EL COLORADO

Por el Dr. HUMBERTO ZARACHO

El 4 de julio de 1908, después de tres días de cruentos combates en el centro de Asunción, fue derrocado a cañonazos el presidente liberal cívico Benigno Ferreira. El mismo día asume el gobierno el Vicepresidente Emiliano González Navero, aunque los líderes del golpe eran Manuel Gondra y el TCnel Albino Jara, pertenecientes a la fracción radical del mismo partido. Estos fueron designados Ministro del Interior y de Guerra y Marina, respectivamente. Se inicia así la era del Partido Liberal radical, que se caracterizó por su carácter represivo, además de continuar con la anarquía que vivía el país desde 1904. Ese año el Partido Nacional Republicano fue derrocado por una revolución liberal a instancias de algunos grupos financieros bonaerenses que llevó a la presidencia a uno de sus agentes, Juan B. Gaona. De inmediato, éste dictó el Estado de Sitio en todo el país, que estaría en vigencia durante casi todo el período de la hegemonía del Partido Liberal que duró hasta 1940, poco después de la trágica muerte del general José Félix Estigarribia. Al producirse la caída de los cívicos en manos de los radicales, sus principales dirigentes, entre ellos Benigno Ferreyra, fueron enviados al ostracismo radicándose en Buenos Aires. Otros dirigentes fueron a parar en la Cárcel Pública. “Sólo vivían en Asunción don Antonio Taboada, gravemente enfermo del corazón, y algunos jóvenes como Marcelino Pérez Martínez, y uno que otro de los oficiales retirados del ejército por no haberse sublevado con Jara. Estos habían organizado la oposición con la reaparición de “El Cívico”, y cuando el gobierno resolvió tomar medidas, cayeron presos al mismo tiempo que los colorados” (1).

Dos meses después, el 21 de setiembre de 1908 el gobierno informó haberse detectado una conspiración colorada cuyo objetivo era la toma de los cuarteles para hacerse del poder político. “Se llenaron las cárceles de presos políticos, algunos de los cuales fueron cruelmente atormentados…Ni los periodistas extranjeros se salvaron, tales como Rafael Barret (español) y Guillermo Bertotto (uruguayo). Este último, amarrado a un catre y azotado, fue obligado a tragar con salmuera, un suelto de su redacción” (2). Entre los detenidos estaban don Antonio Taboada, fundador del Partido Liberal, y su correligionario el doctor Alejandro Audivert, figura destacada del liberalismo paraguayo.

En la noche del 29 de setiembre fueron embarcados en el “Libertad”, engrillados en la bodega del barco, unos cincuenta prisioneros políticos colorados y liberales cívicos. El destino final era Fortín Galpón, paraje alejado ubicado sobre el río Negro, en la frontera con Bolivia. Desde entonces Fortín Galpón fue conocido como el primer campo de concentración en América. El general Bernardino Caballero no fue llevado a prisión, pero el 10 de octubre se le obligó a abandonar el país junto con otros dirigentes del Partido Nacional Republicano, dirigiéndose a la capital porteña donde permaneció durante dos años. La orden la impartió el propio presidente González Navero, siendo cumplida por el Jefe de Policía Adolfo Riquelme, joven dirigente del radicalismo que hasta entonces había despertado mucha expectativa en el ámbito político; pero su accionar represivo cambió su imagen. Tiempo después, el 20 de marzo de 1911, por orden del presidente coronel Albino Jara, fue fusilado por la espalda, en Rosario. Esto ocurrió durante la sangrienta guerra civil que enfrentó a liberales radicales y cívicos durante casi dos años, y que produjo inmenso llanto, dolor y luto a miles de paraguayos.

Retomando la historia cronológica, dos años antes de esta guerra fratricida, los colorados exiliados en la Argentina, conformados por los ex prisioneros de Fortín Galpón y muchos otros que fueron perseguidos del gobierno liberal, se organizaron para iniciar un movimiento revolucionario para acabar con el despotismo. En agosto de 1909, bajo el mando del comandante José Gill cruzaron el río Paraná unos 300 hombres. El alzamiento cívico-militar se extendió en varios puntos del país, aunque fue conocido como revolución de Laureles. En el norte “actuó una montonera dirigida por Cayo Romero Pereira, Eduardo López Moreir, y otros. En el frente sur se combatía bajo las órdenes de Enrique Solano López (hijo del mariscal López), el capitán Bonifacio Caballero (hijo del general Caballero), Emilio y Tomás Romero Pereira, Marcos Quaranta, Tiburcio Bogado y el doctor Juan Regis Mallorquín” (3). En Caazapá y en San Pedro del Paraná también se formaron montoneras al mando de los caudillos Cornelio López y Miguel T. Rojas. Finalmente la revolución fue derrotada con el fracaso del ataque a Laureles, el 14 de setiembre de 1909. Un destacado ex senador liberal comenta la batalla como sigue: “El combate duró dos días, al cabo de los cuales Gill tuvo que huir deshecho, para refugiarse allende del Paraná. Los prisioneros fueron en su mayoría pasados por las armas, este acto de salvajismo, ajeno a todo principio elemental de moral, no tenía otro objeto que la satisfacción de pasiones ruines. Estos asesinatos no suprimen los levantamientos armados de los ciudadanos. El comandante don Alejo Ramírez, meritorio ciudadano (colorado) que en otra época prestara a su país importantes servicios, es uno de los tantos que perdió la vida en ese combate” (4).

Luego del revés revolucionario, el Comité colorado en el exilio presidido por el general Bernardino Caballero, se puso en contacto con el Comité liberal cívico presidido por el general Benigno Ferreyra, a fin de combatir al liberalismo radical de don Manuel Gondra y del presidente Emiliano González Navero, que detentaban el poder en forma arbitraria. Tras largas reuniones de los representantes de ambos partidos, lograron arribar a un Pacto político que lo suscribieron en el Hotel Magestic de la ciudad de Buenos Aires, el 12 de noviembre de 1909. En la edición del 5 de junio de 1910 el diario “El Imparcial” publicó el texto íntegro del convenio, del que se extracta los aspectos más resaltantes: “Reunidos los abajo firmantes a deliberar sobre la actual situación del Paraguay y los deberes que ella les crea, tomaron en consideración los siguientes hechos de indiscutible notoriedad dentro y fuera del país. Que los ciudadanos que tomaron por asalto el poder, mantienen a la República en estado de guerra permanente desde el motín cuartelero de julio de 1908. Que disolvieron los poderes constitucionales y crearon una Junta de Gobierno que tiene en sus manos la suma del poder público, con el nombre de Poder Ejecutivo de la Nación. Que no obstante tan extraordinarias medidas, no han podido hasta hoy restablecer el orden ni respetar los derechos esenciales en toda sociedad regular, ni ensayas actos de gobierno, ni procurar sistema alguno de administración. Que además de esta impotencia notoria, han demostrado absoluta incapacidad para el gobierno en diez y seis meses de ensayo en las altas funciones políticas. No creen necesario los firmantes registrar hechos singulares ni nombres propios. El país sabe cuantas persecuciones ha ordenado o consentido la Junta de Gobierno a nacionales y extranjeros, sin motivo aparente, por mera filiación, afinidad o simpatía partidista o por vinculaciones de familia con ciudadanos mirados con desafecto por el recelo policial. Están frescas en la memoria del pueblo las aprehensiones a modo de casería, con soldados de línea y fusil de guerra, las expatriaciones en masa, los confinamientos a granel, los azotes y las torturas, laceraciones y muertes. Que en el Paraguay prácticamente ha desaparecido el amparo de la ley, con la anulación de hecho del Poder Judicial. La Junta de Gobierno pone de lado al Tribunal y desconoce sus sentencias, perdona a criminales y paraliza sentencia, maneja justicia como instrumento de venganza, haciendo perseguir a adversarios reales o supuesto o en personas, o en su honor, o en su propiedad, o procede administrativamente sin forma de juicio, desconociendo o haciendo imposible la defensa consagrada por el derecho y la constitución y se apodera de sus enemigos y los pasa por las armas, hasta en la parte no sometido al estado de sitio. Que la misma convirtió en botín de guerra el tesoro público, premiando la traición con el dinero del pueblo, aunque para ello haya tenido que suprimir instituciones de enseñanza y beneficencia, desatender obligaciones consagradas de la Nación y faltar a leyes preexistentes en perjuicio de tercero. Malversó los caudales públicos y comprometidos el porvenir. Las arcas fiscales no fueron bastantes para tantos fines particulares, para el espionaje dentro y fuera de los hogares y dentro y fuera del país, para la insaciable guardia pretoriana, para la subversión del orden social, promovida de arriba a fuerza de dinero, y para atropellar hasta el sagrado recinto de la familia de dignos e indefensos ciudadanos. Que en este vértigo de derroches, y que todos quieren ganarse los unos a los otros, como si sus ideas estuvieran contados, los ciudadanos de la Junta tienen imperiosa necesidad de allegar recursos a todo trance. Es así como devorado el tesoro público, agotado el crédito, dislocada y quebrantada la fortuna particular con la emigración en masa y la liquidación general no hay ya fuente de rentas para el Estado, y la Junta de Gobierno impotente e incapaz se debate en sus propios errores, amenazando el comercio, haciendo guerra abierta a algunas industrias y a algunas instituciones bancarias, y hostilizando a nacionales y extranjeros que en alguna forma están pujando por salvar del naufragio parte de sus intereses. Y la prensa oficial, anunciadora de los expedientes gubernativos, empieza a pedir la imposición del crédito, y no ha de ser extraño que mañana se apodere de los mismos caudales particulares y recurran a otras medidas extremas que quizás no puedan justificarse en caso alguno…. Que aun cuando posteriormente se haya constituido otra junta con la denominación de Congreso, aun así no se atenúa la responsabilidad ni la gravedad del estado de cosas: por el contrario ha tolerado el restablecimiento del pasaporte, ha consentido que la Junta de Gobierno otorgara garantías escritas con la condición de que el ciudadano no se inmiscuyera en la política, adjudicación forzosa de los derechos del ciudadano consagrada por la Constitución, y ha mirado impasible y sumisa la violación de la correspondencia epistolar y telegráfica, la desaparición misteriosa de presos políticos, el fusilamiento sin previo juicio hasta en lugares declarados fuera del Estado de Sitio, y ha amenazado a los emigrados con la confiscación de sus bienes, por medio de un proyecto de ley. Que el mismo Estado de Sitio vigente en el Paraguay desde julio de 1908 no es el estado constitucional extraordinario que la misma Constitución prevé con limitaciones para el uso del poder, es como queda expresada anteriormente, la suma del poder público en manos de una Junta que lo ejerce discrecionalmente conforme al criterio oportunista de la necesidad o conveniencia, con absoluta prescindencia de la Constitución. Que con el objeto de mantener al pueblo en la ignorancia de los atropellos y vejaciones y de la supresión de derechos inalienables, y para evitar la fiscalización de sus actos, la discusión de los mismos, la censura y acaso la protesta política, en las numerosas formas de que las leyes la amparan, ha ordenado el cierre por tiempo indeterminado de todos los organismos de publicidad independiente y perseguido brutalmente todos los medios de propaganda, hasta el cartel, la carta particular y la mera conversación amistosa. En el Paraguay no es lícito propagar más ideas que la que sustenta la Junta de Gobierno, ni publicar más periódicos que los que defienden la situación… En atención a estos hechos, y creyendo interpretar los sentimientos del pueblo, los suscritos declaran: I. Que es un acto de patriotismo tratar de combatir la actual situación política del Paraguay.- II. Que para conseguir este cambio corresponde hacer uso de todos los medios lícitos, incluso el recurso extremo de la fuerza, como impuestos por necesidades supremas de la Nación, buscando, no obstante aquellos que requieren menos sacrificios presentes y sean menos gravosos para el porvenir.- III. Que, en consecuencia, se impone la unión de todos los partidos o núcleos políticos para asegurar una acción rápida y eficaz y garantir en lo venidero un gobierno serio y estable, con amplia base de opinión y el concurso de los factores sanos del país. Por tanto, los firmantes acuerdan: 1º Constituir, como por la presente constituyen, una coalición política, leal y amplia, con el fin arriba indicado y en las condiciones que expresa este documento. Esta coalición subsistirá en toda su plenitud en tanto que no sea cambiada la situación política del Paraguay. 2º. Para la realización del pensamiento, se formará una comisión ejecutiva que correrá con el gobierno superior de la coalición, así en lo político y militar, como en lo administrativo y financiero. 3º. El número de miembros de esta comisión se fijará en acta separada. La única condición de ella es que una mitad de ella estará integrada por republicano y la otra mitad por liberales, todos salidos de la coalición. 4º. Esta misma comisión ejecutiva se hará cargo del gobierno de la República hasta tanto se organice el gobierno constitucional. 5º. Tan pronto como se pacifique el país, en el supuesto que la coalición entre en campaña y derroque por la fuerza la situación, los coaligados formarán una agrupación política, a base de la coalición, con estatuto y autoridades propias, agrupación de la cual deberá salir los candidatos para Presidente Provisorio y Presidente y Vice definitivo de la República que serán propiciados ante el país. Mientras no se conforme esta agrupación y no se constituyen sus autoridades, la comisión ejecutiva continuará en el ejercicio del gobierno superior de la coalición. 6º. Corresponde a la comisión ejecutiva, como autoridad superior, todo aquello que no estuviera expresamente determinado en este documento, salvo la disolución de la coalición, lo cual compete exclusivamente a una asamblea de los coaligados, en el caso en que se planteare de la formación de la agrupación política. 7º. Deberá mantenerse en absoluta reserva la existencia de la coalición y todo lo que a ella se refiera, hasta que la comisión ejecutiva resolviere lo contrario. Dado en dos ejemplares de un mismo tenor a doce de noviembre de 1909, en la ciudad de Buenos Aires. Fdo._ Benigno Ferreyra, Adolfo R. Soler, Manuel Benítez y Carlos L. Isasi (cívicos) – Bernardino Caballero, Juan a. Escurra, Antonio Sosa, Eduardo Fleytas y Pedro Miranda (colorados)” (5). El fundador del liberalismo don Antonio Taboada no firmó el acuerdo por hallarse enfermo en Corrientes, empero se adhirió de inmediato.

Pero el Pacto nunca se llevó a ejecutar. A pesar de la reserva del acuerdo éste llegó a conocimientos del gobierno radical, y preocupado ante el peligro de perder el poder envió a Buenos Aires al Ministro del Interior don Adolfo Riquelme para entrar en contacto con los exiliados. Como resultado de la entrevista y las notas intercambiadas con los jefes de ambas agrupaciones, los radicales levantaron las restricciones contra los exiliados y éstos, en mayoría regresaron al país, por lo que desaparecieron los motivos que impulsaron a colorados y liberales cívicos a gestar la revolución libertadora. El general Caballero regresó del ostracismo arribando a Asunción a bordo del vapor “Mercurio”, el 20 de noviembre de 1910, cuya llegada puso término a una de las grandes injusticias provocadas por el radicalismo. También permitió la reorganización de las filas republicanas, aunque por muy poco tiempo, pues meses después se iniciaría la guerra civil de cívicos y radicales, que representó un retroceso del civismo en el Paraguay.

(1) URIZAR, Rogelio. “Los dramas de nuestra anarquía”, Tomo I, pág. 267, Taller Gráfico de la Plaza, Rosario, Santa Fe´, 1989

(2) Ibidem, pág. 269

(3) JULIO CESAR FRUTOS/HELIO VERA. “Pactos Políticos”, Edit. Medusa, Asunción, 1993

(4) URIZAR, Rogelio, ibídem, pág. 279

(5) JULIO CESAR FRUTOS/HELIO VERA. Ibidem, págs. 258 al 262

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