente descentralizado, cada vista de aduana, cada jefe militar que comienza a mostrar signos de opulencia en mansiones, paseos, fiestas, lujos y estilo de vida principesco, debe ser inmediatamente situado en la mira de esas instituciones.
Si a la exigencia de la declaración jurada se hiciera funcionar paralelamente el Impuesto a la Renta Personal (IRP) con esos mismos principios y mecanismos, tendríamos finalmente todo el abanico social y político sometido a los controles indispensables para combatir con eficacia el infame y antiguo vicio del enriquecimiento ilícito, siempre perpetrado a expensas de los escuálidos recursos de un país como el nuestro y causa principal de su ignorancia y pobreza.
El IRP y la declaración jurada de bienes son las dos lentes del mismo binocular que la Contraloría General y la justicia deben utilizar en su labor de vigilancia, para resguardo de la legalidad y la licitud en el ámbito económico y político.
Hasta ahora, sin embargo, privadas de esas lentes, ambas instituciones caminan a ciegas. Las fortunas malhabidas de políticos y empresarios corruptos son como mastodontes que ostentosa e impunemente se pasean por las calles, a la vista y paciencia de la ciudadanía, y que los contralores, los fiscales y jueces no logran ver o no quieren ver.
Esta penosa realidad es el resultado de que en el Paraguay actual existan poderosos intereses particulares comprometidos con la corrupción, por lo que hasta ahora fueron imposibles de lograr los dos grandes resultados aquí mencionados como meta: que los funcionarios, jefes y políticos influyentes dejen registrados su manifestación de bienes y su proceso de crecimiento para conocer y evaluar su conducta, y también que sean así conocidas las fortunas particulares, la licitud de su origen y de su aumento.
La reglamentación del artículo constitucional aprobada por los diputados y que volvió a consideración del Senado –donde tiene resistencia para su aprobación– constituiría un avance en el sentido deseado, para evitar, entre otras cosas, que aquellos legisladores cuestionados que llegaron mimetizados en las “listas sábana” dejen de utilizar sus fueros para proteger de la investigación sus fortunas malhabidas.
H
Los Sicarios Económicos, que llevaron a quiebra la Caja Bancaria, y estos nuevos Sicarios Económicos, que son Manuel Ferreira y Federico Franco, con su actuación delictiva de prostituir la información, y de su gestión anticonstitucional, estan siguiendo el mismo camino derrotero delictivos de los sicarios economicos predecesores que son: Fermín de Alarcon, Beneito, los Peiranos, Muños de Burgos, Miguel Kemper, Antonio Sacarelo, Gustavo Perez, Evelio González Oscar Carisimo Neto, Oscar Perez, Castillo, Ortellado, Ing Marcos, Heseike, Cortasar, Nelson Peña Makoy, Belarmino Fernández, Miraglio, José L. Herrero entre otros
Hay Presupuesto para todo el mundo: El nuevo Sicario Económico Banana Ferreira Brusqueti, dice que no hay presupuesto, para los Jubilados Bancarios.
04 DE NOVIEMBRE DE 2012 | PLAN DE GASTO 2013 DICTAMINADO POR LA COMISIÓN BICAMERAL
Hay 186 ONG presupuestadas como beneficiarias del subsidio estatal
La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso dictaminó a favor de que 186 organizaciones no gubernamentales (ONG) reciban el próximo año subsidio del Estado, por 81.447 millones de guaraníes (US$ 18,2 millones). En esta edición presentamos las 100 primeras entidades privadas que están incluidas en el proyecto presupuestario para el año venidero.
Un total de 28 nuevas entidades fueron incluidas en la lista de beneficiarias del aporte estatal dentro del proyecto de presupuesto 2013, de acuerdo al informe de la Comisión Bicameral.
La subcomisión especial que se encargó de estudiar el proyecto de las ONG, sugirió destinar de 73.733 millones de guaraníes, levemente superior en 0,4% a lo establecido actualmente en la ley de presupuesto.
En la reunión de la bicameral, sin embargo, los legisladores optaron en mayoría por elevar el monto a ser distribuido a 81.447 millones de guaraníes, lo que representa 10,7% más.
El informe de la bicameral señala también que 16 solicitudes nuevas no fueron aprobadas y que 8 entidades con presupuesto en el presente ejercicio, ya no presentaron solicitud para el siguiente ejercicio.
En esta primera parte de la lista aparecen las primeras 100 entidades privadas que reciben el aporte, entre otros, Aldea Infantil SOS, Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad (Apadem Teleton), Asociación de Rehabilitación del Impedido Físico del Paraguay (Arifa).
También el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Hospital del Corazón y Fundación de Ayuda a Niños/as con Cáncer y Leucemia (Asoleu), por citar algunos.
Vigente
Este año la ley de presupuesto distribuye fondos para 170 ONG, por un monto de 72.733 millones de guaraníes, pero la cifra fue reducida a 46.394 millones de guaraníes con la aplicación del plan financiero.
Hacienda implementa el plan financiero debido a los escasos recursos que tiene el Estado, para hacer frente a los mayores gastos aprobados en su oportunidad, principalmente salariales.
La cartera fiscal previó el mismo monto del plan financiero para el año venidero, por lo que con el dictamen de la bicameral el aporte crece 35.053 millones de guaraníes.
Se estima que apenas se inicia el ejercicio 2013, Hacienda volverá a recortar la diferencia para adecuarlo al nivel de ingresos y evitar que el déficit fiscal se dispare como lo viene haciendo cada año.
Desfinanciamiento
Los legisladores no solo aumentaron el subsidio que el Estado deberá abonar el próximo año, sino también otra serie de gastos relacionados a los servicios personales, inversiones y gastos en insumos de diversas entidades públicas en el marco de las campañas políticas que llevan adelante con miras a las internas partidarias, primero; y, luego, a las generales de abril próximo.
De acuerdo al informe, el dictamen de la Comisión Bicameral “infla” el gasto público a 58,4 billones de guaraníes (US$ 13.086 millones).
Esto implica una diferencia de 3,2 billones de guaraníes con el proyecto que había presentado el Poder Ejecutivo (inicial más adenda) a consideración del Parlamento.
Definición
La Cámara de Diputados decidiría esta semana sobre el proyecto y se estima que gran parte del dictamen sería respetado. En forma extraoficial se habla de que en la plenaria, los legisladores colorados estarían solicitando la inclusión de un aumento salarial de 10% para todos los funcionarios.
Cada año más plata
El número de ONG aumenta cada año en el presupuesto público, así como el monto destinado para cubrir sus finalidades.
De acuerdo a los datos oficiales, en el 2010 el presupuesto para 116 entidades sin fines de lucro llegaba a 54.168 millones de guaraníes. Sin embargo, para el año próximo el número aumenta a 186 y la asignación a 81.447 millones de guaraníes.
Esto implica que en los últimos cuatro años el subsidio a las entidades privadas, de ser aprobado, crecerá más de 50%.
Dr. Meza Caballero. ESTOS SICARIOS ECONOMICOS NO TIENEN QUE QUEDAR IMPUGNE. Cajubi: condenas a 14 años de prisión
El Tribunal de Sentencia aplicó penas de 14 años de prisión para los expresidentes de la Cajubi Víctor Bogado Núñez y Mariano Escurra, decisión celebrada por las víctimas del millonario perjuicio económico contra la caja jubilatoria.
Para la emisión del fallo se ha hecho una discriminación por el monto defraudado y la participación de cada imputado, por ende los expresidentes tuvieron las condenas más altas, pero con un año menos al requerido por el Ministerio Público, que era de 15 años para Bogado y Escurra.
El órgano judicial resolvió condenar a los exconsejeros Walter Delgado, Félix Villamayor y César Amilcar Bejarano, a 12 años de prisión; este último será beneficiado con la reclusión domiciliaria por la edad, Ricardo Antonio Pereira Polettí recibió una pena privativa de 10 años, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.
En el caso de Pabla Mieres, José Alonso Martínez y José Szwako se estableció una pena de 8 años de cárcel, siendo la mujer la única beneficiada con el arresto domiciliario, bajo control aleatorio en la comisaría jurisdiccional al igual que Bejarano hasta que la sentencia quede firme y ejecutoriada, explicó la jueza Fernández. Las condenas de menor duración fueron para Cibar Insfrán con 4 años, mientras que Gustavo Duré Almada y Édgar Mengual con 3 años, respectivamente.
Según el tribunal de sentencia la gravedad del hecho está dada por la naturaleza de las víctimas, es decir, los jubilados y pensionados en edad sensible, y condición vulnerable que esperaban contar con la jubilación y el pago de beneficios producto de varios años de aporte, sin contar con los administradores extraigan sin consideración alguna los recursos, poniendo en riesgo el patrimonio de la Cajubi por un largo periodo de tiempo.
“Los únicos responsables de cuidar los fondos eran los consejeros que decidieron destinar alegremente dichos fondos, en realidad no existió inversión alguna, porque las empresas no existían o existieron solo en papeles y el dinero enviado les permitió salir de la oscuridad”, expresó la jueza Fernández.
Solo en la causa denominada Euroinvest empresa que fue abierta en Panamá, se esfumaron cerca de 34 millones de dólares, bajo la falsa promesa de un retorno con alto rendimiento, sin embargo el dinero de los jubilados no hizo más que enriquecer de manera ilícita al matrimonio compuesto por Marcelo Barone y Elizabel Vázquez, quienes se hicieron con lujosas propiedades en el centro de Londres y vehículos de último modelo.
El venezolano fue detenido el 23 de agosto de este año en Londres, en tanto que su esposa fue detenida a inicios de setiembre, gracias a un trabajo conjunto entre la fiscalía paraguaya y la de Londres, tres años después de que el juez Hugo Sosa Pasmor haya ordenado la captura internacional contra el matrimonio venezolano.
Según la investigación del Ministerio Público, la firma Euroinvest fue creada recién después de los sucesivas remesas desde nuestro país, gracias a la habilidad verbal del venezolano que terminó convenciendo a unos 11 funcionarios de firmar un pacto social por el cual se autorizó el envío de US$ 36.000.000 sin importar el riesgo de pérdida.
Atentamente
Dr. Meza Caballero_ La jubilación que viene
Es la primera gran apuesta fuerte del Gobierno en materia social. Como había anticipado Clarín en febrero, comenzará gradualmente a saldar las deudas de los jubilados que litigaron contra la ANSeS por mala liquidación de sus haberes y que cuentan con sentencia favorable. Fuentes oficiales estiman que de un universo de unos 7 millones de jubilados, son más de 300.000 los que se encuentran en esa situación. A éstos se suman alrededor de 1.700.000 con derecho al mismo reclamo, aunque no hayan detonado todavía sus demandas en la Justicia.
Detrás del impacto del anuncio, el Gobierno quiere evitar los costos políticos de una eventual imprevisión de los cálculos para afrontar la decisión, habida cuenta que cada juicio contempla un monto promedio de $ 250.000. La ingeniería de la Casa Rosada prevé que los recursos de la movida previsional se financien en parte con el blanqueo que busca el reingreso de capitales de argentinos desde el exterior. No es el único resguardo que ambiciona Macri: también quiere que el resto del arco político apoye y nutra de consenso su iniciativa. Por eso en su equipo ya le dan los toques finales al megaproyecto que el Ejecutivo elevará al Congreso, donde sabe que será difícil que alguien levante la mano en contra de una primera solución a la ruinosa situación del llamado sector pasivo. La iniciativa también contempla que los Tribunales de la Seguridad Social refrenden los acuerdos para cortar la cadena de eventuales y futuros litigios.
La cuestión de fondo y la mayor novedad política para el ciudadano de a pie es que el proyecto contempla la voluntad política de comenzar a indagar por primera vez, a través de una comisión a conformarse, la urticante cuestión de la suba en la edad jubilatoria. Hoy, un explosivo cóctel demográfico y fiscal (envejecimiento poblacional y merma de recursos para financiamiento) pone en peligro la subsistencia del sistema de jubilaciones y pensiones. Un dato: en la posguerra, cuando comenzó a tener forma la ingeniería previsional que llega, con variantes, hasta nuestros días, había 3,5 trabajadores activos para financiar a cada pasivo. Hoy, en la Argentina, los expertos estiman que la proporción sería apenas de 1,3 a 1: se trata de un callejón sin salida.
Gradualmente, países de Europa como Alemania, Francia, Italia, España y Austria han ido elevando desde los 65 años (tope que rige en la Argentina) a los 67 y aún a los 69, la edad del retiro. Lo que desbalancea la ecuación es que el mercado laboral comienza la expulsión de los trabajadores a los 60 años o antes, a través de sistemas de acuerdos o retiros voluntarios. La pregunta del millón es obvia: ¿de qué sirve jubilarse más tarde si no se tiene trabajo?
Atentamente
Dr. Meza Caballero. Habrá mejoras de un 45% en promedio en los haberes de 2.400.000 jubilados
El nuevo paquete legislativo
El plan beneficiará a casi un tercio del total de jubilados. Luego de que se apruebe la ley en el Congreso, los alcanzados por la mejora tendrán que iniciar un trámite en la ANSeS.
El Presidente Mauricio Macri jugando al truco en un centro de jubilados. (Presidencia).
1. Alcance de la medida
Los nuevos cálculos de la ANSeS arrojan que el proyecto de ley abarca a casi 2.400.000 jubilados y pensionados: 50.000 que tienen sentencias firmes, 300.000 que están en juicio y 2.000.000 que no hicieron juicio, pero tienen los mismos derechos que los que hicieron juicio. Ese total representa un tercio del total de jubilados. El resto no tiene cambios y comprende, en general, a los que se jubilaron por moratoria o aportaron muchos años como monotributistas o como autónomos y los que ya cobraron con anterioridad juicios por reajuste de haberes.
2. Qué se reconoce
Tanto a los que tienen sentencia firme como con juicios en trámite se les reconoce el fallo Badaro (ajuste a los jubilados por la falta de movilidad entre 2002 y 2006) y, con algunos cambios, el caso Elliff (falta de correcto ajuste hasta 2009 sobre los sueldos de los últimos 10 años que se toman como referencia para el cálculo del haber inicial). En ambos casos, se les aplica el tope máximo del haber mensual. Y con los que no hicieron juicio, no se les reconoce retroactividad, se les reajusta el haber actual según el Ellif, con cambios en el índice.
3. Quiénes no están incluidos
Los casos de renta vitalicia (jubilados de las ex AFJP) que cobran de las compañías de seguros menos que el haber mínimo. Tampoco los pensionados y retirados de las FF.AA. ni los de Seguridad que cobran sus haberes de cajas propias. Tampoco habrá devolución o un reconocimiento adicional de haber a los que hicieron aportes voluntarios en las AFJP. Y no figura el otorgamiento de una jubilación anticipada para los que tienen más de 30 años de aportes pero aún no alcanzaron la edad jubilatoria (mujeres 60 años, varones 65 años).
4. Nueva pensión por vejez
Los mayores de 65 años, includios los extranjeros con 20 años de de residencia que no puedan acceder a la jubilación por falta de los 30 años de aportes requeridos tendrán derecho a una pensión del 80% del haber mínimo ($ 3.967). Quienes perciben un monto (caso pensión no contributiva por vejez) que es del 70% del haber mínimo podrá solicitar el cambio de pensión. Esa pensión se ajusta dos veces por año por la movilidad previsional y el pensionado tiene la cobertura del PAMI. Esta pensión reemplazará la jubilación por moratoria, que vence en septiembre.
5. Cálculo de retroactividad
El Indice de actualización de las remuneraciones que se toman como base del haber inicial entre 1995 y 2009, cuando entró en vigencia la movilidad, será el RIPTE, que elabora el Ministerio de Trabajo en base al promedio de los sueldos en blanco. Por la falta de un índice de ajuste, la Corte Suprema había fijado el Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC). Punta a punta, el ISBIC más que duplica el RIPTE, salvo en algunos años. Eso determina que tanto el cálculo de la retroactividad para los que tienen sentencia firme como para los están en juicio y el reajuste del haber actual pueden ser menores a los que surgen de los fallos judiciales.
6. Tope
A los que tienen juicio en trámite se les reconocerá por el retroactivo hasta 4 años de la antigüedad del reclamo. Eso puede representar una quita o descuento que varía según la cantidad de los años reclamados. En definitiva, este segmento de jubilados deberá comparar lo que surge de la sentencia firme o lo reclamado en la Justicia con la oferta de la ANSeS, en base al nuevo índice y el tope. Y ponderar entre cobrar en efectivo ahora la mitad y el resto en cuotas o esperar el final del juicio o el pago de la sentencia firme.
7. Reajuste del haber
A los que no hicieron juicio se les reconocerá solo el reajuste del haber. Ese reajuste se calculará con el índice Badaro y/o con el de Elliff, en este caso por el RIPTE (y no ISBIC) hasta 2009 y la movilidad posterior a esa fecha. El aumento del haber variará según la situación de cada jubilado y año de jubilación. Eso implica que los porcentajes de reajustes pueden ser muy variados, aunque el promedio ANSeS asegura que es del 45%.
8. Opción voluntaria
En todos los casos, el jubilado deberá optar entre aceptar la propuesta de la ANSeS o continuar con su reclamo judicial. Los que rechacen la oferta no tendrán ningún reajuste de haberes (cobrarán los aumentos de movilidad de 2 veces por año) y deberán seguir con los juicios o iniciar uno nuevo. En ANSeS calculan que el proceso de normalización demandará 2 años por la cantidad de gente involucrada y que implicará, a valores actuales, unos $ 75.000 millones anuales en los próximos 5 años y $ 50.000 millones por el pago de las retroactividades.
9. Impuesto a las ganancias
El cobro de la retroactividad estará sujeta a la retención del impuesto a las Ganancias. Se considerará por año devengado, tal como viene haciéndose hasta ahora.
10. Trámite para adherirse
Cada jubilado deberá consultar en la ANSeS o a través de Internet. En la web en la página de la ANSeS, según la situación de cada jubilado, deberá adherir al Programa, lo que implica escuchar la oferta. Luego la ANSeS lo citará y el jubilado deberá decidir si la acepta o no. Si la acepta, el acuerdo deberá ser homologado en la Justicia, con intervención del abogado del jubilado.
Graciela. Dos gobernadores peronistas y un fuerte respaldo al Gobierno
El sanjuanino Sergio Uñac y su par tucumano Juan Manzur salieron a apoyar las medidas del oficialismo para los jubilados.
Mauricio Macri recibió un inesperado espaldarazo de dos referentes de la oposición. Los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur; y de San Juan, Sergio Uñac, respaldaron abiertamente el programa de reparación de los jubilados, que beneficiará a 2.400.000 de adultos mayores y que incluye el blanqueo de capitales para cancelar las deudas por los juicios contra el Estado por la actualización de haberes.
«Es muy positiva le creación del este programa por el que se actualizarán los haberes y se abonarán los retroactivos correspondientes”, señaló el mandatario sanjuanino en declaraciones a Mitre. Uñac, un peronista dialoguista, opinó además que la pensión universal para los adultos mayores»mejoran la calidad de vida de nuestros abuelos».
El ex ministro de Salud de Cristina KirchnerJuan Manzur -con peso en el Congreso-también respaldó la iniciativa oficialista. «Es una medida muy positiva que en Tucumán beneficiará a 100 mil familias.Todos los argentinos de bien tenemos que apostar a que a Mauricio Macri le vaya bien», señaló en declaraciones a las misma emisora. El gobernador tucumano además elogió la política del Gobierno para beneficiar a las economías regionales.
Las declaraciones de dos gobernadores peronistas representa un espaldarazo a la iniciativa que Macri presentó el viernes. Ayer había recibido también el apoyo de dos gobernadores de Cambiemos. “Una medida esperada y reclamada desde hace años por los jubilados, por la mayoría de los sectores y por la dirigencia política, es hoy resuelta por el presidente Mauricio Macri a favor de este sector tan importante de nuestro país», expresó el mandatario jujeño Gerardo Morales.
El mendociono Alfredo Cornejo agregó que «la generación de un sistema de pago para cancelar deudas y la asignación Universal a la vejez son avances notables e históricos»
Atentamente
Dr. Meza Caballero. Los que estamos trabajando, ¿nos vamos a poder jubilar alguna vez?
En el bolsillo
«Si Dios quiere, el Congreso va a sancionar este mes la Ley de Reparación Histórica a los jubilados”, dijo ayer el Presidente. Situémosnos entonces en el día siguiente, el 1° de julio. Y la pregunta, en ese momento, es ¿cómo sigue el sistema previsional a partir de ahí, sobre todo para los que estamos trabajando? Se habla de estirar la edad jubilatoria; de un sistema mixto, con un haber fijo para todos y otro variable para los que hagan aportes; de un problema fiscal severo. En verdad, con la discusión de la ley, el debate recién empieza.
“El proyecto de Reparación Histórica permitirá que aquellos casos con sentencia firme podrán cobrar lo que les corresponde”, defendió Emilio Basavilbaso la iniciativa oficial en el comienzo del debate legislativo, el jueves. Se discute el pago de los juicios pendientes, pero también a aquellos en condiciones de hacerlos, más el ajuste de haberes en un promedio del 45% a 2.400.000 jubilados. Eso, acompañado por un blanqueo de capitales y moratoria impositiva. Pero lo que está en debate, en el fondo, es cuál es el modelo jubilatorio que habrá en el futuro. Es por eso que la ley incluye la conformación de una comisión que deberá analizar cómo hacer viable el sistema de cara al futuro.
“En el debate nos llamó la atención que en ningún lugar de la ley dice que el sistema seguirá siendo público y de reparto”, dice Diego Bossio, diputado y ex titular de la ANSeS. “Estamos buscando la forma de que esa definición sea incluida en el texto”, agrega.
Ese es un punto central de cómo ve el Gobierno hacia el futuro el sistema jubilatorio. ”Sería con tres pilares -explica uno de los funcionarios con más responsabilidad en esa ley-. Lo que pensamos es en una jubilación básica para todo el mundo, haya aportado o no. Un segundo tramo acorde a los aportes de cada uno. Y un tercero por los aportes voluntarios de quien los haga”.
-¿Eso implica la privatización del segundo y/o el tercer nivel, de la parte de aportes individuales o optativos?, preguntó Clarín.
-No, para nada, todo puede seguir siendo público. Pero eso lo debe discutir la comisión, que va a tener de 2 a 4 años para discutir cómo hacer viable el sistema.
¿Por qué la discusión ya sobre la viabilidad hacia adelante, cuando lo que hoy se discute es el pago de una deuda histórica a los jubilados? Es que el impacto de la ley en las cuentas públicas es muy grande. Según estimaciones de la oposición (Bossio, por caso) implica un 2% de déficit fiscal adicional. En la Casa Rosada reducen el número: dicen que es un 1,3%. “Claro, con esto nos costará más lograr la prometida baja del déficit fiscal”, reconocen.
Pero el punto es que la ANSeS hoy ya es deficitaria, paga más que lo que recauda. Según funcionarios macristas, hace tres años. Según Bossio, desde el año pasado, cuanto tuvo un rojo de $ 40.000 millones. Que llegaría a $ 140.000 millones este año por la última moratoria del kirchnerismo y la ampliación de las asignaciones que dictó Macri.
“Por ahora ese rojo se cubrirá con deuda, pero para adelante hay que encontrar una solución”, dicen en el macrismo. Y ahí empiezan a ponerse temas sobre la mesa.
En la Casa Rosada este cronista escuchó la idea de que hay que subir la edad jubilatoria, hoy 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. “En toda Europa se está haciendo; es lógico con el envejecimiento de la población que tenemos hoy”, dicen.
Otros técnicos dicen que eso aquí no es necesario, que el envejecimiento de la población argentina no es tal como el de Europa, que aquí la cuestión no es demográfica, sino la evasión. El 40% de los trabajadores está en negro, no hay aportes por ellos, pero luego entran al sistema jubilatorio, por vía de moratorias. “Si se blanquearan todos esos trabajadores, el sistema cierra, no tiene déficit”, dicen en el Gobierno. Pero saben que es difícil lograrlo.
Hoy en la Argentina hay unos 10 millones de trabajadores activos en blanco. Y 6,5 millones de jubilados. La relación es 1,5. Cuando Alfonsín decretó la emergencia previsional en los 80 era de 1,9. Desde entonces se ha ido deteriorando esa relación entre quienes aportan y quienes cobran. El 55% de los ingresos de la ANSeS vienen de su propia recaudación; el 45% restante, de impuestos especialmente asignados. El Fondo de Garantía puede cubrir parte de la diferencia, pero ahora se discute su liquidación. El blanqueo de capitales es un ingreso extra también, pero según estiman los técnicos, sólo le generaría al fisco ingresos para pagar los retroactivos de los juicios, mientras que el flujo de $ 75.000 millones anuales que implica el reajuste de haberes quedará como una herencia fija, año a año. Y a eso hay que sumarle que en el mismo proyecto de ley se habla de cómo se le devolverá a las provincias parte del dinero que hoy recauda la ANSeS.
Así, la agenda está clara: el futuro del sistema previsional debe ser rediscutido. Qué será de él es una pregunta que frunce el ceño de quienes hoy trabajan y ya empiezan a pensar cómo enfrentarán su vejez cuando se jubilen.
Juan, El Gobierno Argntino les esta devoviendo a los sufredos jubilados los que los gobierno antriores les robaron. Las claves del nuevo plan de pago a los jubilados
Haberes previsionales
Entre otros puntos, los haberes se reajustarán entre un 30% y un 45% y tendrán prioridad de cobro por los juicios los mayores de 80 años y quienes tengan enfermedades graves.
El plan para pagarle los juicios a los jubilados, que ayer aprobó el Congreso y hoy salió a explicar el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, comprende los siguientes puntos principales:
1) Abarca a casi 2,4 millones de jubilados, de los que 50.000 tienen sentencias firmes, 300.000 están en juicio y 2 millones no hicieron juicio pero tienen los mismos derechos que los anteriores. A los dos primeros se les reconocerá el fallo Badaro (ajuste por falta de movilidad entre 2002 y 2006) y, con algunos cambios, el caso Elliff (falta de correcto ajuste hasta 2009 sobre los sueldos de los últimos 10 años que se toman como referencia para el cálculo del haber inicial).
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2) En los pagos, se dará prioridad a los mayores de 80 años «y a aquellas personas que padezcan una enfermedad terminal cuyo desarrollo o desenlace pueda frustrar la finalidad» de la ley. Quienes tienen sentencia firme recibirán la mitad al contado y el resto en 12 cuotas trimestrales, mientras que quienes aún están en juicio recibirán el mismo plan de pagos pero sólo se les reconocerá cuatro años del total del reclamo.
3) Tanto a estos dos grupos como al de los que no hicieron juicio se les reajustará el haber jubilatorio en entre el 30% y 45%, según cada caso.
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4) Para cobrar, desde septiembre el jubilado deberá firmar un acuerdo con la ANSES a través de la página web del organismo. “El jubilado debe entrar a la pagina y dar su conformidad para celebrar el acuerdo, que luego se homologa en la Justicia y recién ahí se paga”, sostuvo Basavilbaso. La idea es este año poder hacer mas de 400.000 acuerdos y quienes no acepten podrán seguir con sus juicios o iniciarlos.
5) Se crea una pensión universal a la vejez, que será del 80% de una jubilación mínima y comenzará a pagarse desde los 65 años a quienes no tengan los aportes necesarios para jubilarse. Según Basabilvaso, hasta ahora este beneficio se abonaba a partir de los 70 años y por un valor menor.
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6) El programa no dependerá de lo que se recaude por el blanqueo, si bien todos los fondos de esta operatoria se destinarán al programa, porque el principal financiamiento provendrá de las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. “Desde ahora el fondo de los jubilados será para los jubilados y no para otros programas de gobierno, como se venía haciendo hasta ahora”, aseguró Basavilbaso.
Por otra parte, el programa establece el reintegro del 15% de coparticipación que se les retenía a las provincias para financiar a la ANSES, una cuestión que fue acordada recientemente entre el gobierno y los gobernadores de varias provincias. Además, Basavilbaso destacó que el programa es un primer paso “para irnos acercando al 82% móvil”, algo aún limitado por “la restricciones de la recaudación”
Atentamente
Dr. Meza Caballero. Miles marchan en contra del sistema de pensiones chileno
Centenares de miles de personas salieron ayer a las calles de Santiago y de una cuarentena de otras ciudades de Chile para exigir el término del sistema privado de pensiones, impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet.
Interminable. La larga columna de jubilados chilenos y sus familiares pidiendo justicia social.
En Santiago, según la policía, participaron unas 50.000 personas y más de 100.000 según los organizadores, que dijeron que en total la convocatoria sumó unas 750.000 personas a nivel nacional, a las que Luis Messina, dirigente de la Coordinadora No+AFP, convocante de la marcha, definió como “los indignados de Chile”.
La manifestación se desarrolló en Santiago a lo largo de la Alameda Bernardo O’Higgins, la principal avenida de la ciudad, y al igual que en todo el país fue pacífica, con la participación de familias completas y muchas personas mayores, que sufren directamente las bajas pensiones.
“¡No+AFP, por pensiones dignas Chile sale a la calle”, fue la consigna principal de la manifestación, convocada por varias organizaciones sociales que demandan la extinción del Sistema de Capitalización Individual, que entrega la administración de los fondos acumulados por los trabajadores a las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En las pancartas y carteles que portaban los manifestantes se podían leer, entre otras, consignas como “No más AFP”, “Basta de abusos”, o “Exigimos pensiones dignas”.
También las leyendas hacían alusiones a las pensiones que cobran algunos altos cargos de instituciones como Gendarmería (Servicio de Prisiones), de hasta más de cinco millones de pesos (unos 7.600 dólares), equivalentes a cerca de 50 pensiones mínimas que cobran cientos de miles de chilenos.
Cuando en 1981 la dictadura de Pinochet impuso el sistema de AFP a los chilenos, mantuvo el antiguo sistema de reparto para las Fuerzas Armadas, Carabineros y otras instituciones afines, que disfrutan de altas pensiones.
En cambio, los cotizantes del sistema privado cobran pensiones en de entre un tercio y un 50 por ciento de los ingresos que recibían durante su vida laboral.
En promedio, según publicaciones recientes, el promedio de pensiones del sistema privado es de unos 312.000 pesos (unos USD 480), aunque cientos de miles de personas sólo reciben pensiones mínimas, la mitad de esa cifra. efe
El gobierno esgrime el envejecimiento poblacional como una causa de su intención de llevar la edad de retiro por encima de 65 años. Trabajadores que sufren mayores cargas sociales -y menores salarios- para sostener un sistema de reparto con una proporción creciente de pasivos, por la caída de la natalidad.
La crítica que alude al desempleo juvenil por el tapón que aquellos que se jubilaban, y ahora no, crearían en el mercado laboral, expresa una visión “malthusiana” por pensar la economía como un ámbito de plazas fijas y deriva en la legitimación de un discurso anti-inmigratorio que hace agua si se advierte que la única solución estructural a la falta de activos naturales es la inmigración. El mundo desarrollado debate hoy sobre los beneficios de pagar menos jubilaciones y redirigir recursos hacia desocupados fomentando generación de empleo juvenil, atendiendo al vínculo entre calidad de salud pública, ausentismo y productividad laboral por edades. Imposible extrapolar tal debate al mundo en desarrollo, con baja o inexistente contención social, y Estados que “barren bajo la alfombra” a los excluidos, las ventajas de una eventual incremento etario en el retiro, nada desdeñables en términos del ahorro generado que permitirían, por caso, incrementar obra pública, ocultan ominosas implicancias.
La esperanza de vida al nacer es la edad promedio a la que se espera que llegue una persona, y se construye en función de la mortalidad de un país para toda la pirámide al momento en que se realiza el cálculo. Argentina, con 76 años, está 7 años atrasada respecto a los países más avanzados de la UE, donde sus ciudadanos envejecen en buenas condiciones de salud física y mental. No es nuestro caso, dónde además, el promedio es menos representativo que en el viejo continente con provincias que apenas llegan a los 70 años y otras por encima de los 79, producto de la enorme desigualdad regional en el acceso a la salud y educación.
En este contexto, aumentar la edad de retiro de un modo geográficamente indiscriminado expresa no solo una mirada de país desde su metrópolis, un error en lo económico, sino un horror irreparable en lo humano por propugnar la creación de una nueva cohorte de NINIS ( no pueden trabajar, ni jubilarse), mucho más vulnerables, por edad y en una cultura que descuida a sus mayores. Tampoco es adecuado estimular la permanencia voluntaria asumiendo que la pobreza en el interior no solo genera una baja productividad laboral en edad tardía, sino que obligaría a quienes más merecen el descanso a subordinar deseo a necesidad. Finalmente, las diferencias en edades de jubilación según gremios, no son el resultado de consideraciones técnicas, objetivas y extemporáneas, sino de conquistas históricas de derechos de los trabajadores, las que celosamente preservan las naciones que aplicaron la medida con éxito.
Dr. Meza Caballero. EL GOBIERNO ARGENTINO les esta devoviendo a los sufridos jubilados los que los gobierno antriores les robaron. Las claves del nuevo plan de pago a los jubilados
Haberes previsionalesReajustan 24% los haberes de 500 mil jubilados
Ley de reparación histórica
La reparación histórica en ANSES repacion historica a jubilados de la anses pagina internet de la anses pago jubilaciones.
Como parte de la Reparación Histórica, casi medio millón de jubilados ya cobraron sus haberes con un reajuste promedio del 24%, al margen del 14,16% del aumento de septiembre por la movilidad.
De ese total, alrededor de trescientos mil son jubilados que hasta agosto cobraban la mínima y ahora vieron incrementados sus haberes a valores superiores a esa cifra. Y de estos beneficiarios unas 185.000 personas son mayores de 80 años y para ellos, el aumento promedio fue más alto porque llegó al 46%.
Así informó ayer la Secretaria de Comunicaciones de la Presidencia que a manera de ejemplo especificó que “una persona de esa franja etaria que antes cobraba 5.769 pesos, ahora recibe 8.451 pesos por mes”.
El comunicado adelanta que “hasta fin de año, ANSES tiene previsto seguir recalculando y mejorando haberes a un ritmo de alrededor de 200.000 personas por mes. En total, unos 2,4 millones de jubilados verán incrementados en sus haberes”.
Estos reajustes corresponden a jubilados que no habían hecho juicio al Estado lo cual determinó que “los haberes fuesen más sencillos de actualizar”.
“Dentro de este grupo se priorizaron para procesar este año a los mayores de 80 años, a quienes el haber reajustado no superara los $ 1.700 y a quienes padecen una situación delicada de salud. También a los menores de 80 cuyos aumentos no superen a dos jubilaciones mínimas”.
En tanto, para alrededor de 300 mil jubilados que tienen sentencia firme o juicios en curso con derecho a los retroactivos y reajuste de haberes, ya se están validando vía Web de Anses, los primeros 17.000 casos.
Por su parte, los jubilados que después de los reajustes en los haberes superaran los límites establecidos para recibir la Tarifa Social, conservarán ese beneficio mientras no superen en hasta un 25 por ciento los requisitos originales.
A su vez, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal publicará un listado de abogados que patrocinarán a los jubilados que acepten el reajuste de haberes ofrecido en el marco del programa de Reparación Histórica. Esos abogados asesorarán a los jubilados sin juicio ni sentencia firma y que necesitan vía web la homologación judicial.
Esos abogados se comprometen a no cobrar ningún honorario al jubilado y percibir únicamente el valor estipulado en el convenio de $ 1.141 cuyo pago estará a cargo de la ANSeS. Con ese requisito ANSeS firmará un convenio con el Colegio porteño.
Al mismo tiempo, ANSeS quiere extender este convenio a los Colegios del resto de las Provincias, continuando con los de la Provincia de Buenos Aires. Días atrás, un juez rechazó la medida interpuesta por COLPROBA (Colegio de Abogados de la Pcia.Bs.As) que cuestionó los honorarios fijados por el organismo previsional.
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